El expresidente Evo Morales tiene sobre sus espaldas al menos siete procesos judiciales en instancias nacionales e internacionales que ponen en riesgo su libertad; además, se suman delitos de corrupción por los que no se le han iniciado procesos, coincidieron tres analistas.

Las últimas semanas, se conocieron denuncias del exministro Iván Lima sobre el uso de una vagoneta adquirida irregularmente de la estatal petrolera venezolana y se conoció denuncias de hace nueve años por estupro y trata de personas.

Lesa humanidad 

El activista en derechos humanos Franco Albarracín mencionó que los dos casos de mayor relevancia contra Morales son el del hotel Las América y de Chaparina en los que se cometieron delitos de lesa humanidad; ambos están en la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.

En el caso del hotel Las Américas, Bolivia será juzgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por vulnerar los derechos de tres extranjeros y dos bolivianos durante la presidencia de Morales, en 2009. El informe concluyó “que el Estado boliviano es responsable de la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de Mario Tadic y otros afectados”.

La denuncia del caso Chaparina está en la CIDH por los delitos de torturas y discriminación contra pobladores del Territorio Indígena del Parque Nacional (Tipnis). En 2011, la Policía reprimió la marcha de indígenas del oriente hasta La Paz en rechazo a la carretera por el Tipnis. El grupo fue gasificado, golpeado, maniatado y trasladado en buses de Chaparina a Rurrenabaque, en Beni.

En ambos casos se sancionará a los autores materiales e intelectuales con la privación de libertad, aseguró Albarracín.

Trata de personas

El último caso mediatizado contra Morales debido a una orden de aprehensión frenada por una acción de libertad es por el presunto delito de estupro y trata de personas. La denuncia fue presentada hace nueve años contra el expresidente y los padres de la víctima en Yacuiba, en Tarija.

La víctima, por entonces, era menor de edad: tenía 15 años. También se describe que producto de la relación nació un menor que en la actualidad tiene ocho años y se encuentra registrado con los apellidos de Morales y de la menor, como sus padres. 

De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, “el ahora investigado Juan Evo Morales Ayma, haciendo uso desmedido de su condición de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y a través de sus diferentes organizaciones, creó una guardia juvenil (…) y estaba conformada por personas de 14 y 15 años, denominadas ‘Generación Evo’”; la víctima formó parte de esta guardia donde conoció a Morales.

Otro caso contra el expresidente por los delitos de estupro y trata de personas fue denunciado hace cuatro años por el entonces viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar. Se trataba de Noemí M., una adolescente de 19 años quien había mantenido una relación con Morales desde sus 14. 

Noemí fue detenida por usar un vehículo oficial, cuya tenencia era irregular, junto a su hermana y una tercera persona cuando Morales estaba en Argentina y había enviado un mensaje de WhatsApp a Morales para hacerle conocer su situación. Horas después fue liberada; sin embargo, a partir de ese incidente empezaron las investigaciones, pues se halló un teléfono celular con imágenes de la joven y Morales.

Violación

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el pasado jueves que existen al menos tres denuncias por el delito de violación contra Morales las mismas serán investigadas y llevadas a la justicia. “Una vez que tengamos los elementos correspondientes vamos a iniciar los procesos”, aseguró.

Sin denuncia

El abogado Eusebio Vera mencionó como delitos impunes los bloqueos encabezados por Morales y sus afines que derivan en perjuicios económicos para el país y vulnera los derechos de los conductores y pasajeros que se quedan varados por días en las carreteras “sin comida ni agua”.

Mencionó el caso del fraude electoral de 2019 que benefició a Morales con los resultados y causó una profunda crisis política, social e incluso económica.

El analista Carlos Goitia añadió que en el caso del fraude electoral debe sumarse el daño económico por el proceso que fue anulado por Morales.

Tanto Vera como Goitia mencionaron la corrupción relacionada con inversiones fantasmas que causaron gran daño económico al Estado.

