Empresarios valoran las medidas de ajuste económico

Mediante sendos comunicados, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) reconocieron la necesidad de las medidas implementadas por el Gobierno, entre ellas levantar la subvención a los hidrocarburos, pero expresaron su inquietud respecto al incremento del Salario Mínimo Nacional a 3.300 bolivianos.

Por un lado, la CEPB expresa su apoyo a “la decisión de aplicar medidas de ordenamiento estructural para evitar un agravamiento de la crisis que, en poco tiempo más, habría llevado a nuestro país a un colapso económico inmanejable.”

“El levantamiento de la subvención a los combustibles permite disminuir el insostenible déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas y enfrentar el creciente contrabando. La decisión de aplicar un incremento homogéneo e inmediato en los precios va a tener efectos complejos sobre la economía de todos, sin embargo, es una medida necesaria y urgente que el país debe asumir”, señala.

Asimismo, manifiesta que valora “las disposiciones contenidas en el DS 5503 sobre otros temas de interés nacional para la recuperación y reactivación económica”.

“Estas disposiciones, junto a otras medidas normativas y administrativas que debieran tomarse a la brevedad posible, constituyen una base importante para liberar las barreras que afectan a los sectores empresariales y generar resultados importantes en el mediano plazo”, señala.

No obstante, expresa que la “determinación unilateral” de incrementar el salario mínimo nacional “tendrá efectos severos sobre la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre la generación y sostenibilidad del empleo formal”.

Finalmente, los empresarios pidieron a la sociedad “actuar con cautela, responsabilidad y comprensión para evitar la profundización de la crisis, que sería inevitable si no se asumen acciones estructurales”.

“Las consecuencias de la crisis no pueden ser asumidas solo por los ciudadanos. El sector político y los servidores públicos deben dar muestras claras no solo de capacidad y decisión, sino también de austeridad, prudencia y responsabilidad”, añadió.

Industriales

Por su parte, los industriales reconocen que las medidas “responden a la necesidad de evitar una crisis económica mayor” y expresan su disposición a coadyuvar “con decisiones responsables que contribuyen a la recuperación económica, la producción nacional y la defensa del empleo formal”.

Además, piden encarar un diálogo para evitar el aumento del desempleo y la informalidad y también de la aplicación del incremento del salario mínimo nacional, considerando la realidad de las grandes, medianas y pequeñas empresas.

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Viceministro Criales observa que COR y Fejuve no reclamaban contra Arce y ahora quieren trancar a Paz

El viceministro de Transporte, Hugo Criales, proveniente de El Alto, criticó la actitud de organizaciones sociales como la Central Obrera Regional (COR) y la Fejuve, porque considera que no reclamaban contra el Gobierno de Luis Arce, pero ahora pretenden generar una reacción social y trancar a la administración de Rodrigo Paz.

Manifestó que, hace seis meses, esas organizaciones no decían nada, como si viviésemos en la Isla de la Fantasía, pero en realidad hace dos años que se sufría la escasez del combustible y la falta de dólares.

“Yo nunca los he escuchado los de la Fejuve, a los de la COR, a cualquier otro sector social salir a reclamar o decir algo al expresidente Arce. Nunca lo he escuchado”, manifestó Criales a ERBOL.

Criticó que ahora esas organizaciones aparezcan queriendo trancar al nuevo Gobierno tiene 40 días y pretende reencaminar al país con medidas económicas.

 

“Esto yo veo con intereses oscuros. Aquí hay gente que está queriendo manipular por temas políticos. Es un tema netamente social, es un paquete económico que ha lanzado el señor presidente. Es netamente social no tiene no es político. Lo queremos volver político”, denunció.

Criales excluyó al transporte de sus críticas, pero consideró extraño que otras organizaciones sociales no hayan dicho nada cuando subían los precios de los alimentos en los 20 años anteriores.

 

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Con los plazos en contra, la ALP sesiona este viernes para elegir a los nuevos vocales del TSE

Con los plazos en contra y ya una primera postergación, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesionará este viernes con el objetivo de elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La sesión había sido convocada para las 9 de la mañana de este viernes; sin embargo, ante la ausencia de una gran parte de los legisladores, el vicepresidente del Estado y presidente de la ALP, Edmand Lara, decidió postergar su inicio hasta las 11.

