Se destruyeron dos grandes laboratorios de cristalización, nueve fábricas móviles, precursores químicos y una pista clandestina. Se estima una afectación al narcotráfico en más de $us 2,6 millones

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) con su unidad Umopar desarrolló una intervención en Villa Tunari, trópico de Cochabamba. La operación “Tormenta II”, nombre asignado a la intervención, destruyó laboratorios y fábricas dedicados a la producción de cocaína. Resultado del operativo se incautó casi una tonelada de cocaína. Las fuerzas policiales estiman una afectación de 2,6 millones de dólares de acuerdo a un último informe.

La movilización de efectivos antinarcóticos en Villa Tunari se ejecutó los días 6, 7 y 8 de este mes. Se trató de un operativo por tierra, aire y ríos de acuerdo a los reportes oficiales.

El director nacional de la Felcn, Franz William Cabrera, confirmó que en las operaciones se detectó una pista clandestina que utilizaban los traficantes, además de dos megalaboratorios de cristalización de cocaína y nueve fábricas móviles de elaboración de sustancias, además de grandes volúmenes de precursores químicos.

Contaban con todos los ambientes para fabricas sustancias controladas.

En total en las operaciones de “Tormenta II”, se incautó 884, kilos con 750 gamos de droga y una afectación de 2.609,597 dólares. La destrucción e incineración de los laboratorios, de precursores químicos, de sustancias, se ejecutó el domingo por efectivos de la Felcn-Umopar, a la cabeza del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controlas Ernesto Justiniano y del director nacional de la Felcn, coronel Franz William Cabrera que, junto a una comitiva de la prensa, llegaron al lugar incluso por vía fluvial.

Para la Felcn se trata de un golpe a las mafias del narcotráfico que operan en el trópico. De acuerdo a informes entre los dos laboratorios tenían una capacidad para procesar hasta 400 kilos por día de clorhidrato para luego embarcar a avionetas que aguardaban en una pista clandestina en el lugar.

El operativo se realizó en Villa Tunari.

Los laboratorios destruidos funcionaban con áreas de procesamiento, secado, prensado y almacenamiento, también con modernos generadores eléctricos y capacidad logística para operar de forma continua. Sin embargo, en estas acciones, la Felcn no logró detener a ninguna persona pues al parecer fueron alertados y tuvieron el tiempo para ponerse a buen recaudo.

El viceministro Ernesto Justiniano aseguró que, la destrucción de estos laboratorios y fábricas representa un golpe duro y directo a la logística y economía criminal. “Hoy el Estado boliviano ha demostrado presencia y capacidad operativa en territorio del narcotráfico. Cada estructura intervenida reduce la capacidad de producción de droga destinada a mercados internacionales. Vamos a continuar con operaciones sostenidas para desarticular estas redes del narcotráfico”, dijo Ernesto Justiniano.

Tras una larga reunión, la tarde de este lunes el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes “debidamente acreditados” del transporte en mototaxis firmaron un acuerdo de seis puntos para encarar la problemática generada por la venta de la “gasolina desestabilizada”.

El acuerdo llega tras varios días de protestas y bloqueos del sector de los mototaxis por los daños que presuntamente ocasionó la gasolina “desestabilizada” a sus motorizados.

Por eso, el acuerdo señala que se en mesas de trabajo se analizarán soluciones por los daños causados al sector y se especifica que los mototaxistas se mantienen en estado de emergencia, pero levantando sus medidas de presión.

Conoce los seis puntos del acuerdo:

Calidad de los combustibles

YPFB ratifica su compromiso institucional de garantizar la calidad de los combustibles en toda la cadena logística de suministros a su cargo, conforme a la normativa técnica y regulatoria vigente”. YPFB se compromete a emitir informes de manera periódica respecto a la calidad de los combustibles, con la finalidad de brindar mayor transparencia y confianza. Las partes acuerdan la creación de una comisión conjunta que inspeccionará instalaciones de YPFB para verificar los procesos relacionados con la calidad de la gasolina.

Mesas de trabajo sobre daños a motorizados

Las partes se comprometen a analizar y gestionar una solución respecto a los daños calificados por el sector de mototaxistas en sus motorizados. Para la cual se convocará y llevará a cabo mesas de trabajo con la participación de la aseguradora Unibienes, que se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero en instalaciones de YPFB.

Gestiones ante la ANH y el B-Sisa

YPFB realizará gestiones ante la ANH para la revisión de los valores del B-Sisa, el registro necesario para la carga de combustibles, “dentro del marco de sus competencias”.

Investigación e informe

YPFB se compromete a iniciar las acciones de investigación que correspondan con el fin de establecer la existencia de los responsables conforme a la normativa aplicable. El resultado será informado a los representantes del sector de mototaxis el martes 24 a horas 9

Medidas de presión y estado de emergencia

Mientras se desarrollen los procesos establecidos en el acta, los representantes del sector de mototaxistas se mantendrán en estado de emergencia y también se mantendrá en cuarto intermedio cualquier medida de presión.

Alcance del acta

Se deja establecido que el documento refleja la voluntad de diálogo y coordinación entre las partes, ni genera derechos u obligaciones adicionales a los expresamente consignadas en el presente documento.

Según explicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la distribución de la “gasolina desestabilizada” se debió a que en algunos tanques hubo “gasolina residual” correspondiente a adquisiciones anteriores, además de concentraciones superiores de goma y manganeso.

Entretanto, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, denunció el viernes un sabotaje. “Hay un sabotaje en todo esto, porque un Estado de 20 años no se resuelve en tan corto plazo”, indicó el mandatario luego de asistir a los actos de aniversario de la Cámara Nacional de Comercio.

