Desde este martes 25 de marzo hasta el domingo 13 de abril se admitirá la inscripción en el registro electoral biométrico a quienes cumplan 18 años hasta el día de las elecciones, así como para las personas que hayan cambiado de domicilio y necesiten actualizar su registro en el Servicio de Registro Cívico (Serecí), informó esta jornada el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La atención se brindará, de manera permanente, de lunes a domingo, desde las 08.30 a 16.30 en todas las oficinas del (Serecí) en la perspectiva de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. En este enlace se encuentra la lista de oficinas del Serecí en Cochabamba, sus direcciones y números de móvil: https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2023/09/Dir_Sereci-COCHABAMBA.pdf.

Asimismo, se contará con brigadas que visitarán los diferentes centros militares, policiales y universidades, según corresponda, señala un boletín de prensa del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El único requisito para registrarse es presentar la cédula de identidad vigente en el momento de la inscripción y/o modificación de datos.

¿Cómo se realiza el registro?

Durante el registro electoral biométrico del ciudadano interesado se capturará sus 10 huellas dactilares y se le tomará una fotografía facial con propiedades biométricas, además se le solicitará su información biográfica y datos de su domicilio.

La obtención de estos datos garantiza que una persona tenga un solo registro en el Padrón Electoral.

“Con el propósito de fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas y ciudadanos bolivianos, el Tribunal Supremo Electoral, a través del Servicio de Registro Cívico (Serecí), invita a la población a realizar su inscripción en el padrón electoral bajo la modalidad de empadronamiento permanente”, refiere un comunicado del TSE.

El presidente del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz, Marco Antonio Vargas, citó al presidente Luis Arce, al exmandatario Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro Carlos Romero para que declaren en calidad de testigos en el juicio contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dentro del caso “Golpe de Estado I”.

“En caso de incomparecencia y de conformidad con el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, se expedirá la correspondiente orden de aprehensión en su contra”, se lee en el presunto mandamiento de comparendo.

La defensa de Camacho presentó la solicitud de comparecencia y fue aceptada por la autoridad. Con eso, se busca que estas figuras políticas aporten elementos en su favor en el proceso judicial relacionado con los hechos de 2019, en el que se investigan presuntos delitos de terrorismo y otros cargos.

La audiencia está programada para el lunes 31 de marzo, a las 14:00, en el salón rosado del Tribunal Departamental de Justicia, ubicado en la calle Yanacocha.

Vargas firmó los mandamientos de comparendo, que establecen la obligatoriedad de la comparecencia de los testigos, quienes deberán presentar su cédula de identidad al ingresar a la audiencia.

“En caso de incomparecencia y de conformidad con el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, se expedirá la correspondiente orden de aprehensión en su contra”, dice el mandamiento de comparecencia.

El juicio se encuentra en la fase de presentación de testigos.

El caso fue abierto a denuncia de la exdiputada Lidia Patty por los hechos relacionados previos a la renuncia de Morales, en noviembre de 2019, durante la crisis política y social.

La expresidenta Jeanine Áñez también se encontraba vinculada en el caso, pero el tribunal decidió apartarla del proceso.

Las intensas lluvias que se registran en el país siguen ocasionando daños. Un día después de que el Beni declarará desastre, las riadas afectaron al trópico de Cochabamba dejando casi sumergidas las plantaciones de frutas y Santa Cruz declaró emergencia departamental para poder acceder a la ayuda del Gobierno.

Puerto Villarroel

Daño y destrucción es lo que dejó a su paso el desborde del río Sacta en Puerto Villarroel, en el trópico de Cochabamba. El turbión invadió todo: casas, caminos, cultivos, criaderos y terrenos. En tan solo minutos, 72 comunidades y sindicatos, como Belén, Unión, Topater y Capinota, quedaron convertidas en ríos.

Las imágenes que compartieron los afectados muestran las plantaciones de cítricos y bananos de exportación en medio del agua. Apenas se ven las copas de los árboles y las hojas y racimos con los plátanos que se iban a cosechar para llevar a mercados, como Argentina.

Los productores lo han perdido todo y los invade la impotencia de ver el daño que la naturaleza puede ocasionar mientras, como sus plantaciones casi sumergidas en el agua.

Las viviendas, construcciones típicas de madera y palmeras, quedaron rodeadas de agua como lagunas. Las brigadas de emergencia evacuaron a las familias con lanchas a zonas altas, a refugios en escuelas y coliseos.

El coordinador de Defensa Civil en Cochabamba, Samuel Pereira, informó que la prioridad es rescatar a las personas afectadas por las inundaciones. Después, en una segunda fase, se trabajará en la reconstrucción.

“Tenemos 2.029 familias afectas y 420 damnificadas. Imagínense 3.400 hectáreas que son de cultivos de exportación, como el banano, cítricos, yuca, palmito y maracuyá. Lo que estamos haciendo es preservar a los connacionales y después vendrán la planificación de ayuda”, detalló Pereira.