Vera mencionó el caso CAMC, que causó un daño económico de 60 millones de bolivianos por incumplir la construcción del primer tramo del tren de carga Montero-Bulo Bulo.

Goitia habló del desfalco millonario al Fondioc, que dejó un daño económico al Estado de más de 102 millones de bolivianos.

1 cuestionamiento

El expresidente Carlos Mesa criticó el modo en que la Justicia “abre, cierra, arma procesos e impide investigaciones”, vulnerando la protección contra los niños y mujeres.

El juez de garantías constitucionales, Iván Córdoba, ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) restituir a Sandra Gutiérrez como fiscal departamental de Tarija e instó a corregir las acciones “irregulares” que desencadenaron su destitución.

Córdoba dejó sin efecto la destitución de Gutiérrez, en una audiencia realizada el sábado por la mañana. En la audiencia, calificó la destitución como un “acto arbitrario”, ejecutado bajo presiones internas del Ministerio Público. “Deja sin efecto legal la resolución número FGE/AMNMC/DAL/193/2024, de fecha 2 de octubre del año 2024, concediendo la tutela solicitada única y exclusivamente al coaccionado, que responde al nombre de Mauricio Nava Morales, al ser él el suscriptor del documento considerado como quebrantador de derechos y garantías constitucionales”, añadió un vocal, según Unitel.

El 2 de octubre, la entonces fiscal departamental de Tarija develó una denuncia por estupro y trata de personas, presentada el 26 de septiembre, en contra de Evo Morales y otras dos personas, quienes serían los padres de la víctima.

La comisión de fiscales, de entonces, con la supervisión de la exfiscal departamental Sandra Gutiérrez, ordenó la aprehensión de Morales, pero fue revocada por decisión de la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, ante un recurso de acción de libertad presentado por los abogados de Morales alegando vulneración de derechos. Ese mismo día, la Fiscalía General ordenó la destitución de Gutiérrez y de otros dos fiscales de materia que investigaban a Morales.

Más tarde, la exfiscal departamental denunció que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, le ordenó dejar el caso y reveló que tiene la grabación de esa conversación en la que se lo escucha “exigiéndole que no investigue a Evo Morales” por las denuncias de estupro en su contra.

Lanchipa negó haber ordenado frenar la investigación, asegurando que la destitución de Gutiérrez se produjo porque hubo negligencia en sus acciones.

Actualmente, el caso continúa abierto en la Fiscalía Departamental de Tarija, donde se realizan los actuados investigativos correspondientes y la autoridad jurisdiccional declaró la reserva del caso con la finalidad de precautelar los derechos y garantías de la víctima.

El caso de estupro y trata de personas no sería el único, según señaló la exejecutiva de las Bartolina Sisa, Maribel Ávalos. 

Evistas denuncian persecución

La Fiscalía de Tarija reabrió el caso de estupro y trata y tráfico de personas contra el expresidente Evo Morales, investigado en principio en 2019. Se trata de un presunto abuso cometido en 2015, cuando la víctima tenía 15 años. Producto de ello, un año después, habría nacido una niña que lleva el apellido del exmandatario.

Seguidores de Morales, entre estos sus abogados y exministros, justifican que el caso solo se trata de una persecución política contra el expresidente.

Ante el aumento del contrabando de alimentos a la inversa, principalmente a Perú, el Viceministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor pide militarizar las fronteras con el vecino país.

“Nos informan que algunas mayoristas de pollo estuvieran sacando a Perú porque el precio (en el vecino país) es mayor al que tenemos acá. No solamente se estaría dando con el pollo, sino también con la carne de cerdo, res, arroz, harina y azúcar (…). Vamos a solicitar al presidente (Luis Arce) militarizar la zona fronteriza con Perú para evitar que salgan nuestros alimentos a ese país vía contrabando”, dijo el titular de esa cartera de Estado, Jorge Silva, según el reporte de la agencia ABI.

