A sus 61 años, el exministro de Gobierno y colaborador de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, Arturo Murillo, dejará el Centro de Detención Federal de Miami (Florida, Estados Unidos) el sábado 21. Al parecer, su “buen comportamiento” y la nueva decisión del Gobierno de Donald Trump lo favorecieron.

Murillo, junto con su exjefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez, además de tres estadounidenses, Luis y Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, fueron arrestados entre el 21 y 22 de mayo en Florida, sindicados de participar en sobornos, entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Fueron acusados de conspiración y lavado de dinero.

Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que los detenidos fueron acusados de pagar 602 mil dólares en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano, en beneficio de Murillo, su exjefe de gabinete y otro funcionario boliviano

Los sobornos estaban destinados a que la empresa Bryan Berkman mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia, bajo la firma de un contrato por 5,6 millones de dólares, para la provisión de gases lacrimógenos y armas no letales para la Policía.

El 4 de enero de 2023, Murillo fue condenado en el país del norte, después de declararse culpable de lavado de dinero y recepción de sobornos, a cambio de ayudar a la empresa involucrada en acceder a un contrato de venta de material antidisturbios, que compró el Estado boliviano. Han pasado más de 880 días desde la condena, algo más de 29 meses, que inicialmente fue fijada en 70 meses de reclusión.

El activista y abogado de las víctimas de la masacre de Senkata, Thomas Becker, confirmó que la justicia estadounidense “cambió la fecha de su liberación. En principio, se publicó que sería el 21 de julio” de este año, en el portal de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), donde se lo identifica como el prisionero 02358506.

El jurista explicó que “lo más probable es que saldrá antes por razones de buen comportamiento”. Además, en 2023, la administración Trump emitió una ley para las personas recluidas en prisiones federales, que no tenían sentencia antes de aprobar una norma en ese año, para reducir sus penas”, dijo.

En el caso de Murillo, explicó, como se trata de su primer delito en Estados Unidos, pudo beneficiarse con la nueva ley y su buen comportamiento. Aunque en la justicia estadounidense se tiende a deportar a sus países de origen a las personas involucradas en delitos graves, como los que cometió Murillo, “con Donald Trump, cualquier cosa puede pasar”, mencionó Becker.

De acuerdo con el procedimiento, al dejar la cárcel, Murillo será enviado a un centro de detención migratorio. En esta etapa, las autoridades preparan su deportación.

Becker contactó a las autoridades nacionales

El abogado de las víctimas de la masacre de Senkata, Thomas Becker se comunicó con autoridades bolivianas para sugerirles que no se descuiden de Arturo Murillo en EEUU.

“Es muy importante que el Gobierno siga el proceso, siga de cerca si hay expulsión o deportación e insista con el exhorto suplicatorio o la petición de extradición para que Murillo no pueda escapar de la justicia boliviana”, indicó Becker; quien además recordó que el exministro recluido mantiene amistad con algunas autoridades de la administración Trump.

“No se debe olvidar que durante el gobierno de Áñez, Murillo visitó EEUU, el Departamento de Estado de Trump y allí él tiene algunos aliados”, mencionó.

Para Becker, lo correcto y lo que corresponde es que EEUU extradite a Murillo a Bolivia; pero se trata “de una decisión totalmente política” en la actualidad. En diciembre de 2024, Bolivia extraditó al exjefe policial Maximiliano Dávila, acusado de narcotráfico.

La justicia en Bolivia

En el país, las autoridades activaron procesos en contra del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien está a punto de recuperar su libertad, luego de cumplir su sentencia en EEUU.

De acuerdo con el procurador, Ricardo Condori Tola, el Gobierno tramita su deportación. “Tengan por seguro que Murillo no quedará impune. Tiene seis procesos, desde legitimación de ganancias ilícitas, caso Golpe de Estado I hasta Senkata”. 

La escalada de conflicto puede “derivar en una afectación irreversible de la estabilidad democrática, la institucionalidad del Estado y los derechos humanos de las y los bolivianos”, según un pronunciamiento difundido hoy en la mañana por la Defensoría del Pueblo y 50 instituciones.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que en los bloqueos de caminos “se registran situaciones que “se han convertido al margen de lo legal”. El cierre de carreteras es impulsado por sectores afines al expresidente Evo Morales y empezaron el 2 de junio.

