La exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, quedó aprehendida este lunes tras prestar declaración ante la Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas, ubicada en el barrio Las Palmas de Santa Cruz, en el marco de la investigación por el denominado caso maletas.

Rojas llegó acompañada de familiares y su equipo legal, y permaneció más de tres horas declarando ante una comisión de fiscales, inicialmente en calidad de testigo. A su llegada, respondió a los medios:

“Estoy acá firme, soy inocente”, mientras simpatizantes mostraban su respaldo con carteles frente a la Fiscalía.

El caso se centra en 32 maletas que, según imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto Viru Viru, fueron retiradas por la exlegisladora. Posteriormente, estas maletas fueron vinculadas con marihuana hallada en un galpón propiedad del juez Hebert Zeballos, quien ya se encuentra en detención preventiva por 120 días, acusado de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

El origen de la investigación se remonta a un allanamiento en un inmueble vinculado a un caso de tráfico de armas, donde se detectó la presencia de drogas. Ante los hechos, la Cancillería emitió un comunicado solicitando una investigación exhaustiva sobre cómo ingresaron las maletas al país sin la fiscalización correspondiente, y anunció acciones legales por el presunto uso de un pasaporte diplomático para evadir controles en la terminal aérea.

La audiencia contra el juez Zeballos estuvo marcada por incidentes procesales, cambios de sala y protestas de un grupo de mujeres que denunciaron al magistrado por supuestas libertades otorgadas a autores de delitos sexuales en otros procesos.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira anunció este lunes la reposición de dólares para pequeños ahorristas en todo el país, indica una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La determinación permite que las personas naturales como jurídicas que tengan cuentas en dólares, con saldos menores a 1.000 dólares al 31 de diciembre de 2025, podrán retirar del sistema financiero parte o la totalidad de sus fondos en efectivo y en la divisa estadounidense desde este martes 27 de enero.

El presidente Paz, junto al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, dio inicio a la reposición de los dólares en un acto celebrado este lunes en una agencia del Banco FIE en la ciudad de Potosí.

“Gracias a las bolivianas y bolivianos por creer en este Gobierno. Nosotros vamos a ir liberando estos dólares para que vuelvan a sus verdaderos dueños, a sus propietarios, al hombre y mujer trabajadora”, declaró el mandatario.

Esta medida de restitución de la divisa estadounidense para ahorristas con cuentas en dólares no es transitoria; tiene carácter permanente, es decir,  podrán retirar sus dólares cuando así lo dispongan. El Banco Central de Bolivia aprovisionará el efectivo a todas las entidades financieras del país.

Con esta disposición se busca flexibilizar las restricciones impuestas por el anterior Gobierno, permitiendo que el billete estadounidense vuelva a circular libremente en el mercado.

La disposición busca, en última instancia, desmontar el denominado “Estado tranca”, un modelo de gestión administrativa burocrática y restrictiva que, tras dos décadas de manejo ineficiente y una agudización de la escasez de divisas desde 2023, estranguló la circulación de la moneda estadounidense en el país. Con esta apertura, el Gobierno apuesta por una reactivación del flujo monetario para estabilizar la economía nacional.

El director general de la Gestora Pública, Vladimir Fernández Quiroga, confirmó que a partir de este lunes se inicia el pago mensual de Bs 150 correspondiente al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), creado para mitigar el impacto social y económico generado tras el levantamiento de la subvención estatal a la gasolina y el diésel.

En entrevista con el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, Fernández explicó que el pago se realizará de manera ordenada, de acuerdo con la fecha de nacimiento registrada en la base de datos de los beneficiarios de distintos programas sociales, como el Bono Juana Azurduy, Bono Juancito Pinto, Bono de Indigencia o Ceguera, Bono por Discapacidad Grave o Muy Grave y la Renta Dignidad para personas no rentistas.

Precisó que los beneficiarios podrán cobrar el bono en las entidades financieras habilitadas, presentando únicamente su cédula de identidad original y vigente, sin necesidad de formularios ni fotocopias adicionales.

El bono PEPE consiste en un apoyo económico temporal de Bs 450, distribuido en pagos mensuales de Bs 150, y alcanza a madres gestantes o con niños menores de dos años que reciben el Bono Juana Azurduy, así como a padres o tutores de estudiantes beneficiarios del Bono Juancito Pinto.

Desde el Gobierno se informó que el PEPE fue diseñado como una herramienta de protección social directa, transparente y accesible, con el objetivo de llegar a los hogares más vulnerables, evitando duplicidades, fraudes o confusión respecto a los beneficiarios y los mecanismos de acceso al beneficio.

La publicación de la lista de ciudadanos inhabilitados se realizará el jueves 5 de febrero en el portal web del Órgano Electoral Plurinacional y en el sistema de consulta “Yo Participo”. 

Los ciudadanos pueden ser inhabilitados por varias causas, entre ellas no haber votado en procesos electorales anteriores sin justificación, no cumplir con la obligación de jurado de mesa, inconsistencias o errores en sus datos personales, documentos inválidos, registros duplicados o fallecimiento. 

Esta medida busca garantizar la transparencia y la confiabilidad del padrón electoral, permitiendo que los ciudadanos verifiquen su situación y, en caso de encontrar un error, presenten reclamos dentro de los plazos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral, asegurando así que todos los habilitados puedan ejercer su derecho al voto de manera efectiva y segura.

Además de esa importante fecha, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanza con el cronograma oficial rumbo a las elecciones subnacionales fijadas para el 22 de marzo de 2026.

El pasado 21 de enero ya se se aprobaron los diseños de las papeletas por los tribunales departamentales, un paso fundamental que determina cómo aparecerán los candidatos y las organizaciones políticas en las boletas.

