La Defensoría del Pueblo hizo pública su “preocupación extrema” ante el estado de conflictividad social y política, así como por el grado de desinstitucionalización del Estado, y espera que las próximas elecciones generales sean un tránsito a una salida democrática a la crisis, permitiendo a la población elegir a sus nuevos gobernantes.

“No podemos aportar a desinstitucionalizar más el Estado, porque las salidas no se van a canalizar a través de nuestro ordenamiento jurídico, y esa es la preocupación grande que se tiene”, advirtió el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante su participación en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Callisaya observó el uso perverso de recursos constitucionales que generan incertidumbre sobre el proceso electoral, y exhortó al Tribunal Constitucional a resolver lo más pronto posible para devolver certidumbre a la población.

Estado de conflictividad

En cuanto al estado de conflictividad, hizo referencia al Informe de 24 días, que documenta los conflictos ocurridos entre octubre y noviembre del año pasado. Señaló que debe servir de lección para evitar situaciones nocivas en el futuro. Según el informe, más de 200 personas fueron procesadas y 91 trasladadas a La Paz bajo un decreto supremo de 2009, contrario a la Constitución y a normas internacionales, aplicando, además, 115 veces el delito de terrorismo para justificar estos traslados.

El Defensor sostuvo que el origen de estos excesos se encuentra en la lucha interna del MAS-IPSP entre sus dos facciones, lo que ha afectado negativamente los derechos de la población. Advirtió también que, actualmente, se repiten escenarios de conflicto, como el caso de la Alcaldía de La Paz en torno a la tarifa del transporte urbano.