El Ministerio de Salud y Deportes y la Embajada de Estados Unidos suscribieron un memorándum para una cooperación de $us 10 millones, destinada a la prevención y control de enfermedades infecciosas.

La ministra de Salud, Marcela Flores, destacó el acuerdo, que marca un hito en la cooperación bilateral tras dos décadas sin la firma de convenios de este tipo.

“Este es un logro tan importante y trascendental; después de 20 años se firma un convenio de esta magnitud”, señaló la autoridad.

El acuerdo establece un marco de cooperación técnico-financiero hasta el 31 de diciembre de 2028, con una contribución no reembolsable de $us 10 millones, a ejecutarse en los próximos tres años.

Medicamentos para VIH

El convenio permitirá garantizar el acceso oportuno a medicamentos para pacientes con VIH, así como fortalecer la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta ante enfermedades emergentes y reemergentes.

“Muchísimas personas que portan el virus del VIH podrán acceder a sus medicamentos de manera oportuna. También permitirá que el país tenga una respuesta eficaz ante enfermedades emergentes y reemergentes, además de fortalecer su sistema de vigilancia epidemiológica”, afirmó Flores.

El acuerdo también contempla la capacitación del personal de salud y el fortalecimiento institucional del sistema sanitario.

Por su parte, la jefa de misión de la Embajada de Estados Unidos, Debra Hevia, destacó que el memorándum constituye el primer gran acuerdo entre ambos países en décadas y remarcó que la salud es un eje central de la cooperación bilateral.

“El memorándum de entendimiento es el primer gran acuerdo entre nuestras dos naciones en décadas, y es profundamente significativo que esta renovada asociación involucre a la salud, el bien más preciado de nuestros pueblos”, manifestó.

Hevia señaló que el acuerdo contempla acciones conjuntas para fortalecer la vigilancia de enfermedades, mejorar el tratamiento del VIH y optimizar la respuesta ante brotes epidemiológicos.

Luis Ayllón, Edgar Sánchez, María René Soruco, Jesús Egüez y Juan Pablo Velasco ganaron este domingo la segunda vuelta, según datos del Sirepre

Los datos preliminares de la segunda vuelta electoral perfilan a nuevas autoridades departamentales en cinco regiones del país, según el informe presentado por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

El avance del cómputo supera el 90% en todos los departamentos en disputa, lo cual permite establecer tendencias firmes en la elección de gobernadores tras el balotaje.

En Chuquisaca, Luis Edson Ayllón, de la Alianza Gente Nueva, se impone con poco más del 53% de los votos, con casi la totalidad de actas procesadas. En Oruro, Edgar Sánchez, de la agrupación Jacha, logra la victoria con más del 52%, en una contienda ajustada frente a Alianza Patria Oruro.

En Tarija, María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio, obtiene una amplia ventaja con más del 70% de la votación, lo cual asegura su llegada a la Gobernación. En tanto, en Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, de Libertad y República Libre, se consolida como ganador con más del 57% de los votos.

Por su parte, en el Beni, Jesús Egüez, de Alianza Patria, alcanza más del 53%, lo que le permite asegurar la victoria frente al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

El TSE señaló que estos resultados reflejan una tendencia clara en la definición de autoridades departamentales, a la espera de la conclusión del cómputo oficial que confirmará los datos finales.

