El juez de garantías constitucionales, Iván Córdoba, ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) restituir a Sandra Gutiérrez como fiscal departamental de Tarija e instó a corregir las acciones “irregulares” que desencadenaron su destitución.

Córdoba dejó sin efecto la destitución de Gutiérrez, en una audiencia realizada el sábado por la mañana. En la audiencia, calificó la destitución como un “acto arbitrario”, ejecutado bajo presiones internas del Ministerio Público. “Deja sin efecto legal la resolución número FGE/AMNMC/DAL/193/2024, de fecha 2 de octubre del año 2024, concediendo la tutela solicitada única y exclusivamente al coaccionado, que responde al nombre de Mauricio Nava Morales, al ser él el suscriptor del documento considerado como quebrantador de derechos y garantías constitucionales”, añadió un vocal, según Unitel.

El 2 de octubre, la entonces fiscal departamental de Tarija develó una denuncia por estupro y trata de personas, presentada el 26 de septiembre, en contra de Evo Morales y otras dos personas, quienes serían los padres de la víctima.

La comisión de fiscales, de entonces, con la supervisión de la exfiscal departamental Sandra Gutiérrez, ordenó la aprehensión de Morales, pero fue revocada por decisión de la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, ante un recurso de acción de libertad presentado por los abogados de Morales alegando vulneración de derechos. Ese mismo día, la Fiscalía General ordenó la destitución de Gutiérrez y de otros dos fiscales de materia que investigaban a Morales.

Más tarde, la exfiscal departamental denunció que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, le ordenó dejar el caso y reveló que tiene la grabación de esa conversación en la que se lo escucha “exigiéndole que no investigue a Evo Morales” por las denuncias de estupro en su contra.

Lanchipa negó haber ordenado frenar la investigación, asegurando que la destitución de Gutiérrez se produjo porque hubo negligencia en sus acciones.

Actualmente, el caso continúa abierto en la Fiscalía Departamental de Tarija, donde se realizan los actuados investigativos correspondientes y la autoridad jurisdiccional declaró la reserva del caso con la finalidad de precautelar los derechos y garantías de la víctima.

El caso de estupro y trata de personas no sería el único, según señaló la exejecutiva de las Bartolina Sisa, Maribel Ávalos. 

Evistas denuncian persecución

La Fiscalía de Tarija reabrió el caso de estupro y trata y tráfico de personas contra el expresidente Evo Morales, investigado en principio en 2019. Se trata de un presunto abuso cometido en 2015, cuando la víctima tenía 15 años. Producto de ello, un año después, habría nacido una niña que lleva el apellido del exmandatario.

Seguidores de Morales, entre estos sus abogados y exministros, justifican que el caso solo se trata de una persecución política contra el expresidente.

Ante el aumento del contrabando de alimentos a la inversa, principalmente a Perú, el Viceministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor pide militarizar las fronteras con el vecino país.

“Nos informan que algunas mayoristas de pollo estuvieran sacando a Perú porque el precio (en el vecino país) es mayor al que tenemos acá. No solamente se estaría dando con el pollo, sino también con la carne de cerdo, res, arroz, harina y azúcar (…). Vamos a solicitar al presidente (Luis Arce) militarizar la zona fronteriza con Perú para evitar que salgan nuestros alimentos a ese país vía contrabando”, dijo el titular de esa cartera de Estado, Jorge Silva, según el reporte de la agencia ABI.

Según una verificación en los mercados de la urbe paceña, se evidenció que el precio de la carne de pollo se incrementó y que solo estaría llegando de Santa Cruz. Actualmente, el kilo se comercializa en Bs 15,80.

A esto se suma, que algunas comerciantes mayoristas estarían trasladando los principales alimentos de la canasta familiar a países vecinos.

“Todos los días en los mercados se incrementa el precio de estos productos a razón de la diferencia de los precios que tenemos, especialmente con Perú. Entonces, para evitar que salgan nuestros productos vía contrabando, reitero, vamos a solicitar que se militaricen esos puntos de frontera, especialmente con Desaguadero”, precisó la autoridad.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en sus estaciones en grande y detalle, un proyecto de ley de contrato de préstamo por 75 millones de dólares para apoyar la gestión de riesgos ante eventos adversos del clima y los incendios forestales.

La norma fue aprobada por “mayoría absoluta” en medio de reclamos de algunos legisladores disidentes de Comunidad Ciudadana (CC) por el destino que tendrían los recursos.

Uno de los diputados que cuestionó la aprobación de la ley fue Miguel Roca, quien se acercó hasta la testera donde estaba la presidenta interina de la Cámara Alta, Verónica Challco, para objetar la aprobación.