La riada del río Chimoré afectó también al municipio de Chimoré, en el trópico. Los pobladores reportaron daños en los caminos, viviendas y cultivos de yuca y banano, según las radios locales.    

En Sicaya, las autoridades reportaron la muerte de al menos 50 chivos que habrían sido alcanzados por un rayo, en la subcentral Orkoma. De momento, se espera un reporte oficial sobre la muerte de los animales. 

Santa Cruz

Las lluvias persisten en el oriente y, según el recuento de daños, han afectado a 101 mil hectáreas de cultivos, según el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del río Piraí (Searpi).

Los municipios más afectados son San Julián, El Puente, Cuatro Cañadas, Okinawa, Cabezas y Pailón.

El gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, declaró ayer emergencia departamental por la magnitud de los daños y la que el Gobierno movilice maquinaria a las zonas más afectadas por las riadas.

Beni

La Gobernación declaró emergencia departamental en el Beni por los daños provocados en las carreteras y poblados ribereños. La declaratoria alcanza a San Borja, Rurrenabaque, Reyes, Baures, San Javier y Santa Rosa del Yacuma.

“Estamos sufriendo bastante, son aproximadamente 800 familias que están afectadas por las inundaciones; aparte de eso, estamos esperando la nueva subida que con seguridad son tres picos más”, advirtió la alcaldesa de Reyes, Mercedes Molina.

DECLARACIONES

“En Puerto Villarroel tenemos 2.029 familias afectadas y, lo más triste, son 3.450 hectáreas bajo el agua”, Samuel Pereira, coordinador Defensa Civil.

“Por nueve meses regirá la declaratoria de desastres, dispuesta por el Decreto  6/2025 por la magnitud”, Alejandro Unzueta, gobernador del Beni.

La Dirección general de Migración confirmó la expulsión del país de 20 miembros del Estado ficticio de ‘Kailasa’ que intentaron asentarse en territorios indígenas de Bolivia.

La directora regional de la oficina de Migración en el Beni, Andrea Miranda, informó que tres de esas personas se encontraban en la comunidad Cayubaba desde donde fueron traslados a Santa Cruz de la Sierra.

“Se verificó que contaban con documentos firmados de transferencias de tierras benianas, algo ilegal. Hicimos las denuncias en el Ministerio Público para que sean expulsados. Ingresaron como turistas, incumpliendo las normas, porque llegaron con otro fin al país”, explicó Miranda.

Luego, en Santa Cruz de la Sierra, Migración intervino un domicilio en la zona central y detuvo a 17 extranjeros más. Todos fueron notificados y obligados a abandonar el país entre sábado y domingo.

Arrendatarios de tierras pro mil años

Según una investigación realizada por el periódico El Deber, al menos tres pueblos indígenas de Bolivia firmaron acuerdos de arrendamiento de 480 mil hectáreas de tierras fiscales por “mil años” a cambio de una renta anual a una secta que se presenta como estado y que se denomina Estados Unidos de Kailasa.

Los documentos, firmados entre septiembre y noviembre de 2024, incluyen territorios de la nación Baure y las comunidades Cayubaba y Esse Ejja, ubicadas en los departamentos de Beni y Pando, en plena Amazonía boliviana.

Calderón informó que las nacionalidades de los expulsados son china, india, sueca, estadounidense, alemana, británica y portuguesa. Además, explicó que algunos de ellos ingresaron en noviembre de 2024 y la mayoría en enero de este año.

Durante la conferencia de prensa, la directora de Migración señaló que este grupo intentó engañar a la población indígena con fines religiosos y económicos. “Se hacían pasar por (miembros de) una falsa religión y buscaron usar documentos firmados por dirigentes para su propio beneficio, atentando contra la buena fe y los derechos colectivos de las comunidades”, sostuvo.

También reveló que representantes legales del grupo intentaron frenar las expulsiones con una acción de libertad, pero la justicia falló a favor del Estado boliviano. “El Juzgado Cuarto de Sentencia de Santa Cruz denegó la tutela y ratificó que Migración actuó conforme a derecho”, aseguró.

“Presunta nación”

El pasado viernes, la Cancillería boliviana negó que el Estado Plurinacional mantenga relaciones diplomáticas con la “presunta nación Estados Unidos de Kailasa”, que, además, no es reconocida como Estado.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de las atribuciones reconocidas por la Ley N° 465, como Rector de la Política Exterior boliviana, comunica que el Estado Plurinacional de Bolivia no mantiene relaciones diplomáticas con la presunta nación “Estados Unidos de Kailasa” que además, no se encuentran reconocidos como Estado por ningún otro actor de la Comunidad Internacional en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″, señala el comunicado de Cancillería.

