Los pobladores de Cotapachi, al sur de Quillacollo, tomaron ayer la Asamblea Legislativa Departamental y la Gobernación para exigir la aprobación de una ley para el asfaltado de cinco kilómetros, de Caico hasta el calvario. No dejaron entrar ni salir a las personas que hacían trámites ni a los funcionarios por más de nueve horas.

Los policías que resguardaban las instalaciones fueron rebasados por los manifestantes que instalaron una vigilia en el interior y en las afueras de las instituciones, en ex Cordeco.

El representante del Control Social del Distrito 6 de Quillacollo, Bernardo Almaraz, aseguró que desde hace seis años intentan consolidar el proyecto que no sólo beneficiará a Quillacollo, sino también al Cercado por la ruta Caico-Cotapachi.

El sector pide el asfaltado de 5,4 kilómetros con un presupuesto de Bs 16 millones. La vía pasa por nueve comunidades de la central regional de Cotapachi, donde viven más de 7 mil familias que se dedican a la producción de leche y a la agricultura.

“Cuestionamos que se destinen recursos para otras obras cuando este asfalto ya se lo pide desde hace varios años. Además, ayudará a descongestionar la avenida Blanco Galindo hacia el occidente del país”, aseguró.

Los comunarios solicitaron una reunión con los asambleístas para exigir el proyecto. Sin embargo, estos estaban en la Cumbre del Agua y en el Comité Departamental de Niños Niñas, Adolescentes. El presidente Juan Carlos Irahola estaba en el Tipnis y se prevé una reunión a primera hora de hoy.

Leyes

El ejecutivo de la Regional Central Cotapachi, Lucio Padilla, dijo que se realizaron varias reuniones con el asambleísta Irahola y no cumplieron los acuerdos. Además, la Alcaldía de Quillacollo también emitió una ley, en marzo, en la que se menciona que la vía de Cotapachi es una red primordial.

Aseguró que la Alcaldía de Quillacollo tiene garantizada una inversión de 8 millones. “Cada que hay bloqueos, los vehículos toman esta vía, pero, lamentablemente, dejan una polvareda terrible. Tenemos productores en toda la zona y esos mismos productos estamos llevando con polvo a la ciudad”, dijo.

El alcalde de Tarata, Daniel Vallejo, indicó ayer que se trabaja en un plan de cierre del botadero que está ubicado en la franja de seguridad del río Ch’akimayu o Seco, uno de los afluentes cercanos a la represa de La Angostura.

“El plazo máximo para que ya no existan botaderos a cielo abierto es el 2026, y nosotros estamos en ese margen. Tarata como muchos municipios ha heredado este problema, pero estamos trabajando en la mitigación y en el cierre definitivo”, comentó.

Vallejo se pronunció luego de que el pasado miércoles el asambleísta Rodrigo Valdivia, dos concejales de Tarata y vecinos denunciaran que la basura depositada  en el vertedero atenta contra el medioambiente y la salud de los pobladores.

“Los botaderos a cielo abierto generan contaminación, pero es una herencia que tenemos de hace 20 años. Estamos remitiendo los informes de análisis de suelo y agua para ver este tema”, afirmó.

Vallejo remarcó que la basura se deposita en la franja del río y que se implementó defensivos ecológicos para evitar el desborde del afluente en época de lluvias.

Sostuvo que Tarata espera beneficiarse de un proyecto que pretende implementar un complejo de basura  en la región del valle alto.

La  secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, Dora Claros, informó que se inició un proceso administrativo a la Alcaldía de Tarata por la ubicación del botadero y recordó que los municipios tienen tres años para mejorar la gestión de los residuos sólidos.