Dirigentes políticos y organizaciones sociales, reunidos en El Alto a convocatoria de René Yahuasi, anunciaron una marcha para mañana,  8 de abril, en demanda de que se realice la segunda vuelta electoral por la Gobernación de La Paz.

Yahuasi, por su lado, ha presentado un recurso de revisión ante el Órgano Electoral, para que se revierta la declinatoria de NGP. Manifestó que espera la respuesta en un plazo de 24 horas (hoy).

En tanto, el TSE presentó antecedentes que avalan su decisión de no permitir el balotaje, una vez que Nueva Generación Patriótica (NGP) retiró la canditatura de Yahuasi.

Entre los oradores de la reunión con Yahuasi estuvieron dirigentes de sectores como mineros y campesinos, pero también políticos como el excandidato a alcalde David Vargas, el exjecutivo cobista Jaime Solares y el exalcalde paceño Omar Rocha.

La polémica surgió por la decisión de NGP de retirarse de la segunda vuelta, pese a que el candidato Yahuasi insiste en mantenerse.

En la reunión, el abogado de Yahuasi manifestó que esperan una decisión del Órgano Electoral, pero también tienen planeado más recursos, incluso acudir  al el sistema interamericano.

Antecedentes 

El TSE dejó establecido que “bajo el principio de legalidad, el TSE ha cumplido en todos estos casos con la aplicación de la ley, considerando que su relación institucional es con las organizaciones políticas y no con candidatos individuales, siendo dichas organizaciones indispensables para la participación política.

Estos son los antecedentes recordados por el TSE:

En las Elecciones Generales de 2020, tres organizaciones políticas que ya figuraban en la papeleta de sufragio declinaron su participación a pocos días de la votación, mediante sus delegados políticos, el TSE aplicó la normativa y respetó la decisión de las alianzas políticas.

De igual forma, el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) también declinó su participación en las Elecciones de 2020, pese a que su candidata presidencial, María Baya, solicitó mantener su postulación.

En las Elecciones Generales de 2025, Nueva Generación Patriótica (NGP) declinó su participación, decisión comunicada oficialmente el 9 de julio de 2025, tras la inhabilitación de su candidato presidencial, Jaime Dunn. 

Una filtración de documentos expuso el alcance de una red de desinformación vinculada con intereses rusos que operó en más de 30 países, incluyendo Bolivia y Argentina, mediante estrategias que combinan propaganda, financiamiento a medios y acciones de influencia política.

La investigación, liderada por el consorcio internacional Forbidden Stories, reveló este que esta estructura —denominada internamente “la Compañía”— destinó millones de dólares para posicionar narrativas favorables a Moscú y debilitar la imagen de Occidente en distintas regiones. Solo entre enero y octubre de 2024, el presupuesto alcanzó los 7,3 millones de dólares, de acuerdo con los resultados de esta investigación, según un reporte de El Deber.

El trabajo comenzó a publicarse en febrero y ya impactó en Argentina, donde el presidente Javier Milei aseguró ayer que irá “hasta las últimas consecuencias” para establecer responsabilidades vinculadas a este caso.

En el caso de Bolivia, los documentos señalan que agentes rusos intervinieron en el contexto político tras la denuncia de un supuesto “autogolpe” del 26 de junio de 2024 con el objetivo de mitigar su impacto y redirigir la atención pública.

Según el trabajo, el operativo habría sido coordinado por Sergei Mashkevich, un operador clave dentro de esta red, identificado como uno de los estrategas encargados de estabilizar narrativas en países aliados.

“Periodistas fantasmas”

En paralelo, Argentina también aparece como un punto de interés dentro de esta maquinaria de influencia. Los documentos revelan pagos de hasta 2.500 dólares a periodistas o medios por publicaciones alineadas con los intereses de la organización. Además, se detalla la ejecución de acciones simbólicas, como la exhibición de mensajes antiucranianos durante un partido de fútbol de primera división, como parte de una campaña global de posicionamiento político.

La investigación también identifica que uno de los mecanismos más recurrentes fue el pago directo por contenido mediático, con desembolsos mensuales que superaban los 300.000 dólares en artículos, videos y publicaciones en redes sociales.

Los documentos analizados —más de 1.400 páginas— incluyen planes estratégicos, reportes financieros y evaluaciones de impacto que evidencian una estructura organizada con vínculos a servicios de inteligencia rusos.

Aunque el impacto real de estas operaciones aún es difícil de medir, la magnitud de los recursos y la sistematicidad de las acciones reflejan una estrategia global sostenida para moldear la opinión pública y ampliar la influencia geopolítica de Rusia en el denominado “Sur Global”.