Entre el 15% y el 35% de los plaguicidas utilizados en Bolivia son ilegales, según revela el libro “Plaguicidas químicos de uso agrícola en países y territorios de la Comunidad Andina y el Mercosur”, presentado ayer en Cochabamba por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (Ipdrs). El estudio recopila información sobre la situación de cinco países: Bolivia, Perú, Colombia, Argentina y Paraguay y ofrece un análisis comparado sobre el uso, regulación y comercialización de plaguicidas en la región.

El director Académico de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la Universidad Mayor de San Simón, César Escobar, informó que el país cuenta con normas sobre el uso de plaguicidas, pero sin un control efectivo por parte del Estado. “El uso de plaguicidas en nuestro país está normado, pero no regulado ni monitoreado por el mismo Estado. Según Escobar, actualmente existen 97 funcionarios encargados del control y un presupuesto de 90 mil dólares anuales para esta tarea, monto insuficiente para la magnitud del problema.

El estudio detalla que el empleo de plaguicidas se ha incrementado cinco veces desde 2005 hasta la fecha, con una fuerte concentración en el cultivo de soya transgénica, que representa una tercera parte de la superficie agrícola nacional. “Se está destinando fundamentalmente a esta lista de plaguicidas altamente tóxicos y peligrosos, prohibidos en otros países, pero de uso prácticamente libre en el nuestro”, explicó. 

El libro incluye un anexo con los nombres de los productos y el número de países donde ya fueron vetados.

El estudio también advierte que Bolivia continúa utilizando sustancias prohibidas en países vecinos. En muchos casos, estos plaguicidas están clasificados como altamente peligrosos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero siguen comercializándose en el mercado interno sin restricciones.

El miembro del Ipdrs, Lorenzo Soliz, destacó que el documento busca aportar información sólida para la toma de decisiones públicas. “Este estudio proporciona información y un análisis comparado del uso de plaguicidas en nuestros países. Es importante que la población conozca la magnitud del problema y exija el cumplimiento de las normas establecidas”, indicó.

El informe refleja, la débil capacidad institucional para controlar la importación y comercialización. 

Sin embargo, indicó que Bolivia cuenta con nuevas herramientas normativas en proceso de implementación. “Tenemos dos normativas en puerta: la Estrategia Nacional de Agroecología, aprobada hace un mes, y la Ley de Bioinsumos, ya aprobada por el Senado y pendiente en Diputados”, afirmó. Ambas buscan promover alternativas a la agricultura química mediante bioinsumos y prácticas sostenibles.