El ideal de una maternidad protegida se transforma en una angustiante espera para muchas madres en Bolivia. Desde finales del año pasado, el pago del Bono Juana Azurduy (BJA) presenta interrupciones que afectan la economía de los hogares más vulnerables. Lo que antes era un proceso regular, hoy es un laberinto de oficinas cerradas, grupos de comunicación silenciados y una plataforma digital que no ofrece respuestas, como lo constató este medio informativo.

La situación se agravó tras la decisión de la actual gestión del Ministerio de Salud. Sin anular el Decreto Supremo que rige al BJA, la administración de la ministra Marcela Flores optó por la centralización absoluta del programa.  Esta medida implicó el cierre de las oficinas nacionales y de las nueve regionales que operaban en cada departamento hasta diciembre de 2025. Los activos, desde mobiliario hasta las camionetas que trasladaban a los técnicos a las zonas rurales, pasaron a manos de cada Servicio Departamental de Salud (Sedes) en calidad de custodios, muchas veces bajo presión, según informaron a este medio.

El Bono Juana Azurduy es un incentivo económico y de salud de Bolivia, creado en 2009, destinado a mujeres embarazadas y niños menores de dos años sin seguro social. El objetivo es reducir la mortalidad materna-infantil y  desnutrición crónica a través de pagos condicionados a controles prenatales y médicos para el niño, hasta cumplir dos años. Esta reestructuración administrativa trajo consigo la ruptura de convenios fundamentales. La falta de renovación del contrato con el Banco Unión dejó en el aire el cronograma de cobros para las beneficiarias.  Sin transporte para los técnicos, las comunidades alejadas donde no existen agencias financieras perdieron el acceso no sólo al dinero, sino también al subsidio alimentario.   

Reclamos

En los centros de salud de La Paz, el panorama es desolador. Una madre residente en Bajo San Pedro relató que a que su hijo, quien  cumplirá un año, solo recibió dos pagos de todo el ciclo.  “No pagan desde el año pasado. Han dejado de pagar noviembre, diciembre y comenzaron a silenciar el grupo. Actualmente ya no se puede enviar mensajes al grupo que tiene cada centro de salud, sólo nos conectamos por grupos de WhatsApp que crearon las madres”, especificó.

El grupo de contacto donde las beneficiarias recibían información también fue silenciado por los administradores.  La incertidumbre crece ante el cambio constante de responsables del programa, lo que obliga a las madres a reiniciar trámites burocráticos una y otra vez sin éxito.

El malestar se extiende a las redes sociales, en las que las denuncias desde Oruro, Beni, Cochabamba, Potosí y otros puntos del país coinciden en un mismo problema.

Las madres acuden a la Gestora Pública en busca de soluciones para el pago de los bonos PEPE y BJA, pero sólo reciben promesas de fechas que nunca se cumplen.  El sistema web del programa está fuera de servicio o muestra observaciones inexistentes que inhabilitan a las usuarias en forma arbitraria. Mientras tanto, el Ministerio de Salud guarda silencio y evita dar información oficial.

Tres personas murieron violentamente el fin de semana en Santa Cruz. Dos fueron ejecutadas en los municipios fronterizos de San Matías y Puerto Villarroel. Otra fue abatida en el inicio  de un rally.

La primera víctima murió el sábado tras ser atacada en un campeonato de fútbol en una quinta cercana al centro de la población de San Matías, en la frontera con Brasil, por personas que bajaron en un vehículo tipo camioneta, marca Volkswagen, de color gris, que se detuvo al llegar al campo deportivo. Además, cuatro personas resultaron heridas.

La víctima fue identificada como Douglas Queiroz, presuntamente con antecedentes de narcotráfico.

Según un primer reporte policial, el hecho ocurrió en una propiedad (quinta) ubicada en el camino a la comunidad de San Francisco, a unos 300 metros de la población de San Matías.

La segunda víctima murió en el municipio de Puerto Quijarro cuando fue interceptada por desconocidos que abrieron fuego en su contra. Su pareja también resultó herida y fue trasladada a una clínica en Corumbá, Brasil.

La fiscal Puerto Quijarro, Fabiola Paco, informó que la víctima de nacionalidad brasileña recibió varios impactos de bala y que sus restos fueron trasladados a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para la autopsia debido a que en ese municipio no se cuenta con las condiciones para realizar este procedimiento esencial para la investigación contra los responsables.