Según una verificación en los mercados de la urbe paceña, se evidenció que el precio de la carne de pollo se incrementó y que solo estaría llegando de Santa Cruz. Actualmente, el kilo se comercializa en Bs 15,80.

A esto se suma, que algunas comerciantes mayoristas estarían trasladando los principales alimentos de la canasta familiar a países vecinos.

“Todos los días en los mercados se incrementa el precio de estos productos a razón de la diferencia de los precios que tenemos, especialmente con Perú. Entonces, para evitar que salgan nuestros productos vía contrabando, reitero, vamos a solicitar que se militaricen esos puntos de frontera, especialmente con Desaguadero”, precisó la autoridad.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en sus estaciones en grande y detalle, un proyecto de ley de contrato de préstamo por 75 millones de dólares para apoyar la gestión de riesgos ante eventos adversos del clima y los incendios forestales.

La norma fue aprobada por “mayoría absoluta” en medio de reclamos de algunos legisladores disidentes de Comunidad Ciudadana (CC) por el destino que tendrían los recursos.

Uno de los diputados que cuestionó la aprobación de la ley fue Miguel Roca, quien se acercó hasta la testera donde estaba la presidenta interina de la Cámara Alta, Verónica Challco, para objetar la aprobación.

“El Gobierno y el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados nos dijeron que (el crédito) es para apagar los incendios, cosa que es falsa, ya que este crédito se tramitó para inundaciones”, denunció.

En tanto, el ministro Planificación, Sergio Cusicanqui, aseguró que el dinero irá destinado a los efectos que ocasionen eventos climáticos, lo que incluye a los incendios forestales.

Avión 

A la lucha contra los incendios forestales se suman un nuevo avión cisterna Electra Tanker T481 y nuevas Cajas Guardián, mientras las Fuerzas Armadas reforzarán el patrullaje en zonas de incendio, informó el presidente Luis Arce.

Con cinco acciones anunciadas en las últimas horas, el Gobierno de Luis Arce activa procesos judiciales en contra del expresidente Evo Morales por los delitos de trata de personas y estupro.

Tras el escándalo que ayer se destapó por la destitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, que firmó una orden de aprehensión contra Morales que luego fue desestimada por una jueza, el Gobierno, a través de dos ministerios y del propio Presidente, anunció, por separado, cinco medidas concretas.

Arce pidió a la justicia boliviana declarar en reserva la investigación sobre el presunto caso de estupro contra una adolescente de 15 años cometido por Morales cuando era presidente del Estado en 2015. El Gobierno determinó que será parte de la acusación a través del Ministerio de Justicia. Se activará el proyecto de ley para la imprescriptibilidad de delitos contra menores. Ante el Tribunal Constitucional, se pedirá la revocatoria del fallo que suspendió la aprehensión del ahora dirigente cocalero. Y, finalmente, se tomarán acciones en contra de la autoridad jurisdiccional que suspendió la orden de apremio.

En reserva

Arce solicitará que la investigación contra Morales se declare en reserva para proteger a la víctima y evitar su politización. 

Para Arce, este es un “tema sumamente delicado”, porque “está de por medio una menor,” y enfatizó que “el Gobierno nunca va a utilizar un caso tan delicado, que tiene varias implicaciones para la población, como un tema político”.

Imprescriptibilidad

Arce enfatizó que es una prioridad del Gobierno “cuidar a la niñez” y recordó que, justamente, bajo este lineamiento, se presentó al Legislativo un proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, pero hasta el momento no fue aprobado.

Revocatoria

El ministro de Justicia, César Siles, informó que se remitió al TCP la resolución del juzgado 14 de Sentencia Penal de Santa Cruz, que dejó sin efecto la aprehensión de Morales, con el objetivo de que sea revocado. 

“La actuación de la jueza fue ilegal, arbitraria y vulneradora del procedimiento penal y constitucional. Vamos a presentar la denuncia al régimen disciplinario”, informó la autoridad.

