Una seguidilla de resoluciones judiciales generó expectativa sobre la inminente liberación de tres de los principales detenidos por los hechos de 2019 y 2022, la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari. Sin embargo, el Gobierno anunció que apelará las decisiones y las víctimas de Senkata expresaron su rechazo, advirtiendo que se busca instalar la impunidad.

El lunes, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto declaró fundada la excepción de incompetencia en razón de materia en el caso Senkata, lo que anuló el proceso ordinario y derivó el expediente a la Fiscalía General para que se abra un juicio de responsabilidades. En consecuencia, el mismo tribunal emitió un mandamiento de libertad a favor de Áñez, que permanece recluida en Miraflores desde 2021.

A la vez, Camacho logró dos fallos favorables esta semana. El martes, por el denominado caso “Golpe I”, obtuvo detención domiciliaria, y el miércoles, por el proceso por el paro de 36 días en 2022, se le concedió la misma medida, con arraigo y una fianza de 50 mil bolivianos. De ratificarse estas resoluciones, podría dejar el penal de Chonchocoro después de más de dos años y medio de encierro. Este jueves tiene además otra audiencia en Santa Cruz por el caso del Decreto 363, en el que se lo acusa de resoluciones contrarias a la Constitución.

Pumari, recluido en Cantumarca (Potosí), fue beneficiado el pasado martes con libertad pura y simple. Sus abogados argumentaron que los plazos procesales fueron ampliamente superados, lo que fue admitido por el tribunal.

Ante esta serie de fallos, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, informó que el Gobierno presentó apelaciones en los casos de Camacho y Pumari, al considerar que aún persiste riesgo de fuga y de obstaculización procesal.

Recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó graves violaciones de derechos humanos durante la crisis de 2019, incluyendo más de 600 víctimas, entre ellas alrededor de 40 muertos, 470 personas con lesiones y más de 70 procesadas sin el debido proceso legal. También recalcó que la resolución sobre Áñez no implica el cierre del proceso.

Las víctimas de Senkata, por su parte, rechazaron la liberación de Áñez y anunciaron movilizaciones. “El pueblo no permitirá que los responsables de la masacre salgan libres. Exigimos justicia y no impunidad”, declaró la dirigente Marisol Rodríguez.

De prosperar las apelaciones, las decisiones podrían revertirse, aunque la tendencia judicial marca un cambio en la situación procesal de los tres detenidos más emblemáticos de la crisis política y social del país.

 

El presidente Luis Arce expresó su preocupación ante lo que considera una deuda de justicia con las víctimas de los hechos luctuosos de 2019. Recordó que los organismos internacionales catalogaron estos hechos como masacres y crímenes de lesa humanidad e instó a los jueces actuar con objetividad.

“A seis años de los trágicos acontecimientos que enlutaron a nuestra nación, observamos con profunda preocupación que la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda pendiente”, escribió Arce en sus redes sociales.

El jefe de Estado subrayó que el dolor de las familias que aún lloran por sus seres queridos exige una respuesta justa y oportuna.

“El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos es una carga que exige una respuesta. Resulta incomprensible e indignante que crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no reciban el debido tratamiento judicial”, añadió.

El mensaje de Arce se da luego de una serie de decisiones adoptadas por tribunales en relación al denominado caso Golpe de Estado I y los procesos vinculados a las muertes de civiles durante las intervenciones militares y policiales en 2019.

Ante esta situación, Arce instó a los operadores de la justicia guiarse por la verdad y la objetividad, priorizando a las víctimas.

“Con absoluto respeto a la independencia de poderes, hacemos un llamado a los operadores de justicia para que su labor se guíe por la verdad y la objetividad, priorizando siempre la dignidad de las víctimas. Ellas merecen determinaciones justas y oportunas”, manifestó.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno de honrar la memoria de quienes fallecieron y acompañar a quienes claman por justicia.

Antecedentes

El pasado martes por la noche, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz ordenó la libertad pura y simple del exdirigente cívico potosino Marco Pumari, al tiempo que dispuso detención domiciliaria para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Ambos son investigados por su presunta participación en los hechos que derivaron en la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.

