La publicación de la lista de ciudadanos inhabilitados se realizará el jueves 5 de febrero en el portal web del Órgano Electoral Plurinacional y en el sistema de consulta “Yo Participo”. 

Los ciudadanos pueden ser inhabilitados por varias causas, entre ellas no haber votado en procesos electorales anteriores sin justificación, no cumplir con la obligación de jurado de mesa, inconsistencias o errores en sus datos personales, documentos inválidos, registros duplicados o fallecimiento. 

Esta medida busca garantizar la transparencia y la confiabilidad del padrón electoral, permitiendo que los ciudadanos verifiquen su situación y, en caso de encontrar un error, presenten reclamos dentro de los plazos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral, asegurando así que todos los habilitados puedan ejercer su derecho al voto de manera efectiva y segura.

Además de esa importante fecha, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanza con el cronograma oficial rumbo a las elecciones subnacionales fijadas para el 22 de marzo de 2026.

El pasado 21 de enero ya se se aprobaron los diseños de las papeletas por los tribunales departamentales, un paso fundamental que determina cómo aparecerán los candidatos y las organizaciones políticas en las boletas.

Hoy,  domingo 25 de enero, se publicarán los mapas de circunscripciones y la codificación electoral, información esencial para que los ciudadanos identifiquen su lugar de sufragio y conozcan la ubicación de las mesas donde deberán emitir su voto. 

Entre el 26 y 27 de enero, las organizaciones políticas y alianzas tendrán la oportunidad de revisar que sus candidaturas estén correctamente incluidas en los diseños de las papeletas.

El martes 3 de febrero, la Dirección Nacional del Servicio de Registro Cívico (Serecí) remitirá a los tribunales departamentales la lista de ciudadanos inhabilitados, que servirá como base para su publicación en la página web del Órgano Electoral Plurinacional. Ese mismo día y hasta el miércoles 4 de febrero, se enviarán también las listas de ciudadanos habilitados e inhabilitados a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación, con el objetivo de actualizar el sistema de consulta “Yo Participo” y permitir que cada ciudadano verifique su situación, la ubicación de su mesa de votación y su estado dentro del padrón electoral; la publicación se realizará el jueves 5 de febrero.

Inhabilitados

Entre el 5 y 8 de febrero, los tribunales departamentales y las direcciones del Serecí recibirán y atenderán reclamos de ciudadanos inhabilitados o no habilitados en el padrón electoral. Las resoluciones de estos reclamos se remitirán a la Dirección Nacional del Serecí el lunes 9 de febrero, y el procesamiento final de los casos se llevará a cabo entre el 10 y el 13 de febrero

Ese martes 10 de febrero también se publicará la lista de medios habilitados para la difusión de propaganda electoral, lo que permitirá que los votantes tengan acceso a información clara y transparente sobre las campañas de los partidos y candidatos.

Sustitución de candidaturas

El período para la sustitución de candidaturas inhabilitadas o renunciantes, según lo establece la Ley 026, se extenderá desde el viernes 6 de febrero hasta el miércoles 18 de marzo, garantizando que las organizaciones políticas puedan presentar listas completas antes de la fecha de las elecciones y evitando que los votantes se enfrenten a candidaturas incompletas o erróneas. 

Padrón electoral

Además, el 14 de febrero, el Serecí nacional entregará el padrón electoral biométrico oficial a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación del TSE, con el objetivo de actualizar el sistema “Yo Participo” y habilitar los sistemas electorales.

El domingo 15 de febrero se publicará la lista definitiva de candidaturas habilitadas, incluyendo las sustituciones por renuncia de los candidatos, mientras que el 17 de febrero se dará a conocer la convocatoria a la sesión pública para el sorteo de jurados de mesas de sufragio, garantizando la participación ciudadana en la organización de las mesas de votación. Finalmente, el miércoles 18 de febrero se entregarán las credenciales de acceso al padrón electoral biométrico a los tribunales departamentales, completando así la preparación logística de las mesas de sufragio y asegurando que el proceso electoral se desarrolle de manera ordenada, transparente y confiable.

