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De acuerdo con un análisis automatizado, el discurso ciudadano digital gira en torno a la desconfianza política, la injusticia ambiental y social y una propuesta de cambio.

La implementación de la inspección vehicular ambiental con el pago de 70 bolivianos, monto del que se eximen los transportistas libres y federados, mantiene la polémica en la ciudad de Cochabamba.

Ciudadanos reaccionan con frustración, enojo y desencanto, en redes sociales.

La Alcaldía publicó ayer en sus redes sociales información referida a la inspección vehicular ambiental y la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre, además, compartió un link que deriva a la normativa.

De acuerdo con un análisis automatizado efectuado mediante OpenAI, los usuarios manifestaron principalmente emociones de enojo, frustración y desconfianza frente a la medida, mientras que solo una minoría reconoció posibles beneficios ambientales.

El análisis consideró los comentarios vertidos en Facebook (https://acortar.link/cRmWJl), hasta antes del mediodía de este 8 de octubre.

Las emociones predominantes son de enojo e impotencia, por sentir que se abusa del ciudadano; frustración, por la desigualdad de trato entre transporte público y privado; desencanto, con la gestión municipal y el liderazgo del Alcalde; pero, también existe un deseo genuino de soluciones ambientales reales, existe un grupo que busca alternativas constructivas.

Según el análisis asistido con inteligencia artificial, los comentarios reflejan una crisis de credibilidad institucional. La población muestra alta sensibilidad ante cualquier cobro adicional y baja confianza en las políticas ambientales locales.

Aunque algunos reconocen que “la intención era buena”, el consenso es que la ejecución es desigual.

El discurso ciudadano digital gira en torno a tres ejes, que son la desconfianza política (denunciando abuso y favoritismo), injusticia ambiental y social (afirman que “quienes más contaminan no pagan”) y una propuesta de cambio (hacerlo gratuito, equitativo o con un impacto ambiental real).

Entre los comentarios, hay quienes utilizan insultos o descalificaciones hacia el Alcalde o la Alcaldía; otros son críticos y explican razones técnicas, jurídicas o ambientales del desacuerdo; hay quienes son propositivos, reconocen la intención ambiental, pero sugieren mejoras o alternativas (como gratuidad o inclusión del transporte público); y otro grupo de usuarios de redes sociales se expresa con sarcasmo o burla, utilizando un tono irónico o humorístico para expresar su descontento.

Los comentarios muestran un rechazo casi unánime a la medida. Aunque algunas personas reconocen que la intención ambiental podría ser buena, la mayoría percibe que la verdadera motivación es económica: “recaudar fondos”, “robar”, “otro gasto”, “sacar plata a la gente”.

Entretanto, desde la Alcaldía, las autoridades buscan explicar los justificativos de la medida, que está amparada por ley municipal.

El secretario Administrativo y Financiero, Mauricio Muñoz, informó que se trabaja dentro el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Contraloría General del Estado, que recomienda acciones para el cuidado del medio ambiente, más aún considerando los niveles de contaminación en el municipio.

Khateine Soria, abogada constitucionalista del equipo jurídico de la Alcaldía, sostuvo que la CPE establece las competencias del municipio en las acciones para preservar el medio ambiente. Precisó además que la inspección ambiental no es la misma inspección técnica vehicular.

Por su lado, la jefa de Gestión Atmosférica, Gabriela Ríos, sostuvo que la inspección es la prestación de un servicio y para ello se hizo un análisis de costos, buscando la opción con el costo más bajo para la revisión acústica y de emisión de gases. Agregó que se lanzó propuesta para una APP; y que, sin embargo, ninguna empresa se interesó.

El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que, con el fin de profundizar el uso de los medios electrónicos de pago, ha diseñado OpenBCB una innovadora herramienta que facilitará, sin costo alguno, la digitalización de la gestión de cobranza de instituciones públicas y/o privadas que, por limitaciones presupuestarias o tecnológicas, no han podido automatizar este proceso. Su implementación permitirá, además, que estas empresas reduzcan costos operativos y mejoren la gestión de sus recursos financieros.

