¿Cómo va a encarar el nuevo Gobierno la gobernabilidad?  tal como definen a ésta los cientistas políticos:  “la capacidad del sistema político para tomar decisiones colectivas, implementarlas de manera eficaz y mantener la estabilidad institucional frente a las demandas de la sociedad y las presiones del entorno”.

El próximo presidente de Bolivia, sea Rodrigo Paz o Jorge Tuto Quiroga, tendrá que lograr los consensos necesarios en la Asamblea Legislativa para tener  mayoría de votos en el legislativo (para leyes ordinarias) y dos tercios de votos para temas más importantes como el nombramiento de autoridades jerárquicas o reformas a la Constitución Política del Estado (CPE).

Y la única alianza que funciona para obtener los dos tercios de votos es del Partido Demócrata Cristiano (PDC) con la Alianza Libre.

Se requiere dos tercios de votos en la Asamblea para  temas como aprobar reformas parciales de la Constitución, para convocar a una Asamblea Constituyente, elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (preselección),  designación del Fiscal General del Estado,  del Contralor General del Estado,  del Defensor o Defensora del Pueblo y otros.

En cambio, para la aprobación de leyes ordinarias, resoluciones y declaraciones, basta con la mayoría absoluta o la mayoría simple, según el caso.

En lo que sigue, tras analistas políticos evalúan las posibilidades de Gobernabilidad de la Asamblea Legislativa-

El 9 de noviembre asumirá funciones un Legislativo que, aunque luce renovado y diverso, llega profundamente fragmentado, sin una fuerza que tenga mayoría absoluta. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) es la primera bancada, pero no podrá gobernar solo: necesita tejer alianzas con Libre, Unidad y otras fuerzas menores para garantizar la gobernabilidad y evitar un escenario de parálisis política, coincidieron los analistas Carlos  Borth, Rafael Archondo y María Teresa Zegada.

El Legislativo está conformado por 65 legisladores del PDC; 51 de la Alianza Libre; 33 de Unidad, 8 de Alianza Popular, 6 de APB Súmate; 2 del MAS y un representante de un pueblo indígena; en este escenario la mayoría absoluta se lograría con 84 representantes, y los 2/3 con 111. (Ver infografía)

La próxima administración deberá aprobar leyes urgentes para responder a la crisis económica, recuperar la institucionalidad y atender la conflictividad social que dejó el ciclo político anterior. 

El analista Carlos Borth advierte que las primeras decisiones, como la elección de las presidencias de las cámaras y de las directivas, serán un termómetro de la capacidad de articulación del nuevo bloque oficialista. “La composición de la Asamblea es heterogénea y bastante compleja. El partido que ha ocupado el primer lugar, el PDC, no alcanza mayoría en ninguna de las cámaras y requiere de una alianza para reunir la mayoría”, explica,

Borth señala que la situación es aún más desafiante si se piensa en reformas constitucionales o cambios a la Ley Marco de Autonomías, que exigen el voto de dos tercios del total de legisladores: “En caso de que el PDC gane la segunda vuelta, tendrá que lograr un acuerdo necesariamente con Libre y posiblemente con Unidad para alcanzar los dos tercios. Es una tarea política compleja que pondrá a prueba la madurez de la dirigencia y la cohesión de las bancadas”.

El periodista y analista Rafael Archondo coincide en que hay condiciones para que el próximo gobierno logre gobernabilidad, pero advierte que el tipo de mayoría que se construya marcará el rumbo del país:

“Solo el PDC y Libre juntos pueden alcanzar los dos tercios y garantizar las designaciones más importantes del Estado que han quedado pendientes en los últimos 20 años. Pero para aprobar leyes basta la mayoría simple. El dilema es si el país se conformará con un Gobierno que apenas logre aprobar leyes ordinarias o si apostará por una coalición de super mayoría para encarar cambios de fondo en la Constitución y en la política económica”.

Archondo advierte que el periodo de campaña hacia la segunda vuelta podría complicar los futuros acuerdos, ya que los dos bloques principales deberán enfrentarse para conquistar votos: “No hay grandes diferencias programáticas entre el PDC y Libre, pero la lógica electoral los empuja a competir y desacreditarse mutuamente. Eso puede dificultar la construcción de alianzas después del 19 de octubre”.

