Después de que la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, denunciara que Bolivia otorga pasaportes a ciudadanos iraníes, la Dirección de Migración del Estado Plurinacional negó ese hecho , y anunció que solicitará por conducto regular la aclaración respectiva al vecino país.

“Negamos la acusación de que se estarían otorgando pasaportes bolivianos a ciudadanos iraníes. (…) La Dirección General de Migración solicitará la aclaración del caso, respetando los conductos regulares que existen entre ambos países”, se lee en un comunicado emitido por la entidad estatal.

La Dirección General de Migración enfatizó en su comunicado que se “cuenta con estrictos procedimientos y altas medidas de seguridad para la otorgación y control en la emisión de los pasaportes corrientes, mismos que solamente son emitidos a ciudadanos bolivianos que cumplen con los requisitos establecidos por la ley”, además “que se cumple con la normativa de seguridad que establece OACI/ICAO para la otorgación de dichos documentos”.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, expresó este lunes su preocupación por un acuerdo firmado entre Bolivia e Irán – un memorando de entendimiento en materia de defensa- y afirmó que su país está en máxima alerta en la frontera con territorio boliviano.

La autoridad argentina incluso señaló que fruto de ese memorándum fuerzas combatientes iraníes, llamadas Quds, estarían en el país boliviano.

“Ese pacto permitió la presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds, que son fuerzas combatientes e integran las ramas armadas de Irán, en el territorio”, dijo.

En ese sentido, señaló que su país también investiga si “hay personas que no hablan español y que tienen pasaporte boliviano”.

Además, el presentador argentino, Eduardo Feinmann, dijo en su programa “Alguien tiene que decirlo”, por Radio Mitre, que una fuente de la Casa Rosada le dijo que en “Bolivia hay gente iraní con pasaporte boliviano”.

Migración dio cuenta que entre las gestiones 2023 y 2024 se emitieron cerca de 210.000 pasaportes corrientes a ciudadanos bolivianos que cumplieron los requisitos para la otorgación de dicho documento de viaje, sin haberse otorgado ninguno a ciudadanos de otra nacionalidad”.

La investigación busca esclarecer la muerte de tres personas tras un operativo policial en la capital cruceña, ejecutado en 2009. El caso toma relevancia tras 15 años de ocurrido el hecho.

El Ministerio Público informó este lunes que se determinó conformar una comisión de fiscales especializados para el caso Hotel Las Américas, en el que se indaga presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas.

“El día de hoy (por lunes), el Fiscal Departamental de Santa Cruz ha dispuesto la conformación de una comisión de fiscales especializados, de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, para proseguir y continuar con todos los actos útiles y pertinentes que permitan el esclarecimiento de estos hechos y la imposición de las sanciones que correspondan”, indicó la fiscal Elizabeth Viveros.

El caso surgió por el asalto policial realizado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, donde fueron abatidos el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el rumano Arpad Magyarosi, acusados de terrorismo y separatismo.

El caso volvió a ser tratado en la opinión pública después de que los sobrevivientes del asalto, Elöd Tóásó y Mario Tadic, informaron el fin de semana que se realiza la investigación en Santa Cruz.

La fiscal Viveros, en conferencia de prensa aclaró que no se trata de un nuevo proceso, sino que se da seguimiento a una denuncia del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), reportó Iván Ramos de la Red ERBOL.

Según explicó la fiscal, en 2020 se emitió una resolución de rechazo en el caso, pero en marzo de 2023 se revocó esa decisión, con lo cual sigue adelante el proceso.

El caso fue denunciado por los sobrevivientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ya emitió un informe de fondo y se prevé que llegue a la Corte Interamericana, y el Estado podría ser condenado.

El húngaro Elöd Tóásó, uno de los sobrevivientes, anunció su intención de llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), toda vez que está harto de esperar un acuerdo con el Estado boliviano. Asegura que en esa instancia tiene 99.9% de posibilidades de ganar.

El Estado boliviano tenía hasta el 11 de abril para presentar un informe de cumplimiento de las recomendaciones, mientras que las víctimas tienen hasta el jueves próximo para responder.

Tóásó indicó que no han podido llegar a un acuerdo sobre el resarcimiento económico que debe pagar el Estado y otras medidas de reparación y, en ese contexto, considera que el Estado pretende “ganar tiempo”.

EXPRESIDENTE Luego de que se abrió una investigación por el caso Hotel Las Américas en 2009, el expresidente Evo Morales defendió sus acciones y aseveró que lo hizo “por la patria contra el separatismo. Señaló que si quieren meterlo preso, “que lo hagan”.