OpenBCB se basa en Interfaces de Programación de Aplicaciones (API), que funcionan como “traductores digitales” que posibilitan la interconexión segura y ágil entre distintos sistemas. Estas interfaces actúan como un puente tecnológico que permite el intercambio de información y el procesamiento de transacciones electrónicas. Entre las principales funcionalidades se destacan:

· Generación gratuita de códigos QR BCB Bolivia.

· Consulta de estado del QR, que brinda información en tiempo real sobre la validez de la operación.

· Procesamiento de órdenes de pago, asegurando rapidez y confiabilidad en las transacciones.

· Notificación de pagos, fortaleciendo el seguimiento e identificación de los pagos, sin ningún costo. Adicionalmente, está prevista la integración del OpenBCB con Empresas de Tecnología Financiera (Fintech) a través de una conexión directa con el BCB, ampliando su alcance y potenciando la digitalización de pagos en beneficio de los usuarios.

Se estima que el servicio beneficie a más de 100.000 usuarios y alcance a cerca de 30 instituciones públicas y/o privadas en todo el país, particularmente a población dispersa ubicada en zonas periurbanas y rurales de todos los departamentos.

Con este aporte, el Ente Emisor continúa fortaleciendo la infraestructura de pagos del país, contribuyendo con acciones y políticas concretas a la transformación digital que en la actualidad se refleja en la regulación para la habilitación de canales digitales, la gratuidad en el procesamiento de transferencias electrónicas y la Calle Ayacucho esquina Mercado – Teléfono: (591-2) 2409090 – Fax: (591-2) 2661590

www.bcb.gob.bo – [email protected] – La Paz – Bolivia definición de un estándar único para la generación de códigos QR en todo el sistema financiero. Estas iniciativas han impulsado de manera significativa la inclusión financiera digital en Bolivia. Cabe destacar que este nuevo servicio se enmarca en la Ley N° 1670 del BCB y en el Reglamento de Cuentas Transitorias de Liquidación para Entidades o Empresas Públicas y Privadas en el Ente Emisor, que respaldan la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas para optimizar la gestión de pagos.

En los últimos años, las transacciones digitales en el país han experimentado un notable crecimiento como resultado de las políticas y proyectos impulsados por el Ente Emisor. Con la implementación de OpenBCB, se busca consolidar este avance, llevando la digitalización a más personas, empresas y comunidades, reafirmando así el compromiso del BCB con la modernización del sistema de pagos, la inclusión financiera y el desarrollo de servicios digitales accesibles, seguros y eficientes para toda la población boliviana.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, aseguró ayer que no garantiza el abastecimiento de combustible al 100% ante la falta de divisas.

Dorgathen sostuvo que estos días se tendrá un suministro de entre 70 y 80% y que se estima que entre el viernes y sábado se restablezca a la totalidad.

En respuesta a las declaraciones de Dorgathen, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia declaró estado de emergencia y convocó a un ampliado en el que se analizarán las medidas a tomar.

“Cuando anuncia el presidente de YPFB de que en este caso ya no va a poder sostener por falta de economía, ¿Qué nos queda? Nosotros vivimos del combustible como transportistas, por esa situación nos declaramos en emergencia”, afirmó el secretario general de la confederación, Víctor Tarqui. 

Tarqui dijo que están “totalmente sorprendidos” con el anuncio y que, por ello, se convocó a las federaciones departamentales de emergencia para determinar opciones.

El dirigente no quiso dar una fecha del ampliado, pero señaló que será “inmediatamente” incluso vía telefónica para escuchar “directamente las opciones de las federaciones”.