La Paz
Luego de una audiencia maratónica de más de ocho horas, la justicia boliviana dictó una sentencia condenatoria de 30 años de prisión sin derecho a indulto contra Joel Sebastián Pérez, principal acusado en el caso de Odalys Vaquiata. El fallo, aunque esperado por la gravedad del hecho, dejó un sabor agridulce debido a la sentencia absolutoria dictada para otros cuatro coacusados, lo que generó inmediatos cuestionamientos por parte de la familia de la víctima.
El abogado de la familia informó que, si bien se logró la máxima pena para el autor material, analizarán a fondo la liberación de los otros implicados para presentar una apelación formal. “Hemos logrado una condena, pero vamos a interponer el recurso que corresponda ante la absolución del resto”, indicó el jurista. Además, la defensa denunció presuntas irregularidades y actitudes arbitrarias por parte del juez técnico durante el juicio, anunciando que presentarán una denuncia disciplinaria por comportamiento ofensivo.
El momento más crítico fue la intervención de la madre de Odalys, quien expresó que la justicia es parcial mientras no sepa el paradero de su hija. “Ya estás condenado… dime dónde está mi hija”, clamó visiblemente afectada ante el sentenciado. Para ella, los absueltos actuaron como cómplices y su libertad representa un riesgo para la verdad de los hechos.
Pese al fallo, los acusados absueltos no recuperarán su libertad de inmediato, ya que la sentencia no es definitiva. El proceso continuará con la lectura íntegra del fallo, abriendo la etapa de apelaciones en instancias superiores. El caso permanece abierto, pues la prioridad de la familia sigue siendo encontrar a Odalys, una búsqueda que la condena de Joel Pérez aún no ha logrado resolver de manera definitiva, manteniendo en vilo a la opinión pública sobre el destino final de la joven.
ODALYS VAQUIATA
Odalys fue víctima de feminicidio el 30 de marzo de 2024 en los Yungas. Aunque Joel Pérez fue condenado a 30 años de cárcel, el paradero de sus restos sigue siendo un misterio doloroso para su familia.

El presidente de Bolivia y Capitán General de las FFAA, Rodrigo Paz Pereira, realizó este miércoles su primer vuelo en una aeronave Karakorum K-8 en el marco de os actos de celebración del aniversario 209 de Tarija por la Batalla de La Tablada.

El jefe de Estado despegó del hangar presidencial FAB del GAP H1, para realizar un sobrevuelo por la ciudad de Tarija, en una aeronave que realiza vuelos rasantes y tácticos de formación.

Con una vestimenta acorde con el evento, Paz acompañó, como parte de la tripulación, a un piloto instructor quien controló la nave. Sobre su experiencia de vuelo reconoció que “te ordena las vértebras, te pone la columna rectita”.

Asimismo, destacó el trabajo que viene desarrollando las Fuerzas Armadas, como una institución que “hace patria”. “(…) Este es un nivel de profesionalismo y capacidad, e hicieron unas maniobras sencillas y con todo y eso uno se da cuenta del arduo trabajo que tienen y agradecerles con su compromiso a la patria”, sentenció el jefe de Estado.

El objetivo del vuelo fue que el primer mandatario conozca cómo son las operaciones de vuelo y tenga la experiencia en una aeronave de caza, según indicaron desde la Fuerza Aérea Boliviana.

Eran seis, quedan dos

El Karakorum K-8 es un avión de entrenamiento/ataque ligero biplaza, de ala plana y recta e impulsado por un motor a reacción. Bolivia compró en 2011, de forma directa y sin licitación, seis de esas aeronaves de industria china, de acuerdo con un despacho de ABI de 2009.

La Fuerza Aérea Boliviana dispone actualmente de solo cuatro de esos aviones pues dos de ellos se accidentaron: el primero, en marzo de 2021 en Sacaba, Cochabamba; y el segundo en enero de 2023 en Cobija, Pando, informa un artículo del sitio defensa.com, publicado hace tres años.

El viceministro de Tierras, Armando Vaca Diez, informó que solo firmaron un acuerdo con las provincias de Ballivián y Vaca Díez; sin embargo, la marcha en contra de la Ley 1720 hacia La Paz persiste por parte del resto de los sectores campesinos del oriente boliviano.

La Ley 1720 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a cambiar la clasificación de pequeñas propiedades privadas tituladas a medianas propiedades de forma voluntaria.

El acuerdo parcial se dio en Rurrenabaque, donde ambas partes suscribieron un acta que define el alcance de la normativa.

El documento establece que la aplicación de la ley se circunscribe a predios privados titulados, con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento productivo, pero no  afecta a las Tierra Comunitarias de Origen (TCO).