“Es importante que las instituciones que tienen que ver con la investigación de hechos delictivos o cualquier otro hecho que limite derechos de otras personas deban investigar”, aseguró Callisaya, hoy en conferencia de prensa.

Según el Gobierno, hasta el domingo, se reportaron 53 personas heridas en enfrentamientos o ataques de grupos afines a Morales.

Callisaya destacó la importancia del diálogo y afirmó que la violencia no debe reproducirse bajo ninguna circunstancia, ya que podría generar mayor confrontación.

Los sectores movilizados exigen la inscripción de la candidatura de Morales para las elecciones generales del 17 de agosto, a pesar de que el exmandatario está inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional y el plazo de inscripción venció el 19 de mayo.

El defensor del Pueblo instó a los sectores movilizados a conceder una tregua, que permita llevar adelante una transición institucional democrática y que la población pueda elegir a sus nuevos gobernantes. “Llamamos a la reflexión a los diferentes sectores políticos que se han ido manifestando durante todo este periodo a que puedan dar una tregua a sus actuaciones para que hagamos este tránsito lo más tranquilo posible”, afirmó. 

Callisaya brindó sus declaraciones en una conferencia de prensa conjunta con representantes de otras instituciones de la sociedad civil. En la ocasión, se presentó un pronunciamiento que exhorta a actores políticos, autoridades públicas y privadas, así como a organizaciones sociales, a evitar una escalada de conflictividad en el país.

Pese al despliegue policial de unidades de Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, la Llajta sigue aislada por cuarto día debido a los bloqueos en las carreteras que la conectan con el oriente y occidente del país. Se registraron 19 policías heridos en los operativos de desbloqueo; hay 42 detenidos y las terminales suspendieron las salidas de buses.

En las últimas horas, se instaló un nuevo punto en puente Ichilo, en el límite entre Cochabamba y Santa Cruz, además se anunció también que en Pailón y San Julián se sumarán a las movilizaciones desde hoy.

Las protestas son promovidas por sectores afines al expresidente Evo Morales, cuya insistencia en ser habilitado como candidato ha llevado a diferentes movilizaciones. Morales negó el extremo y atribuyó las protestas a la crisis económica que se vive en Bolivia.

Escalada de violencia

La situación no sólo afecta la movilidad: también ha dejado un saldo preocupante en términos de violencia. El Ministerio de Gobierno confirmó que al menos 19 policías resultaron heridos por impactos de piedras y explosivos, incluyendo cachorros de dinamita.

Personal de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba informó ayer que tres policías permanecen internados en el Hospital Obrero No. 2 por golpes severos recibidos en la cabeza. Una oficial fue secuestrada temporalmente en inmediaciones del puente Pankuruma. En total, 42 personas fueron detenidas, algunas bajo cargos graves como el de secuestro.

Además, una ambulancia con cinco ocupantes, un chofer y cuatro médicos, fue retenida en la localidad de Japo, ruta hacia Caracollo, denunció la ministra de Salud, María Renée Castro.   “Cinco trabajadores de la salud —un chofer y cuatro médicos— fueron retenidos e incomunicados, en plena misión de salvar vida”, dijo.

En este contexto, las autoridades han sido claras en señalar el trasfondo político de estas movilizaciones. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, denunció que estas acciones buscan generar caos para forzar la habilitación de Evo Morales, quien actualmente se encuentra legalmente inhabilitado para postular. “Nadie tiene derecho a eternizarse en el poder. La ley y la Constitución son claras”, afirmó Ríos, recalcando que la Policía actúa para garantizar el libre tránsito y proteger el proceso electoral.

Denuncia internacional

La Cancillería, por su parte, elevó la denuncia a nivel internacional. A través de un comunicado oficial, advirtió que los sectores “evistas” buscan acortar el mandato del presidente Luis Arce e imponer “una candidatura inconstitucional”, recordando que el Tribunal Constitucional Plurinacional prohíbe la reelección indefinida.

Ante esta embestida, el Gobierno ha reafirmado su postura: las elecciones se llevarán a cabo el 17 de agosto, como está previsto. “Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, con la paz y con el derecho del pueblo boliviano a elegir libremente a sus nuevos gobernantes”, concluyó el pronunciamiento oficial.