En abril de 2009, Morales, según ERBOL, reconoció haber instruido el operativo en Santa Cruz en el que la Policía irrumpió en el Hotel Las Américas y abatió al boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el rumano Arpad Magyarosi, por sospechas de terrorismo.

A través de redes sociales, Morales se pronunció adjuntando fotografías de Rózsa y Dwyer, entre otros, con armas de fuego.

“Si quieren meterme a la cárcel por defender la unidad, nuestra Patria ante la amenaza separatista, financiada por la oligarquía terrateniente, que lo hagan”, publicó el expresidente.

En criterio de Morales, “los agresores que querían dividir a Bolivia” pretenden aparecer como víctimas, Señaló que los mismo, además, son “premiados” con decenas de miles de hectáreas. 

Por su parte, el abogado Gary Prado, quien patrocinó a varios detenidos por el caso, indicó que hubo delitos por instrucción del expresidente Evo Morales y, por lo tanto, es el actor mediato, reportó Urgente.bo.

Asimismo, el abogado indicó que el hecho de que Evo Morales haya dicho que no asistirá a declarar sobre el caso es un “acto de soberbia y de prepotencia”, por ello, dijo que “si cree que es inocente, que lo demuestre”.

Expuso, además, que el operativo realizado en el Hotel Las Américas, hace 15 años, fue ilegal, ya que los presidentes no tienen facultad para ordenar allanamientos, sino los jueces. Sin embargo, indicó que tampoco hubo una orden de dicha instancia.

Los médicos y los miembros de la Comisión de Política Económica de la Cámara de Diputados llegaron anoche a un preacuerdo para conformar mesas de trabajo para la revisión del proyecto de modificación de la Ley de Pensiones, informaron el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Carlos Iriarte, y el diputado Omar Yujra.

Los trabajadores en salud, maestros urbanos, trabajadores universitarios rechazan, por separado, la “jubilación forzosa” a los 65 años y durante meses realizaron diferentes marchas y paros de actividades como muestra de protesta. Después de tres reuniones, llegamos a un preacuerdo en el que se tiene que tratar el proyecto de Ley 035, manifestaron desde el sector salud, tras concluir la reunión con los legisladores.

Iriarte señaló que acatarán un cuarto intermedio hasta el jueves, cuando el Consejo Nacional de Salud (Conasa) se reúna y se determine qué medidas se asumirán. Entre tanto, se suspende cualquier movilización.

Yujra señaló que las mesas técnicas se instalarían de manera inmediata con el fin de abordar los puntos más polémicos del proyecto de ley.

Los médicos explicaron que la primera condicionante del preacuerdo es que se levante el tratamiento del proyecto de Ley 035 en el plazo más breve posible.

“Se levanta y nosotros declaramos un cuarto intermedio a las medidas de presión, hasta que se dé el acuerdo final, de acuerdo a las mesas técnicas en las que se trabajará a detalle este proyecto de ley”, señaló el médico Rommel Pereira.

Los médicos rechazan la jubilación forzosa, que es una propuesta del Gobierno. “La posición es clara, estamos respaldados por una movilización fuerte, dura y no vamos a retroceder con el derecho del trabajador a tener una jubilación al 100 por ciento. (También pedimos) que el trabajador se jubile cuando él tenga condiciones de hacerlo y no como una imposición del Gobierno”, declaró el dirigente de las Federación de Sindicatos de Médicos y Ramas Afines (Sirmes), Fernando Romero.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Édgar Villegas, afirmó que su petición es una jubilación digna. “Nuestro lema es no a la jubilación forzosa, no estamos de acuerdo, pero sí a una jubilación libre, voluntaria y digna con el 100 por ciento”.

Por otro lado, el magisterio urbano realizó la conferencia nacional en la que determinó concentrar las protestas en la ciudad de La Paz desde el lunes 22, además de movilizaciones regionales en rechazo a la jubilación forzosa a los 65 años y en demanda de rentas con el 100 por ciento de salario. 

La propuesta

El proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas pasó a la Asamblea Legislativa para su tratamiento hace nueve meses. El proyecto cobró mayor relevancia luego de tres paros convocados por los médicos de 24, 48 y 72 horas.

El magisterio urbano y los trabajadores de las universidades públicas también protagonizaron movilizaciones. Los trabajadores en salud aclararon que sólo cuestionan la “jubilación forzosa” a los 65 años porque les significaría rentas bajas que no les permitiría subsistir. 

En 2009, Evo Morales reconoció haber instruido el operativo en el que la Policía irrumpió en el Hotel Las Américas y abatió a Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi.

