Al detectar las razones para la persistencia de estos “partidos de alquiler” o “taxi partidos” en Bolivia, la socióloga y analista política, María Teresa Zegada, ve fallas en la ley electoral, que no cambia desde 2014 y en la Ley de Organizaciones Políticas “que se creó en forma funcional a los intereses del Movimiento al Socialismo(MAS) en 2018”, asegura la analista.
Por su lado, la politóloga y periodista Miroslava Fernández cree necesario cambiar la legislación sobre otorgar personería jurídica a partidos políticos.
“Es necesario subir la vara. Actualmente, obtener una personería es casi un trámite administrativo (se pide solo el 1.5% de firmas del padrón), lo que llenó el sistema de organizaciones que solo existen en los papeles”, asegura Fernández.
Según la analista, el problema real es que muchas de estas siglas se convierten en “franquicias” o “taxi-partidos” que se activan solo para negociar candidaturas o vender la sigla al mejor postor, sin representar realmente a una base social.
Se necesitan menos “dueños de partidos” y más organizaciones que funcionen como puentes reales entre la gente y el poder, dice Fernández.
Politización
Pero el problema para el surgimiento de estas agrupaciones políticas no es de ahora. Zegada asegura que tiene que ver con el alto nivel de politización de los bolivianos.
“Cuando se retornó a la democracia ya hubo una fragmentación enorme de la participación política. Entre fines de los 70 y principios de los 80, los registros dan cuenta de la existencia de al menos 300 organizaciones políticas”. Para limitar esto se creo una norma a mediados de los 80, anota la analista.
Sin embargo, no es suficiente la existencia de la normativa, hace falta un organismo, en este caso el TSE, que debe controlar que se cumpla toda reglamentación.
“Se debe fiscalizar a los partidos políticos, controlar que respeten su democracia interna, estatutos, etc., pero esa regulación no existe o nunca ha existido”, asegura Zegada.
Para la analista, es por esta falta de control sobre los partidos que ocurren discrepancias entre partidos y candidatos como en NGP, “un partido que no parece tener ningún tipo de estructura interna ha ido ofertando su sigla y vinculándola a candidaturas circunstanciales”.
Cómo detenerlos
Fernández coincide con Zegada y asegura que para evitar que los partidos funcionen como simples “franquicias” al servicio del mejor postor, la clave es pasar de los controles de papel a una vigilancia real, “por ejemplo: mediante una democracia interna de verdad, donde el Órgano Electoral no debe limitarse a recibir actas; tendría que fiscalizar que las bases participen realmente en la elección de sus candidatos y que estos no sean elegidos a dedo en reuniones cerradas”.
Para la politóloga, esto significaría un adiós a los “dueños” de siglas que obligaría a la renovación de las directivas, sin líderes eternizados.
Agrega que también “hay que seguir el rastro del dinero, con la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) que debe ser implacable vigilando que nadie aporte más del 10% del presupuesto de la organización. Si controlamos quién paga, evitamos que un solo financiador compre el derecho a decidir quiénes son los candidatos”, concluye la politóloga.
Llenar espacios
Zegada relaciona este surgimiento descontrolado de partidos con el desmoronamiento del MAS. Organización que había dominado durante dos décadas el escenario político y luego implosiona y se disgrega.
“Frente a ello surgen muchísimas expectativas de participación política y el resultado es la abundancia de siglas en los últimos procesos electorales”, explica Zegada.
Muchas de estas siglas pretenden copar los espacios dejados por el MAS. Sin embargo, muchas algunas de ellas no tienen una continuidad con los que fue el MAS.
“Por ejemplo el Movimiento Tercer Sistema (MTS) ofertó su sigla a candidaturas muy diversas y no ha mantenido ninguna lealtad ideológica con el MAS, explica la analista y agrega que estas organizaciones “no están respondiendo a la necesidad que tienen muchos sectores sociales”.
“Cualidades”
El investigador y sociólogo Víctor Perales, en entrevista con Visión 360, cita algunas características que tienen los “taxi partidos”: “aglutinan gente, pero que no se afilia al mismo; no tienen ideología, el candidato que va por el partido le pone ‘su ideología’, pero nadie sigue sus ideas; no hay militancia política ni concordancia en campañas entre partidos”.
Zegada agrega que casi se ha llegado a un asunto de mercado, hay oferta y demanda “y así, la política se convierte en mercancía, lamentablemente, en un negocio con intereses dobles.
Por un lado, los partidos que ofrecen su sigla a cambio de cargos, espacios de poder y dinero, y por otro los candidatos que están en busca de como habilitarse para participar de cualquier manera y llegar al poder”.
Y para ello no necesariamente implica que tengan una afinidad programática o ideológica, “hay un vaciamiento serio de la ideología y de las opciones políticas en el país”, sentencia Zegada.
Caso NGP
Otro extremo al que se llegado con el surgimiento de los partidos sin programa, ideología ni estructura, es lo que ocurre con Nueva Generación Patriótica (NGP) y el revuelo político que está ocasionando al retirar la candidatura de René Yahuasi ala gobernación del departamento de La Paz.
El TSE ha aceptado inmediatamente la decisión del NGP y, en “cumplimiento” de la normativa, ha procedido a anular la segunda vuelta electoral en La Paz proclamando a Luis Revilla como gobernador electo en ese departamento.
La decisión del dueño de NGP, Edgar Uriona, no ha sido del agrado de Yahuasi, quien ha puesto en jaque al TSE exigiendo anule su determinación y convoque a segunda vuelta, incluso bajo amenaza de asumir medidas de presión.
Contradicción
Para la analista Fernández, lo que pasa con NGP es un choque directo entre un reglamento y la voluntad de la gente. “La decisión es legal porque el Tribunal Electoral aplicó el artículo 53 de la Ley 026, que permite que un partido se retire de una segunda vuelta simplemente enviando una nota escrita. Así, el TSE argumenta que solo sigue las “reglas del juego” vigentes.
Sin embargo, dice Fernández, el conflicto surge en lo legítimo, ya que la Constitución boliviana es tajante: la soberanía reside en el pueblo y no en las directivas de los partidos.
“Es así que, René Yahuasi, reclama que se debe respetar el derecho de los ciudadanos que votaron por un candidato para conformar gobierno, un derecho político fundamental”, según Fernández.
Para Zegada, los candidatos también tienen responsabilidad para el surgimiento de estos conflictos. “Porque se lanzan con cualquier sigla y se aferran a cualquier partido, el objetivo es participar como candidato a cualquier precio”
La analista explica que muchas veces los candidatos no saben qué hay detrás de cada organización, “puede haber incluso intereses muy oscuros, pero ellos solo están pensando en su candidatura”.
O puede suceder del lado contrario, “tal como ha denunciado Uriona (dueño de NGP), que habría algo de deslealtad en Yahuasi, por hacer acuerdos con otras fuerzas políticas.
El dilema entre lo legal y lo legítimo está sobre la mesa y en manos del TSE resolverlo. Debe hacer cumplir la norma no solo de manera parcial, sino ejercer un control verdadero y riguroso sobre los partidos políticos. Y una alerta para la Asamblea Legislativa para la creación de nuevas leyes.
