Grecia tiene 60 años. A los 14, se salió de su casa agobiada por la violencia y discriminación por su condición de transgénero. Radicó en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, donde se dedicó al trabajo sexual para sobrevivir. Nunca regresó a su natal Oruro.

Las personas trans se caracterizan porque su sexo no coincide con su identidad de género.

En Bolivia, no se cuenta con datos sobre la cantidad de población transgénero, pero este grupo aún es víctima de la violación de sus derechos: sufre golpizas, es discriminado, tiene dificultades de acceso a la salud, no logra estudios superiores ni trabajo formal, de acuerdo con el informe presentado por la Red Trebol Bolivia, el jueves pasado.

Grecia dejó el colegio en la adolescencia porque era víctima de acoso debido a su comportamiento femenino. “Estaba atrapada en un cuerpo masculino, pero mi comportamiento siempre fue femenino”, contó.

Muchas veces fue agredida por su condición, incluso por sus clientes, y no recuerda la cantidad de oportunidades en que fue golpeada por la Policía. “Nos recogían y nos dejaban sin zapatos en las carreteras en plena madrugada”, recordó.

El informe refiere que la discriminación es el principal tipo de abuso o violencia, registrado en más del 50 por ciento de los casos y las golpizas y agresiones físicas alcanzan el 41 por ciento.

“De enero a diciembre de 2023, se documentaron 21 casos de agresiones y golpizas en Bolivia”, confirmó la directora general de la Red Trébol Bolivia, Moira Andrade García. 

Lamentó que, en los últimos años, se registrara tres “crímenes de odio” en Bolivia, cuya investigación no avanza.

Los agresores son, en su mayoría, policías, seguidos de ciudadanos de a pie y los clientes.

La vía pública es donde más violencia se presenta y es el “escenario de los crímenes de odio presentes en la región”, refirió Andrade García. 

También mencionó la violencia institucional hacia las personas trans privadas de la libertad. 

Además de las situaciones de discriminación, hay problemas con la regularización de los datos en los títulos de finalización de estudios obtenidos por las personas trans, lo que limita la continuidad de sus estudios o el desarrollo en el ámbito laboral, refirió Andrade García. 

Salud

Otros ámbitos relevantes de vulneración de los derechos de las personas trans es el acceso a los servicios de salud, ya que suele reducirse al tratamiento del VIH. Y, en el caso de las portadoras del VIH, se dificulta el acceso a su medicación debido a la descentralización de los Centros Departamentales de Vigilancia, Información y Referencia (Cdvir) a los centros de salud donde no tienen la información correspondiente para la atención de las personas que viven con el virus.

Educación

En cuanto al nivel máximo de educación alcanzado, el 50 por ciento de los casos documentados corresponde a personas trans que no han tenido garantizado el derecho a la educación primaria. En cuanto a quienes finalizaron la educación primaria, el 30,6 por ciento no ha logrado completar la educación secundaria. De ahí que la cifra de personas trans que alcanza niveles educativos superiores es baja.

Andrade señaló que se pudo documentar frecuentes situaciones de discriminación a personas trans en el sistema educativo; las autoridades no colaboran o los empleados alegan desconocer las normas que protegen el respeto a la identidad autopercibida. 

Una barrera adicional es el hecho de que niños, niñas y adolescentes trans no pueden acceder al cambio de sus datos registrales por las limitaciones de la legislación. 

Por otra parte, son frecuentes los casos de personas mayores de edad que requieren rectificar los datos de sus títulos y certificados educativos se encuentran con barreras burocráticas o desconocimiento de la normativa por parte de los funcionarios; “muchas veces es necesaria la intervención de las organizaciones para lograr completar un trámite que está garantizado por ley”.

Empleo

En cuanto a la ocupación, el 78 por ciento de las personas trans se dedica al trabajo sexual para sobrevivir.

La población trans, debido al estigma y la discriminación que subsisten en la región, enfrenta fuertes barreras para acceder a un empleo formal. Son muy pocos los casos en los que pueden acceder a empleos bien remunerados.

La principal actividad laboral que desarrollan las personas trans es el trabajo sexual. Otras actividades frecuentes son las relacionadas con el rubro de la estética y el entretenimiento, especialmente en locales bailables nocturnos o el trabajo doméstico.