Para Borth, el mayor riesgo que enfrenta la gobernabilidad es la indisciplina y la fragmentación política: “Hay temor de que se repita el fenómeno de indisciplina interna. Muchos legisladores no responden ni al partido ni al candidato que los llevó al poder, sino a intereses personales o regionales”.

La socióloga María Teresa Zegada refuerza esta preocupación al advertir que la actual Asamblea no está integrada por partidos en el sentido clásico, sino por coaliciones de individuos. “Estamos ante un sistema multipartidista con alta fragmentación. Las fuerzas que llegan al Legislativo son alianzas de personalidades más que de estructuras orgánicas. Eso puede derivar en un parlamento caótico, sin línea política clara, donde muchos legisladores actúen de manera individual”.

Para enfrentar estos problemas, el próximo gobierno deberá adoptar medidas que podrían ser impopulares y que requerirán respaldo parlamentario. “Se necesita un gobierno con una base parlamentaria estable y homogénea que acompañe las políticas a implantarse. Si no hay esa cohesión, las medidas podrían trabarse y agravar la crisis”, advierte Borth.

Zegada añade que lo deseable sería construir acuerdos antes incluso de la elección del binomio presidencial: “Hay desafíos nacionales que no admiten demora: la recuperación económica, la reconstrucción del tejido social y la reinstitucionalización del país. Si la nueva Asamblea se dedica a obstaculizar, se puede complicar muchísimo la gobernabilidad”.

En el marco del debate político y legislativo rumbo a la segunda vuelta electoral, cobra relevancia entender en qué casos la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) requiere una mayoría calificada de dos tercios (2/3) para aprobar decisiones clave del Estado.

Según establece la Constitución Política del Estado (CPE) y el reglamento interno de la ALP, los 2/3 de votos de los miembros presentes son necesarios para aprobar decisiones de alta relevancia institucional y constitucional. Entre estos casos destacan la reforma parcial de la Constitución, la designación de altas autoridades del Estado (como el Defensor del Pueblo, el Contralor General, el Fiscal General o vocales del Tribunal Supremo Electoral), así como la autorización para juicios de responsabilidades contra autoridades jerárquicas, incluidos el Presidente y el Vicepresidente del Estado.

También se requiere esta mayoría calificada para la aprobación de convenios internacionales estratégicos, la inhabilitación del presidente por incapacidad física o mental, y para autorizar la intervención estatal en empresas mixtas o privadas en sectores estratégicos. 

A diferencia de estas decisiones, las leyes ordinarias, como las económicas, presupuestarias o administrativas, suelen aprobarse por mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los legisladores presentes.

En los últimos días, se ha intensificado el reclamo de diversos sectores del país, entre ellos los productores, quienes exigen al gobierno una respuesta ante la falta de este carburante.

La empresa Empacar Energy empezó a importar y vender diésel a precio no subvencionado, lo que significa Bs 13,99 por litro, en la ciudad de Santa Cruz.

El gerente de la empresa, Carlos Limpias, aseveró que cuentan con su propia planta de almacenaje, con una capacidad de 8 millones de litros y un permiso para importar 50 millones de litros de forma mensual. 

En los últimos días, se ha intensificado el reclamo de diversos sectores del país, entre ellos los productores, quienes exigen al gobierno una respuesta ante la falta de diésel. 

Los productores han abierto la posibilidad de importar su propio combustible, no obstante, ven trabas en el proceso por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

El 82,8% (2.586.632 personas) de los habitantes del departamento de Santa Cruz vive en zonas urbanas, mientras que el restante 17,2% (535.973 personas), en el área rural, según los resultados del Censo de Población y Vivienda de marzo de 2024.

Ese es uno de los datos más sobresalientes de los que expuso este martes el encargado del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Santa Cruz, Juan Sabino Quisberth, en la sesión de la Comisión de Desarrollo Autonómico de la Asamblea Legislativa Departamental.

Los resultados del Censo, constatan que el 23 de marzo de 2024, 3.122.605 personas vivían en Santa Cruz.

La distribución de habitantes entre áreas urbanas y rurales muestra que 8 de cada 10 pobladores de ese departamento viven en ciudades.

Esa proporción supera el promedio nacional que es del 70% del total de citadinos, es decir: que, a escala del país, 7 de cada 10 personas viven en zonas urbanas.

