El abogado Yamil García fue posesionado este lunes como Viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de la Presidencia, tras la reorganización del ex Ministerio de Justicia.

Durante su posesión, García aseguró que su gestión estará enfocada en restituir la independencia del Órgano Judicial, tanto en términos normativos como financieros y presupuestarios. “Esta independencia no solamente debe quedar en texto, sino que se debe trabajar en asegurar la independencia financiera y presupuestaria del Órgano Judicial”, afirmó.

El nuevo viceministro también se comprometió a promover la transparencia, asegurando que se “ponga a la luz todo aquello que estuvo en la oscuridad durante todos estos años” y a establecer reglas claras para garantizar la seguridad jurídica, eliminando prácticas que calificó de arbitrarias como “la lógica del meterle nomás”.

“Cambios necesarios”

Con experiencia en la administración pública, García fue Secretario de Seguridad de la Gobernación de Tarija durante la gestión de Adrián Oliva. Su nombramiento tiene como objetivo, según el presidente Rodrigo Paz, generar vínculos con el sistema de administración de justicia para implementar reformas profundas. “Vamos a apoyar todos los cambios necesarios para que Bolivia entre en el siglo XXI. Estamos en este siglo XXI, pero todavía no hemos entrado al siglo XXI, vivimos con la lógica del siglo XX con una justicia del pasado”, sostuvo el mandatario.

El Viceministerio de Transparencia es uno de los cargos derivados del ex Ministerio de Justicia; aún resta designar al titular del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización.

Continuidad de instancias de protección

El flamante viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, afirmó que las instancias de protección de víctimas, como el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) continuarán funcionando, ahora bajo la tutela de esta cartera, pues el Ministerio de Justicia ya no existe.

“En relación a las instancias de protección a las víctimas, Sepdavi y otras, están garantizadas, el Estado no va a dejar en desprotección a ninguna víctima y vamos a mantener esos servicios”, dijo García tras su posesión.

El pasado jueves, el presidente Rodrigo Paz anunció el cierre del Ministerio de Justicia, señalando que era una instancia que se dedicaba a “perseguir”. Sin embargo, esta decisión fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo, porque varias instancias de protección están bajo tutela de ese despacho.

Instituciones como el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis), Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu) y otras que brindan asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas de recursos limitados o de poblaciones en situación de vulnerabilidad, corrían riesgo de desaparecer, según la Defensoría.

En medio de la polémica entre el binomio de primeros mandatarios, la vocera presidencial Carla Faval observó el tiempo que estuvo el vicepresidente Edmand Lara fuera del país, mientras que el presidente Rodrigo Paz se ha mantenido en territorio nacional para tomar decisiones.  

“De 14 días de gestión, seis el Vicepresidente estuvo fuera. Hubiese sido importante que el Vicepresidente se mantenga en el país para poder dar prioridad a asuntos como lo que pasó en Samaipata y prioridades que ha tenido la población en este momento”, dijo Faval en conferencia de prensa.

Lara viajó la semana pasada a Brasil para la cumbre COP30 y después fue visto en la final de la Copa Sudamericana en Paraguay.

En el caso de Paz, la Vocera destacó que “el presidente no ha abandonado el país, se ha mantenido presente y firme tomando decisiones para poder estabilizarlo”.

Faval confirmó que, cuando llegue Lara al país, habrá una reunión entre el Presidente y Vicepresidente, pero ratificó que el Gobierno no habla mediante TikTok.

“Por TikTok no hablamos, no es serio comunicar al país por TikTok, y esa es la postura que se está manejando”, enfatizó.

La polémica se atizó el fin de semana con videos publicados por Lara en TikTok, donde pidió a Paz apartar al Ministro de Gobierno, por tener casos judiciales pendientes y lo acusó de incumplir sus promesas.

El responsable político del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Rolando Reynaga, el retorno oficial de la organización política al escenario nacional, asegurando que la sigla contará con personalidad jurídica vigente para participar en las elecciones subnacionales y en los próximos procesos electorales.

Reynaga destacó que el partido volverá a competir con una propuesta orientada a la recuperación democrática y a la ampliación de oportunidades para la ciudadanía.

“El MIR Nueva Mayoría está nuevamente en cancha para pelear por la democracia y para que la gente tenga oportunidad. El legado de Jaime Paz Zamora está más vigente que nunca (…) El MIR está en marcha con personalidad jurídica vigente para participar en las subnacionales como en los próximos procesos electorales”, afirmó.

El dirigente informó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará la resolución de personalidad jurídica el martes 25 de noviembre, formalizando el regreso de la histórica sigla política.

Consultado sobre la posibilidad de que el partido acoja al presidente Rodrigo Paz, Reynaga expresó respaldo directo:

“Por supuesto que sí, Rodrigo Paz es un gallo”, dijo, aludiendo a la figura del mandatario como un liderazgo con fuerza dentro del escenario político.