De acuerdo con un audio presentado por el dirigente evista Rudy Capquique, Evo Morales ordenó cercar la sede de gobierno y otras ciudades. El exmandatario negó el hecho y consideró que la posible evidencia es “un montaje”.

El audio fue recogido de una conversación telefónica que tuvo el expresidente con el dirigente, en medio de las movilizaciones y bloqueos que se reanudaron en La Paz y otras ciudades del país.

“Es con todo, hermano; es la batalla final”, dice Morales en el inicio de la conversación telefónica que dura casi dos minutos.

“Las salidas a Yungas cierren todo eso, hacia el lago, hacia Desaguadero, hacia Aroma y listo, sobre eso, Oruro y Santa Cruz solamente harán el bloqueo de caminos, Cochabamba ya está empezando”, instruye Morales en el audio.

Según Capquique, el líder cocalero lo llamó para darle la “instrucción clara” de que los sectores sociales impulsen una presunta “sublevación”.

Sin embargo, el exmandatario negó en sus redes sociales tales afirmaciones, bajo el argumento de que el “pueblo se levanta por la crisis, el hambre y la injusticia”.

“El Gobierno crea falsos testigos y empieza a montar casos para acusarnos, desprestigiarnos y confundir al pueblo que lucha por sobrevivir. No es la primera vez que nos hacen falsas acusaciones, solo el pueblo conoce la verdad”, añadió Morales.

“¿Qué es lo que quiere nuevamente don Evo Morales? que la familia boliviana, los paceños, nuevamente, vamos a morir de hambre. (El exmandatario) habla del cerco a Cochabamba, Santa Cruz, imagínense, pero como prioridad tiene La Paz”, denunció Capquique.

Además, aseguró que hay una “instructiva” y “coordinación” para “atentar no solamente contra la vida del presidente Luis Arce sino contra los allegados que están a su ‘acompañamiento” (sic).

El dirigente evista apuntó contra Suseth Rodríguez como la supuesta “operadora directa” de Morales para organizar los ataques.

El gobierno del presidente Luis Arce anunció que, a primera hora de hoy jueves, se presentará una denuncia penal en contra del dirigente cocalero, Evo Morales, por terrorismo, instigación pública a delinquir y otros delitos, tras impulsar el bloqueo de caminos y anunciar un cerco a La Paz para forzar su candidatura, romper el orden constitucional, exigir la renuncia del primer mandatario e impedir la realización de las elecciones generales.

“La denuncia será presentada mañana (jueves) por los siguientes delitos de acción pública, que fácilmente pueden ser definidos como terrorismo, instigación pública a delinquir por el audio y por todos los sucesos y declaraciones anteriores, no solamente del señor Evo Morales, sino también de muchas otras personas que están siguiendo este juego maquiavélico de querer dar un golpe de Estado”, anunció el ministro de Justicia, César Siles.

En una conferencia de prensa conjunta con los ministros de la Presidencia y de Gobierno, María Nela Prada y Roberto Ríos, respectivamente, el titular de Justicia detalló que son al menos siete delitos que pesan en contra de Morales, entre los que se encuentra también desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, atentado contra la seguridad de medios de transporte, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos tipificados en el Código Penal.

También la denuncia involucrará obstaculización de procesos electorales, debido a su aspiración de habilitar una candidatura inconstitucional “por la fuerza”.

“El trasfondo de este criminal bloqueo, de esta criminal decisión de cercar La Paz por una habilitación que ya ha sido definida por todas las instancias, forzar una candidatura está prohibido y legal y constitucionalmente. El Gobierno boliviano va a garantizar la realización de las elecciones generales del 17 de agosto”, afirmó Siles.

Agregó que se exigirá al Ministerio Público que acelere el proceso en este y otros casos presentados, como la denuncia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por amedrentamiento, en Sucre, o la interpuesta en Cochabamba por similares características, y la que presentará el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Estas conductas, estas agresiones que estamos denunciando públicamente, y lo haremos formalmente mañana a primera hora ante el Ministerio Público, también pueden ser sujeto de una medida cautelar de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, aseveró.

