Las actividades educativas de la gestión 2024 concluirán el viernes 6 de diciembre, confirmó este lunes el ministro de Educación, Omar Veliz.

“El avance curricular termina el 6 de diciembre y del 9 a 13, trabajará la parte administrativa, y con eso culminamos el calendario escolar 2024”, explicó.

Según el Ministerio de Educación se utilizarán diferentes metodologías para recuperar las clases por la ampliación del descanso pedagógico de invierno. Algunas unidades educativas optaron por pasar clases los sábados y otras incrementaron las horas de trabajo.

El cierre de la gestión educativa se debe cumplir en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. 

La Fiscalía notificó la mañana de este martes por cedulón al expresidente Evo Morales para que se presente a declarar en el marco de la investigación por un caso de presunto estupro y trata y tráfico.

El caso radica en Tarija, pero el exmandatario fue notificado en su vivienda de la ciudad de Cochabamba, ubicada en la zona de Villa Bush, al oeste de la capital valluna.

Un equipo policial y de la Fiscalía, cerca de las 06:15, dejaron el cedulón en puertas de la vivienda de Morales, ya que ninguna persona salió a recibir a las autoridades policiales.

El coronel que lideraba el operativo indicó que se notificó en la vivienda en la que Morales pasó la noche del lunes; sin embargo, aseguró que se seguirán movilizando para realizar más notificaciones, pues se conoce de más domicilios y tratarán de entregar la citación personalmente al líder del MAS, según el reporte de Unitel.

Ayer, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que la comisión de fiscales que investiga el caso determinó citar a Morales para que declare el jueves 10 de octubre.

El expresidente Evo Morales tiene sobre sus espaldas al menos siete procesos judiciales en instancias nacionales e internacionales que ponen en riesgo su libertad; además, se suman delitos de corrupción por los que no se le han iniciado procesos, coincidieron tres analistas.

Las últimas semanas, se conocieron denuncias del exministro Iván Lima sobre el uso de una vagoneta adquirida irregularmente de la estatal petrolera venezolana y se conoció denuncias de hace nueve años por estupro y trata de personas.

Lesa humanidad 

El activista en derechos humanos Franco Albarracín mencionó que los dos casos de mayor relevancia contra Morales son el del hotel Las América y de Chaparina en los que se cometieron delitos de lesa humanidad; ambos están en la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.

En el caso del hotel Las Américas, Bolivia será juzgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por vulnerar los derechos de tres extranjeros y dos bolivianos durante la presidencia de Morales, en 2009. El informe concluyó “que el Estado boliviano es responsable de la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de Mario Tadic y otros afectados”.

La denuncia del caso Chaparina está en la CIDH por los delitos de torturas y discriminación contra pobladores del Territorio Indígena del Parque Nacional (Tipnis). En 2011, la Policía reprimió la marcha de indígenas del oriente hasta La Paz en rechazo a la carretera por el Tipnis. El grupo fue gasificado, golpeado, maniatado y trasladado en buses de Chaparina a Rurrenabaque, en Beni.

En ambos casos se sancionará a los autores materiales e intelectuales con la privación de libertad, aseguró Albarracín.

Trata de personas

El último caso mediatizado contra Morales debido a una orden de aprehensión frenada por una acción de libertad es por el presunto delito de estupro y trata de personas. La denuncia fue presentada hace nueve años contra el expresidente y los padres de la víctima en Yacuiba, en Tarija.

La víctima, por entonces, era menor de edad: tenía 15 años. También se describe que producto de la relación nació un menor que en la actualidad tiene ocho años y se encuentra registrado con los apellidos de Morales y de la menor, como sus padres. 

De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, “el ahora investigado Juan Evo Morales Ayma, haciendo uso desmedido de su condición de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y a través de sus diferentes organizaciones, creó una guardia juvenil (…) y estaba conformada por personas de 14 y 15 años, denominadas ‘Generación Evo’”; la víctima formó parte de esta guardia donde conoció a Morales.

Otro caso contra el expresidente por los delitos de estupro y trata de personas fue denunciado hace cuatro años por el entonces viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar. Se trataba de Noemí M., una adolescente de 19 años quien había mantenido una relación con Morales desde sus 14. 

