Decenas de iles de médicos participaron este domingo en una manifestación en Seúl, en un paso más de este colectivo profesional en su pulso contra el Gobierno por su plan para aumentar plazas en las facultades de medicina, y pese a las represalias con las que amenaza el Ejecutivo.

La protesta de hoy supone una nueva muestra del poder de movilización de los sindicatos médicos surcoreanos, cuya huelga de médicos en prácticas convocada desde el pasado 20 de febrero está afectando gravemente al sistema de salud, con pacientes que ven canceladas intervenciones quirúrgicas o que no pueden ser atendidos en urgencias.

Los manifestantes portaban carteles donde se podían leer mensajes de “absoluta oposición” al plan que el Gobierno quiere poner en marcha para mitigar la carencia de médicos en el país.

Pulso creciente

El responsable de la Asociación de Médicos de Corea (KMA), Kim Taek-woo, afirmó al inicio de la marcha que el Gobierno “continuará afrontando la resistencia del pueblo si hace oído sordos a los esfuerzos de los médicos”, y le acusó de perseguir una reforma del sector sanitario sin consulta previa con sus profesionales.

El primer ministro surcoreano, Han Duck-soo, dijo por su parte que el Ejecutivo “cumplirá con sus responsabilidades legales y constitucionales sin dudarlo” si continúa “la situación de absentismo ilegal en centros médicos”, en declaraciones durante una reunión gubernamental este domingo recogidas por la agencia local Yonhap.

Unos 9.000 médicos en prácticas de Corea del Sur -en torno al 70 % del total de estos profesionales- continúan participando en la huelga por décimo tercer día consecutivo, pese a que el pasado viernes vencía el ultimátum del Gobierno para denunciar a aquellos que no retornen a sus puestos de trabajo.

El Gobierno había dado de plazo a los médicos para retornar a los hospitales hasta ese día. A partir de entonces amenaza con tomar medidas legales a los profesionales sanitarios por abandonar a sus pacientes, por lo que los médicos encaran la pérdida de licencia y penas de hasta tres años de cárcel.

Poco más de medio centenar de médicos que participaban en las protestas han optado por volver al trabajo, lo que pone de manifiesto que la amenaza de represalias no sirve para amainar la movilización liderada por la Asociación de Médicos de Corea, que ha mostrado su intención de mantener su pulso con el Gobierno “hasta el final”.

Un sistema sanitario bajo tensión

Al suponer los médicos en prácticas en torno al 40 % de las plantillas de los grandes hospitales surcoreanos, estos centros están cancelando la mitad de las operaciones agendadas.

Las urgencias son el otro área gravemente afectada, con muchos pacientes siendo derivados insistentemente a otros hospitales, lo que implica que puedan tardar varias horas en ser atendidos.

El Gobierno argumenta que es necesario aumentar en 2.000 las plazas anuales en las facultades de medicina para atajar la escasez de médicos, especialmente en zonas rurales y en áreas como pediatría, obstetricia o cirugía cardiotorácica.

Pero los médicos denuncian que la decisión ha sido unilateral y que el incremento debería situarse en 350 plazas para que no afecte a la calidad formativa y del servicio y que debería invertirse en ciertas áreas y reforzar la protección legal de los sanitarios.

Un problema que viene de largo

Anteriores Gobiernos surcoreanos han tratado sin éxito de ampliar la cuota universitaria pero se han encontrado siempre con la firme oposición de un colectivo profesional que, según critican algunos expertos, trata de evitar una mayor competencia dentro del sector y el previsible impacto a la baja en sus salarios.

En Corea del Sur, país que cuenta con un seguro médico nacional con cobertura universal y copago, el 90 % de los centros sanitarios son privados, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El país asiático no ha aumentado las plazas en Medicina en 27 años y es uno de los de la OCDE con menor número de médicos por cada 1.000 habitantes (2,46), sólo por detrás de México, Polonia, Colombia y Turquía.

Las autoridades colombianas ocuparon 54 bienes, valorados en más de 9.000 millones de pesos (unos 2,2 millones de dólares), que eran propiedad de una organización dedicada al tráfico de cocaína, informó este sábado la Policía.

Entre los bienes, detalló la institución en un comunicado, hay 10 fincas, una casa, un vehículo, una sociedad y 41 semovientes, que estaban en los municipios de El Retorno, en el departamento sureño de Guaviare, y Supatá, en cercanías de Bogotá.

La Policía le seguía la pista a este grupo narcotraficante desde hace más de tres años y encontró que estos criminales habían montado laboratorios clandestinos donde producían la cocaína que enviaban a Europa.

“En tal sentido para el año 2020 y 2021, la Policía Nacional logró desmantelar dos laboratorios dedicados al procesamiento de clorhidrato de cocaína e incautados 500 kilos del estupefaciente en mención”, agregó la información.

En 2022, entre tanto, la banda fue desarticulada con la captura de cinco personas, entre ellas su líder, Hugo Cifuentes, alias ‘Hugo’, quien fue detenido por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Igualmente, ese año fueron embargados 27 bienes, valuados en 3.317 millones de pesos (unos 841.000 dólares).

