La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) destruyó más de 3.000 fábricas de producción de pasta base de cocaína, entre diciembre de 2020 y mayo de este año, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

La autoridad, citada por ABI, dijo que en ninguna gestión de gobierno se tuvo una destrucción similar, en este caso la mayoría de las fábricas destruidas estaban en el trópico de Cochabamba.

Mencionó que en lo que va de esta gestión ya se incautaron más de 23 toneladas de droga, entre pasta base y clorhidrato de cocaína.

“En la actualidad, solo en la gestión 2024, ya hemos superado más de 23 toneladas de incautación y destrucción de cocaína”, remarcó.

“Los ajeno no se toca”, así se llama el anteproyecto de Ley 414 remitido hace poco por el Gobierno nacional a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que plantea una sentencia hasta en 48 horas y sin derecho a indulto para los ladrones que sean sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia.

De acuerdo con la explicación del viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, una vez que la Policía emite el informe del hecho delictivo y lo remite al fiscal, esta autoridad tiene 24 horas para emitir la acusación formal en contra del imputado y luego debe pasar el expediente a conocimiento del juez especial.

Después de recibida la acusación formal, el juez tiene 24 horas para convocar a una audiencia, en la cual se debe determinar la responsabilidad del presunto delincuente y dictar la sentencia condenatoria o absolución del acusado; todo esto dentro de las 48 horas, complementó.

Para concretar este proceso, el anteproyecto de ley incorpora el artículo 332 quater al Código Penal referido al “apoderamiento flagrante de cosa ajena”.

“Será sancionado con pena de presidio de siete (7) años, sin derecho a indulto, el que ilegítimamente se apoderare, sustrajere o tomare, semoviente, joyas, valores o minerales, objeto, cosa mueble sujeto o no a registro, mediante descuido, violencia, intimidación, uso de armas u otros medios, o de cualquier otra forma se apropiare de cosa ajena, y mínimamente concurran al menos dos (2) de los siguientes elementos: a) Fuera encontrada o encontrado en flagrancia por particular y/o la Policía Boliviana; b) Sea identificado al momento de la comisión del delito mediante imágenes y/o grabaciones; c) Sea identificado al momento de la comisión del delito por testigos y/o entrevista policial”, señala el artículo.

Además, el anteproyecto incorpora el numeral 7 al Artículo 53 de la Ley 1970 Código de Procedimiento Penal, sobre la “sustanciación y resolución del procedimiento sumarísimo especial para el delito de apoderamiento flagrante de cosa ajena”.

El anteproyecto establece que, si el autor del ilícito se somete a un procedimiento abreviado, se reducirá su sanción en dos años, pero que en caso de reincidencia o si la situación migratoria del autor es irregular, la pena será agravada con dos años.

La sentencia condenatoria o absolutoria por el delito de apoderamiento flagrante de cosa ajena, será apelable en el plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación y resuelta en al menos ocho días hábiles.

Según datos de la Policía, en 2021 se presentaron 18.143 denuncias por hurto, robo, robo agravado y abigeato, cifra que fue en ascenso en 2022 con 20.406 y con 21.330 en 2023.

Pese a ello, la cantidad de personas que ingresaron a prisión vinculadas a estos delitos es mínima, en la gestión 2023, sólo 2.931, es decir, el 13,7% de los denunciados fue encarcelado.

De igual forma, el número de sentenciados por estos delitos es mínima, pues de las 21.330 denuncias presentadas, se condenaron a 593 autores, lo que supone que el 2,78% de las denuncias obtuvo sentencia.

Según la ASFI, se registraron reclamos sobre el incremento en el cobro de comisiones en las transacciones por compras al exterior, compras por internet, pagos en POS en el exterior y transacciones en moneda extranjera.

Luego de las quejas por el incremento de comisiones en transacciones y compras por internet, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha detectado 22 entidades infractoras para seguirles el proceso sancionatorio respectivo.

Las acciones de fiscalización se enmarcan en el Reglamento de Comisiones, tasas de interés y tarifas, que controla este ente regulador.

