Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza tras 15 meses en guerra

Tras 15 meses de guerra, más de 46.700 cadáveres palestinos y una destrucción sin apenas precedentes, Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Lo han anunciado dirigentes de dos de los países mediadores —Mohammed al Thani, primer ministro de Catar, y Joe Biden, presidente de Estados Unidos— cinco días antes del regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien llevaba semanas dejando claro que no quería encontrarse ese conflicto abierto.

En los 42 días de la primera fase del acuerdo, Hamás liberará a 33 rehenes (mujeres, los 2 niños pequeños de la familia Bibas, hombres de más de 50 años, enfermos y heridos) en su mayoría vivos. Del casi centenar aún en cautiverio (94 secuestrados en el 7-O y otros cuatro israelíes —dos soldados muertos y dos civiles— en su poder desde hace más de 10 años), 36 fueron declarados muertos.

Israel, por su parte, iniciará la retirada de la devastada Franja de Gaza tras más de un año de intensa operación aérea y terrestre, permitirá el regreso de más de un millón de gazatíes desplazados al semidestruido norte del enclave palestino, pondrá en libertad a un millar de presos palestinos mientras la ayuda humanitaria aumentará a 600 camiones diarios.

En la segunda fase, el ejército israelí deberá completar el repliegue, incluyendo el corredor de Filadelfia que hace pocos meses era una línea roja para Netanyahu. Los más de 200 presos con cadenas perpetuas en las cárceles israelíes por graves atentados serían expulsados a Gaza, Catar o Turquía.

Hamás pidió garantías a los mediadores de que Israel no reanudará la ofensiva tras la primera fase temiendo además que entonces, con Trump ya en la Casa Blanca, tendría menos limitaciones. En Israel, especialmente entre las angustiadas familias de los secuestrados no incluidos en la primera lista y que exigían un acuerdo completo y no gradual, el temor es que Hamás dilate las conversaciones que deben iniciarse en la decimosexta jornada de la primera fase sobre las siguientes etapas. De esta forma, no liberaría al resto de rehenes, su única baza en la mesa de las negociaciones, mientras aprovecha la tregua para rearmarse y reorganizarse.

Unos 2 mil israelíes han muerto en la escalada incluyendo 1.200 en la jornada del 7-0 y más de 400 soldados en la operación terrestre iniciada 20 días después en la Franja de Gaza en la guerra más larga de su historia.

Al devastado enclave palestino le espera una ardua y costosa reconstrucción tras una ofensiva que ha causado, según el ministerio de Sanidad bajo control de Hamás, más de 46 mil muertos. A finales de noviembre, Netanyahu indicó que sus fuerzas mataron a cerca de 20 mil efectivos armados de Hamás en la Franja de Gaza. El 90 por ciento de los 2,3 millones de habitantes fueron desplazados en 15 meses de pesadilla.

Alto al fuego en Gaza entra en vigor el domingo

El alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza entrará el vigor “a las 12:15 del mediodía” de este domingo, 19 de enero, anunció ayer el primer ministro y ministro de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahmán.

   El jefe del Gobierno catarí, que ha ejercido de mediador entre las partes en conflicto junto con Egipto y Estados Unidos, anunció en una rueda de prensa que “se trabaja ahora por finalizar los trámites de implementación esta noche, de ahí después se tomarán las medidas internas para el Gobierno israelí para la entrada en vigor del acuerdo el domingo 19 de enero”.

   La implementación de este acuerdo y la entrada en vigor del alto el fuego será a partir de las 12.15 del mediodía del domingo, detalló posteriormente el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, aunque sin precisar en qué huso horario.

Presidente israelí celebra el acuerdo

El presidente de Israel, Isaac Herzog, celebró el recién anunciado acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza acordado con la organización islamista Hamás, que acogió con cautela, asegurando que es “uno de los mayores retos” jamás afrontados por su país.

“No nos hagamos ilusiones. Este acuerdo, cuando se firme, apruebe e implemente, traerá consigo momentos profundamente dolorosos, desafiantes, y angustiosos”, auguró.

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Seis ministros de Arce cayeron por corrupción

Seis ministros del gobierno del presidente Luis Arce, en cuatro años de gestión, fueron denunciados por corrupción; el último fue el ahora exministro de Medio Ambiente y Agua,  Alan Lisperguer, quien fue destituido ayer por denuncias de enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada.