Recordó a quienes están movilizados, por los intereses de una sola persona, que la Corte Penal Internacional también tipifica los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo con las medidas de presión.

El exministro de Gobierno y actual candidato presidencial por el MAS se mostró preocupado por la situación económica boliviana. Dijo que recorre las calles y palpa las necesidades de la gente.

Ya en la piel de candidato presidencial, el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo le pidió hoy al jefe de Estado, Luis Arce, que tome decisiones urgentes, puesto que ese es su deber. Le sugirió que presione al Banco Central de Bolivia (BCB) para que, mediante labores coordinadas con otras instituciones, el país perciba una inyección de más de 1.000 millones de dólares.

De ese modo, según el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), habrá un “alivio inmediato”.

“El que debe tomar las decisiones inmediatas, hoy, es el actual presidente de nuestro país. Cuando las familias sufren por la falta de dólares, la escasez de combustible y el incremento del costo de vida, es momento de tomar decisiones urgentes y activar los recursos necesarios para devolver la tranquilidad a las bolivianas y bolivianos”, reflexionó el exministro, en un video que compartió en redes sociales.

En su idea de descomprimir la crisis, Del Castillo promovió 3 acciones, que son las siguientes: la emisión de bonos colateralizados, la colocación anticipada de activos y, por último, ejercer las facultades legales para la administración de las reservas del país.

El hombre elegido por el oficialismo para pelear el voto en las urnas, el 17 de agosto próximo, confesó sentirse preocupado por la situación de las familias. Dijo que recorre las calles y habla con la gente. “Se percibe la molestia por las filas, los precios, la incertidumbre, la preocupación del día a día, la impotencia de quienes ya no pueden más”.

Pese a formar parte de la población en riesgo a complicaciones por la influenza, las personas con enfermedades de base son las que menos demandan vacunas.

El viceministro de Vigilancia Epidemiológica, Max Enriquez, lamentó que sólo el 11% de la gente con males crónicos busca vacunarse.

Según el Registro Nominal de Vacunación Electrónico, hasta hoy 447.928 personas fueron vacunadas en el país. “De los casos de defunciones, casi el 60% corresponde a personas con enfermedades de base”, recordó Enriquez a los medios de prensa.

La influenza estacional es una enfermedad respiratoria contagiosa que infecta la nariz, la garganta y, en algunos casos, los pulmones. Este virus causa una enfermedad leve o grave, con complicaciones que requieren hospitalización e incluso pueden llevar a la muerte.

El Ministerio de Salud y Deportes distribuyó 1,5 millones de vacunas a los nueve Servicios Departamentales de Salud (Sedes). El objetivo es que la inmunización llegue a todos los centros de salud del país y vacunar a 1,8 millones de niños y adultos y grupos de riesgo.

Dentro de este grupo priorizado para la vacunación también están las embarazadas, que hasta el momento llegan al 22%. De los adultos mayores de 60 años, el 33,8% ya se han vacunado; y el personal de salud alcanza al 49%.

El evismo sube la presión por la habilitación del expresidente Evo Morales como candidato en las próximas elecciones generales, a dos días de la fecha límite para modificar las listas presentadas por los partidos políticos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En tanto, la Policía desbloqueó ayer la carretera entre Cochabamba y Oruro, con el fin de recuperar la transitabilidad hace el occidente del país, con un saldo de 10 heridos por una explosión.

Desde el Gobierno central señalaron que los bloqueos pretenden frenar los comicios nacionales; el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dijo que el bloqueo en Cochabamba “solamente tiene la finalidad de boicotear las elecciones por la candidatura de una persona (Evo Morales), que está inhabilitada, no tiene partido, y que sus intereses se antepongan ante todo el sistema jurídico” del país.

Por su parte, el candidato presidencial de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, consideró que Morales apuesta por el “desastre” para anular las elecciones generales de este año y aparecer en otro proceso electoral como candidato.

Emboscada

La Policía denunció que, al menos, 10 efectivos resultaron heridos en el operativo realizado en el sector de Bombeo, en el kilómetro 72 de la carretera entre Cochabamba y Oruro, a causa de una explosión.