Santa Cruz consolidó su salto urbano poblacional, que también se muestra en el crecimiento del porcentaje de las viviendas del departamento en áreas urbanas que ha pasado del 77,6% en 2001, al 81,2% en 2024.

Los hogares cruceños acceden a mejor calidad de la vivienda y servicios, en especial en el área rural que muestra una mejoría significativa. “En 2001, el 44,2% registraba calidad de vivienda alta, en 2024 esta tendencia de mejora subió a 75,3%. Mientras que en el área rural subió de 19,6% en 2021 al 50,0% en 2024”, precisó el funcionario del INE.

Quisberth destacó una mayor cobertura de fuentes mejoradas de agua, en más de 9 puntos porcentuales, pasando de 87,0% en 2001 a 96,4% en 2024.

Según el Censo 2024, Santa Cruz como departamento avanza hacia una cobertura total de energía eléctrica con el 96,6%, en tanto que los hogares que tienen servicio de telefonía son de 87,2% y los que tienen internet alcanzan a 82,5%.

Santa Cruz es uno de los tres departamentos que muestra avance hacia la metropolización, junto con La Paz, Cochabamba, lo que representa un desafío en la implementación de políticas públicas para la próxima década con el fin de mejorar la calidad de vida, la eficiencia de la infraestructura y servicios públicos para la población.

En la sesión legislativa departamental de este martes participaron la coordinadora general del Censo 2024, Martha Oviedo, y el representante en Bolivia del Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA), Pablo Salazar.

Mediante un instructivo, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) establece que el certificado de sufragio emitido en la primera vuelta y la segunda vuelta serán requisitos para hacer trámites.

De acuerdo al instructivo, el certificado de sufragio emitido en la primera vuelta de la elección de autoridades, realizada el 17 de agosto, tendrá validez hasta el 15 de noviembre.

Mientras que el certificado de sufragio que será emitido en la segunda vuelta de la elección de presidente y vicepresidente, el 19 de octubre del 2025, tendrá validez hasta el 17 de enero del 2026 para realizar trámites.

Por incumplir el periodo de difusión de propaganda electoral, más de 30 medios de comunicación fueron sancionados económicamente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó el vocal electoral Gustavo Ávila.

El TSE cumple con la normativa y aplica las sanciones cuando se vulnera el reglamento que rige todo proceso electoral.

“Nosotros ya hemos sancionado a más de 30 medios por incumplimiento a propaganda, 30 medios con sanción económica. La Asociación Nacional de la Prensa incluso ha reclamado por la cantidad de multa que se ha dispuesto, (pero) nosotros vamos a seguir avanzando en este sentido porque estamos haciendo cumplir la ley”, aseguró en conferencia de prensa.

Precisamente, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) solicitó al TSE dejar sin efecto la sanción económica y el marginamiento como anunciadores en el próximo proceso electoral que afectaría al menos a cuatro medios de comunicación.

Según la ANP, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) recomendó a la Sala Plena del TSE una sanción a los periódicos El Diario de La Paz, Correo del Sur de Sucre y los portales informativos Urgente.bo y Brújula Digital por la publicación de columnas de opinión, entre el 15 y el 17 de agosto, que favorecieron o afectaron a los candidatos participantes de las elecciones generales.

Sin entrar en detalles de las sanciones y los medios afectados, Ávila recalcó que Sifde continuará monitoreando y “nosotros vamos a seguir aplicando la norma a los medios de comunicación que infrinjan esto, porque es lo que corresponde”.

Por otro lado, el vocal anunció que la próxima semana serán convocados los dueños de los medios de comunicación a una reunión para sumarse a la cruzada en contra de la guerra sucia con miras a la segunda vuelta entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Tuto Quiroga (Libre).

Ya los candidatos Paz y Quiroga firmaron el 10 de septiembre el acuerdo de no agresión, en una reunión en la ciudad de Santa Cruz.

Después, el TSE organizará un tercer encuentro con más de 20 plataformas que luchan contra la desinformación y la guerra sucia.

El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Mateo Mamani, anunció este miércoles que las brigadas de erradicación de cultivos de coca ilegal ingresarán al trópico de Cochabamba a fines de septiembre, luego de semanas de concertación con dirigentes del sector.