En 2023, Juan Santos Cruz, exministro del Ministerio de Medio Ambiente, fue acusado por corrupción en el caso “coimas millonarias” en procesos de adjudicación de obras y otros hechos irregulares. Cruz se encuentra recluido en espera de su juicio.

En marzo de 2024, Édgar Pary presentó su renuncia al cargo de Ministro de Educación por presuntamente favorecer a su empresa familiar y ofrecer contrataciones del Estado. Fue denunciado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles y sociedades o asociaciones ficticias o simuladas.

En 2021, Adrián Quelca presentó su renuncia al cargo de Ministro de Educación tras ser imputado por la Fiscalía por el delito de incumplimiento de deberes en el marco del caso “tráfico de exámenes” en la designación de cargos directivos. Sin embargo, en 2022 se ordenó su sobreseimiento.

En 2020, Wilson Cáceres fue destituido como ministro de Desarrollo Rural y Tierras luego  que se revelara que contrató a su expareja como jefa de gabinete.

Tras la destitución de Cáceres, Luis Arce posesionó a Ronald Caracayo como nueva autoridad en la cartera.  Sin embargo, cuatro meses después fue aprehendido en flagrancia tras recibir un soborno de 20 mil dólares para beneficiar a “un sector” en la adquisición y saneamiento de tierras.

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APB-Súmate se reunió con organizaciones del sur del país

El precandidato y alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se reunió el pasado 5 de enero con seis organizaciones sociales y dirigentes del sur del país, que respaldan su postulación, según informó la alianza APB – Súmate.

“Nuestra alianza es con el pueblo, con las organizaciones vivas de cada departamento, esos son los acuerdos que valen, esa es nuestra línea de conducta” declaró Mauricio Muñoz, dirigente nacional luego de suscribir estos acuerdos, según se recoge en una nota de prensa.

El dirigente explicó que en el caso de Chuquisaca recibieron el respaldo de la Federación de Juntas Vecinales de Chuquisaca, la Organización Conciencia Revolucionaria de Esperanza y Oportunidades y la Agrupación Ciudadana Departamental Libertaria de Chuquisaca.

En Potosí ocurrió lo mismo con la Federación de Microempresarios y un grupo importante de activistas de Cultura y deportistas destacados. Además, se sumó la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia. 

“Nosotros hemos definido con absoluta claridad que la alianza de Manfred es con el pueblo, porque ya pasó el tiempo en el que unos cuantos políticos se reúnen para repartirse cargos a espaldas de nuestra gente. Bolivia necesita un cambio profundo para salir de la crisis y la primera señal de ese cambio es una nueva conducta de los dirigentes políticos y está claro que el único que puede ofrecer aquello es Manfred”, dijo Muñoz.

El dirigente nacional señaló que “hay otra cosa que valoramos mucho, el reconcomiendo en todo el país a la capacidad de gestión de Manfred, es el único candidato con experiencia que ha demostrado que sabe hacer y su vida es el testimonio de su compromiso con la patria”.

“Vamos recorrer todo el país, porque todos los días recibimos invitaciones para estar en los 9 departamento con organizaciones, con dirigentes, con líderes, con jóvenes y mujeres que quieren brindarle públicamente su apoyo a Manfred, esa es una gran señal de que el pueblo ya no quiere experimentos sino certezas, por eso en los próximos días estaremos en Tarija para también recibir el apoyo político a nuestro movimiento”, afirmó.

 

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Luis Arce promulga la Ley de Distribución de Escaños

El presidente del Estado, Luis Arce, promulgó anoche la Ley 1614 de Distribución de Escaños entre Departamentos, que suma una representación en la Cámara de Diputados al departamento de Santa Cruz y resta una a Chuquisaca, como resultado del Censo de Población y Vivienda, realizado en marzo de 2024.

“Una vez recibida la Ley de Distribución de Escaños entre Departamentos, procedemos a su promulgación inmediata. Este paso es fundamental para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pueda llevar a cabo los procedimientos necesarios y garantizar así unas elecciones generales transparentes y efectivas este año”, publicó el Primer Mandatario en sus redes sociales.

El TSE solicitó la aprobación y promulgación de la ley hasta el 15 de enero, como plazo fatal, para elaborar el mapa electoral que se empleará en las elecciones generales de agosto próximo.

En ese sentido, Arce reiteró su compromiso con la democracia y la participación ciudadana.

