La inédita jornada electoral que tendrá lugar en México hoy convocará a 99,7 millones de votantes y representa la primera vez que la ciudadanía participa directamente en la selección de 881 cargos de funcionarios judiciales. En este caso, hay 3.422 candidatos.
Se prevé que en 2027 se lleve a cabo un nuevo proceso para elegir 800 cargos adicionales dentro del mismo sistema.
El proceso de selección comenzó con una evaluación por comités conformados por representantes de los tres poderes del Estado. Los aspirantes debieron cumplir con requisitos como contar con un título en Derecho, tener al menos cinco años de experiencia profesional, redactar un ensayo y presentar cartas de recomendación de colegas y conocidos. Aquellos que cumplieron con estos criterios ingresaron a un sorteo que definió los habilitados para competir en las elecciones.
La reforma que permitió esta elección fue impulsada en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien defendió la iniciativa como un esfuerzo por combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.
“Que respondan ante el pueblo”, expresó en su momento López Obrador. La medida fue uno de los actos más significativos al cierre de su mandato en septiembre pasado.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de controversias. Gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, así como organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, han manifestado su preocupación por una posible politización del sistema judicial y una merma en su independencia.
La ONU, además de asociaciones civiles, actuales jueces y partidos de oposición, han advertido sobre el riesgo de intervención tanto del Ejecutivo como del crimen organizado en la contienda.
A estas inquietudes se suman las denuncias en redes sociales que vinculan a al menos una veintena de candidatos con grupos del narcotráfico, lo que ha encendido aún más el debate sobre la idoneidad del nuevo modelo de elección.
Los actos proselitistas iniciaron el 30 de marzo y finalizaron el pasado 28 de mayo, en un clima de creciente tensión política y bajo el escrutinio nacional e internacional.
Alerta
Con la celebración de estos comicios, la mitad de los ciudadanos percibe que el Poder Judicial estará más alineado con el Gobierno federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, según una encuesta publicada el lunes 26 de mayo por el diario ‘El Financiero’, en la que se refleja la percepción pública frente a la histórica reforma judicial impulsada por el oficialismo izquierdista.
El sondeo señala que el 50% de los consultados considera que el sistema judicial se acercará al proyecto de la llamada “cuarta transformación”, encabezado originalmente por López Obrador y continuado por Sheinbaum, ambos del partido de izquierda Morena.
En contraste, un 37% opina que el Poder Judicial funcionará como un verdadero contrapeso institucional, mientras que el 13% restante no tiene una postura definida.
Respecto al impacto de la reforma en el sistema democrático, el 59% cree que la medida fortalece la democracia, mientras que el 35% considera que la debilita. Un 6% de los encuestados no supo o no respondió.
El estudio también indaga en el comportamiento electoral previo a los comicios. A pocos días de la elección, apenas un 12% de los ciudadanos afirmaba haber decidido su voto, un aumento de ocho puntos porcentuales en comparación con el 4% registrado en abril. No obstante, un 47%, todavía no tenía claro por quién votar, aunque esa cifra muestra una ligera mejora frente al 53% de indecisos reportado en el mes anterior.
En cuanto a la participación esperada en las urnas, la encuesta estima que esta se ubicará entre el 16% y el 23%, lo que evidencia un bajo nivel de involucramiento ciudadano frente a un proceso considerado de gran relevancia institucional.
Candidaturas polémicas
Entre los candidatos para estos comicios históricos, figuran algunas personas con antecedentes cuestionables, lo que ha encendido las alarmas de organizaciones civiles, jueces y defensores del Estado de derecho.
Uno de los nombres más polémicos es el de Leopoldo Chávez, candidato a juez federal en el estado de Durango, quien cumplió casi seis años de prisión en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.
En un video difundido en redes sociales, Chávez reconoció su pasado y afirmó haber saldado su deuda con la justicia. “Nunca me he presentado como el candidato perfecto”, expresó. Durango, cabe recordar, forma parte del Triángulo Dorado, una zona controlada históricamente por cárteles del narcotráfico.
En Jalisco, Francisco Hernández, otro aspirante, busca convertirse en magistrado penal a pesar de haber sido destituido por el Consejo de la Judicatura Federal tras una investigación por denuncias de abuso sexual y corrupción. Asegura que se trata de “difamaciones” y pide que sea “el pueblo quien lo juzgue”.
En Nuevo León, Fernando Escamilla, especialista en derecho de extradición, defiende su postulación tras haber asesorado jurídicamente a integrantes del cártel de Los Zetas.
También ha llamado la atención la candidatura de Silvia Delgado, quien en 2016 representó legalmente a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Hoy, aspira a ser jueza penal en Chihuahua. Delgado sostiene que su labor como abogada fue parte de su deber profesional.
“No soy corrupta. No te pueden condenar por haber hecho tu trabajo”, dijo en un mitin en Ciudad Juárez.
Las preocupaciones sobre la idoneidad de varios postulantes han sido respaldadas por investigaciones de organizaciones como Defensorxs, que ha identificado al menos a 20 candidatos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o presuntos vínculos con el crimen organizado.
El Observatorio Judicial Electoral también advirtió sobre más de 130 postulantes sin competencia real, es decir, sin rivales en la contienda, lo que les daría una victoria automática.