“Hemos logrado un acuerdo con comunidades campesinas de la provincia Vaca Díez, como también de Rurrenabaque de la provincia Ballivián. En ese sentido, en la mañana (ayer) terminamos de firmar el acuerdo y hemos logrado una firma con estas dos regionales”, dijo el viceministro en radio Fides.

Asimismo, explicó que acordaron establecer un cronograma de visitas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a estas dos provincias para hacer un trabajo en las comunidades indígenas.

De igual forma, el documento que las regiones Ballivián y algunas comunidades campesinas de Vaca Diez se “retiran de la marcha que venían realizando, en señal de buena voluntad y compromiso con el diálogo y los acuerdos alcanzados”.

Sigue la movilización

Sin embargo, pese a que estas dos provincias se retiraron de la marcha, aún hay subcentrales que continúan con la protesta hacia la sede paceña. Ante esta situación, Díez recalcó que seguirán en Rurrenabaque para dialogar con el resto de las organizaciones.

Los dirigentes de la marcha aseguraron que la protesta se enmarca en el respeto a los derechos colectivos, la autodeterminación y la dignidad de las comunidades.

Mientras no exista una respuesta que atienda de fondo sus demandas, los sectores movilizados ratifican que la marcha seguirá avanzando y las medidas se profundizarán.

Uno de los marchistas dijo que “rompieron el diálogo” porque el Gobierno solo quiere modificar un par de artículos de la cuestionada ley, mientras que otro manifestante aseguró que “no rompieron el diálogo”, pero que siguen con la movilización porque se reunieron con autoridades sin poder de decisión.

Mientras  René Yahuasi y un grupo de seguidores están en plena marcha de protesta en demanda de la realización de la segunda vuelta electoral en La Paz, los jueces de la Sala Constitucional alistan la sesión  para hoy a las 8:00 en la que definirán si dan curso o no al recurso de amparo presentado por el excandidato a la gobernación de La Paz.

En tanto, el secretario de cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, dijo que en caso de concederse la tutela al amparo constitucional presentado por Yahuasi, se generaría una situación de “cumplimiento imposible” debido al impacto que ocasionaría en el proceso electoral y en la transición de autoridades electas, afirmó a Erbol.

Según un reporte de BTV, el TSE también  presentó  un memorial ante la sala segunda del Tribunal Departamental de Justicia, solicitando que se deje sin efecto la medida cautelar, sin necesidad incluso de la audiencia, aduciendo que el OEP actuó conforme a la ley que dispone que ningún candidato puede participar de comicios sin el respaldo de un partido o agrupación política.

La Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió un amparo constitucional presentado por Yahuasi, el cual dispone la suspensión provisional de la proclamación de Luis Revilla como gobernador electo de La Paz, en tanto se emita una decisión en la audiencia fijada para hoy.

“De producirse una determinación de esa naturaleza, es de cumplimiento imposible, porque se estaría afectando la transición normal de las autoridades, que debe producirse el 3 de mayo”,  señaló.

Movilización

La marcha comenzó en el municipio de Puerto Acosta, ubicado en la provincia Camacho, y prevé llegar a la ciudad de La Paz el próximo lunes.

Yahuasi aseguró que esta movilización es “en defensa de la democracia” e invitó a distintos sectores sociales del departamento de La Paz a sumarse a la protesta.

“No nos vamos a rendir (…), esta marcha va a ser contundente para hacer respetar el voto (…) y por otras demandas sociales que vamos a estar recogiendo”, dijo Yahuasi.

Apoyo  de Paz

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz expresó su respaldo a la labor del TSE en la organización de la segunda vuelta y cuestionó a quienes “no entienden las reglas del juego”.

“El Gobierno  ha garantizado los recursos y la libertad para que los ciudadanos decidan su destino , presidente del TSE, más allá de los achaques de algunos que no entienden las reglas del juego, felicidades por su firme misión de sacar la democracia adelante”, dijo.

Miembros del Transporte Libre de Cochabamba instalaron un bloqueo en la carretera que conecta al departamento con Oruro y La Paz, el sector denuncia “invasión” de rutas y señala al transporte interprovincial.