Hoy,  domingo 25 de enero, se publicarán los mapas de circunscripciones y la codificación electoral, información esencial para que los ciudadanos identifiquen su lugar de sufragio y conozcan la ubicación de las mesas donde deberán emitir su voto. 

Entre el 26 y 27 de enero, las organizaciones políticas y alianzas tendrán la oportunidad de revisar que sus candidaturas estén correctamente incluidas en los diseños de las papeletas.

El martes 3 de febrero, la Dirección Nacional del Servicio de Registro Cívico (Serecí) remitirá a los tribunales departamentales la lista de ciudadanos inhabilitados, que servirá como base para su publicación en la página web del Órgano Electoral Plurinacional. Ese mismo día y hasta el miércoles 4 de febrero, se enviarán también las listas de ciudadanos habilitados e inhabilitados a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación, con el objetivo de actualizar el sistema de consulta “Yo Participo” y permitir que cada ciudadano verifique su situación, la ubicación de su mesa de votación y su estado dentro del padrón electoral; la publicación se realizará el jueves 5 de febrero.

Inhabilitados

Entre el 5 y 8 de febrero, los tribunales departamentales y las direcciones del Serecí recibirán y atenderán reclamos de ciudadanos inhabilitados o no habilitados en el padrón electoral. Las resoluciones de estos reclamos se remitirán a la Dirección Nacional del Serecí el lunes 9 de febrero, y el procesamiento final de los casos se llevará a cabo entre el 10 y el 13 de febrero

Ese martes 10 de febrero también se publicará la lista de medios habilitados para la difusión de propaganda electoral, lo que permitirá que los votantes tengan acceso a información clara y transparente sobre las campañas de los partidos y candidatos.

Sustitución de candidaturas

El período para la sustitución de candidaturas inhabilitadas o renunciantes, según lo establece la Ley 026, se extenderá desde el viernes 6 de febrero hasta el miércoles 18 de marzo, garantizando que las organizaciones políticas puedan presentar listas completas antes de la fecha de las elecciones y evitando que los votantes se enfrenten a candidaturas incompletas o erróneas. 

Padrón electoral

Además, el 14 de febrero, el Serecí nacional entregará el padrón electoral biométrico oficial a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación del TSE, con el objetivo de actualizar el sistema “Yo Participo” y habilitar los sistemas electorales.

El domingo 15 de febrero se publicará la lista definitiva de candidaturas habilitadas, incluyendo las sustituciones por renuncia de los candidatos, mientras que el 17 de febrero se dará a conocer la convocatoria a la sesión pública para el sorteo de jurados de mesas de sufragio, garantizando la participación ciudadana en la organización de las mesas de votación. Finalmente, el miércoles 18 de febrero se entregarán las credenciales de acceso al padrón electoral biométrico a los tribunales departamentales, completando así la preparación logística de las mesas de sufragio y asegurando que el proceso electoral se desarrolle de manera ordenada, transparente y confiable.

Tres de cada 10 emigrantes bolivianos prefieren a Chile como destino preferido para encontrar mejores condiciones laborales y, según el Banco Central de Bolivia, ese país se ubica en el tercer lugar desde donde los connacionales envían remesas.

Pero detrás de las cifras se esconde una verdad que se conoció con los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), que muestra que los bolivianos se encuentran después de los haitianos en situación de pobreza.

Se calcula que son alrededor de 60 mil bolivianos que viven en Chile en esta categoría. Según la encuesta, hay una importante brecha en el índice de pobreza entre personas nacidas fuera de Chile, como se denomina a los emigrantes.

En este sentido, los haitianos ocupan el primer lugar con el 42,4%, seguidos de los bolivianos con 38,6 por ciento, más atrás se ubican los peruanos con 26,7%, los colombianos con el 23,4 %, los ecuatorianos con 22,9 % y los venezolanos con el 20%.

El estudio Casen es una encuesta que se realiza de manera regular en Chile desde 1987 con el objetivo de conocer periódicamente la situación socioeconómica de los hogares y de la población que reside en viviendas particulares.

En contrapartida, los primeros resultados de la encuesta Casen muestran una reducción en los índices de pobreza en Chile del 20,5 por ciento en 2022 a 17,3 por ciento en 2024.

Este descenso establece que unos 600 mil chilenos salieron de este segmento durante ese período.

Pese a esta tendencia general a la baja, la encuesta reveló que la pobreza se concentra en determinados grupos, particularmente en la población migrante.

Según los datos, la tasa de pobreza entre los nacidos fuera del país vecino alcanzó al 23,4 por ciento, unas 400 mil personas. Esta cifra representa una disminución respecto de 2022, cuando llegó al 25,6% y también frente a 2020, cuando se elevó a 34,4%, pero es un aumento en comparación con 2017, cuando era del 22,4 por ciento.

En términos absolutos, de los 392 mil emigrantes que viven en condición de pobreza, el 37,8 por ciento son venezolanos, lo que equivale aproximadamente a 148 mil personas; les siguen los peruanos, con 16,5 por ciento, es decir 64 mil personas; luego están los bolivianos con 15,3%, es decir 60 mil; colombianos con 11,4 por ciento, unas 45 mil personas; y haitianos con 8,3 por ciento, que equivale a unas 32 mil personas.

Para entender esta encuesta, en Chile la situación de pobreza significa no poder satisfacer necesidades básicas, que se mide por dos vías complementarias: la pobreza por ingresos, es decir que son insuficientes para una canasta de consumo; y la pobreza multidimensional o carencias en educación, salud, vivienda, trabajo, etc.

Ambas medidas, con la encuesta Casen, reflejan una realidad más compleja que sólo el ingreso de recursos, pues incluye la falta de oportunidades y vulnerabilidad social.

La pobreza por ingresos se determina cuando los recursos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, bienes y servicios esenciales para vivir dignamente.