Luego de que se abriera una investigación por las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas en 2009, el expresidente Evo Morales defendió sus acciones y aseveró que lo hizo “por la patria” contra el separatismo. Incluso señaló que si quieren meterlo preso, que lo hagan.

En abril de 2009, Morales reconoció haber instruido el operativo en Santa Cruz, donde la Policía irrumpió en el Hotel Las Américas y abatió al boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el rumano Arpad Magyarosi, por sospechas de terrorismo.

Se investiga la violación de derechos humanos durante el operativo policial realizado en abril de 2009, en el que fallecieron tres personas. 

A 15 años del llamado caso Hotel Las Américas, el Gobierno boliviano abrió una causa para investigar las muertes extrajudiciales de los ciudadanos Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, ocurridas en abril de 2009. Los sobrevivientes de aquella operación policial, Elod Tóásó y Mario Tadic, confirmaron la noticia. 

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, ambos ciudadanos precisaron que también se investigarán las denuncias de tortura a los sobrevivientes y las violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de élite de la Policía boliviana durante el operativo que tuvo lugar en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz.

Tadic (boliviano-croata) y Tóásó (húngaro) indicaron que el caso fue asignado al Juzgado Sexto de Instrucción Penal de la ciudad de Santa Cruz y está registrado con el NUREJ: 70264734. Pidieron a la población que colabore con las víctimas y con la investigación de la Fiscalía, aportando pruebas y proporcionando sus declaraciones testimoniales para llegar a la verdad.

Ambos extranjeros pasaron más de 6 años en la cárcel por la comisión del delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado en grado de complicidad. Ahora viven en Europa.

En abril de 2009, la Policía boliviana intervino el Hotel Las Américas y abatió a Eduardo Rózsa (húngaro-boliviano), Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Dwyer (irlandés), a quienes acusaron de alzamiento armado y de planear el magnicidio de Evo Morales, en medio de un complejo escenario político en el que el Gobierno se enfrentó a la dirigencia política y a líderes cívicos cruceños. 

Un contingente de al menos 180 policías llegó hasta la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, para ingresar a la propiedad El Encanto que fue tomada por un grupo de avasalladores que emboscaron a una delegación que intentaba inspeccionar el lugar.

“Al final de la noche (del sábado) se ha enviado más de un centenar de policías al lugar. Evidentemente, desde que se ha tenido conocimiento de la denuncia la Policía ha tomado contacto con los denunciantes, ha generado un análisis de la situación y es por eso que se está enviando ese contingente”, informó el comandante general de la Policía, Álvaro Álvarez.

La semana pasada, una comitiva integrada por policías, fiscales y propietarios del predio agrícola avasallado realizaban una inspección, pero ese trabajo fue interrumpido porque un grupo de personas que emboscó a la delegación. Los agresores enfrentaron a la Policía con disparos y petardos como una forma de amedrentarlos.

Después de unos minutos del enfrentamiento, los avasalladores escaparon hacía el monte y destruyeron un puente para no ser perseguidos por los policías.

Campamentos

El comandante Álvarez dijo que en el lugar existen dos campamentos donde se encuentran al menos 50 avasalladores, quienes instalaron una vigilia para impedir el ingreso del personal policial.

Anunció la conformación de un equipo de policías para realizar un sobrevuelo en la propiedad El Encanto a fin de reforzar los controles en el lugar. Mencionó que el trabajo se realiza de forma conjunta con el Ministerio Público.

A un mes de reportar los primeros tres casos de oropouche en el departamento de Pando, Bolivia ya suma 134 casos, informó la ministra de Salud, María Renée Castro, en contacto con el programa “Los Hechos Cuentan”, difundido por la estatal Bolivia TV. 
La cifra supera el centenar, luego de que el 8 de marzo pasado, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Pando confirmara el diagnóstico de tres pacientes que dieron positivo a la enfermedad. 

“Es un virus muy nuevo para nosotros, no lo habíamos visto circulando en gestiones anteriores, pero sí lo hemos visto en algunos países que son limítrofes que ya han tenido casos. Nosotros vamos a ir viendo cuál es el comportamiento del virus y vamos a entrar, también, en la tipificación”, señaló al respecto, la titular de Salud, sobre el virus que es transmitido a los humanos por la picadura del mosquito Culicoides paraensis.

El reporte tiene lugar en un contexto en el que el oropouche “no es una enfermedad común en el país”, el Sistema de Salud de Bolivia tiene la capacidad para detectarlo a través de pruebas PCR en tiempo real, pero “no la conoce”. 