A ello se sumó la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto que, el lunes, determinó la anulación de obrados en el proceso contra Jeanine Áñez y otros acusados por la masacre de Senkata. La resolución instruye remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, abriendo la posibilidad de un juicio de responsabilidades.

Esta determinación generó el rechazo de familiares y organizaciones de víctimas, quienes calificaron la medida como un retroceso en la búsqueda de justicia.

“El TSJ ha atentado contra las víctimas, dejando en impunidad las muertes, la masacre que ya ha sido confirmada por la CIDH. El juez ha firmado ese fallo con sangre, con la sangre de nuestros hijos”, denunció representante de las víctimas de Senkata, Gloria Quisbert.

Por su parte, el activista David Inca, que acompaña a los familiares de las víctimas, cuestionó la legitimidad del fallo.

“Los victimarios argumentaron ser víctimas y a las víctimas se las deja en indefensión (…) la impunidad ganó con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó.

Las organizaciones de víctimas anunciaron que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en busca de mecanismos internacionales que garanticen el acceso a la justicia.

El Órgano Electoral proclamó ayer los resultados oficiales de las elecciones nacionales del 17 de agosto y confirmó la segunda vuelta presidencial entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, mientras que en la vicepresidencia la disputa será entre Edman Lara y Juan Pablo Velasco.

Con el 100% de las actas computadas, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo 1.717.432 votos válidos, equivalentes al 32,06% del total, seguido por Alianza Libre con 1.430.176 sufragios, es decir, el 26,70%.

En el caso de Cochabamba, la bancada estará conformada por seis fuerzas políticas y un representante indígena, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El PDC logró dos senadores; Alianza Libre, uno, y Autonomía Para Bolivia (APB) Súmate, una representante. (Vea la infografía).

Respecto a las diputaciones plurinominales y uninominales, el PDC obtuvo seis escaños; Libre, cinco; Alianza Unidad, dos; APB Súmate, tres; y Alianza Popular (AP), uno. A estos se suman el representante supraestatal del PDC y el diputado indígena del pueblo Bia Yuqui. (Vea la infografía).

En el ámbito nacional, el PDC alcanzó 70 legisladores (cinco supraestatales), lo que se traduce en 65 escaños efectivos: 16 en el Senado y 49 en Diputados. La segunda fuerza política es Alianza Libre, con 53 asambleístas (dos supraestatales), que representan 51 escaños: 12 senadores y 39 diputados.

En tercer lugar, se ubica Alianza Unidad, con 35 legisladores (dos supraestatales), lo que equivale a 33 escaños distribuidos en siete senadores y 26 diputados. La cuarta fuerza, Alianza Popular, cuenta con ocho representantes, todos en la Cámara de Diputados. APB Súmate ocupa la quinta posición, con seis legisladores: un senador y cinco diputados.

Finalmente, el Movimiento Al Socialismo (MAS) obtuvo dos diputados y, de manera histórica, el Concejo Indígena Yuqui Bia Recuate (Bia Yuqui) logró un escaño por circunscripción especial.

Segunda vuelta

El TSE anunció que hoy se lanzará la convocatoria a la segunda vuelta. Según el calendario electoral modificado, la campaña se desarrollará del 27 de agosto al 15 de octubre. El 3 de septiembre se definirá la ubicación de las candidaturas en la papeleta electoral y el 19 de septiembre se sortearán los jurados electorales. 

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, detalló las fechas clave, que incluyen además el plazo para la renuncia de participación en la segunda vuelta, vigente hasta el 3 de septiembre.

El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz dispuso anoche levantar la medida de prisión preventiva a los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, encarcelados por su rol en la crisis política de 2019 en el país, y otorgó arresto domiciliario al primero y “libertad pura y simple” para el segundo.

El abogado Diego Gutiérrez, defensor de Pumari, informó que el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz dispuso “la libertad pura y simple” para el exlíder cívico de Potosí, lo que supone que el opositor, que estuvo encarcelado desde 2021, podría salir de prisión hoy miércoles.

