El diputado de Libre, Daniel Alcalá, advirtió que el Carnaval de Oruro corre el riesgo de quedarse sin espectadores debido a los altos precios de las graderías. “Han aperturado en la avenida cívica, donde está costando 2800 y están informando que va a subir hasta 3000 bolivianos y una familia de 4 personas que quiera 4 asientos en la plaza principal le va a costar 6000 bolivianos”, dijo Alcalá.

En ese sentido, Alcalá advirtió que estos precios son “exorbitantes” y ponen en riesgo la realización del Carnaval. “¿Qué vamos a hacer con un carnaval que no tenga público? ¿Que no tenga espectadores?”, señaló y explicó que los precios de los metros lineales también subieron en aproximadamente Bs 100; sin embargo, esto no justifica el alto recio de las graderías.

Alcalá exigió al alcalde municipal que realice una lista que limite la venta de los asientos en base a los sectores y que ponga un control a la situación. “Es necesario que el alcalde como organizador ponga control a la situación que ponga una lista de precios máximos para que el carnaval no se encuentre vacío”, dijo. También anunció que se le hará llegar una nota al alcalde para que tome medidas al respecto.

“En la 6 de Agosto y Junín el metro lineal costaba 531 bolivianos, para esta gestión ha subido a 618 bolivianos, poco más de 100 bolivianos, pero un asiento nos quieren vender a 800, 900 bolivianos. No es justo jugar con la fe de los orureños, jugar con el patrimonio, estamos poniendo en riesgo el Carnaval no creo que haya muchos visitantes si ponemos esas tarifas tan exorbitantes”, aseveró el diputado

Asimismo. destacó la necesidad de involucrar a otras autoridades, como la gobernación, los ministerios y la embajada, para dar seguridad y promover el Carnaval. “Hay que mejorar bastante, no podemos quedarnos donde estamos y pido al alcalde para que haga lo mejor posible por este carnaval y lo mejor es primero controlar el tema de los precios”, dijo Alcalá.

Otorgar becas para 7 mil mejores estudiantes de escuelas y colegios del país, establecer acuerdos con el sector del Magisterio, llevar internet a zonas rurales alejadas y acompañar el proceso educativo con tecnología, son algunas de las promesas del presidente del Estado, Rodrigo Paz y de la ministra de Educación, Beatriz García, en el acto de inauguración del año escolar, ayer en el municipio de Copacabana.

Entre Paz y la ministra García anunciaron al menos ocho compromisos para este 2026

1.- Paz propuso a los maestros a alcanzar un “gran acuerdo” para modificar las normas en educación, con el objetivo de elevar el nivel de los escolares.

El mandatario señaló que cualquier cambio en la educación será dialogado con los distintos sectores, bajo la premisa de “abordar los temas con la verdad”.

Paz repitió nuevamente que es la educación la que genera oportunidades, no la ideología. Por ello, afirmó que resulta fundamental fortalecer la formación de los escolares bolivianos, quienes deberán impulsar el país en el futuro.

2.- El presidente indicó que el gobierno gestiona recursos externos destinados a mejorar la educación y reconoció que lo ejecutado en la gestión anterior “no funcionó”.

3.- Paz anunció también su intención de conectar internet en escuelas alejadas del área rural mediante dispositivos similares a antenas.

Explicó que la antena a instalarse en unidades educativas alejadas tiene el tamaño de una hoja de papel, pero tiene la capacidad de proporcionar Wifi para la conexión a internet.

Paz recordó que Bolivia tiene un satélite que costó Bs 300 millones “pero nadie sabe dónde está y cómo funciona”.  Destacó las capacidades de la “antenita” que se instalará en colegios alejados.

4.-Paz ratificó el programa de becas que promueve el Gobierno. Dijo que serán siete mil becas para los mejores alumnos, pero además se tendrán 10 mil becas para formar a los mejores estudiantes de Bolivia en Inteligencia Artificial.

5.- Al acto de Presidente en Copacabana, el el colegio Cnl.Félix Rosa Tejada,también asistió la ministra García y se comprometió a que se cumplan los 200 doscientos días de clases. 

6.- García indicó que, como parte de la mejora educativa, se impulsará el uso de tecnología en las aulas y se fortalecerá la capacitación docente en contenidos.

“Es muy importante que niños y jóvenes se enfoquen en mejorar su escritura, su lectura y las matemáticas. Estas son habilidades básicas fundamentales, todo esto lo vamos a acompañar con más tecnología. 

7.- Finalmente, la ministra García comprometió a mejorar los contenidos, “porque si no hay buenos contenidos y no hemos capacitado a nuestros maestros a utilizar esos contenidos, no vamos a aprovechar de la tecnología”, aseguró la ministra.

De 26.000 candidatos inhabilitados  hasta el  fin de semana los partidos y agrupaciones políticas sustituyeron a 1.300 cuando el plazo vence este 5 de febrero, informó ayer Gustavo Ávila, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ávila indicó que esperarán hasta este jueves para tener un reporte completo de las organizaciones que realicen los cambios en sus postulantes.

Añadió que, a esas 1.300 sustituciones, deben sumarse los 500 “ciudadanos que han sido habilitados por el tema de la apelación”.

Sin embargo, Ávila manifestó que esas sustituciones pueden ir en aumento y que, para ello, esperarán hasta el 5 de febrero para tener el reporte completo de la cantidad de sustituciones.