PANDO Y LA PAZ, LOS MÁS AFECTADOS

Al momento, los casos positivos se han registrado los departamentos de La Paz y Pando, exactamente en los municipios de Cobija (5), Porvenir (1), Sena (1), Palos Blancos (2), La Asunta (11), Chulumani (4), Irupana (57), Guayaramerín (31) y Riberalta (22). 

“No son una gran cantidad de casos; sin embargo, nos ha permitido empezar a trabajar en ese diagnóstico diferencial de manera retrospectiva y ver cómo está circulando e ir trabajando en las medidas de prevención que nosotros implementamos para la arbovirosis, dengue, chikunguña y para zika. El saneamiento ambiental siempre será lo más importante”, señaló Castro. 

SÍNTOMAS 

A tomar en cuenta, puesto que la enfermedad se presenta de forma súbita con fiebre superior a 40 grados, cefalea intensa, escalofríos, dolor muscular, dolor en articulaciones, fotofobia y falta o decaimiento de fuerza. 

Según detalló la titular de Salud, en el 5% de los casos se presenta erupción aguda o generalizada en el tronco, brazos y extremidades inferiores. 

La fase aguda de la enfermedad dura entre dos y cinco días, pero  todavía se desconoce la situación, en caso de recaídas. 

¿CÓMO SE DIAGNISTICA?

Tras una estandarización de la técnica para su detección y contar con los reactivos para su detención, Bolivia realiza su diagnóstico diferencial. 

Para ello, las muestras adquiridas por PCR son enviadas a dos laboratorios en Bolivia: al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), en Santa Cruz, o al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), en La Paz. 

A pesar de que el oropouche “no era una enfermedad común” en Bolivia, el diagnóstico es en “tiempo real”.

ALERTA  

El 2 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud de emitió una “alerta epidemiológica por oropouche en la Región de las Américas”. 

Entonces, reportaron que en los últimos meses se venían observado “un aumento de la detección de casos de fiebre de oropouche en algunas áreas de la Región de las Américas”. A ello se sumó la “intensa circulación de dengue” reportada en varios países de la Región. 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones generales para evitar la enfermedad consisten en el uso de mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas. 

Ello, además de vestir prendas que cubran las piernas y brazos, uso de repelentes que contienen DEET, IR3535 o Icaridina, los cuales se pueden aplicar en la piel o ropa; y, finalmente, evitar las actividades al aire libre en el amanecer y atardecer, tiempo de mayor actividad del mosquito.

La Comisión Nacional de Salud (CONASA) anuncia un paro de 72 horas y denuncia que el proyecto de ley 035/ 23-24 sobre la modificación de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, busca la jubilación forzosa a los 65 años.

“Hemos hecho evaluaciones, hemos escuchado opiniones de todos y se ha decretado el paro de 72 horas, para el 9, 10 y 11”, informó Carlos Iriarte, Presidente del Colegio Médico.

Esos días se prestará solo servicios de emergencia. Iriarte mencionó que los hospitales no serán cerrados, pero no habrá consultas externas y se postergarán cirugías programadas.

El dirigente expuso que no se rechaza el proyecto en su totalidad, pero sostuvo que el sector no está de acuerdo con la “obligatoriedad de jubilación a los 65 años”, previa una evaluación física y mental.

“No nos oponemos a que haya una revisión, lógicamente (…) el que tenga una patología de base o una enfermedad, el Colegio Médico no se va a oponer, se tiene que jubilar, no va a poder trabajar una persona que tiene algún problema, no nos oponemos en lo absoluto; sí a que nos quieran obligar a la jubilación a los 65 años”, aseveró.

De acuerdo a Iriarte, estudios científicos indican que las personas a los 65 años, especialmente médicos, se encuentran en la plenitud. “Están más capacitados para seguir trabajando y lo mismo sucede en el magisterio y docentes de las universidades”, dijo.

Por otro lado, expuso que quienes estudian medicina se preparan por lo menos 7 años en la universidad y luego se especializan durante 3 o 5 años. “Entran por lo menos a los 35 y 40 años a trabajar”.

En esa línea, dijo que muchos del sector no consiguen cotizar 35 años, sino solo 20 para su jubilación. “La pensión que le van a dar va a ser mucho menos, que va a ser una jubilación catastrófica y no da para sobrevivir en familia”, aseguró.

Según el Gobierno, el proyecto no busca una jubilación obligatoria, sino que pretende mejorar las pensiones hasta en Bs 1.000. La ley cuenta con una disposición única que establece que los trabajadores que tengan la edad de 65 años accedan a un examen médico, a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional.

