Los ciudadanos cochabambinos saben que el 15 de diciembre deben acudir a votar a los recintos más cercanos a sus domicilios, pero la mayoría no tiene claro para qué, de acuerdo con un sondeo realizado por Los Tiempos a estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y a comerciantes de los mercados Calatayud y 25 de Mayo.

La mayoría de la media centena de personas consultadas no sabe qué cargos se elegirán en las elecciones judiciales, en qué casillas marcarán y tampoco las atribuciones de los candidatos; lo que les queda claro es que ese día no hay ninguna actividad y existen sanciones si no acuden a votar.

El 15 de diciembre se llevará adelante las justas judiciales para elegir parcialmente a las altas autoridades para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

En todos los departamentos del país están habilitadas las papeletas electorales con los candidatos al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental; sin embargo, sólo en cuatro se elegirán a magistrados para el TCP, y en siete, a los jueces del TSJ.

En Cochabamba, por ejemplo, no hay candidatos habilitados para el TCP.

Sondeo

En la UMSS, los estudiantes reclamaron mayor información a través de redes sociales que usan más, como TikTok. Estafanía Rojas, estudiante de Lingüística, contó que es la primera vez que participará de un proceso electoral y no sabe a quiénes se eligen. No le viene a la memoria ningún nombre de los candidatos ni los cargos que ocuparán.

Lourdes Claros, otra estudiante de Lingüística, aseguró que participará de las elecciones porque le queda claro que si no lo hace habrá sanciones, pero no sabe a quiénes tiene que elegirse ni el trabajo que realizarán.

Uno de los entrevistados señaló que conoce muy bien el procedimiento del día de las elecciones porque su madre resultó jurado; sin embargo, desconoce el propósito de los comicios judiciales.

Sonia Bustos, estudiante de Psicología, habló de la necesidad de acceder a información clara y didáctica porque, a pesar de acceder a la propaganda, no entendió cómo se conforman los tribunales ni qué funciones realiza.

Enfatizó que el tema de la Justicia es importante, pero la información es “abstracta”.

En el mercado 25 de Mayo, la única comerciante que dijo saber los cargos a elegirse, sostuvo que los jueces agroambientales serían los que atienden casos de la basura en las calles.

Otro de los entrevistados admitió que no entiende en qué consisten las elecciones judiciales, pero piensa que es un tema político porque se enteró de encuentros nacionales.

La Paz

En la cuidad de La Paz, al menos ocho de 10 ciudadanos  dijeron que desconocen para qué se realizará el proceso electoral, quiénes son los candidatos y qué cargos ocuparán, y sólo dos conocían del proceso, según un reporte de Urgente.bo.

“No estoy enterada de cuándo se realizará, no estoy al pendiente de eso. He escuchado que iban a votar mediante las Fuerzas Armadas porque al parecer el Gobierno quiere escoger a uno de ellos, pero no sé”, dijo una de las entrevistadas por ese medio.

Otro ciudadano señaló desconocer sobre las judiciales, pero enfatizó que es labor del TSE hallar los mecanismos para que la población se informe al respecto.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejando Gallardo, afirmó ayer que se cumplió con la entrega prioritaria de combustible a los sectores productivos del país para “garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos durante la gestión 2025”.

“Se pudo cumplir, a pesar de todas las dificultades, con los volúmenes y con los tiempos que tiene el sector agrícola, cabalmente para garantizar lo que sería la seguridad alimentaria”, aseguró Gallardo en una entrevista con Bolivia Tv.

Consideró “alarmistas” algunos comentarios de ciertos empresarios que advirtieron que en 2025 habrá una crisis alimentaria porque no se contaba con diésel para la cosecha y siembra, a pesar de que en sendos encuentros con el Ejecutivo se definieron las estrategias para priorizar las entregas a estos sectores.

