Con votos de legisladores afines a Evo Morales y a la oposición, la Cámara de Diputados rechazó la madrugada de este jueves la aprobación del proyecto de ley de crédito de más de $us 118 millones destinado a beneficiar a más de 165.000 habitantes con diferentes obras en contra del riesgo climático en los municipios del Chapare (Cochabamba), de La Paz y de Monteagudo (Chuquisaca).

Se trata del proyecto de ley 489/2023-2024, “que aprueba el convenio de préstamo 9695-BO para el ‘Proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial’ suscrito el 28 de junio de 2024, entre el Estado de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-BIRF del Banco Mundial-BM, por un monto de hasta $us 118.500.000,00”.

De los 103 diputados presentes en la sesión que empezó el miércoles, 49 votaron la madrugada de este jueves por la aprobación y 54 por el rechazo del proyecto en su estación en grande, por lo que no pasó a su aprobación en detalle, como establece la norma.

“De acuerdo a los resultados obtenidos queda rechazado el proyecto de de ley 489/2023-2024”, determinó la presidenta en ejercicio Verónica Challco al escuchar el resultado del escrutinio, en medio de aplausos de los legisladores evistas y de la oposición.

Más de $us 1.000 se encuentran bloqueados en su aprobación en el Legislativo, por la articulación de fuerzas entre legisladores afines a Morales y a la opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El Gobierno y el empresariado coincidieron en la importancia de la viabilización de los créditos externos, como parte de las iniciativas para enfrentar la falta de divisas y apalancar la economía.

Detalles del proyecto

El crédito de más de $us 118 millones tenía como objetivo fortalecer la gestión del riesgo climático en el sector vial y mejorar la resiliencia climática y la seguridad de puentes y tramos carreteros en el país.

Beneficiará a más de 165.000 habitantes de los municipios de Chimoré e Ivirgarzama en Cochabamba, Guanay en La Paz y Monteagudo en Chuquisaca, así como a peatones, conductores privados y de transporte público de aproximadamente 9.000 vehículos que utilizan estas vías y puentes al día.

El proyecto tiene dos componentes principales. El primero apunta al desarrollo institucional y generación de capacidades en gestión del riesgo climático en el sector vial de Bolivia. Incluye un diagnóstico exhaustivo de los riesgos climáticos, las prioridades de resiliencia climática y las capacidades institucionales de todas las instituciones que administran la red vial nacional, y una estrategia para mejorar la respuesta eficaz a los retos actuales y futuros en este ámbito.

El segundo componente apoyará la implementación de tres subproyectos que serán construidos con un enfoque de resiliencia ante desastres climáticos para reducir el riesgo de posibles incidentes en tramos clave de la Red Vial Fundamental.

En la carretera Chimoré-Ivirgarzama (32 km) se completará para hacerla una vía de doble calzada, incluyendo un nuevo puente y sus accesos, el reemplazo de alcantarillas, acceso a viaducto existente y puentes peatonales.

En el caso del puente Guanay, de dos carriles y alrededor de 200 metros de largo, se apunta a minimizar las vulnerabilidades climáticas y maximizando las medidas de seguridad vial con el fin de prevenir futuros incidentes tomando en cuenta el alto nivel de urbanización en la zona.

Mientras el tramo III Molino-Monteagudo, de aproximadamente 13 km, incluye la rehabilitación de un tramo existente y la construcción de un nuevo camino rural (circunvalación) para evitar el área urbana. Se encuentra en una zona de riesgo de deslizamientos de tierra, donde los cortes de ruta, los daños y las interrupciones del tráfico son frecuentes y significativos.

Asimismo, el programa incluye obras y actividades a nivel municipal, en las que al menos la mitad de las inversiones se destinarán a prioridades definidas por las mujeres de las comunidades apuntando a promover su empoderamiento económico, inclusión social y prevención de la violencia de género.

El próximo 2 de septiembre iniciará el juicio oral contra la expresidenta Jeanine Áñez, exministros y el exmando militar y policial de 2019 por la denominada ‘Masacre de Senkata’ (El Alto).

“El Tribunal 4º de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto ha fijado la audiencia de inicio del Juicio Oral, Público y Contradictorio para el lunes 2 de septiembre de 2024”, informó la Procuraduría.

La expresidenta y otras exautoridades fueron acusados por genocidio y otros delitos, tras la arremetida contra civiles en noviembre de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad se El Alto, en el departamento de La Paz.

La Procuraduría calificó a este juicio como un “proceso sin precedentes” que procura “memoria, verdad y justicia” para las múltiples víctimas de lo que calificó como “graves violaciones de derechos humanos”.

“La Procuraduría General del Estado reitera su firme compromiso con la justicia, la celeridad, la transparencia y el principio de no repetición, asegurando que estos casos se conviertan en un mensaje inequívoco contra la impunidad”, enfatizó esta institución.

El 19 de noviembre de 2019, se registraron hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos y 31 heridos tras un operativo policial- militar. Cuatro días antes, se registró la masacre en Sacaba, Cochabamba.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que en la crisis política de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.

Por estos hechos, Áñez y otras 17 exautoridades fueron acusados por los delitos de “genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano”.

De acuerdo con la acusación formal de la Fiscalía, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.

Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de los efectivos policiales, 50 entrevistas de las víctimas y ocho entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros elementos, por lo que, se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años en contra de los acusados.

Entre los acusados están Jeanine Áñez, Carlos Arturo Murillo, Luis Fernando López Julio, Víctor Hugo Zamora Castedo, Luis Fernando Valverde Ferrufino, Sergio Carlos Orellana Centellas, Pablo Arturo Guerra Camacho, entre otros.

Los exejecutivos del extinto Banco Fassil, Wille Engelman, Álvaro Velasco Bruno, Diego Chain Novillo, Estefanía Roca Suárez, Jorge Chain Justiniano y Alexander Franz Henrich, fueron sentenciados a tres años de cárcel por organización criminal.

El juez 15avo de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Alejandro Gamboa, ordenó que los exmiembros del directorio cumplan su condena en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, informó el portal Detrás de la Verdad.

El caso fue descubierto y denunciado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Se detectaron inusuales créditos en beneficio de personas que no tenían respaldo económico.

Se investigó las malas prácticas financieras -entre el 2021 y 2022- debido a la otorgación de créditos fuera de norma, como el que se le facilitó a una joven de 18 años por la suma cercana a los Bs 10 millones, entre otros prestamos millonarios.