El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz instaló este lunes una audiencia virtual en el marco del caso Senkata, en la que participa Jeanine Áñez. La sesión, prevista inicialmente para las 9:30, se retrasó casi una hora debido a problemas técnicos en la plataforma Zoom.

La audiencia tiene como objetivo la consideración de la excepción de incompetencia del tribunal, planteada por la defensa de Áñez, que busca que su proceso pase a la vía del juicio de responsabilidades, en lugar de continuar en la justicia ordinaria.

La convocatoria judicial responde al instructivo 18/2025 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitido el pasado viernes 22 de agosto, que ordena la revisión de los plazos de detención preventiva en los procesos de Áñez, Luis Fernando Camacho y del excívico potosino, Marco Antonio Pumari, todos investigados por los hechos ocurridos en 2019.

En tanto, representantes y familiares de las víctimas de los hechos de Senkata advirtieron que, de otorgarse algún beneficio procesal a la exautoridad, recurrirán a organismos internacionales para impedir lo que consideran un acto de impunidad.

“Lo que ellos quieren es salir de toda culpa, porque si se determina un juicio de responsabilidades no se tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa para que vaya a juicio y si pasa a la nueva Asamblea ahí se tiene dos tercios, pero para dejarla en libertad”, advirtió el representante de las víctimas de Senkata, David Inca, en entrevista con Radio Pío XII.

Este mismo lunes, a las 14h00, se tiene prevista otra audiencia relevante en el marco del caso “Golpe de Estado I”, en la que comparecerán Camacho y Pumari. Al igual que en el caso de Áñez, se evaluará la legalidad y vigencia de sus medidas cautelares.

Actualmente, Áñez cumple detención preventiva por varios procesos relacionados con su rol durante la crisis política de 2019, incluyendo el caso Senkata, donde se investigan las intervenciones militares y policiales en El Alto, que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, que fueron documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un equipo de juristas y expertos en derechos humanos creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).