Las tareas de limpieza en la cuenca de Bajo Llojeta demorarán al menos dos meses, informaron desde la Dirección de Emergencias de la Alcaldía de La Paz.

Señalaron que deben limpiar toda la tierra estancada. “Estimamos alrededor algo más de dos meses de trabajo por el volumen de deslizamiento. Sólo pedimos comprensión, no podemos habilitar la avenida Los Sargentos por estos motivos”, señaló Vladimir Vargas, director de Emergencias de la Alcaldía paceña.

El alcalde Iván Arias explicó a Los Tiempos que Bajo Llojeta sigue considerada como una “zona activa” por el riesgo de deslizamientos, aunque ya se realizaron obras civiles de contención.

Señaló que esperan el plan de contingencia de la empresa que realizó el movimiento de tierra; caso contrario, comenzarán los trabajos junto con la Alcaldía de Achocalla.

La Fiscalía de La Paz anunció que citará a los alcaldes de La Paz y Achocalla, Iván Arias y Manuel Condori, respectivamente, para que declaren en calidad de testigos, en el marco de las investigaciones por la mazamorra de la zona Bajo Llojeta.

“Estas autoridades exclusivamente tienen información pertinente que el Ministerio Público necesita analizar y valorar, para poder emitir exclusivamente los criterios dentro de la presente causa”, indicó a los medios el fiscal departamental Luis Carlos Torrez.

Policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y personal de la Fiscalía allanaron la tarde ayer las oficinas de la Alcaldía de Achocalla, en el marco de las investigaciones por la mazamorra en Bajo Llojeta, ciudad de La Paz.

El fiscal asignado a la investigación revisa y secuestra documentos que contribuyan a establecer responsabilidades. En imágenes de Bolivia TV se observa a un contingente policial ingresando al despacho del alcalde Manuel Condori.

Por su parte, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM – Bolivia) solicitó la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para atender y mitigar los riesgos que se generaron tras las precipitaciones en la zona Bajo Llojeta, de la ciudad de La Paz.

“Esta crisis requiere un compromiso coordinado (…), por lo que se propone: activación inmediata del COED, apoyo con dotación de alimentos y vituallas, rehabilitación y puesta en marcha de maquinaria y equipos de limpieza, y fortalecimiento del sistema de alerta temprana de los municipios colindantes”, detalla un comunicado de prensa.

Los vecinos  de la zona Santa Cecilia, en Bajo Llojeta, exigen que  las autoridades nacionales y municipales inspeccionen detrás del cementerio Los Andes donde la tierra acumulada puede deslizarse hasta la zona baja con una próxima lluvia, ocasionando otro desastre como la  del sábado en la noche.

Julio Gutiérrez, vecino de la zona, dijo que “más allá de las denuncias que se presentará a la Fiscalía, lo más importante es la magnitud y la carga de mazamorra que se viene y que está concentrado en esta zona. Las autoridades deberían venir y ver la raíz, no están viendo eso. Están más preocupados por las demandas y procesos que vendrán luego, que ir al punto donde está el problema principal. Las autoridades no hay venido a verificar ni a inspeccionar esta zona”, advirtió.     

A tres días del deslizamiento  en Bajo Llojeta, el lodo cubre  coches,  muebles y enseres. El nivel alcanza, por lo menos, las primeras plantas de la viviendas, cuyos ocupantes están alojados donde sus familiares.

Hasta ayer, cuantificaron 40 casas afectadas, seis viviendas sepultadas por el barro y seis familias damnificadas, además de una cantidad sin cuantificar de vehículos.

Lo más trágico fue la muerte de Camila, una niña de cinco años, y 14 personas heridas que aún se recuperan.

Denuncia de oficio

La Fiscalía de La Paz formalizó un proceso penal de oficio por el deslizamiento de mazamorra que cobró una vida y causó graves daños materiales en la zona de Bajo Llojeta. La investigación se abrió por delitos de estrago con agravante de haber causado la muerte de una niña de cinco años, indicó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez.

Alcaldía de La Paz

Desde la Alcaldía de La Paz se informó que el movimiento de tierras al río, 50 mil toneladas, fue realizado por una empresa que pretende ampliar un cementerio, bajo autorización del municipio de Achocalla.

“Lo que aquí ha ocurrido es que ha tapado la bóveda, todo eso ha ido bajando, otra vez la irresponsabilidad de la gente”, dijo el alcalde Iván Arias.