La situación generalizada, en cualquier caso, es una prevalencia del trabajo informal, en condiciones de precariedad y escasa remuneración, en comparación con el resto de la población.

La migración forzada es otra consecuencia de la problemática nacional y en toda la región debido a la falta de normas de identidad de género a nivel estatal; la ausencia de políticas públicas segmentadas que busquen reducir los altos niveles de desigualdad entre la población trans y el resto de la población nacional.

La violencia institucional que sufren las personas trans en los ámbitos educativos, de salud y de acceso a la justicia; el acceso trunco al empleo registrado, a la vivienda e incluso a la documentación migratoria formal, son otras razones que impulsan a la migración.

Grecia dejó el trabajo sexual hace 20 años y logró instalar un negocio que le permite mantenerse. Sin embargo, no olvida los años del trabajo en las calles ni a sus compañeras de batalla, “la mayoría murió de sida y por abuso del alcohol y drogas”.

Insiste en la importancia de la orientación sexual desde la infancia para frenar la discriminación, porque “simplemente uno nace así”.

La discriminación aún persiste

* La Red Trebol documentó en los países de la región abusos sexuales, amenazas, hostigamiento, extorsiones, detenciones ilegales, desapariciones y secuestros.

* En Bolivia se registra el trato irrespetuoso de la identidad autopercibida en el sistema de salud, en particular en el contexto de urgencias médicas.

* En el ámbito de la migración, los destinos más elegidos por las personas trans de la región son Estados Unidos, Argentina, Canadá, Costa Rica, Italia y España.

Situación de vulnerabilidad 

* Las personas trans, por su situación de pobreza y exclusión, encuentran mayores dificultades que el resto de la población para acceder a una vivienda digna y corren mayor riesgo de quedar en situación de calle. Las principales causas de esta situación son la discriminación, violencia estructural y sus consecuencias económicas.

* Activistas ven que la normativa de identidad de género es importante y Bolivia es uno de los países que cuenta con la ley sobre el tema.

El mandatario afirmó que las elecciones realizadas consolidan la refundación del MAS y aseguran el “proceso de cambio” como un patrimonio colectivo.

A tiempo de felicitar a Grover García como el nuevo presidente del MAS-IPSP, el presidente Luis Arce señaló que este partido ‘nunca más será utilizado para satisfacer a una sola persona’.

Además de las felicitaciones a García, el primer mandatario también aplaudió a a Julia Ramos, electa vicepresidenta, y a Fidel Surco, miembro de la directiva, a través de una publicación en redes sociales.

Destacó la “sabiduría y madurez política” reflejadas en el evento por parte de las organizaciones participantes; además de afirmar que las elecciones realizadas consolidan la refundación del MAS y aseguran el “proceso de cambio” como un patrimonio colectivo que no pertenece a ninguna persona en particular.

“Nunca más nuestro Instrumento Político debe ser utilizado para saciar las aspiraciones de una persona o de un grupo; nunca más nuestras organizaciones sociales deben ser relegadas de su propio proyecto político, que nació como el resultado de la histórica lucha y reivindicaciones del pueblo boliviano organizado”, escribió en sus redes.

Dijo que los asistentes al congreso del MAS han demostrado una vez más que el Instrumento Político es un movimiento amplio y diverso.

Esta renovación se produce en un momento difícil por la división internas del MAS, luego de haber estado durante casi 19 años de gobierno. 14 con Evo Morales y tres a la cabeza de Luis Arce Catacora.

Entre el 6 y el 10 de mayo, las brigadas del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Oruro estarán en el Regimiento Militar 25 de Infantería Tocopilla, del municipio de Curahuara de Carangas, como también las plazas de la Unión y Manuel de Castro y Padilla, para la inscripción de jóvenes mayores de 18 años en el Padrón Electoral Biométrico. 

Según datos, una brigada estará en Curahuara de Carangas para inscribir a los jóvenes de 18 años de la región norte del departamento de Oruro, que cumplen su servicio militar obligatorio.

Esta acción se realizó también en Corque, Huachacalla y Challapata, donde se tiene unidades militares de la Segunda División de Ejército.

La concentración de las organizaciones sociales empezará a las 08:00 con marchas desde diferentes sectores de la ciudad de El Alto. A las 12:00 se tiene programado una confraternización y a las 15:00 el acto principal de inauguración, en el que participará el presidente del Estado, Luis Arce.