“Vamos a dar un plazo para que pueda constituirse y vamos a reprogramar para las 11 de la mañana. Espero todos hagan un esfuerzo de estar acá, los plazos ya están en contra”, afirmó Lara.

Y es que hoy es el día clave para el futuro de las elecciones subnacionales y el escenario electoral bolivianos.

 

Los actuales vocales del TSE- Óscar Hassenteufel, Francisco Vargas, Tahuichi Tahuichi Quispe, Yajaira San Martín Crespo, Nelly Arista Quispe, Nancy Gutiérrez- culminan su gestión este mismo 19 de diciembre y sus reemplazantes deberían jurar en el cargo hasta este 20 de diciembre, según lo dispuesto por Ley.

En ese sentido, la ALP – que entra en receso parlamentario a partir del lunes- tiene la misión de elegir a los seis nuevos vocales del TSE entre 259 postulantes habilitados, según informó la Cámara de Diputados.

El proceso de preselección de candidatos se desarrolló desde el 4 de diciembre, con 12 fases: la convocatoria, la presentación de postulaciones con 440 aspirantes, la revisión de requisitos habilitantes, la presentación de listas de habilitados e inhabilitados a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su publicación, la resolución de 83 impugnaciones, la evaluación de méritos, conocimientos y probidad de 364 aspirantes y la posterior revisión de 133 recursos de reconsideración.

Según conoció el portal Oxígeno, en la ALP ya habría consensos internos para viabilizar la elección de los seis nuevos vocales del TSE.

Por otra parte, en la Agenda del Día para la sesión de la ALP se consigna la “aprobación de la resolución que recomienda la designación del séptimo vocal del TSE”.

Por Ley, el séptimo vocal del TSE es nombrado directamente por el presidente del Estado, esn decir, Rodrigo Paz.

En este momento ese lugar en la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral está ocupado por Gustavo Ávila, quien fue nombrado por el anterior presidente Luis Arce. En ese entendido, Paz tiene la facultad de ratificarlo o cambiarlo por otra persona de su confianza.

Por otro lado, otros procesos que deben también completarse es el de la elección de los vocales para los tribunales electorales departamentales, quienes también culminan su gestión este viernes 19 de diciembre.

En ese sentido, la Cámara de Diputados convocó a sesión para las 15:00 horas con el objetivo de designar a los vocales para los Tribunales Electorales Departamentales, según su orden del día.

Los nuevos vocales tendrán la primera misión de realizar las elecciones subnacionales ya convocadas para el 22 de marzo del 2026.

Eso sí, la hipotética imposibilidad de elegir a los nuevos cocales, ya sea del TSE o alguna TED, pondría en riesgo el desarrollo de los comicios.

 
 

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Lixiviados: el riesgo que amenaza desde los botaderos en Cochabamba

La discusión sobre los botaderos y los llamados rellenos sanitarios en Cochabamba suele concentrarse en la acumulación de basura y los conflictos sociales que genera su operación. Sin embargo, detrás de estos espacios existe un problema ambiental de mayor impacto y larga duración, los lixiviados.

Se trata de líquidos altamente contaminantes que se generan por la descomposición de los residuos y que, sin un tratamiento adecuado, terminan afectando ríos, suelos y fuentes de agua subterránea.

El coordinador de la Unidad de Cuencas de la Gobernación de Cochabamba, Oscar Zelada, advierte que muchos de los espacios que funcionan como rellenos sanitarios no cumplen con las condiciones técnicas necesarias.

“En la mayoría de los casos, algunos que los llaman los mal llamados rellenos sanitarios, porque un relleno es como tapar la basura con el tema de la tierra, y lamentablemente es un pasivo ambiental que te va a durar 20 años, 30 años en esa situación”.

El principal foco de preocupación, según Zelada, es el manejo de los lixiviados.

En botaderos ubicados en zonas de ladera, como Cotapachi (donde están los sitios de disposición de basura de Colcapirhua, Quillacollo y una celda de la empresa Tunqui), en el Valle Bajo del departamento, aunque en muchos casos estos líquidos se intentan contener en lagunas, existe un excedente que no logra ser controlado.