“Hubo una coordinación continua y nosotros aquí tenemos todas las actas y toda la coordinación que se realizó con todos estos sectores cabalmente con el fin de priorizar lo que sería el sector productivo y entendemos que los periodos agrícolas no esperan, entonces se dio toda esta prioridad con el fin de que nosotros podamos dar esa seguridad a todos los bolivianos de que podamos contar con los alimentos para la siguiente gestión”, indicó.

Afirmó que luego del bloqueo de caminos de sectores afines a Evo Morales por 24 días, entre octubre y noviembre, hubo un desfase en la distribución de carburantes que provocó se formen largas filas en las estaciones de servicio, tanto por gasolina como diésel.

Para revertir esta situación, el Gobierno nacional incrementó los volúmenes de despacho, logrando que desaparezcan las filas de gasolina; no obstante por diésel continuaron hasta la anterior semana en algunos departamentos, como en Santa Cruz.

La Policía anunció este lunes su decisión de ampliar el plazo de la Investigación Técnica Vehicular (ITV) hasta el 31 de diciembre, con la finalidad de permitir que más conductores cumplan con este procedimiento y eviten multas.

El plazo original para realizar la ITV fenecía el 30 de noviembre.

Según la Policía , se tomó la decisión porque aún falta un 20% del parque automotor que no ha pasado por la ITV, particularmente del sector de servicio público.

La entidad del orden invitó a los conductores a cumplir la Inspección y así prevenir siniestros.

Los micreros de Santa Cruz iniciaron este lunes un paro indefinido en demanda del incremento del precio del pasaje a Bs 2,50. Pese a que el alcalde advirtió con suspenderles el permiso de operación si dejan a la ciudad sin el servicio por tres días, los transportistas se mantienen en su medida de presión.

Los micreros no instalaron puntos de bloqueo, pero sin el servicio de transporte muchas calles luces semivacías y las personas buscan la forma de llegar a sus destinos.

Camioncitos, camionetas, minibuses y mototaxis son los medios de transporte alternativo, que los cruceños usan este lunes, 2 de diciembre, en zonas como el Plan 3000, canal Guapilo y norte.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) ha determinado cambiar la modalidad de clases a la virtual, debido a la “dificultad para llegar a clases de nuestros estudiantes, ante el paro del servicio de micros”.

Algunos sectores del transporte, como los trufis y los libres, noa cataron la medida y denunciaron que en algunas zonas los micreros están agrediendo a los que salieron a trabajar.

Debido a la falta de medicamentos y el incremento de precios, los enfermos renales alistan una huelga de hambre en la ciudad de La Paz, como una medida de protesta por la falta de atención del Ministerio de Salud.

“Estamos yendo a la cuidad de La Paz para hablar con el presidente (Luis Arce) y entregarle toda la documentación que tenemos. Se mostrará que no han hecho caso a nuestras solicitudes y no han hecho caso a nada. Nosotros, llegando a La Paz, nos declaramos en huelga de hambre”, informó el presidente de la Asociación de los Enfermos Renales, José Alcocer.

La escasez de dólares en el país afectó la importación de medicamentos. Desde febrero de este año, la Asociación de Farmacias y Representantes (Asofar) indicaron que tienen dificultades para pagar a los proveedores debido a esa situación.

El dirigente afirmó que el Sistema Único de Salud (SUS) se encarga de la entrega de los medicamentos que requieren, pero desde hace al menos tres meses se suspendió el suministro de algunos fármacos.

En ese sentido, dijo que deben comprar aquellos que en el seguro no les entrega, pero en muchos casos no los pueden adquirir porque los precios se incrementaron en más del 70 por ciento. Por ejemplo, la heparina (anticoagulante), que antes costaba 30 bolivianos, ahora se cotiza hasta en 75 bolivianos.

“Apenas se están consiguiendo los medicamentos, algunos compañeros ya no cuentan con estos medicamentos y esa es nuestra preocupación. No podemos seguir con esta situación porque está en riesgo la vida de los compañeros”, manifestó el dirigente.