Tres de cada 10 emigrantes bolivianos prefieren a Chile como destino preferido para encontrar mejores condiciones laborales y, según el Banco Central de Bolivia, ese país se ubica en el tercer lugar desde donde los connacionales envían remesas.

Pero detrás de las cifras se esconde una verdad que se conoció con los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), que muestra que los bolivianos se encuentran después de los haitianos en situación de pobreza.

Se calcula que son alrededor de 60 mil bolivianos que viven en Chile en esta categoría. Según la encuesta, hay una importante brecha en el índice de pobreza entre personas nacidas fuera de Chile, como se denomina a los emigrantes.

En este sentido, los haitianos ocupan el primer lugar con el 42,4%, seguidos de los bolivianos con 38,6 por ciento, más atrás se ubican los peruanos con 26,7%, los colombianos con el 23,4 %, los ecuatorianos con 22,9 % y los venezolanos con el 20%.

El estudio Casen es una encuesta que se realiza de manera regular en Chile desde 1987 con el objetivo de conocer periódicamente la situación socioeconómica de los hogares y de la población que reside en viviendas particulares.

En contrapartida, los primeros resultados de la encuesta Casen muestran una reducción en los índices de pobreza en Chile del 20,5 por ciento en 2022 a 17,3 por ciento en 2024.

Este descenso establece que unos 600 mil chilenos salieron de este segmento durante ese período.

Pese a esta tendencia general a la baja, la encuesta reveló que la pobreza se concentra en determinados grupos, particularmente en la población migrante.

Según los datos, la tasa de pobreza entre los nacidos fuera del país vecino alcanzó al 23,4 por ciento, unas 400 mil personas. Esta cifra representa una disminución respecto de 2022, cuando llegó al 25,6% y también frente a 2020, cuando se elevó a 34,4%, pero es un aumento en comparación con 2017, cuando era del 22,4 por ciento.

En términos absolutos, de los 392 mil emigrantes que viven en condición de pobreza, el 37,8 por ciento son venezolanos, lo que equivale aproximadamente a 148 mil personas; les siguen los peruanos, con 16,5 por ciento, es decir 64 mil personas; luego están los bolivianos con 15,3%, es decir 60 mil; colombianos con 11,4 por ciento, unas 45 mil personas; y haitianos con 8,3 por ciento, que equivale a unas 32 mil personas.

Para entender esta encuesta, en Chile la situación de pobreza significa no poder satisfacer necesidades básicas, que se mide por dos vías complementarias: la pobreza por ingresos, es decir que son insuficientes para una canasta de consumo; y la pobreza multidimensional o carencias en educación, salud, vivienda, trabajo, etc.

Ambas medidas, con la encuesta Casen, reflejan una realidad más compleja que sólo el ingreso de recursos, pues incluye la falta de oportunidades y vulnerabilidad social.

La pobreza por ingresos se determina cuando los recursos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, bienes y servicios esenciales para vivir dignamente. 

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados suspendió ayer el tratamiento del proyecto de ley antibloqueos hasta la primera semana de febrero, con el objetivo de socializar la normativa tras el rechazo de distintos sectores sociales.

El presidente de la Comisión, diputado Omar Muriel, informó que la norma será socializada mediante audiencias públicas, en las que los sectores sociales podrán exponer sus requerimientos y posiciones, a fin de construir un proyecto de ley que recoja las demandas desde las bases.

Muriel señaló que este proceso permitirá dotar al proyecto no solo de legalidad, sino también de legitimidad frente a los conflictos que se avizoran.

“Vamos a ordenar al secretario que emita una carta abierta de la Comisión dirigida a todos los sectores para organizar una agenda de audiencias públicas, que se desarrollarán entre martes y jueves, que son los días en los que los miembros de la comisión estamos en La Paz”, explicó.

Pausa

Muriel indicó que el cuarto intermedio hasta la primera semana de febrero será un tiempo suficiente para escuchar a los sectores sociales y garantizar un descargo público, abierto y transparente ante los medios de comunicación.