Un supuesto proyecto de decreto supremo filtrado en grupos internos de WhatsApp de los trabajadores de YPFB y ENDE encendió las alarmas de sus sindicatos, pues revelan la intención de transferir a los empleados bajo el régimen de la Ley General del Trabajo a un estatus regido por la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público.

La medida implicaría la pérdida de beneficios sociales, la restricción del derecho a sindicalizarse y el debilitamiento de las estructuras gremiales en el sector energético y petrolero.

Esa iniciativa apuntaría a institucionalizar YPFB y ENDE bajo criterios de transparencia, eficiencia y meritocracia, eliminando los sindicatos internos y obligando a su personal a migrar al régimen de servidor público para garantizar el logro de los objetivos de eficiencia y transparencia.

Ampliado de emergencia

Ante ello, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional de emergencia para este miércoles 26, que se realizará en la sede de la Federación de Trabajadores Mineros en la ciudad de La Paz, y de hecho anticiparon su rechazo a lo que califican “un atentado a la estabilidad laboral en todo el sector estatal”.

En La Paz, la Confederación Sindical de Trabajadores de Luz, Telecomunicaciones, Aguas y Gas de Bolivia emitió un pronunciamiento, el pasado 22 de noviembre, rechazando “de manera categórica” el proyecto de decreto, al considerar una amenaza a la estabilidad de los trabajadores.

La organización instruyó preparar todas las medidas necesarias para frenar su aplicación y remarcó que el personal operativo no tiene responsabilidad en problemas administrativos o financieros de las empresas públicas.

También el sindicato de Trabajadores de ENDE-Cochabamba también rechazó el presunto cambio de régimen laboral por considerarlo ilegal y perjudicial para los derechos adquiridos.

Jorge Franz García Pinto asume como nuevo Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, marcando el inicio de una nueva etapa enfocada en fortalecer la institucionalidad, promover el acceso a la justicia y consolidar políticas de transparencia en el Estado. 

La autoridad destacó su compromiso con el servicio público y los retos que demanda la gestión gubernamental. 

Se espera su posesión oficial por parte del presidente Rodrigo Paz, en las siguientes horas.

En desarrollo.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó anoche, en grande y en detalle, el proyecto de ley que habilita la convocatoria a las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026. La norma fue avalada sin modificaciones y ahora deberá ser remitida al pleno camaral para su tratamiento final.

“Se aprobó en grande y en detalle y se remite al pleno de la Cámara de Diputados. Se rechazaron las modificaciones”, informó el presidente de la comisión, Juan Del Granado.

El análisis comenzó poco después de las 18:15, tras la llegada del informe de observaciones elaborado por el Comité de Democracia y Sistema Electoral. Mientras tanto, la Cámara de Diputados se mantenía en cuarto intermedio en espera de esta resolución, por lo que se prevé el pronto reinicio de sesiones.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) insistió en que la ley debe ser aprobada lo antes posible debido a que los plazos para la convocatoria, el calendario electoral y la posesión de autoridades ya se encuentran al límite. La demora se produjo porque legisladores de Libre plantearon introducir cambios que permitan la participación de organizaciones políticas que aún están en trámite obtener su personería jurídica, pese a la restricción actual que exige tenerla al menos 90 días antes de la convocatoria. Sin embargo, esa modificación obligaría a que el proyecto vuelva al Senado, lo que retrasaría todavía más la promulgación de la norma y, por tanto, la convocatoria electoral.

Las elecciones subnacionales están previstas inicialmente para el 22 de marzo de 2026 y permitirán la renovación de unas 5.000 autoridades en todo el país el 3 de mayo.

En el proyecto de ley del 9 de octubre los vocales habían pedido no aplicar esa exigencia y permitir que participen todos aquellos frentes que tengan personería hasta el día de la convocatoria; sin embargo, la excepción fue suprimida en el segundo proyecto que enviaron el 11 de noviembre y el Senado aprobó ese segundo proyecto.

Ahora, los diputados no se ponen de acuerdo para volver al primer documento o mantener el segundo. La senadora Soledad Chapetón (Unidad), recordó que ellos aprobaron el proyecto de ley tal como envió el TSE y censuró las críticas que lanzó el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, quien lamentó que el parlamento demore.

Samaipata sigue limpiando lodo con las manos, con palas donadas, con lo que se pueda. Agricultores que lo perdieron todo observan sus huertos destruidos. Familias buscan documentos, ahorros, fotos, cualquier rastro de lo que fueron sus vidas antes de la riada.

En Achira, una de las zonas más golpeadas, Ingrid Deisy Banegas recorre lo que queda del hogar de su tío. Señala un espacio donde sólo se ven troncos y barro: “Aquí era la cocina”. Más adelante, donde antes se levantaba un dormitorio, ahora solo hay un vacío lleno de piedras y silencio.