“El Gobierno y el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados nos dijeron que (el crédito) es para apagar los incendios, cosa que es falsa, ya que este crédito se tramitó para inundaciones”, denunció.

En tanto, el ministro Planificación, Sergio Cusicanqui, aseguró que el dinero irá destinado a los efectos que ocasionen eventos climáticos, lo que incluye a los incendios forestales.

Avión 

A la lucha contra los incendios forestales se suman un nuevo avión cisterna Electra Tanker T481 y nuevas Cajas Guardián, mientras las Fuerzas Armadas reforzarán el patrullaje en zonas de incendio, informó el presidente Luis Arce.

Con cinco acciones anunciadas en las últimas horas, el Gobierno de Luis Arce activa procesos judiciales en contra del expresidente Evo Morales por los delitos de trata de personas y estupro.

Tras el escándalo que ayer se destapó por la destitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, que firmó una orden de aprehensión contra Morales que luego fue desestimada por una jueza, el Gobierno, a través de dos ministerios y del propio Presidente, anunció, por separado, cinco medidas concretas.

Arce pidió a la justicia boliviana declarar en reserva la investigación sobre el presunto caso de estupro contra una adolescente de 15 años cometido por Morales cuando era presidente del Estado en 2015. El Gobierno determinó que será parte de la acusación a través del Ministerio de Justicia. Se activará el proyecto de ley para la imprescriptibilidad de delitos contra menores. Ante el Tribunal Constitucional, se pedirá la revocatoria del fallo que suspendió la aprehensión del ahora dirigente cocalero. Y, finalmente, se tomarán acciones en contra de la autoridad jurisdiccional que suspendió la orden de apremio.

En reserva

Arce solicitará que la investigación contra Morales se declare en reserva para proteger a la víctima y evitar su politización. 

Para Arce, este es un “tema sumamente delicado”, porque “está de por medio una menor,” y enfatizó que “el Gobierno nunca va a utilizar un caso tan delicado, que tiene varias implicaciones para la población, como un tema político”.

Imprescriptibilidad

Arce enfatizó que es una prioridad del Gobierno “cuidar a la niñez” y recordó que, justamente, bajo este lineamiento, se presentó al Legislativo un proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, pero hasta el momento no fue aprobado.

Revocatoria

El ministro de Justicia, César Siles, informó que se remitió al TCP la resolución del juzgado 14 de Sentencia Penal de Santa Cruz, que dejó sin efecto la aprehensión de Morales, con el objetivo de que sea revocado. 

“La actuación de la jueza fue ilegal, arbitraria y vulneradora del procedimiento penal y constitucional. Vamos a presentar la denuncia al régimen disciplinario”, informó la autoridad.

Acusación contra jueza

El ministro de Justicia, César Siles, que se sumó a la parte acusadora contra Morales, pedirá al Ministerio Público, que se investigue a la juez Lilian Moreno por favorecer al expresidente Morales El Ministro también cuestionó al fiscal general Juan Lanchipa, por haber destituido a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y otros dos fiscales de materia que estaban a cargo de la investigación contra Morales.

Denuncia persecución

El expresidente Evo Morales dijo ayer que no le extraña ni le preocupa el proceso en su contra por estupro y trata de personas y que derivó en una orden de aprehensión.

“No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”, publicó Morales en su cuenta de X.

Morales no se refirió a la acusación de estupro.

Exfiscal: Lanchipa no quería investigar el caso 

El escándalo que estalló ayer e implica a Evo Morales empezó tras una denuncia el 26 de septiembre en contra del expresidente y los padres de la víctima (una menor de 15 años) por los delitos de trata y tráfico de personas y estupro sobre un hecho ocurrido en 2015 en Tarija. Producto de la relación de Morales con la víctima, nació una menor que en la actualidad tiene ocho años, y se encuentra registrada con los apellidos de Morales y de la madre.

Según la exfiscal Sandra Gutiérrez, Lanchipa había ordenado que no se investigara el caso; no obstante, continuaron con las diligencias y se dictó la orden de aprehensión contra el expresidente.

A pesar de que no se había notificado la orden aprehensión, los abogados de Morales presentaron el miércoles, en Santa Cruz, una acción de libertad y la jueza Lilian Moreno dejó sin efecto la orden por fallas procedimentales.

Lanchipa aseguró que destituyó a Gutiérrez por los errores cometidos en este caso. Afirmó que se conformó una comisión de fiscales para continuar con el proceso investigativo contra el expresidente.

Un incendio forestal fuera de control arrasó con más de 20 viviendas la tarde de ayer en la comunidad Nueva Generación de Riberalta, Beni, afectando a varias familias que prácticamente lo perdieron todo.