Según la ASFI, se registraron reclamos sobre el incremento en el cobro de comisiones en las transacciones por compras al exterior, compras por internet, pagos en POS en el exterior y transacciones en moneda extranjera.

Es así que se procedió a la inspección de entidades de intermediación financieras, casas de cambio y empresas de giros y remesas, identificando 22 que no cumplían con la normativa vigente, indicó la ASFI mediante comunicado.

El ente regulador procedió a la notificación en estos casos para efectuar las sanciones pecuniarias respectivas.

Durante un encuentro con periodistas la noche del jueves, el presidente Luis Arce desestimó la noción de una crisis de dólares en Bolivia, señalando que lo que realmente ocurrió fue una supuesta especulación motivada por “afanes políticos muy claros”.

“El Banco Central de Bolivia va a estar mostrando al país que había dólares, solo que evidentemente hubo especulación sobre el precio del dólar con afanes políticos muy claros”, afirmó el mandatario.

Arce instó a evitar la especulación, destacando que estos dólares supuestamente están guardados “bajo los colchones” de los hogares bolivianos, mientras que en el sistema bancario nacional hay disponibles 453 millones de dólares.

El presidente también hizo referencia a la emisión de bonos por parte del Banco Central, planteando la pregunta: “¿Había o no había dólares en la economía nacional?”. Arce atribuyó la especulación a un “ataque especulativo”, común cuando se afecta el bolsillo de la gente.

El presidente Luis Arce dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el destino del Decreto Supremo 5143 que reglamenta la ley sobre Derechos Reales, y “lamentó” la campaña política de desinformación para “hacer creer” a la población que estaba en riesgo la propiedad privada.

“Hemos visto que se han presentado algunos recursos (contra el decreto 5143) para que sea el Tribunal Constitucional quien pueda manifestarse al respecto, esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional”, afirmó en un diálogo abierto con la prensa nacional en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

Arce negó que el contenido del decreto busque “afectar la propiedad de la gente” o “expropiar” las casas de las familias bolivianas, como algunos políticos, entre ellos los seguidores de Evo Morales y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), denunciaron para movilizar a la población.

Comparó la situación con lo ocurrido en 2009, cuando los políticos de oposición alertaban falsamente a la población que el Gobierno pretendía quitarle sus casas y vehículos con la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

Los seguidores de Morales y la oposición coincidieron también en exigir una ley y no un decreto para normar el trabajo de Derechos Reales.

La bancada del MAS-IPSP, a través del diputado Juan José Jauregui, presentó en esta jornada al TCP una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto contra la forma en la que se aprobó el decreto, y solicitó la medida cautelar de suspensión en su aplicación hasta conocer una sentencia.

“Nunca ha pasado por nuestra cabeza la expropiación de viviendas de la población, repito, solamente eso he escuchado de la mente de la derecha en el 2009, y lamentamos que algunos compañeros hayan caído en ese mismo discurso de la derecha”, cuestionó.

De acuerdo con el presidente, el objetivo del decreto es “ordenar” Derechos Reales, contar con sistema informático único, y no “34 sistemas que están actuando ahí independientemente”, y evitar hechos como los dobles registros y ventas de casas y terrenos sin que los dueños se enteren.

La meta es contar con “Derechos Reales fortalecido, automatizado y sistematizado, para que no haya posibilidad de que una casa, un departamento o un terreno tenga tres o cuatro dueños”, pero -añadió- “al parecer hay intereses a los que les conviene que esto se siga así”.

La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED) tiene registrada a 82 empresas con reporte de incremento de medicamentos esenciales para tratar enfermedades prevalentes. 

“82 empresas han reportado la modificación de precio de medicamentos esenciales, por ejemplo el ibuprofeno, la lebroproxacina, omeprazol y cefixima, de los 780 considerados como medicamentos esenciales para la atención de las enfermedades prevalentes”, menciona la ejecutiva de AGEMED a Radio Fides. 