La inmobiliaria Kantutani, que es señalada como la culpable de la mazamorra que afectó a varias casas en Llojeta, La Paz, deslindó toda responsabilidad.

Aseguró que la tragedia ocurrió por el taponamiento de un embovedado. “Aclaramos que los sucesos que afectaron la zona Llojeta fueron generados por el taponamiento del embovedado en el río Pasajahuira, que se encuentra a 1,5 km del cementerio Los Andes, y no fueron producto de los movimientos de tierra”, dice parte de su  comunicado.

La pequeña Camilita iba a graduarse de kínder

La niña Camila tenía cinco años, había culminado el kínder y todo estaba listo para festejarla. Sin embargo, la sonrisa de la pequeña fue apagada tras la mazamorra que atrapó casas en Bajo Llojeta, La Paz, tras una intensa lluvia.

“Mi hija era la última, la más querida, la más consentida, la más alegre, ya estaba todo listo para su graduación, tenía su indumentaria”, relató Grover Mendoza, padre de la niña a Bolivisión.

La familia de Camila no vive en Bajo Llojeta, pero sus padres decidieron acudir al lugar a visitar a una de las tías. Durante el desastre, la pequeña Camila estaba tomada de la mano de uno de sus primos, pero la caída de una piedra causó su separación.

Más de cien familias de la  comunidad de San Julián, en  Santa Cruz, resultaron afectadas por las fuertes lluvias que provocaron el desborde e inundaron el distrito Villa Paraíso.

“Al momento, tenemos más de 100 familias que están afectadas y, como Gobierno municipal, sacamos a la población a los lugares secos, donde se puedan albergar y también se moviliza la maquinaria para la limpieza y el ensanchamiento de canales, para que bajen las aguas”, señaló el alcalde del municipio, Willy Calderón.

Apertura de zanja

La autoridad explicó que entre los sectores más críticos están el distrito Villa Paraíso, la comunidad La Florida, Epizana y Cotoca. La lluvia cayó el pasado viernes, y ante el avance de la riada, el sábado muy temprano los comunarios decidieron abrir una zanja de tres metros del pavimento para drenar el agua acumulada, que provenía del municipio de Cuatro Cañadas.

De acuerdo a la Unidad de Gestión de Riesgos  (UGR) del municipio de San Julián, las lluvias superaron los 100 milímetros de agua acumulada, e incluso casi 200 milímetros. Por lo que, los vehículos que requieran llegar hasta Trinidad deben realizar un desvío por la zona 3 de Mayo hacia Vallecito y salir a la Circunvalación San Julián Centro.

La Paz

La pronosticadora del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) Gielda Mamani afirmó que la temporada de lluvias en el altiplano ya comenzó y se prevé que se extienda hasta marzo de 2025.

La pasada semana, los municipios paceños de La Asunta y Luribay fueron afectados por desbordes.

“Tenemos un total de 1.440 familias que sufrieron las afectaciones en estos dos municipios, a causa de las riadas y mazamorras que están azotando en estas regiones afectadas”, informó el vocero de la Gobernación, Jesús Chura.

Alerta naranja

El país ingresó a la época de lluvias y desde el  Senamhi se alertó ayer que hasta mayo del próximo año podría concluir este fenómeno con el posible desborde de ríos.

El pronóstico fue emitido luego de que, en pasados días, varias regiones fueran sido afectadas por la crecida de las aguas, dañando cultivos y viviendas de algunos departamentos.

El tribunal del caso denominado “Golpe de Estado I” ha decidido este lunes un cuarto intermedio hasta el 6 de enero de 2025. En este caso los acusados presenciales son Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

La audiencia de este lunes no se pudo instalar debido a la ausencia de Pumari, quien no fue trasladado desde la cárcel de Cantumarca de Potosí hacia La Paz para esta audiencia. Asimismo, una de las jueces pidió licencia por su estado de gestación.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, explicó que no se trasladó a Pumari porque la notificación fue realizada el jueves por la tarde y no hubo tiempo para tramitar la logística respectiva.

En este caso, Camacho y Pumari están acusados de terrorismo, porque en 2019 encabezaron las movilizaciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales. Existen exjefes policiales y militares implicados, pero los mismos se encuentran declarados en rebeldía, dado que estarían fuera del país.