Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este martes que ya despidió a 410 funcionarios, como parte de su proceso de reestructuración y anunció que se anularán las designaciones consideradas “irregulares” y que benefician a personas cercanas al MAS.

“Este proceso busca no solo racionalizar la estructura de la empresa, sino también corregir irregularidades heredadas (…), además de procesar a todos los responsables de cualquier daño a la empresa en materia económica o técnica”, manifestó el presidente de la estatal petrolera Yussef Akly, citado en una nota de prensa publicada en la página web de esa empresa estatal.

De acuerdo con un informe de la Gerencia de Talento Humano Corporativo, la anterior administración (del Gobierno de Arce) habría designado de manera irregular a funcionarios cercanos al MAS en el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, con el presunto fin de protegerlos y generar inestabilidad interna.

La actual gerencia, en coordinación con el área legal, inició los procedimientos para anular dichas designaciones.

Asimismo, se detectaron movimientos entre cargos jerárquicos a posiciones de menor responsabilidad para (disimularse) dentro de la estructura.

Otro hallazgo importante son indicios de nepotismo, donde se habría facilitado el ingreso de familiares. Actualmente se revisa la documentación de varios funcionarios para verificar el cumplimiento de los perfiles profesionales requeridos.

La nueva administración enfatizó que la ética, la honestidad y el respeto a la función pública son principios fundamentales de su gestión, refiere la nota de prensa mencionada.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó que, de 49 personas aprehendidas por los desmanes relacionados con el accidente aéreo de El Alto, 26 recibieron detención preventiva y fueron enviadas a diferentes cárceles.

Entre los aprehendidos están personas que participaron en hechos violentos y sustracción de billetes después del siniestro.

De acuerdo con el reporte, 17 personas fueron enviadas al penal de Patacamaya, tres al centro de rehabilitación Qalauma y seis mujeres a la cárcel de Obrajes.

Del resto, 18 personas recibieron detención domiciliaria, uno logró la libertad irrestricta, mientras que cuatro fueron derivados a la División Menores, debido a su edad.

Los que tienen medidas sustitutivas también están con arraigo, la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público para firmar el cuaderno de investigaciones y la presentación de dos garantes solventes con una fianza de 25.000 bolivianos. 

Uno de los investigados fue beneficiado con libertad pura y simple.

El jefe nacional de la Felcc, Marcelo Sánchez, indicó que de los 49 aprehendidos, 33 son varones y 12 mujeres, mientras que cuatro son menores.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó que los investigados enfrentan cargos por los presuntos delitos de robo agravado, avasallamiento, asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes del Estado, además de instigación pública a delinquir.

La autoridad explicó que, tras el accidente aéreo, se registró el ingreso masivo de personas al área del siniestro. Según estimaciones preliminares del Ministerio Público, más de 5.000 personas intentaron rebasar el perímetro de seguridad con la finalidad de apoderarse del dinero que transportaba la aeronave siniestrada.

Freddy Vidovic afirmó ayer que decidió dejar al vicepresidente Edmand Lara y su cargo como secretario de la Vicepresidencia debido a que no comparte el “camino que está tomando” la segunda autoridad del Estado.

Entrevistado por Fama, Poder y Ganas, Vidovic señaló que Lara está “mal asesorado” y no comparte, dijo, que priorice la confrontación al diálogo y la reacción al análisis.

Sin embargo, Lara denunció ayer que el Decreto 5552, que reestructura la Vicepresidencia, eliminó el cargo de secretario general, función que ejercía

Vidovic. Afirmó que la norma responde a una “venganza” del presidente Rodrigo Paz en su contra. “Ese decreto es completamente inconstitucional y lo único que busca es una represalia, una venganza de parte del presidente Paz y de sus ministros hacia mi persona por haber denunciado la corrupción de Yacimientos”, afirmó la autoridad en un video publicado en sus redes.

Vidovic. “Lamentablemente hay un entorno pequeño del señor Vicepresidente que no le permite continuar con esta lucha” y señaló que Lara tiene un pésimo asesoramiento” que le hacen tomar decisiones “al calor del momento”.

Afirmó que influenciado por ese entorno, Lara no analiza ni investiga antes de tomar decisiones y tampoco prioriza continuar por la vía del diálogo.

“Estos errores dan lugar a que yo tenga que dar paso al costado. No comparto esta forma de reaccionar, aunque tampoco comparto ciertas determinaciones del ejecutivo”, señaló.

“Estos errores inducidos, y al no tomar en cuenta el señor Vicepresidente que está siendo inducido al error, antes de acudir al diálogo”, dijo.

El exsecretario general de la Vicepresidencia señaló a dos funcionarios de su entorno (de Lara)  de “inducirlo” a cometer errores que afectan a la institución.