Además, AGEMED recomienda a las farmacéuticas exponer el listado de medicamentos y precios de compra para identificar los niveles de consumo y venta. 

“Es el rol del farmacéutico exponer este listado de medicamentos con los que cuenta la farmacia porque es privada y exponer los precios, ahí se va a poder identificar cuales son los precios a nivel del público”, menciona. 

La Fiscalía de La Paz inició un proceso investigativo contra Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, a petición de la Unidad de Investigaciones FInancieras (UIF), por un presunto caso de legitimación de ganancias ilícitas.

“Se instruye al encargado (a) de Plataforma de Atención-Centro de Fiscalía Departamental de La Paz informe el número de registro y fiscal de analista asignado, sea en el día de su legal notificación. Por Secretaría de Despacho, procédase a la notificación del funcionario referido, sea con las debidas formalidades de ley”, señala el documento, difundido por varios medios de comunicación.

Los reportes preliminares indican que se trata de una pesquisa que se realiza desde inteligencia financiera, relacionada con una presunta legitimación de ganancias ilícitas, en un proceso que data desde enero.

Al ser consultado sobre este tema, Huaytari señaló que no fue notificado y que se enteró de esta denuncia a través de redes sociales, acotando que se lo busca desprestigiar y debilitar su labor en el interior de la Asamblea Legislativa.

En medio de una división, este domingo el Congreso del MAS renovador eligió a su nueva directiva nacional a la cabeza del Gróver García, quien estará acompañado por Julia Ramos y Fidel Surco. En la oportunidad, se determinó una nueva convocatoria para reformar el estatuto orgánico del partido azul, entre otras determinaciones. De manera paralela, la facción radical se reunió de emergencia en Cochabamba para analizar la situación.

Después de tres jornadas, el cónclave convocado por el Pacto de Unidad reconocido concluyó exitosamente con la elección de su directiva nacional en instalaciones del Polideportivo Héroes de Octubre en la ciudad de El Alto.

“Hoy nuestras organizaciones sociales han recuperado, como dueños de nuestro proceso de cambio, a nuestro Instrumento Político MAS-IPSP, para poder reconducir con transparencia, con unidad y apoyar también la gestión de nuestro presidente Lucho Arce”, refirió el presidente electo del partido azul ante una multitudinaria asistencia.

Agregó que “hoy tiene que terminar la dedocracia, tiene que terminar la imposición, tiene que terminar el prebendalismo”.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, García es representante de la Confederación Sindical Única de los Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Ramos de las Bartolinas y Surco de los Interculturales, es decir, forman parte de las trillizas de las organizaciones fundadoras del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

La directiva se completa con Delfín Choquehuanca del Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu), Yannet Uruchari de la Cidob (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) y Lidia Ester, representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Asimismo, la dirección nacional anunció la renovación total de las nueve direcciones departamentales, además de la convocatoria a un congreso que tendrá la misión de modificar el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP, que fue modificado en 2021 en una asamblea extraordinaria.

Pese a que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) acompañó el encuentro, no significa su validación, por lo que desde el evento se demandó el reconocimiento del mismo.

Conclusiones

Durante el desarrollo del congreso, las organizaciones asistentes al cónclave, expresaron “respaldar de manera contundente al hermano Presidente (Luis Arce)”.

Los congresistas, tras cumplir las exigencias, formaron cinco comisiones: Orgánica, Política Internacional, Agenda Patriótica y Bicentenario, Económica y Política.

Estas instancias emitieron una serie de resoluciones.

La Comisión Orgánica demandó al Tribunal de Disciplina y Ética “expulsar a autoridades políticas y organizaciones que generan división”.

Refundación 

El congreso masista determinó aprobar la refundación del Instrumento Político, además de imponer el veto a la reelección de autoridades electas, como diputados y senadores.

Es así que una de las conclusiones de la Comisión Política, aprobada por el cónclave, refiere: “reconstruir, recuperar y refundar el Instrumento Político, porque no existen jefes, dueños, ni comandantes”.

