Los pobladores de Achira, en Samaipata, lo perdieron todo, sus casas están destruidas, no tienen ropa ni muebles ni alimento; dependen de la solidaridad de la población y del apoyo de sus autoridades.

En medio del desastre, los vecinos continúan trabajando intensamente para retirar el lodo que cubre sus viviendas y poder recuperar su vida que ha quedado congelada por la tragedia.

Los víveres llegan para las ollas comunes instaladas en lugares estratégicamente.

Paralelamente, los equipos de búsqueda siguen rastreando la zona en procura de dos mujeres desaparecidas.

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, anunció que sostendrá reuniones con ministros de distintas carteras para coordinar acciones que permitan atender a los productores afectados por el desborde de los ríos. 

Aunque el tránsito fue rehabilitado parcialmente, persisten restricciones debido al mal estado del terreno.

El alcalde Eustaquio Casillas explicó que las lluvias provocaron derrumbes, anegamientos y el desbordamiento de cursos de agua, afectando tanto a barrios urbanos como a comunidades rurales. Además, se registró la pérdida de 645 hectáreas de cultivos.

El alcalde confirmó que Achira continúa sin servicio de agua potable debido a los daños severos en su infraestructura. 

Casillas indicó que esperan solucionar el problema del agua hasta este sábado.  “En Achira, sí, continuamos sin agua”, señaló, explicando que el abastecimiento actual es completamente provisional.

Otras comunidades, como Cueva y Agua Rica, ya lograron restablecer el servicio porque la afectación fue menor. Casillas indicó que las zonas que no sufrieron daños significativos por las lluvias cuentan nuevamente con agua; sin embargo, destacó que las áreas más afectadas —la zona urbana de Samaipata, Achira y Palermo— aún enfrentan serios problemas en el suministro. “Nueve comunidades ya pueden salir con calma, estaban aisladas por la mazamorra. Esas familias salen con su producción y pidieron ayuda que podamos evacuar sus cositas”, indicó 

El Senamhi emitió una alerta naranja por lluvias y posibles desbordes en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando.

“Por la información que me han dado los profesionales (de ENDE) de cada 10 foquitos que hay acá, siete se encienden con (electricidad generada con) gas y el gas para el 2028 se va a acabar”, dijo este miércoles el presidente Rodrigo Paz en Cochabamba.

El jefe de Estado visitó las instalaciones de la empresa generadora en Cochabamba y luego de reunirse con sus ejecutivos y técnicos, brindó una conferencia en la que, entre otros temas, expuso la necesidad de reestructurar la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

 “Tenemos que reestructurar la empresa, evidentemente. Es nuestra empresa es una empresa que tiene que servir al pueblo y no a un partido ni a un Gobierno tiene que salir al pueblo boliviano aquí la meritocracia y el respeto a cada uno de ustedes va a ser lo preponderante para que saquemos con eficiencia no solo a ENDE Central sino a las 10 filiales que tiene”, dijo dirigiéndose a los periodistas y a los funcionarios de esa empresa estatal.

Asimismo, señaló que “ENDE se va a tener que abrir, es nuestra empresa nacional, la vamos a proteger, pero tiene que dar un mejor servicio a los bolivianos. Hoy día ha sido una sorpresa saber que la ley del rubro sigue siendo la Ley 1604 que se promulgó en el primer gobierno de Sánchez de Lozada y a la que le han puesto parches.

“O sea, no hemos generado una nueva normativa para dinamizar y modernizar el rubro y a su vez generar un mejor servicio. Tenemos que hacer normativa, leyes para dar a ENDE mayores capacidades de crecimiento, porque si no ENDE no va a ser viable y ENDE tiene que ser viable.

Necesitamos transformar normativas para que la platita pueda llegar (en inversiones) haya seguridad jurídica y ENDE pueda tener buenos socios para invertir y crecer. Pero tiene que ser socios internos el que pueda distribuir también va a tener que poder generar.

ENDE genera el 85% de la energía eléctrica que se consume en el país. O sea, no hay cómo ENDE no pueda ser exitosa, si es básicamente un monopolio, pero hay que darle los instrumentos para hacerla dinámica y para poder generar competitividad esto es algo que tenemos que entender”, afirmó.

Descentralización

“Otro aspecto es que la platita que vayamos a generar como ingresos la quiero redistribuir en los municipios y en las gobernaciones, paro que la gente también reciba sus beneficios en sus municipios, para la salud y la educación.