Kailasa, liderado por el gurú hindú Nithyananda Paramashivam, asegura ser un país con bandera, constitución, banco central y emisión de pasaportes. Aunque no tiene reconocimiento internacional, logró colarse en dos sesiones de Naciones Unidas y ha buscado establecer relaciones en Ecuador, Paraguay y Bolivia.

La gobernación de Beni declaró a esa región en “situación de desastre departamental por lluvias, inundaciones y grave deterioro de caminos y carreteras de (su) red vial, que compromete la transitabilidad y conexión entre ciudades (benianas)”, enuncia el decreto correspondiente emitido la noche de este lunes.

Ese documento señala que “en los municipios de San Borja, Rurrenabaque, Reyes, Baures, San Javier y Santa Rosa del Yacuma, los fenómenos naturales y sus consecuencias “están poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas, biodiversidad, seguridad alimentaria y economía del departamento del Beni”.

Asimismo, indica que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) se mantendrá activo y en constante coordinación con las distintas instancias en materia de gestión de riesgos del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas del departamento.

El COED gestionará los requerimientos ante el Gobierno, las Entidades Territoriales Autónomas del departamento, así como todas las instituciones públicas y privadas, el apoyo hacia la Gobernación del Ben, con equipo logístico u otros, que puedan ser utilizados para las tareas de prevención, mitigación, recuperación, control de las inundaciones y la transitabilidad de caminos y carreteras.

Debido a los efectos ocasionados en el departamento, la Gobernación gestionará los recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos necesarios ante el nivel central del Estado para la atención de las tareas de mitigación y control de las áreas afectadas en el ámbito de sus competencias.

María Galindo, activista de Mujeres Creando, rechazó ayer la invitación que una organización política le realizó para que sea candidata a la presidencia en las elecciones de agosto. “Hubiera dicho que sí, pero digo que no”, aseguró.

“Agradezco la invitación. Les doy una respuesta prematura y sin rodeos, para que se busquen otra escalera: Yo no necesito ser candidata. No tengo esa necesidad especial, no tengo esa necesidad económica y no soy yo que los necesito, sino ustedes a mí”, expresó Galindo, en una transmisión.

Desde la radio Deseo, comentó que a los que le invitaron les presentó seis condiciones, pero al final tras realizar aquello pasó de ser invitada a solicitante. “Me quedó claro que el costo de aceptar la candidatura iba a ser cargar con la imposición de una bancada”, aseguró.

Galindo reveló que recibió la invitación de una organización política para ser candidata; sin embargo, señaló que rechazó la oferta al percatarse que “no les interesa lo que pienso” y sólo buscan “colgarse” del “afecto popular” que, afirma, tiene de la población.

“No les importa lo que pienso ni qué propongo, ellos quieren usar el afecto popular que gozo y asegurarse un lugar en el próximo Parlamento, por eso digo que no”, aseveró.

Relató que cuando recibió la invitación dijo que “sí” e incluso preparó y presentó un “programa poético” además de seis condiciones para ser candidata, pero reiteró que fue ahí que notó que sus ideas y propuestas no serían tomadas en cuenta. “Uno de ellos me ofreció convencer al conjunto para que me acepten y pasé de ser invitada a solicitante, aunque nunca les había tocado la puerta”, relató.

Resaltó que ella cuenta con “legitimidad y credibilidad social” aspectos que, afirmó, “el sistema carece en su conjunto”.

Galindo no dijo que organización política se le acercó y afirmó que no lo hará, ya que “no les deseo ningún mal”. Descartó que vaya a ser candidata de algún partido.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, expresó su preocupación por la presunta protección que algunos ciudadanos extranjeros estarían ofreciendo al expresidente Evo Morales, actualmente requerido por la justicia boliviana. Según Aguilera, estas acciones no solo atentan contra la soberanía nacional, sino que también reflejan el trasfondo político de ciertas resoluciones judiciales.

“Hay ciudadanos que están brindando, o intentando brindar, protección a una persona buscada por la ley. Esto compromete la soberanía de Bolivia y pone en evidencia el carácter político de algunas decisiones judiciales”, afirmó el viceministro en una entrevista con la televisión estatal.

En otro frente, Aguilera informó sobre la detección de extranjeros en situación migratoria irregular. Durante un operativo en el trópico de Cochabamba, autoridades inspeccionaron un alojamiento donde se identificó a 17 indocumentados, en su mayoría colombianos, junto a varios ciudadanos bolivianos. Este hallazgo ha levantado sospechas sobre posibles conexiones con redes ilícitas o actividades irregulares en el país.

El viceministro instó a los hospedajes a no aceptar personas sin documentación, subrayando la necesidad de evitar que Bolivia se convierta en un refugio para individuos con antecedentes judiciales. Este caso expone los retos del país en seguridad y control migratorio, así como las tensiones políticas y legales vinculadas a la protección de figuras como Morales.

El Gobierno busca fortalecer las medidas de control para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.