“Reiteramos nuestro firme compromiso con la democracia y la participación ciudadana en este crucial proceso electoral, convencidos de que cada voz cuenta y merece ser escuchada”, indicó.

La tarde del miércoles, el pleno de la Cámara de Senadores sancionó, con más de dos tercios de respaldo, la norma que fue tratada por dispensación de trámite, luego de que fuera aprobada por el pleno de Diputados el 10 de enero pasado.

El proyecto fue elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a partir de los resultados del Censo, por lo que Santa Cruz ahora tendrá 29 curules y Chuquisaca solo 9.

En el resto de departamentos no se realizó ninguna modificación: La Paz conserva sus 29 diputados; Cochabamba, 19; Potosí, 13; Oruro, 9; Tarija, 9; Beni 8 y Pando, 5.

 

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Disney dona 15 millones de dólares para ayudar a la recuperación de Los Ángeles

The Walt Disney Company prometió este viernes donar 15 millones de dólares para ayudar en los esfuerzos de extinción y recuperación de los incendios forestales en el sur de California que siguen azotando a la ciudad de Los Ángeles.

En un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la compañía, Bob Iger, destacó que se sentían “orgullosos de brindar asistencia a esta comunidad resiliente y vibrante en este momento de necesidad”.

“Walt Disney llegó a Los Ángeles con poco más que su imaginación ilimitada, y fue aquí donde decidió establecer su hogar, perseguir sus sueños y crear historias extraordinarias que significan mucho para muchas personas en todo el mundo”, ahondó el director.

La empresa de entretenimiento se comprometió a apoyar a “organizaciones vitales” que ofrecen servicios en el terreno como la Cruz Roja Americana, la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles y el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, entre otros.

Al igual que la casa de Mickey Mouse, Paramount donó un millón de dólares a organizaciones locales, entre ellas la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, la Fundación de Bomberos de California, la Cruz Roja, Direct Relief, World Central Kitchen y Best Friends Animal Society.

La tragedia continúa azotando Los Ángeles, donde el número de víctimas mortales a causa de los incendios que arrasan la ciudad ha escalado a once, según confirmó este viernes el Departamento Forense del condado.

Los principales incendios, el de Eaton y Palisades, han destruido más de 12.000 estructuras y los bomberos siguen trabajando incansablemente en las labores de contención.

 

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Bolivia recibió 736 millones de dólares por visita de 984.000 turistas extranjeros en 2024

La llegada a Bolivia de más de 984.000 turistas extranjeros generó ingresos por unos 736,6 millones de dólares (unos 720 millones de euros) el año pasado, informó este domingo el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.

La autoridad precisó estos datos durante un acto por el Día Nacional del Turismo en La Paz, en el que participaron el presidente del país, Luis Arce, y el vicepresidente, David Choquehuanca.

“Solamente en 2024 Bolivia ha recibido a más de 984.000 turistas extranjeros, quienes han podido generar un ingreso económico de divisas por alrededor de 736,6 millones de dólares”, sostuvo.

Huanca lamentó que el número de visitantes sea inferior a los que llegaron en 2023, lo que atribuyó a los bloqueos de carreteras “que algunos sectores políticos interesados de manera personal han realizado y han perjudicado a toda la población en general y a la economía nacional”.

El ministro aludió así a los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que está distanciado del Gobierno de Arce, que bloquearon carreteras en dos ocasiones en 2024 por un total de 40 días causando una pérdida económica superior a los 3.000 millones de dólares, según las autoridades.

Con todo, aunque la cantidad de visitantes extranjeros fue menor, los ingresos generados por ese sector fueron mayores en un 7 % respecto a 2023, indicó.

También precisó que el desplazamiento interno de 3,18 millones de turistas nacionales generó “un movimiento económico de más de 2.396 millones de bolivianos”, equivalentes a unos 344,2 millones de dólares.

Huanca destacó la labor de los sectores que son parte de la cadena turística en el país, incluidos más de 3.000 operadores, más de mil guías, unos 500 emprendedores hoteleros, 100 emprendedores de turismo comunitario, además de las comunidades indígenas y campesinas que acogen a los visitantes, los artesanos y gastrónomos, entre otros.

La autoridad señaló que este 2025, año en que Bolivia celebra los 200 años de su independencia, se busca fortalecer al sector con actividades como la participación en la Feria Internacional de Turismo en España.