El objetivo -según dijo- es recabar la información “suficiente y necesaria” para que la ley tenga fuerza normativa y no sea observada por ningún sector.

Por su parte, el diputado Ricardo Rada, miembro de la Comisión, solicitó que se otorgue mandato a cada uno de los comités para que realicen audiencias públicas desde sus respectivas instancias, con el fin de socializar la norma y presentar los resultados en sesión de Comisión.

En el Senado

En paralelo, dos comisiones del Senado analizan otras dos propuestas de ley referidas a los bloqueos. El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, explicó que las comisiones cuentan con un plazo inicial de 15 días para emitir un informe y elaborar una propuesta unificada.

En ese marco, Ávila señaló que se instruyó a las comisiones trabajar en un solo texto consensuado, con el objetivo de facilitar su posterior tratamiento legislativo.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, también se refirió al tema y aclaró que la ley antibloqueos no forma parte de la propuesta del Gobierno; sin embargo, advirtió sobre el impacto económico de los bloqueos. “Esa ley no es nuestra, no es propuesta nuestra, pero cuando el país se bloquea, el mundo no viene”, afirmó.

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano Pinto, llevará a los estrados judiciales al vicepresidente Edmand Lara, para que responda a una acción de protección de privacidad presentada en Santa Cruz.

La notificación fue enviada a Lara a través de Correspondencia de la Vicepresidencia, según consta en el sello de recepción que aparece en el documento de notificación oficial publicado por el periodista John Arandia en su muro de Facebook.

Sobre el recurso

No se conoce en específico la causa del recurso presentado por el Ministro, aunque una acción de protección de privacidad tiene como fin defender los derechos a la intimidad, privacidad personal, imagen y familiar.

Lara vinculó a Justiniano y su hermano con el cargamento de madera impregnada de cocaína, que fue incautado en Chile hace unas semanas. “Muchos vinculan que ese cargamento le pertenecería al ministro Oscar Mario Justiniano, porque –según se maneja en redes sociales– el ministro y su hermano se dedican a la exportación de madera”, dice el Vicepresidente en un video que publicó en su cuenta de TikTok, reproducido por Raíces Informativas Bolivia.

En ese video, Lara dice también que Justiniano Pinto “tendría que ver en el asesinato de Mauricio Aramayo”, amigo cercano del presidente Rodrigo Paz, aunque insistentemente menciona que son versiones que circulan en redes sociales.

Justamente, la acción de protección de privacidad es presentada por el Ministro y su hermano, según los documentos publicados por Arandia.

El artículo 130 de la Constitución Política del Estado establece que “toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer acción de protección de privacidad”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió ayer que no permitirá acciones que intenten vulnerar el principio de preclusión y ponga en riesgo el desarrollo de las Elecciones Subnacionales, a través de un comunicado de la institución.

El TSE ratificó también el retiro de la personería jurídica del partido Acción Demócrata Nacional (ADN) 

El TSE señala que el artículo 190 de la Ley N.° 026 del Régimen Electoral “establece de manera expresa que la preclusión implica que los procesos electorales no pueden ser anulados por ninguna causa ni ante ninguna instancia, consolidando así la seguridad jurídica, la estabilidad del sistema democrático y la intangibilidad de las decisiones adoptadas válidamente en el marco del calendario y nuestras competencias electorales”.

“El calendario electoral se encuentra en ejecución y se han cumplido actividades hito; por lo tanto, cualquier determinación que derive en la repetición de actividades del calendario electoral en la presente fase pone en riesgo la logística planificada y afecta la eficiencia en la organización del proceso electoral”, añade el comunicado.

Por eso, el TSE rechaza categóricamente cualquier intento de obstaculizar el desarrollo del proceso electoral “mediante acciones de defensa infundadas que pretendan vulnerar el principio de preclusión y afecten el sistema democrático”.

“En consecuencia, el TSE no admitirá acciones orientadas a desconocer las decisiones institucionales, ni permitirá la alteración del calendario electoral en curso, garantizando el desarrollo normal, oportuno y transparente de las Elecciones Subnacionales 2026”, finaliza el texto.