“Me refiero a la jefa de gabinete y al director jurídico, que son quienes lo inducen en error constante el señor vicepresidente. (…) Sin temor a equivocarme son quienes le generan el daño al margen del pésimo asesoramiento”, afirmó Vidovic en a Erbol

Apuntó a Susana Rojas, jefa de gabinete, y a Fabián Miranda, asesor jurídico, de inducir al vicepresidente a cometer errores procesales y jurídicos que, según dijo, afectan la credibilidad institucional.

Sostuvo que ambos permanecen “ todo el día” con  Lara y que, en lugar de plantear soluciones, “para cada solución tenían cinco problemas”.

Cuestionó además que el vicepresidente haya solicitado este martes, mediante un video en Tiktok, una reunión al ministro José Luis Lupo para gestionar personal y recursos, en lugar de hacerlo por la vía formal establecida.

El vicepresidente del Estado y Presidente nato de la Asamblea, Edmand Lara, determinó postergar sin fecha dos interpelaciones contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. La razón, argumenta, es que le faltaría personal y documentación para ejercer sus funciones.

La primera interpelación era por el caso de la compra de petróleo crudo, supuestamente con sobreprecio, y debía retomarse este martes 3 de marzo; mientras que el segundo acto interpelatorio, por el caso del combustible de mala calidad, estaba fijado para el 6 de marzo.

La Vicepresidencia, mediante comunicado, informó que ambas interpelaciones “serán reprogramadas para una fecha posterior, la cual será oportunamente comunicada por los canales oficiales correspondientes”.

Según el comunicado, esta reprogramación se debe al Decreto Supremo 5552, que quitó atribuciones administrativas al Vicepresidente para concentrarlas en el Ministerio de la Presidencia.

Así la Vicepresidencia señala que este decreto le “ha dejado sin personal técnico”, lo cual “impide realizar un normal desarrollo de funciones”.

“El decreto firmado por el presidente Rodrigo Paz me ha quitado, no solamente competencias, no solamente me quita atribuciones, sino que me ha quitado personal, en la Asamblea Legislativa ya no tengo personal, no tengo asesores, ya no tengo equipo técnico”, dijo Lara en declaraciones a la prensa.

De la misma manera, la Vicepresidencia indica que la documentación relacionada con la Asamblea, como licencias que presentan los asambleístas y otros trámites, está siendo dirigida a la Ventanilla Única del Ministerio de la Presidencia.

El comunicado sostiene que esto vulnera el principio de la separación de órganos del poder público, concentrándose todo jerárquicamente en el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó ayer  que junto a su Gabinete, en sesión que se realiza en Santa Cruz, dio inicio a la “fase técnica” del “50-50” – política referida a la repartición igualitaria de recursos entre el nivel central del Estado y las regiones-.

“Hoy iniciamos junto al gabinete la fase técnica del 50-50, una decisión histórica y estructural para ordenar el Estado, eliminar la burocracia centralista y lograr más equidad mediante mesas sectoriales transparentes”, informó el Jefe de Estado.

Paz señaló que el proceso “busca construir un paquete de leyes robusto con responsabilidad fiscal que trascienda lo electoral, distribuyendo responsabilidades con reglas claras”.

“El objetivo es que los recursos lleguen al ciudadano para la salud, educación y para potenciar sus capacidades productivas”, acotó.

En conferencia de prensa, acompañado también por el gobernador de Santa cruz y candidato a la reelección, Fernando Camacho, Paz ratificó que con el gabinete reunido en Santa Cruz “vamos a iniciar el proceso del 50-50”.

Participación

Paz explicó que para construir la propuesta del 50-50 se requiere la participación de todos los sectores: productivos, sociales, legislativos, gobiernos subnacionales y quienes resulten electos en las próximas elecciones.

“Cada región tiene sus particularidades; cada territorio, realidades distintas. Todas las propuestas serán escuchadas, siempre que estén alineadas al espíritu del 50-50, sin importar la fuerza política”, aclaró.

El mandatario destacó que la iniciativa del 50-50 se ha convertido en una bandera regional enfocada en la construcción, profundización de la autonomía y desarrollo hacia mejores días, mediante un Estado más eficiente en la prestación de servicios y la agilidad administrativa.

“El 50-50 no es una consigna, es una decisión estructural. Es una medida para lograr más equidad y eficiencia con la gente. El objetivo final administrativo es mejorar la vida de las personas y fomentar la producción”, explicó.

Mesas técnicas

En la reunión de gabinete, instalada en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), explicó, se iniciará la primera fase técnica, se tomarán decisiones y se darán lineamientos claros a los ministros respecto a esta propuesta.

Asimismo, se instruirá la conformación de mesas técnicas sectoriales, de manera que cada ministerio trabaje con los sectores correspondientes.

El accidente del avión en El Alto el pasado viernes, dejó  22 fallecidos y 37 heridos, además de destrozos en al menos 15 motorizados y otros daños. 