También lo hará mediante el Programa ‘200 años, 200 destinos turísticos’ que apunta a certificar esa cantidad de sitios en el país y además se crearán rutas para promover las visitas de turistas a las plantas estatales que construye el Gobierno, indicó.

Huanca mencionó algunas inversiones estatales que están en curso para dinamizar al sector, como los 127 millones de bolivianos (unos 16,2 millones de dólares o 15,8 millones de euros) del programa para promocionar el salar de Uyuni, el fondo de un antiguo mar disecado de más de 10.000 kilómetros cuadrados que es uno de los principales destinos bolivianos.

A su turno, Arce aseguró que su Gobierno trabajó “arduamente” para reactivar el turismo que “prácticamente llegó a cero” durante la pandemia de la covid-19 y reconoció los perjuicios que causan al sector las protestas como marchas y bloqueos de carreteras “que no le dan una buena visión externa” a Bolivia.

A fines de 2024, la Cámara Boliviana de Turismo (Cabotur) alertó que ese sector está en “terapia intensiva” por factores como la constante conflictividad social y la crisis económica reflejada en la inflación, falta de dólares y combustibles, con pérdidas millonarias y de empleos en esa área.

Los representantes de Cabotur reclamaron que el turismo se convierta en una “política de Estado” y que el Gobierno de Luis Arce active este año el “gabinete turístico” prometido a mediados del año pasado para asumir decisiones que reactiven a la industria naranja boliviana.

 

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Riadas en Quime dejan 500 familias afectadas y 40 viviendas destruidas

La riada que afectó al municipio  paceño de Quime  dejó en la calle a más de 500 familias y destruyó al menos 40 viviendas, dejando otras 40 seriamente afectadas, según el reporte  de ayer del Viceministerio de Defensa Civil.

El municipio, distante a 233 kilómetros al suroeste de la ciudad de La Paz, en la provincia Inquisivi, está sin electricidad ni agua potable. 

El Gobierno envió 21 toneladas de ayuda humanitaria y habilitó, junto a la Alcaldía, albergues para alojar a las  familias afectadas.

“Ante el desborde de los ríos en el municipio de Quime que afectó a varias familias de la región, hemos instruido el envío inmediato de más de 21 toneladas de ayuda humanitaria, que incluye alimentos y suministros esenciales para beneficiar a 500 familias damnificadas por estos desastres naturales provocados por el desborde de los ríos Kuyuna y Quime”, informó el Primer Mandatario desde su cuenta en X. 

Los ríos Kuyuna y Quime se desbordaron la madrugada del sábado por efecto de las intensas lluvias que cayeron en la región.

El Jefe de Estado anunció que movilizará a militares del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos de las Fuerzas Armadas, junto con maquinaria pesada, para colaborar en las labores de apoyo y rescate de pertenencias.

Riesgo se mantiene

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que entre 40 y 60 viviendas fueron afectadas por el desborde de ríos en el municipio de Quime, sin embargo, aún persiste el riesgo de colapso de otras casas ante la continuidad de las lluvias y crecida de los caudales.

“Todavía hay muchas viviendas que están en riesgo, hay viviendas que ha sido construidas encima de los canales de agua de los ríos, podríamos decir que están inestables, hay viviendas que todavía van a sufrir el impacto si es que hay una nueva crecida del río, de manera que el riesgo de perder más viviendas está presente”, dijo.

Cochabamba

En el municipio de Cliza, en el valle alto, una riada afectó al menos 50 hectáreas de maíz y hortalizas en la comunidad de Khochi Lázaro. El reporte indica que el hecho ocurrió la madrugada de ayer. Los comunarios pidieron ayuda y  señalaron que la situación podría empeorar porque las lluvias continúan.

Alertan crecida de ríos en Santa Cruz

El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), de Santa Cruz, alertó que los afluentes de la cuenca del río Grande y en el río Parapetí sufrirán desbordes debido a las últimas lluvias.

El Searpi advirtió de una crecida grande en la estación de medición de La Junta, donde el nivel alcanzó los 8,50 metros este domingo. 

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Denuncian que defensores indígenas ambientales son víctimas de amenazas

Bertha Ayala, Silvia Lipa Piloy y Ruth Alipaz son algunas de las decenas de víctimas indígenas bolivianas de violencia por defender el medioambiente en sus territorios de las actividades extractivistas mineras e hidrocaburíferas, principalmente.