Su tía, Ramona, dormía ahí cuando la quebrada se desbordó. “Mi tío le gritó ‘Ramona, Ramona, levántate’, pero una viga cayó y le aplastó el brazo. No tuvo tiempo de ayudarla”, relata Ingrid, con la voz entrecortada. Desde entonces, la familia, vecinos y voluntarios la buscan sin descanso. “No perdemos la esperanza de encontrarla”, repite Ingrid. Es lo único que sostiene a la familia en medio del caos.

El desastre no sólo golpeó a las familias. También dejó a Samaipata prácticamente aislada.

A la caída de caminos y el lodo que bloqueó las rutas se sumó un hecho inesperado: la rotura del oleoducto Santa Cruz–Samaipata, provocada por las lluvias y la caída de un árbol.

Mientras YPFB realizaba reparaciones, largas filas de vehículos comenzaron a acumularse en el ingreso desde Mairana. Transportistas varados pedían un paso provisional; otros simplemente aguardaban sin saber si lograrían continuar hacia Sucre o regresar a sus comunidades.

Las llantas hundidas en el fango, los motores apagados y la fila interminable de camiones se convirtieron en otra imagen de un territorio paralizado.

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, llegó a Samaipata y describió el panorama como “triste y devastador”. Anunció el despliegue de maquinaria pesada para limpiar derrumbes y permitir que, al menos, la carretera principal sea transitable.

Los trabajos avanzan contrarreloj. “La carretera a Samaipata estará transitable”, aseguró el ministro, aunque reconoció que la magnitud del desastre supera los esfuerzos actuales.

Mientras tanto, cisternas, brigadas de rescate y personal de emergencia se mueven entre lodo y rocas, intentando restablecer un mínimo de normalidad.

Brigadas médicas del Ministerio de Salud se desplazaron a Achira, Cuevas y en un albergue improvisado en el comando de incidencias atendieron infecciones respiratorias, diarreas, dolores musculares y casos de descompensación entre personas que caminaron kilómetros para huir del agua o buscar ayuda.

Una brigada móvil recorre casa por casa, enfocada especialmente en los adultos mayores.

“Tenemos dos ambulancias para emergencias y derivaciones al Hospital de Mairana”, informaron.

También atienden a los bomberos y voluntarios que trabajan entre frío, humedad y escombros.

Emergencia en La Paz

Las persistentes lluvias que cayeron en las últimas horas provocaron desbordes, mazamorras y el colapso de caminos en comunidades del municipio de La Asunta, en el norte de La Paz, donde más de 50 familias están damnificadas.

La Alcaldía dio a conocer que se alista una declaratoria de emergencia y pidió apoyo de la Gobernación y el Gobierno central para evitar mayores pérdidas materiales y salvar las viviendas afectadas.

Los municipios de Tipuani y Caranavi también son afectados por las lluvias y el desborde de ríos en el departamento de La Paz.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, afirmó este martes que Bolivia cumplirá con todas sus obligaciones externas y descartó cualquier escenario de impago. En sus palabras, “Bolivia no va a entrar en default”.

Espinoza indicó que han recibido un “Estado quebrado”, pero aseguró que se honrarán las deudas. “Eso que quede absolutamente claro”, afirmó.

El ministro explicó que el análisis y la planificación de las obligaciones externas comenzaron incluso antes de la posesión del nuevo Gobierno.

Recordó también que durante su etapa previa, como analista, ya advertía sobre aspectos relacionados con las finanzas públicas y que ahora incluso se tiene una estrategia al respecto.

“Si bien la sorpresa tiene que ver con el estado de las cuentas públicas, las obligaciones externas las teníamos bien mapeadas y tenemos una estrategia financiera para cumplir esas obligaciones”.

El ministro reiteró que el país continuará respondiendo a sus compromisos internacionales: “Así que esto que quede absolutamente claro: Bolivia va a seguir cumpliendo sus obligaciones de manera cabal y correcta”.

El anterior Gobierno aseguró que había dejado la deuda externa pagada al día. En ese sentido, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que hasta octubre había cumplido con la totalidad del pago por 1.341 millones de dólares, dejando un saldo de alrededor de 200 millones de dólares a desembolsar en lo que queda del año.

El municipio de Samaipata vive horas de angustia y devastación tras las intensas lluvias que provocaron el desborde de ríos, arrasaron cultivos y destruyeron caminos y viviendas. La magnitud del desastre llevó a las autoridades municipales a declarar la zona en situación de desastre, mientras continúan las labores de rescate y asistencia.