‘Hugo’ se encargaba de comprar predios en zonas rurales del departamento de Cundinamarca para montar allí los laboratorios de cocaína, que luego era transportada a Bogotá, para finalmente ser distribuida a organizaciones de la capital colombiana y enviada a Europa.

“Dentro del modus operandi identificado, se encuentra el ocultamiento de sus propiedades, poniéndolos en titularidad los bienes muebles e inmuebles a nombre de terceros y familiares de cuarto grado de consanguinidad y afinidad, con el propósito de evitar ser rastreados por las autoridades”, agregó la información. 

El número de víctimas por la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza sigue aumentando y este jueves llegó a al menos 30.035 muertos y 70.457 heridos, informó el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por el grupo islamista Hamás.

El número de víctimas aumentó en las últimas 24 horas después de que “la ocupación israelí cometió nueve masacres contra familias en la Franja de Gaza que resultaron en 81 muertos y 132 heridos”, explicó el ministerio.

Sin embargo, estas cifras no incluyen a los más de 70 muertos y 250 heridos que dejó un ataque israelí esta mañana contra gazatíes que se aglomeraban en el reparto de ayuda humanitaria en Ciudad de Gaza.

Ayer Hamás ya confirmó 29.954 palestinos muertos en la Franja desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre. Además, se estima que más de 7.000 cuerpos están desaparecidos bajo los escombros.

“Responsabilizamos a la administración estadounidense, a la comunidad internacional, a la ocupación y a las organizaciones internacionales por la matanza de civiles mientras mueren de hambre a manos de la ocupación”, agregó el comunicado del gobierno gazatí.
El grupo acusó a “la ocupación” de pretender “matar de hambre” a los gazatíes y afirmó que más de 700.000 personas sufren hambruna en el norte de la Franja. “El ataque fue premeditado e intencionado, en el contexto del genocidio y la limpieza étnica del pueblo de la Franja de Gaza.

El ejército de ocupación sabía que estas víctimas habían llegado a esta zona para obtener alimentos y ayuda, pero las mató a sangre fría”, acusó.

La Casa Blanca anunció este lunes que el presidente estadounidense, Joe Biden, irá a la frontera con México este jueves, coincidiendo con la presencia allí de su posible rival en las elecciones de noviembre, el exmandatario Donald Trump (2017-2021), quien ya tenía programada una visita para ese mismo día.

Un funcionario de la Casa Blanca informó que Biden visitará la localidad de Brownsville (Texas), limítrofe con la mexicana Matamoros, para reunirse con agentes de la patrulla fronteriza, agentes de policía y líderes locales.

Durante la visita, Biden hablará de la “necesidad urgente” de que el Congreso apruebe un proyecto de ley que senadores demócratas y republicanos negociaron durante meses para fortalecer la frontera y que sufrió un fuerte revés el pasado 7 de febrero, cuando no superó un voto de procedimiento en el Senado.

Este proyecto, valorado en 118.000 millones de dólares, vincula la ayuda a Israel y Ucrania con la aprobación de restricciones migratorias, algo que los republicanos llevan reclamando desde hace meses.

Aunque inicialmente algunos republicanos mostraron su apoyo al proyecto, Trump, favorito para la nominación presidencial republicana, se pronunció en contra del acuerdo y presionó a sus correligionarios para que votaran en contra.

La Casa Blanca ha calificado esa iniciativa como “el conjunto de reformas más duro y justo para asegurar la frontera en décadas”, pero organizaciones de derechos humanos lo han criticado por los cambios que realiza para restringir el asilo.

Por ejemplo, el texto otorgaría al ejecutivo la autoridad para bloquear las solicitudes de asilo en la frontera cuando se registren 4.000 detenciones diarias durante siete días consecutivos.

La presencia de Biden en Brownsville coincidirá con la visita de Trump a la localidad de Eagle Pass (Texas), convertida en el epicentro de la llegada récord de migrantes a la frontera en los últimos meses.

Preguntado al respecto, Biden dijo este lunes que no sabía que “su buen amigo”, en referencia a Trump, tenía previsto desplazarse también a la frontera el mismo día.

“Lo tenía planeado para el jueves, no sabía que aparentemente mi buen amigo también iba”, manifestó Biden en respuesta a preguntas de la prensa mientras visitaba una heladería neoyorquina.

Trump no ha hecho oficiales sus planes. Sin embargo, la cadena CNN, citando a una fuente familiarizada con los planes del republicano, informó la semana pasada que el exmandatario tiene previsto dar un discurso destinado a culpar a Biden por la llegada récord de migrantes.

La migración se ha convertido en una de las mayores vulnerabilidades de Biden, con imágenes de caos en la frontera que han afectado a sus índices de aprobación, actualmente en el 39%.

Por su parte, Trump, quien llegó a la Casa Blanca en 2016 con la promesa de construir un muro en la frontera con México, ha adoptado una fuerte retórica antimigratoria en sus mítines de campaña.

Ha llegado a afirmar que los extranjeros “envenenan” la sangre de EEUU y ha propuesto planes que van desde deportaciones masivas hasta la construcción de centros gigantes para detener a migrantes indocumentados.