Las víctimas denunciaron que sufrieron amenazas, fueron acosadas, intimidadas y desprestigiadas. Además, son hostigadas con la división de sus organizaciones y objeto de violencia psicológica.

En los últimos días, el guardaparque  y defensor del medioambiente Marcos Uzquiano fue desvinculado de su cargo en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a dos semanas de denunciar tours de caza ilegal en áreas protegidas.

De acuerdo con una investigación del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), en los últimos siete años, se registraron 250 casos de agresiones a defensores ambientales, la mayoría mujeres.

Son personas que se han puesto al frente contra la minería ilegal, avasallamientos y tala indiscriminada para que se respeten los derechos ambientales, señaló el vocero de la Contiocap, Alex Villca.

Detalló que las agresiones van desde amenazas con armas de fuego hasta bloqueos en el acceso a sus comunidades.  

Contó que Ruth Alipaz, quien encara una lucha contra el proyecto de la central hidroeléctrica Chepete -El Bala  y la minería ilegal en el río Tuichi, recibió amenazas de muerte. “Le dijeron que le volarían la cabeza con dinamita”.

Villca también fue amenazado tras denunciar a una directora del Parque Nacional Madidi; las amenazas se suman a las campañas de desprestigio. “Nos desacreditan acusándonos de oponernos al desarrollo”, contó.

El activista en derechos humanos Franco Albarracín citó también la violencia que ejercen las mineras contra los pobladores del Ayllu Acre Antequera, en  Oruro. “Se los amedrenta y se reprimen sus protestas”, dijo.

Berta Ayala y Hernán Roque denuncian que la explotación minera  está por extinguir sus fuentes de agua, las que alimentaban los bofedales donde crecían plantas de totora y donde antes,  en los alrededores, el suelo era apto para producir papa, quinua, varios tipos de haba y el ganado era abundante.

Albarracín señaló que se criminaliza la protesta de los defensores del medioambiente, quienes exigen el cumplimiento de las consultas previas e informadas. Es el caso de la lucha de líderes de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía que se oponen a tareas de exploración de gas de la empresa Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Albarracín denunció que en la Amazonía las empresas mineras se alían con jueces o fiscales para iniciar procesos infundados en contra de defensores ambientales, “cuyo crimen es luchar para que no contaminen los ríos, para que no trafiquen tierras, para que no los involucren en actividades ilícitas”.

Una de estas víctimas es Lipa Piloy,  dirigente del pueblo indígena leco en el norte  paceño, quien es atacada por resistir la invasión de empresas mineras de oro en el Parque Nacional Madidi.

Lamentó que las amenazas  son más frecuentes contra las defensoras ambientales por ser mujeres. “Son amenazadas de violación sexual,  de que van a atacar a sus hijos”, cuestionó el activista.

Albarracín señaló que los defensores ambientales viven en situación desfavorable porque como país se depende de una economía extractivista, “que resulta depredadora de la naturaleza y vulneradora de los pueblos y líderes indígenas”.

Para el defensor de derechos humanos, el Gobierno, en los últimos años, benefició los intereses de las empresas mineras y no protegió los derechos de la naturaleza.

En la misma línea de Albarracín, el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Miguel Vargas, mencionó que unas 300 fundaciones u organizaciones no gubernamentales también relacionadas con la defensa del medioambiente son hostigadas desde diferentes instancias de Gobierno.  “Hace 11 años que tienen restringida la  libertad de asociación”, por ejemplo.

Para Vargas, la actividad minera es una de las principales causas para la violencia en los territorios donde operan. “Con la normativa vigente, las mineras ingresan a las comunidades, asumen derechos, criminalizan a los que se oponen a los efectos de la  extracción y penalizan a los verdaderos dueños de los territorios”, denunció el activista.

Ven que se vulnera el Acuerdo de Escazú

La violencia contra los defensores del medioambiente, incluyendo el último caso del guardaparques Marcos Uzquiano, contradice los acuerdos internacionales firmados por

Bolivia, señaló el activista de derechos humanos Franco Albarracín.

El Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado boliviano en 2019, en su artículo 9, establece claramente la obligación de garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. 

Albarracín señaló que pueden llegar sanciones, incluso económicas, contra el Gobierno boliviano por el incumplimiento del acuerdo.