El presidente Rodrigo Paz confirmó 380.000 dólares para ayuda humanitaria, provenientes de Fonplata y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos recursos serán destinados exclusivamente a la atención inmediata de la población: asistencia a damnificados, apoyo comunitario y búsqueda de desaparecidos.

“Primero es atender a las personas, hallar a los desaparecidos y garantizar la ayuda humanitaria”, señaló Paz, enfatizando que los fondos no se destinarán a reconstrucción de infraestructura.

Según los datos técnicos preliminares, el temporal dejó un panorama crítico: 1.000 personas afectadas; 560 familias damnificadas, varias con viviendas destruidas; 112 hectáreas de producción agrícola arrasadas, principalmente cultivos de maíz, papa, maní y otros

Además, 30 kilómetros de caminos dañados, incluyendo tramos de la carretera Santa Cruz–Samaipata y diversas rutas intercomunales

Las comunidades de Achira, Alto Florida, Alto La Yuruma, Bella Victoria, Bermejo, La Coca Sur, La Coca, Palermo, San Juan del Rosario, Vallecito, Chacras, Paredones, La Misca y Bella Vista, además de la carretera hacia El Fuerte, figuran entre las más golpeadas.

En Achira, una de las zonas más afectadas, el desborde de un río destruyó al menos diez viviendas y dejó a familias atrapadas entre lodo y escombros. Allí, los vecinos describen escenas de desesperación y una comunidad entera que intenta recomponerse mientras no pierde la esperanza de encontrar a los desaparecidos.

El director nacional de Bomberos, Gonzalo Velazco, informó que tres brigadas especializadas trabajan a contrarreloj para localizar a personas reportadas como desaparecidas.

“El personal está realizando labores de búsqueda y rescate de dos personas, ambas mujeres, una de ellas de la tercera edad”, explicó. Las operaciones se coordinan con autoridades locales y departamentales debido a la “situación crítica” que atraviesa Samaipata.

Por su parte, el ministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas, confirmó que siete personas ya fueron rescatadas con vida, mientras equipos de emergencia continúan removiendo escombros, evaluando daños y brindando asistencia directa a las familias afectadas. Aún permanece activa la búsqueda de tres personas más, cuya localización es prioridad para las autoridades.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó al lugar para supervisar los operativos y reiteró que la prioridad absoluta es encontrar a los desaparecidos.

Los damnificados se quedaron con lo que tenían puesto, lo perdieron todo. La población de Santa Cruz se organiza para recolectar ayuda, comida, ropa, colchones, frazadas, agua y medicamentos. El Comité Cívico Pro Santa Cruz lidera una de las campañas de ayuda.

El norte del país

La emergencia no se limita a Santa Cruz. En el municipio de La Asunta, en el departamento de La Paz, un alud de lodo afectó a más de 20 comunidades y dejó incomunicadas a 45.000 familias. El deslizamiento llegó incluso hasta la unidad educativa Litoral, obligando a suspender las clases, informó Reynaldo Peñaranda, secretario municipal de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente.

El Gobierno de Rodrigo Paz oficializó ayer una reestructuración profunda del Órgano Ejecutivo, que reduce de 17 a 15 los ministerios y fusiona áreas clave para impulsar una gestión “más ágil, austera e institucionalizada”. El cambio fue formalizado mediante el Decreto Supremo 5488, una de las primeras medidas de la nueva administración.

La modificación incluye la creación del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, que integra las funciones de los antiguos ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Desarrollo Rural y Tierras, además de incorporar la gestión del agua y saneamiento. Medio Ambiente, por su parte, pasa a formar parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Según un comunicado del Ministerio de la Presidencia, esta reestructuración —que modifica el Decreto Supremo 4857 de 2023— busca fortalecer la articulación de políticas productivas, agropecuarias y de recursos hídricos, al tiempo que reorganiza competencias para optimizar la estructura estatal. “Esta actualización normativa responde a la necesidad de impulsar el desarrollo económico, productivo y rural y garantizar una administración más eficiente del agua”, señala el documento.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Julio Linares, destacó que la medida forma parte del compromiso del presidente Paz de desmontar el “Estado tranca” y avanzar hacia una administración pública más moderna. “A partir de este decreto podemos iniciar la transformación del Estado tranca, como lo llama el presidente, en un gobierno más transparente, más ágil, más eficiente y, sobre todo, institucionalizado”, afirmó.

Linares detalló que la nueva estructura implica la reducción de dos ministerios, cuatro viceministerios y varias direcciones, en el marco de una política de austeridad y disciplina fiscal que guiará el Presupuesto General del Estado 2026. “Buscamos reducir el gasto corriente de los ministerios y darle otra cara a nuestra forma de gobernar”, explicó.

El viceministro también señaló que la reestructuración pretende devolver la centralidad a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), que —según dijo— fue aplicada de manera distorsionada durante los últimos 19 años.