La medida de presión se instaló desde las primeras horas de este miércoles a la altura del kilómetro 37, cerca de Parotani, cortando el paso a los motorizados que circulaban por el sector.

“Nosotros como transporte libre de Cochabamba, nuestra única petición es hacer respetar nuestra resolución 140”, manifestó a UNITEL Cristian Mamani, dirigente del transporte.

De acuerdo a la postura, estas observaciones ya se han hecho conocer las autoridades correspondientes, sin embargo, los acuerdos que se firman no se cumplen y quedan sin efecto pese a los compromisos.

“Estamos cansados ya de autoridades que nos comprometen, todo queda en escritorio, documentos tras documentos, todo se ha quedado en escritorio. No hay ninguna obediencia que pueda hacer la autoridad competente, por lo cual nosotros hemos decidido estar aquí para poder defender nuestro sector porque nos corresponde, nosotros somos legales, tenemos tarjetas de operación vigentes”, dijo.

El sector aseguró que su medida será indefinida, por lo que descartaron que vayan a levantar el bloqueo que instalaron en el lugar.

Según su postura, ellos no permitirán que el transporte interprovincial continúe realizando viajes y rutas que no les corresponde, ya que esto solo les causa perjuicios.

“Esta movilización es por culpa de las autoridades que no hacen cumplir la ley de transporte, la 165. Hoy por hoy, interprovinciales fungen como interdepartamental y un poquito más lo van a hacer como internacional. Y nosotros como transporte legal que somos de la resolución 142 estamos coartados de rutas”, apuntó el dirigente Aniceto Choque.

Debido a esto, varios buses que llegaban desde el occidente del país se quedaron varados en plena vía, mientras que varios pasajeros se vieron obligados a tener que caminar, incluso, con sus equipajes.

Se espera conocer la postura de parte de las autoridades en relación a esta medida de presión.

El presidente Rodrigo Paz afirmó este martes que la Ley 1720, no afecta tierras comunales ni reservas nacionales, y denunció la existencia de interpretaciones “incorrectas” y campañas de desinformación que, según dijo, buscan generar movilizaciones en el país.

El objeto de esa ley, promulgada el 10 de abril recién pasado es “autorizar al Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana”.

El jefe del Estado explicó que esa conversión puede realizarse de forma voluntaria y gratuita.

“En un plazo máximo de diez (10) días hábiles”, se lee en el texto de la norma publicada en la Gaceta Oficial del Estado.

Asimismo, señaló que la Ley 1720 apunta a reactivar el sector agrícola, permitiendo a los productores acceder a mejores condiciones de financiamiento y potenciar su capacidad productiva.

En esa línea, recalcó que “en Bolivia se respeta la propiedad privada”, desestimando versiones que advierten una supuesta afectación a la propiedad colectiva.

Paz sostuvo que algunos sectores están utilizando la norma de manera equivocada para generar alarma, cuando –aseguró– los procesos contemplados son voluntarios y cuentan con mecanismos de control que garantizan transparencia y seguridad jurídica.

El mandatario también indicó que la ley busca reducir la dependencia de financiamiento con altos intereses, facilitando el acceso a créditos bancarios en condiciones más favorables para el área rural.

Las declaraciones surgen en un contexto de movilización de campesinos e indígenas que marchan desde Pando rumbo a La Paz en rechazo a la norma. Los manifestantes sostienen que la disposición afecta a comunidades y favorece a grandes propietarios.

La marcha llegó a Rurrenabaque, donde más de 300 personas fueron recibidas por la población con muestras de solidaridad y ollas comunes. Los movilizados exigen la abrogación de la ley y denuncian que no fue socializada en regiones como Beni y Pando.

El ejecutivo de la Federación de Campesinos de Pando, Yery Galindo, cuestionó la falta de consulta previa, mientras que a la movilización se sumó el dirigente de la Confederación de Campesinos de Bolivia, Víctor Hugo Roca.

Los marchistas esperan entablar un diálogo con autoridades en Rurrenabaque y advirtieron que, de no obtener respuesta, continuarán su recorrido hacia la sede de Gobierno.