Vamos a acabar con este Estado centralista para que la platita que se mueva vaya a las regiones y vamos a dar señales muy claras en ello”, agregó el presidente.

La presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio, anunció una reestructuración para atender las 17.000 causas que dejaron pendientes los magistrados autoprorrogados cesados; en tanto, el vicepresidente Edmand Lara convocó al Legislativo a trata la convocatoria a   elecciones judiciales complementarias.

“La Asamblea Legislativa es la única instancia autorizada para la preselección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por eso, pedimos a las respectivas comisiones trabajar con rapidez, para que tengamos cuanto antes a las nuevas autoridades electas”, demandó Lara.

Dos salas constitucionales, una de Santa Cruz y otra de Potosí, atendieron dos acciones populares presentadas por ciudadanos y dispusieron el cese de funciones de los magistrados autoprorrogados de manera “inmediata”. 

Prudencio indicó que el TCP puede seguir funcionando con los cuatro jueces electos mediante voto y en funciones, por lo que no existe un vacío de poder. “Una vez recuperada la institucionalidad del tribunal, tenemos que resolver 17.000 causas que nos están heredando estos cinco ciudadanos”, expresó.

Mencionó la necesidad de reestructurar el TCP, adelantó que habrá auditorías internas para conocer el estado real del TCP y habrá transparencia en el sorteo de causas que llegan al máximo tribunal, que volverá a ser público.

Añadió que los cinco magistrados removidos no sólo enfrentan órdenes de aprehensión por usurpación de funciones y falsedad ideológica, sino también por falsedad material, delitos que deberán ser procesados en la justicia.

En paralelo a estos anuncios, una comisión de fiscales allanó las oficinas del TCP en Sucre como parte de la investigación que se inició.

El fiscal de materia, Javier Gorena, confirmó que el operativo se realizó con el apoyo de un equipo técnico de laboratorio de la Felcc y del investigador asignado al caso, en el marco de las pesquisas relacionadas con los exmagistrados. Las instalaciones fueron precintadas mientras los investigadores recaban documentación y evidencias.

Mientras avanzan las investigaciones, la nueva Sala Plena, conformada solo por los cuatro magistrados electos, ya convocó a sesiones para obtener información institucional urgente y programar  la agenda institucional.

La magistrada Paola Verónica Prudencio Candia juró este martes como la nueva presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego de que sus colegas eligieron para ocupar esas funciones, en la sesión de sala plena instalada previamente.

La elección se produjo luego de que, horas antes, los cinco magistrados prorrogados fueron cesados de inmediato por decisión de una Sala Constitucional de Potosí que dio respuesta así a un Acción de Libertad.

En su primer discurso como presidenta del TCP, Prudencio afirmó que esta jornada se restableció la legalidad y la institucionalidad y que el tiempo del autoprórroga ha concluido.

“Quienes intentaron gobernar este tribunal, con mandatos fenecidos, emitiendo resoluciones para proteger sus propios cargos y amenazando a otros jueces, han cesado en sus funciones. A partir de este momento, las puertas de este tribunal se cierran a la arbitrariedad y se abren nuevamente a la supremacía de la Constitución Política del Estado”, dijo.

Entre las primeras determinaciones que se asumirán de aquí en adelante, informó que será la conformación de salas y la comisión de admisión, la transmisión pública de sorteo de expedientes, la unificación jurisprudencial para reducir la carga procesal, entre otras.

“No vamos a permitir que se manipule la historia procesal de este tribunal, vamos a auditar lo actuado porque la confianza de ustedes se recupera con verdad, no con discursos vacíos, no venimos a encubrir actos inconstitucionales, ilegales y arbitrarios”, añadió.

La nueva presidenta del TCP también instó a los jueces y vocales a que emitan sus fallos conforme a la Constitución Política del Estado, la ley y protejan a la ciudadanía.

También indicó que el tribunal “ya no será un órgano de persecución” ni tampoco velará por “intereses subjetivos particulares” y que, por el contrario, retomará su rol verdadero como el garante en la administración de justicia sin llamadas, presiones, ni amenazas de nadie.

En Samaipata, vecinos continúan removiendo el lodo para recuperar sus pertenencias y los rescatistas buscan a dos mujeres desaparecidas, a más de una semana de la riada que golpeó a varias comunidades, entre ellas Achira, el pasado domingo 16 de noviembre.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que se reunirá con ministros de distintas reparticiones para coordinar soluciones destinadas a los productores afectados por el desborde de los ríos. Además, el tránsito en la zona fue rehabilitado, aunque aún con restricciones por el estado del terreno.