Zelada sostiene que “la mayoría de la cantidad de los lixiviados tratan de contener en lagunas, pero existe un excedente que sí va a los ríos”, lo que representa un riesgo directo para los cursos naturales de agua.

Para dimensionar la gravedad del problema, el Coordinador de Cuencas comparó la carga orgánica de los lixiviados con otros tipos de aguas contaminadas. Explica que las aguas residuales domésticas tienen en promedio entre 400 y 500 miligramos por litro de carga orgánica, mientras que las industriales alcanzan entre 1.000 y 1.200 miligramos por litro. En contraste, los lixiviados presentan concentraciones mucho más elevadas. “Estamos entre 15 mil a 20 mil miligramos por litro en carga orgánica”, aseveró.

Esa diferencia convierte a los lixiviados en una fuente de contaminación extrema. Zelada advierte que la filtración hacia un curso natural genera un impacto severo en los ecosistemas acuáticos y en la disponibilidad de agua.

“No hay vida y fundamentalmente es algo que pueda perjudicar el tema de autoabastecimiento”, afirma, refiriéndose a las fuentes de agua cercanas a los botaderos.

El riesgo se extiende a los pozos ubicados en zonas próximas a ríos y botaderos. Según explica, muchas de estas aguas empiezan a infiltrarse y, cuando se contaminan, el daño es irreversible.

“El agua que entra, en el caso de contaminación, es agua que ya no se puede recuperar, y la población, obviamente, es vulnerable ante esta situación”.

En días anteriores, durante una inspección a los botaderos en Cotapachi, los comunarios de la zona denunciaron la afectación a sus pozos de agua, entre otros.

Zelada considera que el tratamiento de lixiviados en Cochabamba es insuficiente y que el enfoque municipal se limita a disponer y cubrir la basura.

“Lamentablemente, en el caso de los rellenos sanitarios, los municipios ven más cómo voy a llevar mi basura y cómo la voy a tapar, pero nadie habla de los lixiviados, que es el mayor problema”.

Ante este escenario, el coordinador plantea la necesidad de aplicar tratamientos especializados y tecnologías actualizadas. Sostiene que existen plantas capaces de tratar lixiviados y devolverlos en condiciones adecuadas, aunque son costosas. Aun así, remarca que su implementación es necesaria, junto con procesos de selección de residuos y una gestión integral de la basura.

Zelada también hace referencia a experiencias internacionales donde los residuos son aprovechados de manera más eficiente, aunque cuestionó la falta de propuestas concretas adaptadas al contexto local.

Durante la inspección de una comisión interinstitucional en Cotapachi, los técnicos y autoridades observaron la falta de un tratamiento adecuado de lixiviados en los distintos botaderos del sector. Las aguas oscuras, al margen de los puntos donde existen geomembranas, también forman charcos y una especie de pozas en algunos sectores.

Conforme a normativa, estos aspectos deben ser contemplados en el marco del cierre técnico de los botaderos, cuyo plazo vence en mayo de 2026.

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Tras Decreto 5503, hay caos y precios elevados en Cochabamba

Los letreros con el pasaje elevado en los vehículos de transporte masivo en la ciudad de Cochabamba fueron solo parte de los primeros efectos. Tras la aprobación del Decreto 5503, hay caos y precios elevados.

La noche del 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz anunció una serie de medidas económicas.

Entre las disposiciones se incluyó quitar la subvención a los hidrocarburos. Además, anunció que el salario mínimo nacional subirá a 3.300 bolivianos desde el 2 de enero de 2026; esto representa un incremento del 20%. En el ámbito social, comunicó que la Renta Dignidad se incrementará a 500 bolivianos mensuales y que se creará un programa extraordinario de protección y equidad, que entregará 200 bolivianos cada cuatro meses a madres, padres y tutores sin aportes contributivos, hasta 600 bolivianos anuales. Por otro lado, garantizó la continuidad del Bono Juancito Pinto 2026, con un monto de 300 bolivianos.