La tragedia ocurrió cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba una importante cantidad de billetes dinero del Banco Central de Bolivia, se salió de la pista del aeropuerto de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz. 

Se evitó tragedia mayor

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes Muñoz, afirmó ayer que el accidente pudo convertirse una “tremenda tragedia” si la aeronave impactaba en zonas densamente pobladas de El Alto. 

Según explicó, la pericia del piloto fue determinante para reducir el impacto humano en sectores como 12 de Octubre y Villa Dolores, caracterizados por su alta concentración comercial y habitacional.

La autoridad señaló que, en una primera instancia, la aeronave sobrevoló la ciudad de La Paz y, al momento de intentar aterrizar, la tripulación ejecutó una maniobra clave: un giro de 180 grados para ingresar en sentido contrario a la pista. Esta acción, realizada con un avión de gran tamaño y a considerable velocidad, evitó mayores daños en áreas urbanas.

Paredes planteó además un segundo escenario hipotético al preguntarse qué habría ocurrido si la nave perdía el control en la parte final de la pista. “No quiero pensar qué hubiera pasado con 12 de Octubre o Villa Dolores”, sostuvo, al atribuir a la experiencia de la tripulación de Transporte Aéreo Boliviano la reducción de consecuencias humanas más graves.

Atención

En tanto, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, aseguró que el Gobierno garantizará la cobertura médica de los heridos y la indemnización a los familiares de las víctimas fatales del accidente del avión Hércules C-130

“Este avión cuenta con seguro de responsabilidad civil a terceros y ellos se encargarán no solo de cubrir los gastos fúnebres de quienes lamentablemente han fallecido, sino también los gastos médicos de los heridos”, afirmó la autoridad.

La primera dama María Elena Urquidi realizó este jueves una visita oficial a la planta Industrial de pañales y toallas húmedas Mi Bebé, donde participó en un acto  de donación destinado a beneficiar a la niñez boliviana.

La primera dama y su equipo recorrieron las instalaciones de la fábrica, conociendo de cerca la infraestructura, la tecnología implementada y los procesos productivos que posicionan a Mi Bebé como una marca boliviana comprometida con el bienestar infantil.

En el acto central se realizó la entrega de 40.000 unidades de pañales y 900 paquetes de toallas húmedas que serán destinadas a las comunidades más necesitadas, como parte de las acciones de responsabilidad social empresarial que impulsa la compañía en favor de la primera infancia.

“El cuidado de la niñez comienza desde procesos productivos responsables y comprometidos con la calidad. En Mi Bebé trabajamos cada día con ese propósito, invirtiendo en tecnología, fortaleciendo nuestros controles y apostando por el talento boliviano”, destacó el gerente General de Italsa, Oscar Veliz.

Añadió que “esta donación representa una muestra concreta de nuestro compromiso con las familias bolivianas. Creemos firmemente que la cooperación público–privada es clave para generar un impacto social sostenible y llegar a quienes más lo necesitan”.

La visita institucional reafirma el rol de la industria nacional en el desarrollo del país y en la protección de la niñez, destacando cómo la inversión constante en innovación y procesos de alta calidad se traduce en productos confiables para miles de hogares.

La jueza de la Pampa de la Isla, Alejandra Menacho, ordenó este jueves la detención preventiva del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, en el penal de Palmasola por 100 días, en el marco del denominado caso Pavimento.

Durante la audiencia cautelar que se extendió por más de seis horas, la fiscal Milenka Rodas argumentó que las obras de pavimentación de vías no se ejecutaron en su totalidad debido a la falta de control efectivo por parte de la autoridad municipal, lo que generó un daño económico al Estado.

Señaló además riesgos procesales, como peligro de fuga y posible obstaculización del proceso, por lo que solicitó la reclusión preventiva del imputado en el penal de Palmasola. “El imputado puede abandonar fácilmente el territorio nacional (…) tiene facilidades para salir del país”, precisó.

La jueza aceptó la solicitud de la Fiscalía y dispuso la detención preventiva por el lapso de 100 días mientras se llevan los actos investigativos.

Fernández rechazó las acusaciones y afirmó que en toda obra de pavimentación pueden surgir obstáculos o modificaciones técnicas. “Siempre hay obstáculos en todo proceso de construcción. Ningún alcalde en Bolivia puede garantizar que un programa de 10 kilómetros se cumpla exactamente”, señaló ante la autoridad judicial.

La audiencia comenzó cerca de las 13:00 en el segundo piso del Palacio de Justicia y concluyó pasado las 18:00. El alcalde fue imputado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La defensa de la autoridad edil anunció que apelará la medida judicial.

Fernández fue denunciado por el concejal y candidato a la alcaldía de Santa Cruz, Manuel “Mamen” Saavedra, tras un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado, que detectó presuntas irregularidades en la ejecución del plan de pavimentación del municipio.