Dorgathen informó que “no podemos garantizar el abastecimiento de combustible, mientras el Ministerio de Economía no me garantice los recursos” y que esta semana se tendrá un “bache” en la distribución, garantizando solo el 70% de abastecimiento de carburantes en el país, según el ejecutivo de la estatal petrolera.

La autoridad indicó que se necesita alrededor de 55 millones de dólares por semana. “Estuvimos entre 40 y 45 millones de dólares, lo que nos genera este bache, y en tres o cuatro días vamos a subir al 100%”, complementó.

Armin Dorgathen pidió a la población que quienes tengan el tanque lleno eviten hacer fila en los sectores de abastecimiento. “Para quienes estén con necesidad de carga de combustible, puedan cargar el combustible. Eso será por un par de días hasta que podamos asegurar recursos con el Ministerio de Economía”, finalizó. 

La Cámara de Transporte Pesado de Bolivia (CTB) consideró como un hecho “inaudito” e “inaceptable” que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no vaya a garantizar el abastecimiento de combustible.

La Gobernación de Cochabamba realizó ayer el lanzamiento de las actividades programadas para conmemorar el Día Internacional de la Reducción del Riesgo, que se recuerda el próximo 13 de octubre.

El gobernador Humberto Sánchez pidió a la población estar preparada para afrontar los efectos del cambio climático, desastres naturales, incendios, inundaciones, vientos, heladas, que se manifiestan de manera imprevista a lo largo del tiempo. 

“Invitamos a toda la población cochabambina que sean parte de esta agenda de intervenciones, talleres, presentaciones, la población debe estar atenta para reducir los riesgos”, indicó.

Una de las actividades que se ha realizado en 2025 es la preparación de la población para una situación de sismos. Sin embargo, urge intensificar la preparación.

En tanto, el gerente de Campo de Save the Children Bernardo Ponce señaló que, este año, la temática del Día Internacional de la Reducción del Riesgo, es invertir en resiliencia, consolidar medidas para prevenir los fenómenos adversos, afrontando los efectos del calentamiento global, en una tarea conjunta entre autoridades e instituciones.

“Debemos preparar a las comunidades, trabajar con jóvenes y adolescentes, en el cuidado del medio ambiente, debemos comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza del riesgo, invertir en la reducción del riesgo, mejorar la preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción”, sostuvo. 

Más datos

En 2025, la jornada está destinada a reflexionar sobre las consecuencias de los desastres y la necesidad de invertir más en prevención que en los daños. 

El lema es “Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025: Invertir en resiliencia, no en desastres”

Los desastres cada vez son más frecuentes, más costosos, y más devastadores. A pesar de que los costos directos de los desastres aumentaron aproximadamente a 202 billones de dólares anuales, el Informe Global del estado de la reducción del riesgo de desastres 2025 estima que el coste real es 11 veces mayor, a casi 2.3 trillones de dólares.

Tras la ampliación del plazo que realizó la Alcaldía de Cochabamba por 15 días, decenas de conductores realizan ahora una nueva fila para realizar la inspección ambiental y evitar la multa económica. Gran parte madruga y hace fila esperando que el punto de inspección abra y revise los motorizados. 

En los últimos días, la fila abarca más de tres cuadras del parque Excombatientes, donde se hallan los talleres de inspección de la Unidad de Gestión Atmosférica. 

Los conductores observan que solo se tenga un punto de inspección para todo el parque automotor del municipio y que sólo los particulares tengan que apersonarse al punto de revisión para cumplir con este requisito que busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero, en los motorizados que funcionan con combustibles fósiles. 

Sin embargo, realizan la fila para obtener el certificado verde y pagan Bs 70 para acceder al control con el propósito de evitar la multa de Bs 250 por no contar con la certificación. 

La concejala Silvia Soliz, del MAS, observó la aplicación de la normativa porque se trataría de una segunda revisión técnica, porque la Policía realiza una inspección anual. Además, cuestionó el cobro de Bs 70 y las multas, porque considera que se trata de un atentado contra la economía. 

