La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes una reforma constitucional enviada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele que permite las penas perpetuas de prisión para “homicidas, violadores y terroristas”.
“Vamos a ver quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, había dicho el mandatario. Bukele anunció la nueva medida tras la publicación de un informe elaborado por expertos juristas internacionales que acusa a su Gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción con el que lleva gobernando los últimos cuatro años.
“Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, establece la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados oficialistas, sus aliados e incluyendo dos de la oposición. La aprobación se dio sin estudio ni debate previo.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, llegó este martes al Parlamento controlada por Bukele a presentar las reformas constitucionales y dio un discurso en contra de las organizaciones que han denunciado violaciones a derechos humanos bajo su Gobierno: “Empezaron acá viniendo a hablar de víctimas, del derecho de las víctimas y crearon leyes del derecho de las víctimas para ir a terminar en el cuento de que la víctima era el imputado y el victimario un agente de autoridad. Cosa más absurda no puede haber. Pero ya les llegó su tiempo. Lo que estamos haciendo es de carácter irreversible”, ha dicho el ministro en una conferencia de prensa en el Congreso.
El artículo 27 de la Constitución salvadoreña prohíbe las condenas perpetuas, considerando que el sistema penitenciario está organizado con el “objetivo de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”. La jurisprudencia en ese país ya establece un límite de 60 años como máximo de cumplimiento de pena para un condenado, pero en diciembre de 2025 la Fiscalía publicó que logró condenar hasta por mil años de prisión a un grupo de pandilleros.
El ministro Villatoro dedicó su discurso completo en el Parlamento a atacar a organismos de derechos humanos. “Ahora vamos a ver a esas organizaciones defendiendo, como siempre, a criminales violentos, a violadores, asesinos de hombres, mujeres, terroristas y representantes de organizaciones criminales: el voto de ustedes no cuenta porque no tienen ninguna legitimidad soberana sobre este país. Y quisiera decírselos como ciudadano, pero tengo que respetar el cargo que me embiste. Simplemente les puedo decir: Váyanse al carajo”, dijo.
Luego de la publicación del informe que lo señala de delitos de lesa humanidad, el Gobierno emprendió una campaña durante todo el fin de semana en las redes sociales. Bukele, que no suele responder a publicaciones periodísticas, escribió enfurecido en su cuenta de X: “Estas organizaciones de “defensa de los derechos humanos, a las que muchos medios nacionales e internacionales [The Guardian, France 24, EL PAÍS, los medios de Open Society, entre otros] les están dando amplia cobertura, y que están siendo retomados por miles de periodistas, activistas y políticos locales y extranjeros, están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100% de los pandilleros capturados desde el inicio del Régimen de Excepción”.