La información determinará si esa persona desea seguir trabando o le corresponde una jubilación.

A más de cuatro años de la aparición del primer caso de coronavirus en Bolivia, la enfermedad ha pasado de pandemia a endemia, con brotes estacionales como otras enfermedades respiratorias; ahora se enfrentan las enfermedades emergentes y reemergentes como el sarampión y la coqueluche, que se notificaron después de cuatro y nueve años, respectivamente.

El experto en Epidemiología e investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Yercin Mamani, explicó que en los años 2020 y 2021 se observó un descenso en la cobertura de vacunación debido a la situación de emergencia del sistema sanitario, y se atribuyó a este factor el rebrote de enfermedades erradicadas. “Es importante mencionar que, luego de 2022, las coberturas nuevamente subieron por encima del 90%, como se esperaba”, manifestó.

El investigador mencionó que la baja cobertura de vacunación es una de las hipótesis para el rebrote de enfermedades; pero hay otros factores “como los problemas de migración en el que no se controla la vacunación de niños menores de 5 años y la baja inmunogenicidad por la elevada prevalencia de desnutrición en Bolivia”.

Añadió que en otros países han asociado el rebrote de enfermedades al incremento de la población antivacunas por temas religiosos y desinformación a través de redes sociales.

Para Mamani es indispensable retomar acciones de control de las patologías emergentes y reemergentes en nuestro país y en la región de las Américas a través de la vacunación sostenida.

Por su parte, el exministro de Salud y secretario municipal de Cochabamba, Aníbal Cruz, respaldó la necesidad de reforzar el tema de la vacunación ante la aparición de casos de sarampión y coqueluche en Bolivia.

Sarampión

Después de al menos cuatro años, el Ministerio de Salud confirmó en febrero de este 2024 un caso positivo de sarampión en el país; una niña de siete años en la ciudad de Bermejo, Tarija. En ese contexto, con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), emitieron y firmaron un manifiesto de compromiso para redoblar los esfuerzos en torno a la inmunización, declarando de máxima prioridad sanitaria en control del brote de sarampión. 

Alma Morales, representante de la Organización Panamericana de Salud (OPS), indicó que en la región hay una baja cobertura en la vacunación del sarampión en primera y segunda dosis y recomendó a las autoridades del sector de salud impulsar campañas para inmunizar a la población vulnerable y ampliar su cobertura.

Uno de los puntos centrales del manifiesto fue: “Es una obligación y una prioridad atender la salud y la vida de las y los niños de nuestro país, por lo que nos comprometemos en la implementación de todas las medidas sanitarias, económicas, logísticas y comunicacionales que están a nuestro alcance, con prontitud, eficiencia, eficacia y celeridad, para cumplir el objetivo de hacer frente al actual brote de sarampión”.

Coqueluche

En noviembre de 2022, después de nueve años de no registrarse casos, se reportaron seis casos de coqueluche en Santa Cruz, cinco menores de cinco años y un adulto; el número subió a 469 casos, la mayoría en Santa Cruz, seguido de Beni, La Paz y Oruro.

Cruz explicó que el coronavirus va a continuar en nuestro medio y “aparecerá con más fuerza en periodos invernales como una gripe más”.

Si bien existe la inmunidad en rebaño, aún hay personas susceptibles a contagios y a sufrir complicaciones; mencionó a los que tienen las defensas disminuidas, los adultos mayores y personas con enfermedades de base.

De acuerdo con Mamani, uno de los aspectos positivos que dejó la emergencia sanitaria fue la inversión en salud por todos los niveles de Gobierno “como nunca”. 

Además, contribuyó a la humanización de la atención médica y a la generación de empatía con el paciente y la cohesión social para enfrentar esta “situación de crisis”.

El vocal del Tribunal Departamental Electoral (TED), Sabino Chávez, informó que por unanimidad, la Sala Plena determinó rechazar el revocatorio de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, por incumplimiento de plazos.

“La Sala Plena, después de haber hecho un análisis de la normativa, se ha pronunciado formalmente. Por incumplimiento de plazos, lo que corresponde es el rechazo del trámite y el archivo de obrados”, indicó Chávez.

Detalló que los impulsores del revocatorio tenían un plazo de 90 días, a partir del 12 de diciembre de 2023, hasta el 10 de marzo de este año, pero el plazo no fue cumplido.

El vocal manifestó que se notificará a través de las secretarías de cámara a las partes involucradas.

El pasado 12 de marzo, los gremiales, encabezados por Felipe Quispe, entregaron 211.140 firmas al TED para el revocatorio de Copa.