En el caso del despido de Uzquiano, puede considerarse una forma de amedrentamiento que viola estos compromisos internacionales. 

Recordó el caso de Chaparina, la marcha intervenida violentamente en defensa del Tipnis. Este se encuentra en la etapa de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Venezuela cierra la frontera con Colombia durante 3 días y denuncia una “conspiración internacional”

En medio de protestas y polémica internacional por la posesión de Nicolás Maduro, el gobernador del estado venezolano Táchira, Freddy Bernal, anunció el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia desde este viernes hasta el próximo lunes.

Bernal ha afirmado que la medida responde a una “instrucción” del presidente Nicolás Maduro y estará vigente durante cuatro días, a partir de las 5.00 (hora local) de este viernes. El gobernador ha apelado a la “comprensión” de las personas que puedan verse afectadas, en particular quienes cruzan a diario la frontera.

“Tengan ustedes la seguridad que tenemos el control absoluto del Estado y garantizaremos bajo cualquier circunstancia la tranquilidad y la paz de todo el pueblo de chirense”, ha enfatizado Bernal, en un vídeo divulgado por su oficina en redes sociales.

Migración Colombia ya había avisado en un reciente comunicado de que veía “posible” un cierre de la frontera común de cara a la investidura presidencial organizada por Maduro en Caracas este viernes y ante la previsión de que el opositor Edmundo González pudiese intentar también entrar en Venezuela.

Detenciones

La jornada de manifestaciones convocada el jueves en todo el país por la acosada oposición democrática venezolana terminó en represión con bombas lacrimógenas y detenciones en la ciudad de Maracaibo, capital del occidental estado Zulia, reportan medios regionales.

Según el diario Versión Final, tras el inicio de la concentración opositora en las adyacencias de la Plaza de la República, Maracaibo, militares lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a la ciudadanía y hubo numerosas detenciones.

La ONG Foro Penal informó la detención de al menos 17 personas durante las protestas de este jueves en varias regiones de Venezuela.

Según información difundida por el vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, las detenciones realizadas por las fuerzas chavistas se produjeron en los estados Zulia (cinco), Distrito Capital (uno), Carabobo (dos), Lara (uno), Trujillo (uno), Portuguesa (uno) y Yaracuy (tres).

Posesión

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asume este viernes su tercer mandato consecutivo, entre acusaciones de fraude y aislamiento internacional, pero con el apoyo de los militares y el resto de los poderes del Estado a sus pies.

La investidura se produce un día después de una marcha opositora que terminó con la denuncia de un breve arresto de su líder María Corina Machado, que el gobierno negó y calificó de “invento”, mientras el plan de Edmundo González Urrutia de asumir el cargo se vuelve cada hora más improbable.

Maduro movilizó a sus seguidores el jueves y llamó a “salir a las calles por millones” para su juramentación. “El 10 juro con Maduro por el futuro”, reza uno de sus eslogan.

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Súmate: Manfred está habilitado como candidato

El portavoz de Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB-Súmate), Diego Brañez, informó ayer que ese partido político está plenamente habilitado para las elecciones generales de 2025 y, en consecuencia, su candidato Manfred Reyes Villa también.

Brañez hizo mención a las denuncias que en días pasados hizo Manuel Mariscal, abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS), en contra de la candidatura de Reyes Villa, en sentido de que APB “no cumple con los seis meses de antigüedad de su personería jurídica”. 

Brañez dijo que “esa medida (de los seis meses) era aplicable siempre y cuando se hubieran realizado las elecciones primarias que establecían plazos, fechas y cronogramas al calendario electoral”.

Según el vocero de APB-Súmate, las primarias condicionaban a las organizaciones políticas para la constitución de plazos y alianzas.

Brañez recordó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) elaboró una propuesta de ley que está aprobada por el Legislativo para la anulación de las primarias. 

“Al anular las primarias, anulan los plazos para las organizaciones políticas que desean participar en las elecciones 2025”, dijo Brañez.

“APB-Súmate ha recibido su personería jurídica el 13 de diciembre de 2024, que lo habilita para participar en los comicios de 2025 y las subnacionales en 2026”, dijo.

El portavoz aclaró además que “no existe motivo para postergar las elecciones; todo lo contrario, nosotros queremos que se lleven a cabo, pero que sean limpias, con un padrón abierto, como ellos lo han señalado”, concluyó.

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