Sin embargo, reconoció que persiste una fuerte resistencia por parte de organizaciones afines al expresidente Evo Morales, que han impedido hasta ahora el ingreso de los erradicadores.

“No nos dejan entrar, don Evo Morales nos ha cerrado las puertas”, afirmó Mamani a la estatal Bolivia TV, en alusión directa al liderazgo sindical del exmandatario en las federaciones cocaleras del trópico.

La autoridad indicó que, pese a esa oposición, se ha avanzado en conversaciones con algunas centrales para concretar el ingreso. “Si el próximo gobierno entra, va a tener los mismos problemas. Tenemos que ser sinceros. Hemos hablado, conversado con diferentes centrales para poder ingresar; tenemos ahí nuestra dirección Udestro (Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico), y ahí se identifica en qué lugares hay coca”, explicó.

Según el viceministro, en las últimas semanas se han sostenido reuniones de concertación y se ha solicitado formalmente que las brigadas ingresen a fines de este mes para retirar la coca que no está contemplada por la normativa vigente.

Mamani destacó que se trata de erradicar únicamente los cultivos de coca considerados ilegales, es decir, dijo, aquellos que no están amparados por la Ley General de la Coca (Ley 906), que establece límites de superficie y zonas autorizadas de cultivo.

Tensión en el trópico

El trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Evo Morales, ha sido escenario de tensiones recurrentes entre el Gobierno y las federaciones cocaleras desde que Morales rompiera con el oficialismo y asumiera una postura crítica hacia el Ejecutivo.

En los últimos años, las bases cocaleras de esa región han bloqueado sistemáticamente el ingreso de las brigadas de erradicación, argumentando que el Gobierno busca “criminalizar” la producción de la hoja de coca en sus territorios.

Durante 2023 y 2024, varios operativos en la zona fueron frustrados por bloqueos, movilizaciones y presiones de los sindicatos cocaleros, quienes se oponen a la intervención estatal sin el consentimiento de sus organizaciones matrices.

El propio Evo Morales, como presidente de las Seis Federaciones del Trópico, ha denunciado públicamente intentos de “represión” por parte del Gobierno bajo el pretexto de erradicación.

Pese a ello, el Gobierno insiste en que el control de los cultivos excedentarios es necesario para cumplir compromisos internacionales y evitar la desviación de coca al narcotráfico.

El Gobierno boliviano rechazó de forma categórica el más reciente memorándum emitido por Estados Unidos sobre la lucha antidrogas, en el que se descertifica a Bolivia.

Autoridades nacionales calificaron el informe como unilateral, político y carente de sustento técnico, subrayando los avances obtenidos por el país en materia de interdicción y control de sustancias ilícitas.

Jaime Mamani, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, fue enfático en su crítica al documento estadounidense.

“Como Gobierno nacional rechazamos categóricamente el memorándum de Estados Unidos, por ser un memorándum unilateral, sesgado, político, sin ningún sustento técnico, por ser injerencista”, declaró a la estatal Bolivia TV.

Mamani sostuvo que los únicos organismos legitimados para evaluar las políticas antidrogas en la región son la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entidades que —según indicó— han reconocido los esfuerzos de Bolivia en esta materia.

El viceministro informó que desde la asunción del presidente Luis Arce al gobierno en 2020 se han realizado más de 49.000 operativos antidroga en todo el país.

Estos operativos, dijo, resultaron en el secuestro de más de 171 toneladas de cocaína (entre pasta base y clorhidrato) y 1.620 toneladas de marihuana.

Además, resaltó que solo en este año se ha confiscado un promedio de 35 toneladas de droga, “la cifra más alta registrada en nuestro país”, según aseguró.

A su turno, el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Mateo Mamani, atribuyó el informe a motivaciones políticas y destacó que Bolivia ha trabajado de forma cercana con organizaciones sociales y sindicales para combatir el narcotráfico.

“Ya estamos en transición, viene un gobierno que es muy distinto al nuestro; nosotros trabajamos de cerca con las organizaciones sociales, y, bueno, detrás de todo esto está hacer quedar mal a nuestro país”, afirmó.

Mateo Mamani también cuestionó los criterios del informe estadounidense, afirmando que “Estados Unidos sabe que Bolivia es uno de los menores productores en hectáreas de coca y llama mucho la atención este informe, que es político”.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, sostuvo que el informe es contradictorio.