Recordó que YPFB ha asumido acciones, ya que anteriormente su presidente, Yussef Akly, comunicó que 360 funcionarios fueron despedidos dentro de un proceso de “reestructuración” en la estatal petrolera.

Paz manifestó que “habrá más anuncios” sobre la “lacra”, la “corrupción” y algunas “mafias internas” detectadas en estas instituciones estatales donde, según dijo, hay “gente que le está haciendo daño al país”.

YPFB no descartó la mano negra de algún personal que afectó la operación de algunas de sus plantas.

“No descartamos nada. Algunos medios lo dicen y nosotros también lo estamos investigando y que puede haber inclusive mano negra en algunas situaciones puntuales. Eso es parte de la investigación. Vamos a actuar con todo el peso de la ley si es que identificamos también a estos actores que, de alguna manera, han afectado la operación de algunas plantas”, manifestó Akly, titular de YPFB.

Un análisis del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer sobre las candidaturas rumbo a las elecciones subnacionales 2026 revela que, si bien la paridad avanza en las listas para cargos legislativos, las mujeres continúan siendo sistemáticamente excluidas de los ejecutivos, donde se concentran las principales decisiones de poder.

El informe, basado en listas de candidaturas registradas por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) hasta el 26 de diciembre de 2025, muestra que en cargos para concejales/as, asambleístas departamentales y asambleístas regionales se registra una participación de mujeres igual o superior al 50%, lo que evidencia que la normativa de paridad y alternancia es efectiva cuando su aplicación es obligatoria y verificable. No obstante, este avance no se traslada a las candidaturas para cargos ejecutivos.

Para alcaldes o alcaldesas, 126 organizaciones políticas presentaron candidaturas en todo el país —no se incluye a Potosí, debido a que el Tribunal Electoral Departamental (TED) no publicó candidaturas desagregadas por sexo—, registrando un total de 2.624 postulaciones, de las cuales 2.131 corresponden a hombres (81,2%) y solo 493 a mujeres (18,8%). Es decir, sólo dos de cada 10 aspirantes a este tipo de cargo son mujeres.

La brecha es aún más profunda en las candidaturas a gobernador o gobernadora: 56 organizaciones políticas presentaron candidaturas, 83 de hombres (88%) y 11 de mujeres (12%), confirmando que el acceso de las mujeres a los máximos cargos ejecutivos departamentales sigue siendo excepcional. Entre las organizaciones políticas que apostaron por una mujer como gobernadora están MTS, CPEM-B y NACER en Beni; Unidos y FRI, en Cochabamba; en Oruro, UCS y Súmate; en Pando, MDA, MTS y Libre; en La Paz, Vida.

“Los datos confirman una realidad persistente: la paridad se cumple en el papel, pero no en el acceso real al poder. Los cargos ejecutivos siguen siendo espacios cerrados para las mujeres”, lamentó Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.

Asimismo, el análisis identifica incumplimientos técnicos y normativos en el encabezamiento de listas y en la aplicación de la alternancia en varios departamentos, lo que evidencia debilidades en el control efectivo de la paridad. 

En los departamentos con número par de municipios, donde la norma exige que al menos la mitad de las listas de candidaturas sean encabezadas por mujeres, si bien la mayoría de las organizaciones políticas cumple formalmente este requisito, se registran incumplimientos puntuales, como el caso de NGP en el municipio de Tarabuco, Chuquisaca, donde se presentaron listas con candidaturas de mujeres que no encabezaban las postulaciones al legislativo.

En los departamentos con un número impar de municipios, la norma establece que al menos la mitad más uno de las listas debe estar encabezada por mujeres. Sin embargo, el cumplimiento de este requisito es irregular y varias organizaciones políticas no alcanzan el mínimo exigido.

En Santa Cruz, por ejemplo, Alianza Unidos por los Pueblos, Movimiento Tercer Sistema y Primero Santa Cruz aseguran una participación de mujeres igual o superior al 50% en el total de sus listas para asambleístas departamentales; no obstante, se detectaron casos en los que no se respeta de manera sostenida la alternancia establecida en el reglamento, especialmente en el orden y encabezamiento de las candidaturas titulares.

Inhabilitaciones

Del total de 34.894 candidaturas registradas tanto para concejalas y concejales municipales, asambleístas departamentales y ejecutivos departamentales y regionales, 26.636 (76%) presentan observaciones que derivaron en su inhabilitación, mientras que solo 8.258 (24%) fueron habilitadas, de acuerdo con datos del OEP difundidos el 10 de enero.

Entre las principales causales destaca la falta del certificado de no violencia, que representa alrededor del 12? las inhabilitaciones para cargos de alcalde o alcaldesa, concejal y concejala, y asambleísta departamental, demostrando que los filtros contra la violencia política tienen un impacto concreto en la depuración de las listas.

El  5 de febrero venció  el plazo para la sustitución de candidaturas inhabilitadas,  y desde mla Coordinadora de la Mujer subrayaron que el OEP tiene como una de sus responsabilidades vigilar y garantizar la paridad y alternancia durante todo el proceso electoral.

Finalmente, destacaron que la democracia paritaria no se alcanza mientras persistan brechas en los cargos ejecutivos. En ese marco, exhortaron al OEP y a las organizaciones políticas a cumplir efectivamente la normativa vigente que garantiza los derechos políticos de las mujeres y reafirmaron que, desde sociedad civil, continuarán realizando seguimiento y vigilancia al proceso electoral