La tercera víctima murió el domingo cuando se preparaba para competir en el Rally Nueva Santa Cruz, en una pista ubicada detrás del aeropuerto de Viru Viru.

El hecho se registró en pleno desarrollo de un rally automovilístico y hasta el lugar llegaron efectivos policiales para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones respectivas.

Según el reporte preliminar, el piloto fue trasladado hasta la morgue de Warnes, mientras que el copiloto fue trasladado a una clínica privada de la capital cruceña, informó la red Unitel.

Testigos relataron que el piloto se prestaba a ponerse en posición de la línea de salida y fue ahí cuando lo interceptó una vagoneta, de donde descendió un sujeto que desenfundó el arma.

Un grupo de policías de Umopar fue atacado a tiros durante un operativo en Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, en una zona de difícil acceso, según informó el zar antidrogas, Ernesto Justiniano, quien reportó que los atacantes operaban en un punto de salida de droga que contaba con logística.

La semana se inicia con las medidas anunciada por los choferes del departamento de La Paz en protesta por la escasez de diesel. En tanto, en Cochabamba las filas para abasterse de este combustible continúan en las estaciones de servicio. Otro  sectores como los maestros y la Central Obrera Boliviana (COB), tienen sus propias exigencies para el Gobierno nacional.

La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) determinó iniciar este lunes un bloqueo sectorial tras advertir una falta de respuesta del Gobierno a sus demandas, con énfasis en la regularización del abastecimiento de combustible, según reporte de Unitel.

“Se convoca a todas las empresas afiliadas y transportistas del departamento de La Paz a sumarse a estas medidas en defensa del sector, realizándose marcha y bloqueo el día lunes 27 de abril de 2026, con punto de concentración en la extranca Senkata, a horas 07:00, para iniciar la movilización”, reza el comunicado difundido este sábado

Los dirigentes instaron a la población a abastecerse ante la radicalización de las medidas de presión ante la escasez de diésel para las maquinarias.

El viernes, el recién posesionado presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, informó que se tienen 1.200 cisternas en transito para atender la demanda de diésel hasta el 28 de abril. En tanto, se ha incrementado el envío de diésel en La Paz y Santa Cruz.

En el caso del magisterio el diálogo con el Ministerio de Gobierno se rompió el passado viernes porque el sector que su pliego petitorio no es atendido en lo que se refiere al incremento salarial y regularización de ítems.

la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, señaló que se prepara un cabildo en El Alto para este 1 de mayo, Día del Trabajador.

“El día primero de mayo estamos llamando a un cabildo nacional, hemos socializado a los diferentes sectores, a las afiliados y no afiliadas al ente matriz, y hemos recibido el apoyo y los sectores van a estar ingresando con marchas y diferentes maneras para llevar al cabildo”, señaló Argollo, según Unitel.

En el cabildo se pretende definir acciones en contra de las medidas y ajustes del Gobierno, además de revindicar su pedido de incremento salarial. “Prácticamente la respuesta del Gobierno en un 80% es totalmente negativa y en un 20% evade y no responde”, agregó.

Marcha

La marcha indígena llegó Caranavi, al norte de La Paz, y recibió el respaldo de distintos sectores sociales que anunciaron bloqueo de carreteras a partir de las 00:00 del lunes, en demanda de la abrogación de la Ley 1720.

“Caranavi también ha sido explotado por este Gobierno. Ahí vamos a vencer esta lucha ”, dijo un dirigente de la población

El director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, informó que hay 15 empresas públicas en el país están en “quiebra técnica”.

Camacho explicó que hay 67 empresas públicas bolivianas, de las cuales la mayoría opera “con pérdidas permanentes, insuficiente generación de ingresos propios y creciente dependencia de deuda. Hoy ya tenemos 15 empresas con quiebra técnica”, aseveró el director.

En ese sentido, indicó que estas empresas acumulan una pérdida de Bs 2.655 millones y un patrimonio negativo de Bs 1.901 millones. Asimismo, señaló son más de Bs 73 mil millones en créditos “dilapidados durante 20 años, por empresas que no producen, por empresas que no tienen, que no generan valor”, sostuvo la autoridad.

En esa línea, Camacho dijo que esos recursos que pudieron usarse para hospitales y escuelas con tecnología de última generación, así como para carreteras que conecten a los productores con los mercados. De igual forma, mencionó que con ese dinero pudo haberse creado un fondo soberano para proteger a Bolivia de la crisis de los precios.