Acusación contra jueza

El ministro de Justicia, César Siles, que se sumó a la parte acusadora contra Morales, pedirá al Ministerio Público, que se investigue a la juez Lilian Moreno por favorecer al expresidente Morales El Ministro también cuestionó al fiscal general Juan Lanchipa, por haber destituido a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y otros dos fiscales de materia que estaban a cargo de la investigación contra Morales.

Denuncia persecución

El expresidente Evo Morales dijo ayer que no le extraña ni le preocupa el proceso en su contra por estupro y trata de personas y que derivó en una orden de aprehensión.

“No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”, publicó Morales en su cuenta de X.

Morales no se refirió a la acusación de estupro.

Exfiscal: Lanchipa no quería investigar el caso 

El escándalo que estalló ayer e implica a Evo Morales empezó tras una denuncia el 26 de septiembre en contra del expresidente y los padres de la víctima (una menor de 15 años) por los delitos de trata y tráfico de personas y estupro sobre un hecho ocurrido en 2015 en Tarija. Producto de la relación de Morales con la víctima, nació una menor que en la actualidad tiene ocho años, y se encuentra registrada con los apellidos de Morales y de la madre.

Según la exfiscal Sandra Gutiérrez, Lanchipa había ordenado que no se investigara el caso; no obstante, continuaron con las diligencias y se dictó la orden de aprehensión contra el expresidente.

A pesar de que no se había notificado la orden aprehensión, los abogados de Morales presentaron el miércoles, en Santa Cruz, una acción de libertad y la jueza Lilian Moreno dejó sin efecto la orden por fallas procedimentales.

Lanchipa aseguró que destituyó a Gutiérrez por los errores cometidos en este caso. Afirmó que se conformó una comisión de fiscales para continuar con el proceso investigativo contra el expresidente.

Un incendio forestal fuera de control arrasó con más de 20 viviendas la tarde de ayer en la comunidad Nueva Generación de Riberalta, Beni, afectando a varias familias que prácticamente lo perdieron todo.

“Eran 28 casas y solo han quedado seis. Nos hemos quedado sin nada, hemos perdido todo, hasta los animales”, señaló entre sollozos, Martha Melgar, pobladora de Nueva Generación a Ojo Riberalteño.

Según reportes preliminares, hay personas con heridas con quemaduras y también intoxicadas.

Los Bomberos Antofagasta de la Policía y personal de la Unidad de Gestión de Riesgos llegaron hasta el lugar para sofocar el fuego.

La población pidió ayuda para combatir el fuego y también donaciones. Se prevé un informe oficial para esta jornada.

El pago del Bono Juancito Pinto se prevé que iniciará el 14 de octubre en el país y se efectivizará a través del sistema financiero y con la banca móvil en regiones donde no existe presencia de entidades financieras, confirmó este martes el viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina.

“Estamos trabajando en la parte organizativa para tener todo listo para el inicio del pago que se proyecta que será el 14 de octubre, como fecha tentativa”, dijo Tejerina a Bolivia TV.

Para el inicio del pago del incentivo escolar se prepara el acto de inauguración con la participación del presidente Luis Arce y de autoridades de Estado. Asimismo, se organiza la modalidad de pago del incentivo escolar que beneficia a más de 2,3 millones de estudiantes en el territorio nacional.

“Se generan mecanismos para garantizar el pago en el sistema bancario para que el titular haga el cobro y también en las regiones alejadas se definió que se hará con equipos móviles para el pago correspondiente, con el Banco Unión y el apoyo de las Fuerzas Armadas, direcciones departamentales de Educción y los municipios respectivos”, explicó.

El Bono Juancito Pinto de Bs 200 tiene el propósito de contribuir a la disminución de la tasa de deserción escolar, incentivando la matriculación, permanencia y culminación del año escolar de los estudiantes en Bolivia.

El Estado invertirá en el pago del bono Bs 477.550.000 financiados con el aporte de las empresas del Estado.