El Congreso del Pacto de Unidad, en el que las organizaciones sociales, a la cabeza de dirigentes reconocidos por el Gobierno, buscan renovar la dirigencia del Movimiento al Socialismo (MAS), iniciará a las 15:00 de este viernes en la ciudad de El Alto y contará con la presencia de 150 delegados nacionales e internacionales.

Según información de medios estatales, la concentración de las organizaciones sociales empezará a las 08:00 con marchas desde diferentes sectores de la ciudad de El Alto. A las 12:00 se tiene programado una confraternización y a las 15:00 el acto principal de inauguración, en el que participará el presidente del Estado, Luis Arce.

En ese sentido, el delegado de la Comisión Política de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), Vidal Gómez, afirmó que las organizaciones sociales del Pacto de Unidad no afín al evismo “cumplió todos los requisitos” para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañe el Congreso y pidió al ante electoral avalar las resoluciones que sean emanadas del Congreso.

“Hemos cumplido con todos los requisitos. Pedir al TSE avalar las resoluciones del congreso y reconocer al nuevo directorio. El Órgano Electoral no puede proscribir al movimiento político más grande del país y, como organizaciones sociales, tampoco lo permitiremos”, advirtió.

Y anticipó que “el 5 de mayo se tendrá al nuevo comité ejecutivo nacional del MAS-IPSP”.

Finalmente, Gómez saludó el fallo de la Sala Constitucional de La Paz que instruye al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar el Congreso convocado por el Pacto de Unidad.

“Saludamos la resolución de la Sala Constitucional que conmina al Órgano Electoral a acompañar el magno evento, legal y legítimo convocado por las organizaciones sociales del Pacto de Unidad”, destacó.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz instruyó al TSE acompañar el congreso nacional del MAS, como medida cautelar dispuesta ante una acción judicial presentada por el Pacto de Unidad frente a la renuencia del ente electoral de supervisar el congreso de El Alto.

El documento señala entre sus argumentos que la división de la dirigencia del MAS no puede coartar los derechos políticos de sus militantes; por tanto, no se puede prohibir el acompañamiento del TSE.

“Como organizaciones sociales del Pacto de Unidad hemos cumplido con los requisitos y resoluciones del TSE, y en consenso se emitió la convocatoria al congreso nacional del MAS. Esa constancia la hemos hecho conocer a las instancias constitucionales para respaldar el congreso”, explicó Gómez.

En el primer trimestre de 2024, La Paz y Santa Cruz fueron las regiones que presentaron mayores hechos de conflictividad reflejados a través de una serie de medidas de presión, entre éstos, el bloqueo de caminos, refiere un informe de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el detalle, la mayor parte de conflictos reportados se produjeron en La Paz y Santa Cruz, con 18 y 17 hechos de conflictividad respectivamente; seguidos de los de Potosí y Beni, ambos con 16, y Cochabamba, con 15.

Los hechos de conflictividad en las regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión, como es el caso de los bloqueos de carreteras en enero, debido a la demanda de elecciones judiciales y la exigencia de renuncia por la prórroga de autoridades judiciales, teniendo como epicentro a Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.

Hechos

El reporte señala que, en los tres primeros meses de esta gestión, se suscitaron 103 conflictos, de los que al menos 94 fueron vulneraciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el detalle publicado en el informe defensorial, se registraron 39 vulneraciones del derecho al empleo y al trabajo, ocho del derecho a la educación, seis vulneraciones del derecho al medioambiente y seis del derecho a la salud y acceso a la salud.

También hace referencia a seis vulneraciones del derecho a la infraestructura del transporte, seis del derecho a la infraestructura urbana, cinco vulneraciones del derecho a contar con infraestructura de servicio, cinco del derecho al acceso a la justicia, cuatro del derecho político, tres vulneraciones del derecho a una jurisdicción de entidad territorial autónoma, tres del derecho al acceso al agua potable y tres del derecho al acceso a la electricidad.

“Este informe fundamentalmente quiere contribuir a generar espacios de reflexión, de diálogo, espacios que nos permitan reconstruir la convivencia entre bolivianas y bolivianos”, señaló el defensor del pueblo, Pedro Callisaya Aro. 

La autoridad remarcó que estos escenarios de conflictividad confluyen a generar una alta potencialidad de vulneración de los derechos humanos.