En Cochabamba, desde que se dio el anuncio, las estaciones de servicio se llenaron, generando filas de vehículos para la carga de combustible. 

Además, desde la mañana de este jueves, transportistas del sector masivo determinaron subir el pasaje. El costo del pasaje único en la ciudad era de 2.5 bolivianos, pero empezaron a cobrar más, anunciando los costos con letreros. 

Entretanto, los mercados se llenaron de compradores, sobre todo de abarrotes.

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Surtidores atienden de manera “regular y continua”

Tras sostener una reunión con autoridades del Gobierno, la Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) afirmó que restablecerá el servicio y comercializará desde este jueves el combustible con los nuevos precios establecidos.

En un comunicado, la Asosur informó se lograron superar los “problemas técnicos”, llegando a un acuerdo común que permite restablecer el abastecimiento de manera “regular y continua” de combustibles líquidos en el país.

“A partir de la fecha, las estaciones de servicio iniciarán la comercialización de combustibles con los nuevos precios establecidos, manteniéndose Asosur nacional en estado de seguimiento permanente a los compromisos asumidos, en resguardo de la sostenibilidad del sector y del normal abastecimiento a la población”, añade el documento.

Poco después de conocer los nuevos precios, el sector había advertido que el nuevo esquema, los márgenes y comisiones eran “insostenibles e irreales” para la gasolina especial, el diésel oil y el gas natural vehicular.

El Decreto Supremo 5503 fija que el precio de la Gasolina Especial ahora será de Bs 6,96 por litro, el Diésel oil a Bs 9,80 por litro, la Gasolina Premium a Bs 11 por litro, entre otros.

Los ajustes dispuestos ocasionaron el rechazo de los sectores del transporte público y anunciaron movilizaciones desde este viernes.

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Trump planea revisarles las redes sociales a los turistas

Más visitantes se verán obligados a revelar su actividad virtual según los nuevos planes de la administración estadounidense. Es la última de una serie de medidas dirigidas a turistas y residentes de origen extranjero.

Los ciudadanos de países considerados tradicionalmente aliados de bajo riesgo de Estados Unidos pronto tendrán que proporcionar información sobre sus cuentas en redes sociales al llegar al país.

Según los planes anunciados esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los viajeros de 42 países, entre ellos Alemania, Israel, Australia y Japón, estarán sujetos al mismo escrutinio riguroso que el resto del mundo.

Hasta ahora, los viajeros de estos 42 países disfrutaban de una exención de visado, lo que significa que podían viajar a Estados Unidos durante un máximo de 90 días sin solicitar visa, siempre que obtuvieran la autorización a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viajes (ESTA). Las nuevas propuestas significan que es probable que los viajeros pronto se vean obligados a compartir su historial en las redes sociales, sus números de teléfono y sus direcciones de correo electrónico como parte del proceso de autorización de viaje.

El DHS afirmó que la propuesta, que según se informa entrará en vigor el 8 de febrero de 2026 a menos que se impugne previamente ante los tribunales, tiene su origen en la orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que apunta a que las personas que lleguen al país sean “investigadas y controladas al máximo”. Esta medida se produce tras el anuncio del Departamento de Estado hecho en agosto, que señala que todos los titulares de visados estadounidenses serían objeto de una “investigación continua”, incluso en las redes sociales.

¿CÓMO FUNCIONARÍA LA VERIFICACIÓN DE REDES SOCIALES?

Los viajeros deberán proporcionar en sus formularios de entrada los nombres de usuario de las redes sociales y los números de teléfono utilizados en los últimos cinco años, así como las direcciones de correo electrónico de los últimos diez años.

En teoría, el Gobierno de EEUU solo podría ver la información disponible públicamente, a menos que recopile más datos directamente de las empresas de redes sociales, algo que no se ha mencionado como posibilidad en la documentación. Sin embargo, sí se indica que los datos biométricos y una serie de datos personales sobre los familiares de los solicitantes se añadirán a los requisitos de entrada cuando sea factible.