Se tiene previsto que una delegación de representantes de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Potosí instalará la medida de protesta el lunes en la sede de gobierno.

Afirmó que se quedarán en la ciudad de La Paz hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, presentó ayer al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerca de 108 mil firmas para que su organización política Autonomía Para Bolivia (APB) – Súmate obtenga la personería jurídica con carácter nacional y pueda participar en las elecciones generales de 2025.

Momentos después de formalizar el trámite ante el TSE, el burgomaestre dijo estar convencido de que la alianza política que lidera es la nueva alternativa que “necesita el país” para darle soluciones a la actual crisis económica.

“El pueblo boliviano está sufriendo por la crisis y nosotros lo vamos a sacar porque sabemos hacer gestión, como yo he dicho, tenemos una certificación de gestión que está demostrada con testimonios de cochabambinos; lo vamos a lograr con Bolivia”, aseguró.

Reyes Villa todavía no confirmó una eventual candidatura a las elecciones generales, ya que primero dijo que aguardará que se concluyan los trámites ante el TSE para concretar su postulación.

“Hoy ya no estamos para hacer un laboratorio de experimentos en el país, hoy tenemos que actuar con gente, no teórica, sino gente que haya tenido resultados”, añadió.

Consultado sobre posibles alianzas de cara a los comicios, dijo estar abierto a unirse con líderes emergentes, pero no con las figuras políticas tradicionales.

Remarcó que él es un político con “experiencia certificada” y que el testimonio es la actual imagen de la ciudad de Cochabamba. “Sabemos hacer gestión, Bolivia no está más para hacer experimentos. Tenemos que lograr un cambio fundamental para Bolivia en esta época tan difícil”, sostuvo.

Aseguró que logrará un cambio “para una Bolivia mejor, con esperanza, con economía y que evite que la gente se vaya del país”.

“Aquí tenemos que poner orden, no nos va a temblar la mano para parar a aquellos que quieren incendiar el país, aquí va a haber orden, democracia”, sostuvo.

El expresidente Evo Morales rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de aprobar la extradición a Estados Unidos de Maximiliano Dávila, quien fuera el jefe antidroga en la última etapa de su Gobierno.

A través de un mensaje en su cuenta en la red social ‘X’, Morales afirmó que Dávila, acusado por delitos vinculados al narcotráfico, debería ser juzgado en Bolivia.

“La viabilidad de la extradición de Davila es un acuerdo de Luis Arce con el Tribunal Supremo de justicia. El Ministro Siles presionó a los Autoprorrogados para ampliar el acuerdo de impunidad. Cualquier investigación, por soberanía, debe darse en territorio nacional con los juzgados de nuestro país y no entregados por razones políticas”, señaló.

El miércoles se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió autorizar la extradición a Estados Unidos de Maximiliano Dávila, quien fuera el jefe antidroga del Gobierno de Evo Morales y es acusado por delitos vinculados al narcotráfico.

Dávila fue director de FELCN específicamente entre 2018 y 2019. Tras la renuncia de Morales en noviembre de 2019, Dávila dejó el cargo, aunque se mantuvo vinculado a la Policía hasta 2021.

El 22 de enero de 2022, Dávila fue aprehendido en Villazón, Potosí, cuando intentaba pasar la frontera con dirección hacia Argentina.

El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) es denunciado por colaborar con una organización que refinaba en Bolivia cocaína producida en países vecinos, para luego exportarla a destinos como Estados Unidos, según una investigación oficial.

Fue enviado en febrero de 2022 al penal de San Pedro con seis meses de detención preventiva por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

A través de un auto supremo, el 14 de agosto de este año, el TSJ ordenó su detención preventiva con fines de extradición.

Al respecto, desde el Ministerio de Gobierno se afirmó que se espera la notificación oficial del TSJ para avanzar en la extradición de Dávila.