Sobre ADN

El TSE señala que la decisión de anular la personería corresponde a que ADN no alcanzó el porcentaje mínimo de votación (3%) en las Elecciones Generales del 2025 y que el proceso continuó tras un fallo de una Sala Constitucional que dio luz verde a la continuación del trámite.

Dicha determinación del TSE se vio suspendida en su momento debido a la interposición de una acción concreta de inconstitucionalidad promovida por la referida organización política, hasta la emisión del pronunciamiento constitucional que implicó la cancelación de la personalidad jurídica de las alianzas políticas que se conformaron con el partido político ADN como integrante”, señaló.

De cara a las próximas Elecciones Subnacionales, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, llamó a las próximas autoridades electas a sumarse al trabajo del Gobierno para construir el ’50/50′ y acabar con el Estado centralizado.

“Con aquellas candidatas y candidatos que resulten elegidos y deseen terminar con el Estado centralista, empezaremos a construir el ’50/50′. El objetivo es una patria descentralizada que significará ser más eficientes, brindando una mejor atención en salud, educación e infraestructura, además de optimizar el manejo de los recursos humanos y económicos”, señaló el Jefe de Estado.

Y agregó que “con confianza, podemos conseguir una patria mejor para todos”.

El ’50/50′ fue una de las principales propuestas de campaña de Paz en las elecciones generales; sin embargo, aunque inicialmente señaló que se haría en el corto plazo el pasado lunes afirmó que espera concretarla hasta el final de su gestión, es decir, en los próximos cinco años.

“Yo espero, es un sueño, pero si lo sueñas puede ser posible, de que al final de esta gestión ese 50-50 sea una realidad”, afirmó.

E insistió que “esperamos que al final de estos cinco años el 50-50 sea una realidad y que sea el principio ya de las regiones con una autonomía a fondo de poder ir resolviendo sus problemas con recursos evidentemente tanto económicos como humanos, pero ya no dependiendo del centralismo”.

El Banco Central de Bolivia (BCB) reveló los movimientos atípicos realizados con el oro de las reservas internacionales durante la anterior gestión de gobierno. El resultado de uno de ellos es que se debe 6,6 toneladas de ese metal precioso a compradores con los que el ente emisor concretó, en 2025, al precio de entonces.

El presidente del BCB, David Espinoza, explicó que la anterior gestión había optado por la venta de oro a futuro para conseguir dólares y utilizarlos en la importación de combustible.

Según los datos, entre abril y octubre de 2025, la anterior administración del BCB vendió a futuro 9,6 toneladas de oro en cuatro operaciones. Una de las ellas ya fue cumplida con la entrega de tres toneladas, Bolivia aún debe el resto.

Un lote de 4,3 toneladas de oro se debe entregar en junio de 2026, un segundo de 1,1 toneladas, en agosto, y el tercero, de 1,2 toneladas, en octubre.

El valor monetario de las 6,6 toneladas que debe Bolivia es de 921 millones de dólares que ya fueron pagados a la anterior gestión.

“Tenemos que, como herencia para nuestra administración, comprar 6,6 toneladas de oro hasta octubre”, señaló Espinoza. Esa compra se la realizará a los precios actuales que son mayores que los fijados de venta a futuro.

Otras operaciones atípicas

El presidente del BCB informó que también se ha detectado una operación “muy atípica”, con compras de oro con pago adelantado durante la anterior administración.

Se trata de un monto de 1.914 millones de bolivianos (275 millones de dólares al cambio oficial) con dos empresas. El BCB anunció que está analizando la legalidad de estas operaciones.

En otro caso que llamó la atención, informó que en octubre de 2025 una cantidad de 0,93 toneladas de oro se envió para refinación, pero tuvo problemas legales en el país de destino, por lo cual se retuvo el mineral.

Se tuvieron que hacer gestiones técnicas y diplomáticas para que ese oro vuelva al Banco Central en diciembre de 2025.

Espinoza dijo que se investigarán los casos atípicos en el BCB y que, de ser necesario, se acudirá al marco normativo legal que tiene el país.