“Eran 28 casas y solo han quedado seis. Nos hemos quedado sin nada, hemos perdido todo, hasta los animales”, señaló entre sollozos, Martha Melgar, pobladora de Nueva Generación a Ojo Riberalteño.

Según reportes preliminares, hay personas con heridas con quemaduras y también intoxicadas.

Los Bomberos Antofagasta de la Policía y personal de la Unidad de Gestión de Riesgos llegaron hasta el lugar para sofocar el fuego.

La población pidió ayuda para combatir el fuego y también donaciones. Se prevé un informe oficial para esta jornada.

El pago del Bono Juancito Pinto se prevé que iniciará el 14 de octubre en el país y se efectivizará a través del sistema financiero y con la banca móvil en regiones donde no existe presencia de entidades financieras, confirmó este martes el viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina.

“Estamos trabajando en la parte organizativa para tener todo listo para el inicio del pago que se proyecta que será el 14 de octubre, como fecha tentativa”, dijo Tejerina a Bolivia TV.

Para el inicio del pago del incentivo escolar se prepara el acto de inauguración con la participación del presidente Luis Arce y de autoridades de Estado. Asimismo, se organiza la modalidad de pago del incentivo escolar que beneficia a más de 2,3 millones de estudiantes en el territorio nacional.

“Se generan mecanismos para garantizar el pago en el sistema bancario para que el titular haga el cobro y también en las regiones alejadas se definió que se hará con equipos móviles para el pago correspondiente, con el Banco Unión y el apoyo de las Fuerzas Armadas, direcciones departamentales de Educción y los municipios respectivos”, explicó.

El Bono Juancito Pinto de Bs 200 tiene el propósito de contribuir a la disminución de la tasa de deserción escolar, incentivando la matriculación, permanencia y culminación del año escolar de los estudiantes en Bolivia.

El Estado invertirá en el pago del bono Bs 477.550.000 financiados con el aporte de las empresas del Estado.

En la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados se tratará y aprobará en esta semana el crédito por 250 millones de dólares para combatir los incendios forestales, informó su presidente, el diputado Omar Yujra.

“Tenemos este proyecto de ley de un financiamiento de 250 millones de dólares para la atención de incendios. Nosotros estamos hablando con los disputados miembros de la Comisión para convocar a sesión, tratar y aprobar este proyecto de ley”, explicó en Bolivia TV.

Este crédito de 250 millones de dólares fue canalizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ayudar a la emergencia por desastres naturales y salud pública.

El organismo internacional aprobó el crédito en mayo y el Ejecutivo lo remitió a la Asamblea Legislativa en septiembre.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, solicitó al Legislativo la aprobación con dispensación de trámite de este crédito y de otro por 75 millones de dólares, concedido por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para también sofocar los incendios. Las quemas golpean a varias regiones del oriente boliviano. El Gobierno nacional declaró el lunes situación de desastre nacional.

De acuerdo con el BID, este préstamo contingente permitirá ayudar a Bolivia a “construir mayor resiliencia financiera frente a inundaciones, sequías, incendios forestales y posibles brotes epidémicos y pandémicos”.

Este préstamo, aprobado por el BID mediante la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública, permitirá al país acceder a recursos en caso de emergencias por desastres naturales.

Tras renunciar al Ministerio de Justicia la semana pasada, Iván Lima emitió declaraciones que están causando revuelo en el ámbito judicial y político del país. E incluso un embajador tuvo que responder a las denuncias del ex hombre fuerte del gabinete de Luis Arce.

Juicio a Áñez

Entre las polémicas acusaciones que hizo Lima está la que se refiere a que la expresidenta Jeanine Áñez debía ser sometida a un juicio de responsabilidades y no a un proceso ordinario y que fue Evo Morales quien exigió esta segunda modalidad. 

La reacción de la defensa de Áñez no se dejó esperar y exigió que los juicios contra la expresidenta sean declarados “nulos”.

Vagoneta 

Lima ratificó la denuncian del ministro Eduardo del Castillo sobre la vagoneta Toyota 4Runner usada por Morales durante la marcha evista. Lima agregó que el vehículo fue adquirido por la petrolera estatal venezolana PDVSA y pidió a la Fiscalía realizar una investigación.

El embajador de Venezuela en Bolivia, César Trompiz, respondió a la acusación y aseguró que desconoce la denuncia respecto a la vagoneta que usa Morales. “No conozco de eso, no he visto nada de eso”, declaró Trompiz, según medios de prensa.

Según el exministro, la vagoneta fue adquirida por PDVSA por 90 mil dólares y luego fue vendida a una joven boliviana de 21 años en 15 mil dólares.