En un informe actualizado, la municipalidad señaló que 1.138 familias resultaron afectadas, 20 viviendas fueron destruidas y otras 56 presentan daños de consideración.

El alcalde Eustaquio Casillas explicó que las lluvias recientes provocaron derrumbes, anegamientos y el desborde de cursos de agua que comprometieron barrios urbanos y comunidades rurales, además de causar la pérdida de 645 hectáreas de cultivos. 

Las tareas de limpieza avanzan con dificultad debido al lodo que todavía cubre gran parte de la zona.

El alcalde señaló que persiste la búsqueda de dos mujeres desaparecidas, una de 87 años y otras de 23, que estaba embarazada.

Paralelamente, el Gobierno central y la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz continúan coordinando acciones para garantizar la provisión de agua potable en Achira.

Técnicos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico realizarán una nueva evaluación para definir los trabajos necesarios en tuberías, redes y obras dañadas tras la riada.

La ayuda y los voluntarios siguen llegando; ayer el vicepresidente Edmand Lara arribó a Achira con ayuda para las familias que persisten en la zona. “Le agradezco a la gente su cariño. Venimos a ver nosotros las necesidades que hay. Me decía Juan Yujra que necesitamos trabajar de manera urgente y pronta para arreglar los caminos y devolverle el normal tránsito vehicular a las carreteras”, indicó a El Deber.

Desde el Senamhi se emitió una alerta naranja por lluvias y posibles desbordes en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando. 

La situación de los magistrados prorrogados cambió radicalmente este martes. En principio, estas autoridades hicieron conocer que terminaba la prórroga de mandato e iban a abandonar sus funciones en 10 días; sin embargo, dos salas constitucionales, una en Potosí y otra en Santa Cruz, ordenaron que sean apartados de inmediato.

A lo anterior se suma una orden de aprehensión y alerta migratoria emitida contra estas mismas exautoridades.

Son cuatro las ordenes de aprehensión que fueron emitidas por un juzgado de La Guardia que dispone la aprehensión de los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas.

Los documentos especifican que las órdenes de aprehensión tienen por objetivo que estas personas sean conducidas ante el modulo policial de La Guardia para ser puestas a disposición de la Justicia para resolver una acción popular.

Este mismo juzgado de La Guardia emitió una solicitud al Ministerio de Gobierno para activar una alerta migratoria contra los cinco magistrados prorrogados del TCP.

En contacto con UNITEL, el abogado Oliver Coronado, señaló que fue él quien interpuso un recurso de acción popular contra los prorrogados por usurpación de funciones y por atentado a la seguridad jurídica del Estado.

Agregó que solicitó la aprehensión y la emisión de una alerta migratoria con el objetivo de estén presentes en la audiencia cautelares que está previsto que se realice este miércoles.

“Mañana (miércoles) es la audiencia de acción popular”, manifestó Coronado.

El coronel Maximiliano Dávila, exdirector de la FELCN durante el gobierno de Evo Morales, aseguró desde Estados Unidos que fiscales y agentes de la DEA le ofrecieron beneficios judiciales si implicaba a Morales, García Linera y otras exautoridades en casos de narcotráfico. Dávila, extraditado en 2022, mencionó que rechazó la oferta porque “jamás tuvo información que los relacionara con drogas”.

En entrevista con el programa Fama, Poder y Ganas, Dávila afirmó que la presión era parte de un “montaje” de sus abogados de oficio en EEUU, quienes filtraron información a fiscales para forzarlo a declarar contra exautoridades. Uno de los ofrecimientos era enviarlo a protección de testigos y acelerar su liberación si cooperaba, algo que rechazó. “No puedo incriminar a personas que jamás vi vinculadas al narcotráfico”, indicó.

Asimismo, cuestionó la irregularidad de su extradición, señalando que la orden judicial boliviana prohibía entregarlo si había un proceso político. 

Dijo que nunca cometió delitos en Estados Unidos, solo cumplía funciones policiales en Bolivia, y denunció que sus abogados lo “engañaron” para aceptar acuerdos usados en su condena. 

Además, Dávila acusó directamente a la DEA de actuar de manera ilegal en territorio boliviano a pesar de su expulsión en 2008 y afirmó que agentes estadounidenses y locales realizaron actividades encubiertas entre 2020 y 2021 y pidió al Gobierno boliviano revisar su caso, afirmando que no cederá a presiones ni involucrará a inocentes pese a estar detenido más de dos años en condiciones que calificó de injustas.