“Lo ocurrido en la ruta a Bombeo, Cochabamba, es inaceptable. Diez policías fueron heridos tras una emboscada”, repudió el hecho la ministra de Salud, María Renée Castro.

Según la denuncia de la Policía, supuestos bloqueadores “emboscaron” a un contingente que se disponía a levantar los objetos colocados para impedir el paso vehicular en la carretera de esta zona. Fueron agredidos con piedras lanzadas desde posiciones elevadas. Los heridos fueron trasladados en ambulancias a centros médicos para su atención.

El desbloqueo forma parte de un plan de restablecimiento del orden instruido por el Comando Departamental de la Policía, que busca garantizar la libre transitabilidad en rutas estratégicas del país, afectadas por protestas impulsadas por sectores “evistas”.

Los sectores movilizados también reclaman la renuncia de Luis Arce, a quien acusan de incapacidad para solucionar la crisis, el alza de la canasta familiar, y la escasez de combustible y dólares.

El evismo insiste en que Evo Morales sea habilitado como candidato, a pesar de estar inhabilitado por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que limita la reelección continua y discontinua y porque tampoco cuenta con una sigla que tenga personería jurídica.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, dio la bienvenida a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), Nancy Hernández, quien arribó a la capital acompañada de su equipo técnico para sostener una reunión con las autoridades del Gobierno y del sistema judicial en Bolivia.

En la conferencia de prensa ofrecida en el TSJ, Saucedo dijo que en la reunión se abordan temas relacionados con los derechos humanos, la desaparición forzada de personas y la coordinación interinstitucional en este año de celebración del bicentenario de la independencia.

La autoridad ratificó la postura del Órgano Judicial de defensa de los derechos humanos, la independencia de los órganos del Estado y el compromiso con la democracia y la institucionalidad.

Informe del Ministerio de Justicia

Durante la reunión, el ministro de Justicia, César Siles, informó sobre los avances de la Comisión para la Presentación de Informes de Estado en Derechos Humanos y Desapariciones Forzadas, reporta un despacho de la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).

Siles explicó que esta comisión busca desarrollar políticas públicas, implementar acciones concretas y garantizar el cumplimiento de recomendaciones internacionales.

“Tuvimos una solemne sesión extraordinaria de la comisión para la presentación de informes de Estado en derechos humanos y desapariciones forzadas (…). Hace unos minutos estuvimos reunidos para hacer conocer a la Corte Interamericana, y a su presidenta, los avances que tenemos desde la creación de esta comisión, en 2022”, dijo la autoridad.

Siles detalló que la agenda de la presidenta de la Corte IDH continuará con reuniones interinstitucionales entre los visitantes y representantes del Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Ministerio Público, orientadas al intercambio de buenas prácticas, criterios jurídicos y mecanismos de cumplimiento.

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, ratificó ayer la vigencia de las sentencias que limitan la reelección continua y discontinua en el país.

En contacto con la prensa desde Sucre, Hurtado ratificó que en el país no se puede ejercer la presidencia por más de dos periodos constitucionales y dejó en claro que “nadie puede perpetuarse en el poder”.

“Este tema, ya el tribunal constitucional, a través de la sentencia 1010 y su complementación, fue en forma clara, y a través de una acción normativa, la 007, esa estableció también en forma precisa lo que se le dispuso en la 1010: nadie puede perpetuarse en el poder”, dijo Hurtado.

Movilizaciones

Las palabras del presidente del TCP llegan en un contexto marcado por movilizaciones evistas que piden que su líder, Evo Morales, sea habilitado como candidato y la renuncia de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional, entre ellos el mismo Hurtado.

Ya el pasado 14 de mayo, la Sala Plena del TCP oficializó la “histórica” sentencia 007/2025, que complementa el fallo 1010/2023 y ratifica que nadie puede ejercer la presidencia del Estado en más de dos ocasiones, ya sea de manera continua o discontinua.

“Ningún ciudadano boliviano, bajo ninguna circunstancia, puede ejercer más de dos veces el cargo electo de presidente y vicepresidente, sea este de forma continua o discontinua, criterio aplicable en el tiempo, lo que involucra a los periodos constitucionales de mandato que se produjeron y que ya concluyeron en el pasado”, afirmó el decano del TCP, Yván Espada.