Asimismo, se validó la exigencia “al Órgano Electoral, el reconocimiento del X Congreso del MAS-IPSP y la inmediata acreditación del nuevo directorio de la Dirección Nacional del MAS-IPSP”.

También está “dar oportunidad a nuevos líderes políticos por la unidad y el fortalecimiento del Instrumento Político”, para aplicar una renovación y no sean las mismas personas que se adueñen de los cargos políticos.

En lo económico se definió la reglamentación de los aportes y transferencia, además de una auditoría que establezca el uso de los recursos económicos que se manejó desde un inicio.

Fortalecer la economía de los pequeños productores, el proceso de industrialización, además “que la ley de renta vitalicia de los expresidentes sea abrogada y que esta renta sea reducida al 50% del salario que actualmente perciben los exmandatarios de Estado”.

El Congreso Nacional del Instrumento Político, de la facción renovadora, inició el viernes y concluyó este domingo, con la participación de 1.600 delegados de al menos 107 organizaciones sociales que recibieron sus credenciales luego del proceso de verificación de requisitos que realizó la Comisión de Poderes.

Presidente destaca elección de García

El presidente, Luis Arce, reconoció a García como el nuevo presidente del MAS y aseguró que así se consolida la refundación de ese Instrumento Político.

“Saludamos la sabiduría y madurez política de nuestras organizaciones sociales y del pueblo boliviano (…) felicitamos y deseamos los mejores éxitos al hermano Gróver García, electo como el nuevo Presidente de nuestro Instrumento Político”, escribió en su cuenta X

Ante las bajas temperaturas que ya comienzan registrarse en varias partes del país, el Ministerio de Educación dejó a cada departamento definir la posibilidad de adelantar el horario de invierno escolar.

“Hemos puesto a disposición de la evaluación de los cambios climáticos que tenga cada departamento, según su situación climatológica”, indicó el titular de Educación, Omar Veliz.

Puso como ejemplo el caso de Potosí donde la Dirección Departamental de Educación determinó, desde este lunes, ingresar en horario de invierno con media hora de tolerancia en el ingreso para el turno de la mañana y media hora en la salida para el turno de la tarde.

Junto con esa instrucción, Veliz informó que cada departamento se pueda dar prioridad y tolerancia a los estudiantes que se encentren con algún resfrío por efecto de cambio climático en su salud.

Desde el 1 de julio, se tiene previsto el inicio de las vacaciones invernales, sin embargo, dijo que “no es algo definitivo”, por lo que abrió la posibilidad de que en alguna región del país se pueda adelantar, tras las evaluaciones meteorológicas en coordinación con el Ministerio de Salud.

La justicia determinó la prisión preventiva de tres activistas del ala evista, quienes fueron detenidos el viernes cerca del congreso arcista en El Alto por presuntamente planear su sabotaje.

La defensa de los imputados, el abogado Vladimir Ochoa, denunció que se trata de un hecho de persecución política del Gobierno en colusión con el Órgano Judicial, que pretende callar y amedrentar a los militantes “evistas”,

Los imputados fueron identificados como Ronald R. C., Liz A. V. y Madelen V. V., quienes —según el Gobierno— tenían contacto con exautoridades del gobierno de Evo Morales.

Se decidió que el varón sea enviado a la cárcel de San Pedro, mientras que las mujeres sean encerradas en el penal de Obrajes, durante los seis meses que duren las investigaciones.

Indicó que la imputación es por los delitos de organización criminal, instigación pública a delinquir y portación de explosivos.

Explosivos

El Gobierno denunció que estas personas tenían en su poder material explosivo con intenciones de generar violencia en el congreso partidario que se realizó en El Alto.

El abogado defensor negó las versiones del Gobierno que pretenden vincular a los imputados con exautoridades y desmintió que hayan tenido intenciones terroristas.

Sin pruebas

El abogado Ochoa aseguró que no existen pruebas de las acusaciones del Gobierno. “El único medio de prueba que ellos tienen son capturas de pantalla, que hacen referencia a una autoconvocatoria de manifestación en rechazo de las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral y de la Sala Constitucional”, afirmó.