Noemí fue detenida por usar un vehículo oficial, cuya tenencia era irregular, junto a su hermana y una tercera persona cuando Morales estaba en Argentina y había enviado un mensaje de WhatsApp a Morales para hacerle conocer su situación. Horas después fue liberada; sin embargo, a partir de ese incidente empezaron las investigaciones, pues se halló un teléfono celular con imágenes de la joven y Morales.

Violación

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el pasado jueves que existen al menos tres denuncias por el delito de violación contra Morales las mismas serán investigadas y llevadas a la justicia. “Una vez que tengamos los elementos correspondientes vamos a iniciar los procesos”, aseguró.

Sin denuncia

El abogado Eusebio Vera mencionó como delitos impunes los bloqueos encabezados por Morales y sus afines que derivan en perjuicios económicos para el país y vulnera los derechos de los conductores y pasajeros que se quedan varados por días en las carreteras “sin comida ni agua”.

Mencionó el caso del fraude electoral de 2019 que benefició a Morales con los resultados y causó una profunda crisis política, social e incluso económica.

El analista Carlos Goitia añadió que en el caso del fraude electoral debe sumarse el daño económico por el proceso que fue anulado por Morales.

Tanto Vera como Goitia mencionaron la corrupción relacionada con inversiones fantasmas que causaron gran daño económico al Estado.

Vera mencionó el caso CAMC, que causó un daño económico de 60 millones de bolivianos por incumplir la construcción del primer tramo del tren de carga Montero-Bulo Bulo.

Goitia habló del desfalco millonario al Fondioc, que dejó un daño económico al Estado de más de 102 millones de bolivianos.

1 cuestionamiento

El expresidente Carlos Mesa criticó el modo en que la Justicia “abre, cierra, arma procesos e impide investigaciones”, vulnerando la protección contra los niños y mujeres.

El juez de garantías constitucionales, Iván Córdoba, ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) restituir a Sandra Gutiérrez como fiscal departamental de Tarija e instó a corregir las acciones “irregulares” que desencadenaron su destitución.

Córdoba dejó sin efecto la destitución de Gutiérrez, en una audiencia realizada el sábado por la mañana. En la audiencia, calificó la destitución como un “acto arbitrario”, ejecutado bajo presiones internas del Ministerio Público. “Deja sin efecto legal la resolución número FGE/AMNMC/DAL/193/2024, de fecha 2 de octubre del año 2024, concediendo la tutela solicitada única y exclusivamente al coaccionado, que responde al nombre de Mauricio Nava Morales, al ser él el suscriptor del documento considerado como quebrantador de derechos y garantías constitucionales”, añadió un vocal, según Unitel.

El 2 de octubre, la entonces fiscal departamental de Tarija develó una denuncia por estupro y trata de personas, presentada el 26 de septiembre, en contra de Evo Morales y otras dos personas, quienes serían los padres de la víctima.

La comisión de fiscales, de entonces, con la supervisión de la exfiscal departamental Sandra Gutiérrez, ordenó la aprehensión de Morales, pero fue revocada por decisión de la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, ante un recurso de acción de libertad presentado por los abogados de Morales alegando vulneración de derechos. Ese mismo día, la Fiscalía General ordenó la destitución de Gutiérrez y de otros dos fiscales de materia que investigaban a Morales.

Más tarde, la exfiscal departamental denunció que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, le ordenó dejar el caso y reveló que tiene la grabación de esa conversación en la que se lo escucha “exigiéndole que no investigue a Evo Morales” por las denuncias de estupro en su contra.

Lanchipa negó haber ordenado frenar la investigación, asegurando que la destitución de Gutiérrez se produjo porque hubo negligencia en sus acciones.

Actualmente, el caso continúa abierto en la Fiscalía Departamental de Tarija, donde se realizan los actuados investigativos correspondientes y la autoridad jurisdiccional declaró la reserva del caso con la finalidad de precautelar los derechos y garantías de la víctima.

El caso de estupro y trata de personas no sería el único, según señaló la exejecutiva de las Bartolina Sisa, Maribel Ávalos. 

Evistas denuncian persecución

La Fiscalía de Tarija reabrió el caso de estupro y trata y tráfico de personas contra el expresidente Evo Morales, investigado en principio en 2019. Se trata de un presunto abuso cometido en 2015, cuando la víctima tenía 15 años. Producto de ello, un año después, habría nacido una niña que lleva el apellido del exmandatario.

Seguidores de Morales, entre estos sus abogados y exministros, justifican que el caso solo se trata de una persecución política contra el expresidente.