Alerta temprana 

El “Informe de conflictividad en Bolivia” fue elaborado con datos y estadísticas proporcionados por el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (Simat) de la Defensoría del Pueblo, un mecanismo tecnológico e innovador implementado para generar seguimiento y alertas tempranas de conflictos. 

“Monitorear la conflictividad en nuestro país tiene una alta importancia porque nos permite no sólo saber la cantidad de conflictos que se desarrollan en un determinado periodo, sino que nos permiten a las instancias competentes acciones conducentes a solucionar esta conflictividad”.

El empresario Harold Lora y el concejal de La Paz Pierre Chain fueron imputados ayer por la denuncia de uso indebido de influencias, informó el fiscal anticorrupción Franklin Alborta.

“Dentro de la investigación preliminar se colectó más de 35 elementos de convicción”, explicó en contacto con la prensa.

Se investigó la aprobación de la Ordenanza Municipal N° 046/2022 para, presuntamente, favorecer al empresario Lora, permitiendo la construcción del edificio Loritas 10, ubicado en la zona de Calacoto de la ciudad de La Paz.

Entre los elementos de convicción están los documentos irregulares de compra y venta del terreno del Club de Unión Árabe a favor del empresario Lora.

“Se realizó el registro del lugar del hecho, recepción de declaraciones testificales, la Ordenanza Municipal 046 aprobada y posteriormente derogada por el Concejo Municipal de La Paz, entre otros que serán presentados ante la autoridad jurisdiccional en la audiencia de medidas cautelares”, explicó Alborta.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción solicitará la aplicación de medidas de carácter personal para ambos imputados, que consisten en una fianza económica, arraigo y otras en el marco del delito investigado.

Este caso fue denunciado el 21 de abril de 2023 por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a raíz de una denuncia del Fondo de Desarrollo de La Paz.

Se advertían presuntas irregularidades en la aprobación de la Ordenanza Municipal 046/2022, porque se veía la finalidad de beneficiar a determinadas empresas constructoras, principalmente a la empresa de Harold Lora, quien, en 2021, compró un terreno de Club de Unión Árabe en la zona de Calacoto, al entonces presidente del club Pierre Chaín.

“Se presume que el concejal habría promovido la aprobación de la ordenanza municipal para favorecer al empresario”, agregó el fiscal.

La tasa de desocupación descendió al 3,9 por ciento en la gestión 2023, la más baja de la región, según destaca un informe del Gobierno nacional; sin embargo, la calidad del empleo en Bolivia cada vez es más precaria, advierte un experto en temas laborales.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa una mayor participación de los hombres en la fuerza laboral de país, ya que su tasa de ocupación es del 77,2 por ciento, en cambio la de las mujeres es del 65,4 por ciento, de una Población Económicamente Activa (PEA) de 4.748.000 personas.

Según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, este y otros datos macroeconómicos no son tomados en cuenta por calificadoras internacionales de riesgo, como Moody’s que rebajó hace unos días la calificación de crédito de Bolivia de Caa1 a Caa3, aunque cambió su perspectiva a estable.

La región sufre los efectos de altas tasas de inflación producto del panorama volátil mundial, sobre todo por la guerra Rusia-Ucrania, los conflictos de Medio Oriente, continuos problemas en la cadena de suministros tras la pandemia, entre otros; pero, pese a este panorama, la situación del país es estable, porque así lo evidencian los datos macroeconómicos, es el caso de la tasa de desempleo, asegura el Ministro.

Para el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Bruno Rojas, si bien hay una caída en cuanto a la tasa promedio de desocupación, como afirma el Gobierno, el país está atravesando por una crisis del empleo desde hace varios años.

Esto —dice el experto— tiene que ver con la calidad del empleo; es decir, muchos de los bolivianos, ante la necesidad de tener una fuente de ingresos, trabajan en diversas actividades con remuneraciones bajas e inestables, sin derecho a tener seguridad social u otras prestaciones; lo hacen porque ellos y sus familias requieren subsistir.

“Es lamentable ver cómo algunos grupos mantienen proyectos de ley durmiendo durante más de un año, incluso más de dos años, proyectos que son fundamentales para el pueblo”, dijo la Ministra.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, expresó su preocupación por el estancamiento de importantes proyectos de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), algunos de los cuales llevan más de un año sin avances significativos.