La logística de supervisar activamente un número tan elevado de cuentas plantea una serie de preguntas, como explicó a DW David Ellis, experto en comportamiento digital de la Universidad de Bath, Inglaterra. “¿Cómo van a gestionar todos esos datos? ¿Solo les interesa lo que dices o también lo que consumes?”, se pregunta Ellis, que también es miembro del Instituto de Seguridad Digital y Comportamiento.

“La mayoría de la gente no dice mucho en Internet, pero es obvio que todos vemos contenidos en línea con los que no estamos de acuerdo, o que no nos interesa ver. Entonces, ¿cómo distingue [el Gobierno de EE. UU.] entre lo que es una señal de alarma y lo que simplemente se te ha mostrado y has visto durante tres segundos?”.

¿QUÉ BUSCARÁ EEUU EN LAS PUBLICACIONES DE LOS TURISTAS?

La orden ejecutiva que dio lugar a la propuesta cita la preocupación por el terrorismo como motivo para aumentar la atención sobre las personas procedentes del extranjero. “Estados Unidos debe garantizar que los extranjeros admitidos y los extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos no tengan actitudes hostiles hacia sus ciudadanos, su cultura, su Gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales, y que no defiendan, ayuden o apoyen a designados como terroristas extranjeros y otras amenazas para nuestra seguridad nacional”, reza el texto.

Para Ellis, expresiones como “actitudes hostiles” son peligrosamente ambiguas y podrían utilizarse contra personas que han dado “me gusta”, visto o compartido algo con lo que tal vez ni siquiera estén de acuerdo.

“Podrías mirar el historial de TikTok de alguien y ver que ha visto un vídeo que promovía opiniones extremas, pero solo lo ha visto durante un segundo. ¿Es eso mejor que si lo hubiera visto durante 30 segundos?”, preguntó. “Desde el punto de vista ético, deberían dar una justificación, pero podrían limitarse a decir ‘no nos gusta tu uso de las redes sociales’ para ponerle las cosas difíciles a las personas que quieren venir al país con buenas intenciones”.

No hay ninguna referencia específica a lo que impediría a una persona entrar en Estados Unidos. Una pista podría estar en la política de captura y revocación del Gobierno estadounidense, que tiene por objeto identificar y expulsar a los extranjeros que infrinjan la legislación estadounidense, independientemente de la gravedad de la infracción.

El programa utiliza herramientas de vigilancia basadas en inteligencia artificial para controlar a los extranjeros en EE. UU. mediante el seguimiento de su presencia en las redes sociales y en las protestas. Expertos en derecho y grupos de defensa de los derechos humanos han advertido que el programa se centra especialmente en las personas que parecen expresar su apoyo a organizaciones terroristas designadas por EEUU, como Hamás o Hezbolá, cuando defienden los derechos de los palestinos.

Ellis sospecha que, con la nueva propuesta, se utilizará una tecnología similar, si no la misma, para los turistas. “Los recursos necesarios para revisar todo manualmente son simplemente imposibles de conseguir. Tendrán que utilizar consultas específicas. Habrá un enorme costo financiero y medioambiental, se decida lo que se decida. Me pregunto hasta qué punto se ha pensado en ello y a cuánta ‘gente mala’ se atrapará realmente”, añadió.

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Choferes federados de la ciudad de La Paz anuncian nuevas tarifas: minibús a Bs4,50 y Bs5,50

En ampliado de emergencia, la Federación de Choferes Chuquiago Marka, en la ciudad de La Paz, ha decidido este viernes implementar una nueva escala de “tarifas revolucionarias”, debido al ajuste de los precios de los combustibles que determinó el Gobierno.

El dirigente Santos Escalante indicó que en minibuses la nueva tarifa es de Bs4,50 en el tramo corto y Bs5,50 en el largo.

En los buses, la federación decidió una tarifa de Bs3 en el tramo corto y de Bs3,50 en el largo. Mientras tanto, en los trufis se cobrará Bs3,50 en el corto, Bs4,50 en el medio y Bs6,50 en el extralargo.

El dirigente Escalante, en entrevista con Red Uno, manifestó en horas de la mañana que esta escala de tarifas rige desde el ampliado y que se socializa con las bases.