Soliz anunció ante los medios de comunicación que solicitará un informe al Ejecutivo municipal sobre la nueva normativa, los cobros y multas que se fijaron y pidiendo que se amplíe el proceso de socialización.

Ante esta situación, el vocero de la Alcaldía, Mauricio Noya, informó que el municipio tiene entre sus competencias el control de la emisión de gases contaminantes al medio ambiente. Y, precisó que los vehículos desde 2022 no se encuentran obligados a someterse a esta inspección. Sin embargo, los motorizados antiguos, por debajo de 2022, están obligados a realizar la inspección.

La Alcaldía de Cochabamba, mediante un memorial presentado ante el Ministerio Público, solicitó la emisión de una orden de aprehensión contra Tatiana Herrera, exdirectora de Género Generacional de la Alcaldía, informa una nota de IN Noticias.

La exfuncionaria edil es objeto de investigación debido a supuestos actos ilegales como presunto tráfico de influencias y cobros irregulares por accesos a cargos en el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

El memorial, firmado por un funcionario del Departamento  de Procesos Civiles y Penales del GAMC y dirigido a la Fiscalía especializada en delitos de corrupción justifica el pedido de emisión de una orden de aprehensión contra Herrera, en las faltas de la investigada a sus comparecencias convocadas por esa instancia del Ministerio Público.

La primera vez, el 24 de septiembre, la exfuncionaria se presentó a declarar ante la Fiscalía, pero sin su abogado, por lo que su declaración no tuvo lugar.

La cita fue reprogramada para el lunes 6 de octubre y Herrera “no compareció”, como se constata en la “revisión de antecedentes”, refiere el memorial.

Desde la Alcaldía recordaron que Tatiana Herrera fue desvinculada tras una gestión marcada por denuncias de cobros irregulares, presunto armado de casos y tráfico de influencias. Además, se investiga si la exfuncionaria habría obtenido beneficios personales en razón de su cargo.

El municipio reiteró que acompañará las investigaciones del Ministerio Público “para que este caso no quede en la impunidad y se sienten precedentes frente a cualquier hecho de corrupción dentro de la administración pública”, refiere IN Noticias.

El Comité en Defensa de la Canasta Familiar ratificó que se mantendrá movilizado hasta lograr la regulación de los precios también de otros productos de primera necesidad.

El Comité en Defensa de la Canasta Familiar (Codecaf) advirtió que intensificará sus medidas de presión si el Gobierno no participa del diálogo con la industria oleaginosa, en medio del conflicto por el incremento del precio del aceite.

Esta organización anunció que se mantiene en “estado de alerta máxima” y convocó a la ciudadanía a movilizarse este lunes 6 de octubre en instalaciones de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM).

El Codecaf inició sus protestas el pasado 22 de septiembre, con un bloqueo en rechazo al incremento del aceite, producto básico de la canasta familiar. Según la dirigencia, la Resolución Biministerial 004/2025, firmada el 28 de julio y que fijó un precio de referencia de 18.50 bolivianos por litro, no logró frenar la especulación en los mercados populares.

Tras esa medida, el Comité abrió un espacio de diálogo con la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob).

El encuentro, previsto inicialmente para el jueves 2 de octubre, fue reprogramado por la Caniob para el lunes 6. Sin embargo, la notificación incluyó la ausencia de representantes del Gobierno, lo que generó malestar en la dirigencia.

Marcia Torrico, dirigente del Comité, pidió la participación ciudadana en la reunión del lunes. “No podemos permitir que el pueblo cargue en sus espaldas la crisis económica que el Gobierno está provocando”, declaró.

En la misma línea, otra representante advirtió que, de no lograrse avances, se recurrirá a nuevas medidas de presión.

El Codecaf ratificó que se mantendrá movilizado hasta lograr la regulación de los precios no solo del aceite, sino también de otros productos de primera necesidad.