“Vamos a esperar el reporte del cinco de febrero para dar un comunicado oficial, teniendo en cuenta que esas sustituciones, porque en Bolivia, en realidad, y es la característica de todos los procesos electorales, hasta la última hora se inscriben candidatos; recordarán que en el día ocho de la noche se inscribieron más de doce mil candidaturas en todo Bolivia. Entonces, vamos a esperar al cinco de febrero para dar una luz”, aseveró el presidente del TSE.

El periodo de sustitución de candidaturas comenzó el 12 de enero, decisión que se asumió en una Sala Plena del nuevo TSE.

“Exhortamos a las organizaciones y alianzas políticas a actuar con responsabilidad y ejecutar las sustituciones dentro de los plazos establecidos”, indicó Ávila ,

Consultado sobre aquellas alianzas inhabilitadas que buscan seguir en carrera, la autoridad ratificó que tanto Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) perdieron su personería jurídica y no podrán participar en las subnacionales. Apuntó que el Órgano Electoral no dará un paso atrás al respecto.

Delito

“No nos pidan que cometamos un delito porque no lo vamos a hacer; la Constitución y la ley va a marcar nuestro trabajo y debería marcar el trabajo de todas las autoridades. Las reglas de juego en este proceso electoral han sido aprobadas marcadas hace bastante tiempo atrás”, remarcó.

Ávila explicó que la pérdida de la personería jurídica se dio en la gestión pasada, al no alcanzar el 3% de votación en las elecciones generales, y desde ese momento el TSE inició el trámite de cancelación. Acotó que el procedimiento se demoró por las acciones interpuestas por las organizaciones aludidas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Con cinco personas investigadas, tres con detención preventiva, la Aduana Nacional en la mira y a la espera de información de Estados Unidos (EEUU) que de pistas sobre el origen y el contenido de las 32 valijas que trajo la expdiputada Laura Rojas de es país,  el caso “maletas” avanza lentamente y  genera expectativa.

Se mencionó que las maletas contenían sustancias controladas, mientras que otras versiones señalan que transportaban dólares. Hasta el momento no se conoce el paradero de las maletas, ni se ha determinado qué contenían en su interior.

El primer sospechoso en ser aprehendido y enviado a la cárcel con detención preventiva por cuatro meses fue el juez Hebert Zeballos, propietario del galpón donde presuntamente trasladaron las 32 maletas. En ese lugar hallaron 70 kilos de marihuana.

Roy Rony P. R., encargado de vigilancia de la empresa de seguridad Ebose S.R.L., de propiedad de Zeballos, también fue enviado con detención preventiva por 180 días a Palmasola.

Rojas es la tercera persona con detención preventiva por  180 días en Palmasola acusada  por los delitos tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Ayer,  la Justicia determinó 120 días de detención preventiva en  Palmasola para el representante legal y un socio capitalista vinculados al juez Hebert Zeballos

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó ayer que se convocará a declarar, dentro del denominado caso  “maletas”, a trabajadores del aeropuerto de Viru Viru y a funcionarios de la Aduana Nacional.

Agregó que se llamará a “ciertos testigos” de la Aduana, contra quienes se iniciaron investigaciones por incumplimiento de deberes.

Datos desde EEUU

Y mientras la Fiscalía y Policía continúan con la investigación de los implicados, destino y contenido de las maletas, el Gobierno anunció que está a la espera de información de EEUU.      

“Nosotros hemos informado, nos hemos comunicado con personas de la misión americana aquí en Bolivia, ya ellos están tomando sus acciones. Esperemos que podamos tener intercambio ya de información con las autoridades policiales o de investigación de los Estados Unidos de Norteamérica”, señaló ayer el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

En tanto, Marcelo Yamil García, viceministro de Transparencia  informó que se propondrá ampliar la investigación del caso “maletas” a un presunto hecho de legitimación de ganancias ilícitas.

“Se tiene que conocer quién ha comprado, quién ha financiado un vuelo de estas características”, dijo García ayer.

El viceministro explicó que las pesquisas también deben alcanzar el uso del pasaporte diplomático, el cual, según la Cancillería, había sido cancelado el 13 de noviembre.

En el marco del foro de la CAF en Panamá, el presidente Rodrigo Paz manifestó que Bolivia tiene contratos por el litio con Rusia y China, pero los mismos deben ser transparentados.

Los contratos son heredados de la gestión de Luis Arce, sin embargo, aún no han logrado la aprobación de la Asamblea Legislativa para ejecutarse.

“Tenemos dos contratos con Rusia y con China, los preponderantes, hay otros menores, pero se tienen que transparentar”, dijo Paz, consultado sobre la presencia de capital chino en la explotación del litio.

Explicó que Bolivia quiere contratos de beneficio para los inversionistas nacionales o extranjeros, pero en el marco de la transparencia.

Dentro de su visión, señaló que cada región debe entender que el litio es de todos los bolivianos, pero también que sus localidades van a ser beneficiadas directamente.

Los contratos suscritos por el anterior Gobierno son con la empresa risa Uranium One y el consorcio chino CBC. El año pasado fueron aprobados en una comisión de Diputados, pero el trámite no avanzó más.

La oposición, ambientalistas y cívicos de Potosí rechazan esos contratos, porque los consideran desventajosos para el país. De parte del Gobierno, el ministro Gabriel Espinoza explicó anteriormente que se comprometió la fe del Estado en esos convenios, pero no descartó romperlos de hallar daño económico.