Acusó al Gobierno de generar esta situación. Reprochó a las autoridades porque, según señaló, les habían dicho a los choferes que se convocarían a los sectores antes de tomar esta decisión del ajuste.

 

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Camacho: ‘Son medidas difíciles pero necesarias si queremos salvar a Bolivia’

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que las recientes medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno nacional son “difíciles pero necesarias” para enfrentar la crisis económica y reencaminar al país.

En un post publicado en sus redes sociales, Camacho sostuvo que las decisiones adoptadas eran inevitables para que la economía boliviana comience a recuperarse, tras lo que calificó como un “camino desastroso” heredado de la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Son medidas difíciles pero necesarias si queremos salvar a Bolivia del camino desastroso que nos dejó el MAS”, publicó el gobernador, cuya agrupación formó una alianza electoral con el partido de Rodrigo Paz para las elecciones subnacionales.

Agregó que “hemos llegado al fin de las subvenciones de los combustibles, un mecanismo que lamentablemente empobreció al país y generó mucho contrabando y corrupción”.

El gobernador remarcó que las medidas no se limitan únicamente al retiro de la subvención a los carburantes, sino que incluyen acciones de carácter social orientadas a mitigar su impacto en la población, como el incremento salarial y el aumento de la Renta Dignidad, destinada a proteger a los adultos mayores.

Camacho indicó que, si bien las decisiones generan preocupación en la ciudadanía, son necesarias para frenar la crisis económica, poner fin a las filas en los surtidores de combustibles y reactivar la economía nacional.

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Paz retira subvención; gasolina sube a Bs 6,96 y sueldo mínimo a Bs 3.300

A través de un decreto denominado “de  emergencia económica”, el presidente Rodrigo Paz  eliminó anoche la subvención a los combustibles líquidos.

La  norma se publicó en la Gaceta Oficial y fija nuevos precios para los combustibles, los cuales se mantendrán vigentes por un periodo inicial de seis meses.

Los nuevos precios son: 

“Gasolina Especial, Bs 6,96 por litro. Diésel, Bs 9,80 por litro Gasolina Premium, Bs 11,00 por litro. Gasolina de Aviación, Bs 10,57 por litro Kerosene, Bs 5,64 por litro Jet Fuel, Bs 10,74 por litro Gas Oíl, Bs 5,69 por litro GLP, Bs 22,50 la garrafa”.

Aunque en su mensaje a la nación emitido anoche Paz  no dio cifras, minutos después a través de Unitel,  el   ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, detalló la nueva escala de precios.

El “Decreto por la Patria” determina que la gasolina especial costará Bs 6,96; la gasolina premium, Bs 11 y el diésel, Bs 9,80. 

Como medidas de compensación, Paz, que estuvo acompañado de su gabinete durante el mensaje, informó de un incremento del salario mínimo a Bs 3.300, de la Renta Dignidad a Bs 500 y del Bono Juancito Pinto a Bs 300.

Certidumbre

Durante su discurso, el mandatario defendió la decisión, señalando que el objetivo central es garantizar abastecimiento y dar certidumbre a la economía. 

“Tomamos una decisión central: proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y los combustibles, con precios claros y abastecimiento garantizado”, afirmó y sostuvo que el país debe enfrentar la realidad del sector energético. “Como dicen en la calle, nos tenemos que sincerar con los hidrocarburos”, dijo que aseguró que, de paso, se facilitará las importaciones de diésel y que este combustible será retirado de la lista de sustancias controladas. 

“Vamos a asegurar abastecimiento de manera continua para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos del país”, remarcó.

Redistribución

El jefe de Estado señaló que la eliminación de subsidios responde a distorsiones heredadas. “La quita de subsidios, mal diseñados, necesita una redistribución real”, afirmó y adelantó que los recursos adicionales generados por la estabilización de los precios de los hidrocarburos se distribuirán de manera equitativa.  “A diferencia del pasado, se van a distribuir 50-50 entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Esto garantiza que el esfuerzo de todos se traduzca en mejores servicios para la población”, aseguró Paz. Como medidas complementarias, Paz anunció que el salario mínimo nacional se fijará en Bs 3.300, un incremento del 20 % que regirá desde el 2 de enero. 

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