La joven habría “prestado” el automóvil a Morales. Al respecto, Morales aseveró que “no tengo movilidades, tengo ayuda desde el primer momento”.

Judiciales 

El exministro Lima acusó a Hugo Vargas Palenque, candidato a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fue inhabilitado, de obstaculizar el proceso de elecciones con una acción de amparo que fue admitida en una Sala Constitucional de Beni, en la que interviene un vocal que también fue inhabilitado.

La audiencia para resolver este amparo fue fijada para el 9 de octubre y el accionante Vargas denuncia que lo perjudicaron con la inhabilitación de su candidatura y solicita la devolución de las listas a la Asamblea Legislativa Plurinacional y que se ordene remitir las listas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) excluyendo a los reprobados.

Por su parte, Vargas rechazó a Correo del Sur las declaraciones de Lima. “No quiero parar ninguna elección judicial; mi única intención es que el poder soberano se cumpla y nada más, y que los aplazados, los reprobados y los deshonestos no sean candidatos”, dijo.

Candidatura

Lima declaró que Morales no puede ser candidato debido a la sentencia constitucional 1010/2023, que impide la segunda reelección ya sea de manera continua o discontinua, que además ha sido tomada en cuenta en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Los incendios forestales persisten en la Chiquitanía y se extienden a los valles cruceños. Los pobladores de Mairana y Samaipata bloquearon los caminos en demanda de un helicóptero para que ayude a sofocar el fuego desde el aire porque los voluntarios fueron rebasados por el fuego.

Sólo en Santa Cruz se quemaron 7,2 millones de hectáreas, de acuerdo con el responsable del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Johnny Rojas, en tanto que desde el Gobierno central informaron de 6,9 millones de hectáreas, cifra que supera el récord de quemas de 2019.

Desde el Gobierno nacional gestionan la compra de 400 cajas Guardián, que se sumarán a las 200 que ya operan en el país, y se alista la incorporación de un helicóptero más para fortalecer la lucha contra los incendios forestales, informó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

Protesta

Las comunidades ubicadas entre los municipios de Mairana y Samaipata registran incendios hace dos semanas. “(Pedimos) la ayuda aérea, porque no necesitamos ya la ayuda de voluntarios, porque es bienvenida esa ayuda, pero ya nos rebasó el fuego, ya no es necesario, porque el fuego está arrasando con todo. Son llamas de tres a cuatro o cinco metros de altura, es inaccesible aparte de eso”, informó la comunaria Carla Quiroga a los medios locales.

Las comunidades afectadas son Limoncitos, La Tuna, Mendiola, Bella Victoria, Las Piedras, Monteagudo, La Chacarilla y San Isidro, entre otras.

Entre ocho y nueve comunidades de los valles de Santa Cruz se habrían quedado sin provisión de agua debido a que las cañerías fueron quemadas por los incendios.

“El punto más importante de todo esto es que el fuego ha tomado ya la base de la toma de agua, que pertenece a una cooperativa, esa cooperativa alimenta de agua a todas las comunidades de los valles”, añadió.

Además, la llegada de vientos del sur hizo que el fuego cambie de dirección y se dirija a los municipios de Quirusillas y Postrervalle.

Contaminación

En el caso de Trinidad, en Beni, la contaminación por el humo persiste y los estudiantes continúan con clases virtuales, informó el director distrital de Educación, Valentín Roca. Además, se reiteró la recomendación del uso de barbijos.

Ayer en la mañana, el índice de Calidad del Aire (ICA) en Trinidad marcó el rango de 162, que implica una calidad de aire “muy malo”.

El juicio oral contra de la expresidenta Jeanine Áñez, los exministros Fernando López y Arturo Murillo, los excívicos Marco Antonio Pumari y Luís Fernando Camacho, y exjefes policiales y militares se iniciará el 14 de octubre, por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa y otros en el caso Golpe de Estado I.

“Ya estamos en puertas del inicio del juicio oral y contradictorio. Esperamos que se nos notifique con el auto de apertura”, informó Jorge Nina, abogado de la impulsora del juicios y exdiputada Lidia Patty.

En el caso golpe de Estado I se investiga los hechos que derivaron en la renuncia forzada del expresidente Evo Morales en 2019. Protestas de cívicos de Camacho y Pumari, a las que se sumaron un motín policial y la sugerencia militar de dimisión, derivaron en la renuncia de Morales.

Poco después, Jeanine Áñez, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, se autoproclamó cabeza de la Cámara Alta y luego de la presidencia del Estado.

En el caso también están acusados los excomandantes de las Fuerzas Armadas William Kaliman y Sergio Orellana, el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández Toranzo.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz programó el inicio del juicio el 14 de octubre a las 9:00.