A 13 años de la promulgación de la Ley N°243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, persisten incumplimientos en los diferentes niveles de gobierno.
Entre 2012 y el primer semestre de 2025, se registraron en Bolivia 514 casos de acoso político y 406 de violencia política contra mujeres, con un 91.73% de rechazo en promedio, según informes de la Fiscalía General del Estado. Además, de más de 900 casos, solo el 0.7% concluyó en sentencia condenatoria (cuatro por acoso político y tres por violencia política). A la violencia política se suman los estereotipos, la concentración del poder y otros elementos, sobre todo en sectores más vulnerables.
En la actualidad, existen barreras que aún frenan la participación femenina en los gobiernos locales.
Estos y otros temas se trataron durante el ‘Encuentro Plurinacional de las Plataformas para los Derechos Políticos de las Mujeres en Bolivia’, que se desarrolló en días recientes en Tiquipaya, Cochabamba, con el apoyo de ONU Mujeres.
El encuentro se realizó en una época electoral nacional y también preelectoral rumbo a las elecciones subnacionales en el país, cuando los ciudadanos votarán para elegir gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales para la gestión 2026-2031.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó que se vive un momento histórico y decisivo para Bolivia.
“Nos convoca con urgencia a fortalecer la democracia, porque sin la plena participación política de las mujeres, la democracia no es completa ni legítima”.
Desde la Defensoría se destacó que, a 13 años de la promulgación de la Ley N°243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, persisten incumplimientos y limitaciones en los diferentes niveles de gobierno. El Informe Defensorial ‘Sin nosotras, no hay democracia’ (2021) evidenció que el Estado no cumplió con la adecuación normativa. De manera más crítica, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud) reportó que ninguno de los 17 ministerios del Órgano Ejecutivo cumplió con esta obligación, y apenas un 3.2% de los municipios lo hizo.
Por su lado, el Observatorio de Paridad Democrática reportó que, entre 2021 y 2023, el 60% de los casos registrados derivaron en renuncias forzadas de mujeres electas, afectando gravemente el ejercicio de sus derechos políticos y el derecho a una vida libre de violencia.
“Cada renuncia no es un hecho aislado, sino la manifestación de un sistema político que expulsa a las mujeres de los espacios de decisión, reproduciendo estructuras patriarcales que niegan la igualdad sustantiva consagrada en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos”, aseveró Callisaya.
EL MUNDO Y LA REGIÓN
Ivanna Fernández Martinet, Coordinadora del Área de Gobernanza y Participación de la Mujer en la Vida Pública, hizo la exposición ‘Recomendación general Número 40 (2024) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), relativa a la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones’.
Expuso que solo 28 países son liderados por mujeres, como jefas de Estado o como jefas de Gobierno, según datos al 1 de enero de 2025; en lo regional, solo el 35.8% son mujeres en los parlamentos, lo que significa que tomará “cerca de 40 años” alcanzar la paridad en esas instancias; el 28.7% de las mujeres está presente en los gabinetes ministeriales; la mayor parte representa “carteras blandas”, es decir, las referidas a la educación y otras que suelen relacionar con “más aptas” para mujeres; y un 30.4% alcanza los tribunales de Justicia o cortes supremas en lo regional.
Acotó que un 15.4% de las mujeres son alcaldesas.
Al respecto, en el departamento de Cochabamba, de los 48 territorios autónomos (47 alcaldías y un Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino – GAIOC), solo dos tienen alcaldesas mujeres.
Fernández dijo que, a nivel regional, en los gobiernos locales legislativos, solamente el 27.18% está conformado por mujeres.
“Ante todo este panorama, además, debemos decir que hay una subrepresentación de mujeres indígenas, mujeres rurales, mujeres afrodescendientes, mujeres jóvenes, mujeres migrantes, mujeres en situación de movilidad humana o con discapacidad y mujeres pertenecientes a los grupos LGBTIQ+”.
BARRERAS
Fernández reconoció los avances y ponderó que se hayan ido superando las brechas estructurales de desigualdad.
Sin embargo, haciendo referencia a la subrepresentación, expresó que existen barreras para la participación efectiva.
Entre esas, mencionó la violencia en la vida política; los estereotipos y sesgos de género, vinculados a los roles diferenciados entre hombres y mujeres; y la concentración del poder, en sociedades patriarcales que mantienen los obstáculos para la participación de las mujeres y no modifican las relaciones de poder vigentes.
Sumó más, como la división sexual del trabajo, en lo referido a la organización social del cuidado de hijos, adultos mayores, la casa; desigualdad económica y acceso al financiamiento político, es decir, que para hacer campaña las mujeres cuentan con menos recursos financieros, menos contactos que se mueven más en ámbitos masculinos; y los discursos que amenazan los derechos políticos de las mujeres.
Recordó que la CEDAW es una norma internacional vinculante para Bolivia, que admitió asumir sus preceptos, que implica la igualdad entre hombres y mujeres no solo ante la ley, sino de una manera sustantiva “real”, reconociendo que históricamente existe desigualdad.
Sobre el panorama actual, el Defensor del Pueblo resaltó la nueva composición paritaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que por primera vez alcanza un 52.41% de representación femenina, con 87 mujeres de un total de 166 asambleístas. En ese marco, convocó a las mujeres a asumir nuevos desafíos en las elecciones subnacionales de 2026.
“Que este proceso electoral no nos encuentre con mujeres vistas como cuota obligatoria, ni como víctimas de acoso y violencia política, sino como protagonistas plenas y legítimas de la democracia boliviana, ejerciendo su liderazgo con libertad, seguridad y dignidad”, sostuvo.