“Es lamentable ver cómo algunos grupos, como lo hemos observado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mantienen proyectos de ley durmiendo durante más de un año, incluso más de dos años, proyectos que son fundamentales para el pueblo y que han sido trabajados de manera conjunta y consensuada con las organizaciones sociales”, manifestó la autoridad citada en un boletín.

Entre los proyectos mencionados por la ministra Prada se encuentra la ley de fortalecimiento de la Ley 348, la cual busca brindar mayor protección y recursos para combatir la violencia contra las mujeres.

“Cada día, lamentablemente, nos enfrentamos a casos de violencia extrema contra las mujeres, y es fundamental que estas leyes se aprueben y se implementen para garantizar una vida libre de violencia”, señaló.

La Ley 348, afirmó la autoridad, es una importante herramienta legal en la lucha contra la violencia de género en Bolivia, y su fortalecimiento es una prioridad para el Gobierno en su compromiso por garantizar los derechos y la seguridad de todas las mujeres del país.

La ministra Prada hizo un llamado a los legisladores para que prioricen estos proyectos de ley y trabajen en su pronta aprobación, en beneficio de toda la sociedad boliviana.

La campaña nacional de vacunación contra la influenza comenzó este jueves en todo el país. El Ministerio de Salud distribuyó 1.169.710 dosis a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) de las nueve gobernaciones.

Esta campaña está comprendida por dos fases. La primera está dirigida a bebés de seis meses a once meses, a los que se aplicarán dos dosis. Y la segunda está destinada a los niños de 12 meses a los 23 meses, que recibirán una dosis, y también a mujeres embarazadas, adultos mayores y personal de salud.

En Cochabamba, la vacunación estará habilitada en todos los centros de salud, informó el jefe de Epidemiología, Rubén Castillo. 

En un primer lote, en total se entregaron 1.151.600 dosis contra la influenza a todo el país, de las cuales 756.000 son para adultos y 395.600 pediátricos. Las dosis están ya disponibles en los distintos establecimientos de salud del área urbana y rural de todo el país, y la aplicación es gratuita.

La vacunación para los grupos de riesgo está prevista a partir del 2 de mayo al 31 de julio y de forma paralela se inmunizará en la segunda fase de la campaña a niñas y niños de 2 a 12 años, del 1 al 31 de julio.

La persona debe entregar una fotocopia de su cédula identidad para el registro de vacunación en el Sistema de Registro Nominal, además, al momento de recibir la dosis en el centro de salud, no debe presentar fiebre, rinorrea, ni malestares.

En el caso de las mujeres embarazadas, pueden vacunarse desde el tercer trimestre de gestación para la protección del binomio madre-niño.

“Es algo muy importante, es algo muy, muy, muy grande que hemos descubierto y es fruto de un trabajo que venimos haciendo desde el año 2021”, señaló Armin Dorgathen.

“Es algo que va a cambiar la estrategia incluso hidrocarburífera que tenemos en el país”. Así, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anticipó que se tiene un descubrimiento muy grande, pero aún se dará unos 45 días para seguir con las operaciones y asegurar que sea una noticia consolidada.

“Es algo muy importante, es algo muy, muy, muy grande que hemos descubierto y es fruto de un trabajo que venimos haciendo desde el año 2021, y del cual nos sentimos orgullosos”, señaló, Dorgathen en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

El titular de YPFB afirmó que sería un descubrimiento más grande que el campo Margarita. 

Enfatizó que este es un proyecto 100% de YPFB, es decir boliviano, a diferencia del pasado cuando se hablaba de nacionalización y bolivianización, pero en realidad se anunciaba trabajos de transnacionales.

GAS Y PETROLEO

El presidente de YPFB evitó dar mayores detalles del lugar específico donde estaría este hallazgo, sin embargo, señaló probablemente sea de gas y petróleo.

Justificó la reserva en la información, bajo el argumento de que no se quiere comunicar una estimación errada, como se hizo cuando en gestiones anteriores se anunció un “mar de gas” que hasta ahora no ha producido una molécula.

Dorgathen resaltó que se trata de un trabajo serio y que él no jugaría su nombre y prestigio con una mentira, tomando en cuenta que tiene 37 años de edad y una vida profesional por delante.

Este anuncio se trabaja en un contexto donde la producción de gas ha declinado, a un punto donde el presidente Luis Arce ha reconocido que “se ha agotado” con su consiguiente efecto en la merma de recursos para el Estado.