En tanto, al gobernador Camacho le otorgaron “la detención domiciliaria”, pero el político tiene otros procesos por los que está detenido preventivamente que deben revisarse en los próximos días.

El abogado defensor de Camacho, Martín Camacho, precisó a los medios que el gobernador “es libre” dentro del llamado caso ‘golpe de Estado I’, por el que fue encarcelado a finales de 2022.

El jurista precisó que este miércoles el opositor afrontará otra audiencia, aunque virtual, para revisar su situación jurídica en otro proceso por una huelga ciudadana realizada en Santa Cruz en 2022 para reclamar que se realice oportunamente el censo de población y vivienda.

Camacho tendrá detención domiciliaria con salidas laborales y “arraigo”, lo que supone que no puede salir de su región, deberá pagar una fianza de 100.000 bolivianos (unos 14.300 dólares o 12.284 euros) y presentarse cada 15 días ante la Fiscalía, precisó por su parte el TSJ en un comunicado.

Jeanine Áñez estaba acusada en este caso en calidad de “cómplice”, pero en 2024 el tribunal decidió apartarla al determinar que ya fue juzgada y sentenciada en 2022 por los mismos hechos en otro proceso conocido como ‘golpe de Estado II’.

El lunes, un tribunal de La Paz anuló uno de los procesos ordinarios contra Áñez y pidió que en su lugar se inicie un juicio de responsabilidades contra la expresidenta en el llamado caso ‘Senkata’, por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 en esa zona de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

El tribunal dispuso también un “mandamiento de libertad” para Áñez, pidiendo que espere el juicio fuera de prisión, aunque para esto hay una serie de trámites y pasos legales que se deben cumplir previamente. 

 

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz instaló este lunes una audiencia virtual en el marco del caso Senkata, en la que participa Jeanine Áñez. La sesión, prevista inicialmente para las 9:30, se retrasó casi una hora debido a problemas técnicos en la plataforma Zoom.

La audiencia tiene como objetivo la consideración de la excepción de incompetencia del tribunal, planteada por la defensa de Áñez, que busca que su proceso pase a la vía del juicio de responsabilidades, en lugar de continuar en la justicia ordinaria.

La convocatoria judicial responde al instructivo 18/2025 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitido el pasado viernes 22 de agosto, que ordena la revisión de los plazos de detención preventiva en los procesos de Áñez, Luis Fernando Camacho y del excívico potosino, Marco Antonio Pumari, todos investigados por los hechos ocurridos en 2019.

En tanto, representantes y familiares de las víctimas de los hechos de Senkata advirtieron que, de otorgarse algún beneficio procesal a la exautoridad, recurrirán a organismos internacionales para impedir lo que consideran un acto de impunidad.

“Lo que ellos quieren es salir de toda culpa, porque si se determina un juicio de responsabilidades no se tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa para que vaya a juicio y si pasa a la nueva Asamblea ahí se tiene dos tercios, pero para dejarla en libertad”, advirtió el representante de las víctimas de Senkata, David Inca, en entrevista con Radio Pío XII.

Este mismo lunes, a las 14h00, se tiene prevista otra audiencia relevante en el marco del caso “Golpe de Estado I”, en la que comparecerán Camacho y Pumari. Al igual que en el caso de Áñez, se evaluará la legalidad y vigencia de sus medidas cautelares.

Actualmente, Áñez cumple detención preventiva por varios procesos relacionados con su rol durante la crisis política de 2019, incluyendo el caso Senkata, donde se investigan las intervenciones militares y policiales en El Alto, que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, que fueron documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un equipo de juristas y expertos en derechos humanos creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia judicial para revisar la detención preventiva de los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, por su participación en los sucesos de la crisis política de 2019, fue aplazada hasta hoy por decisión del Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz.

La audiencia se enmarca en un instructivo emitido el viernes pasado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó verificar los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.

Según explicó el abogado Diego Gutiérrez, defensor del exlíder cívico potosino Marco Pumari, la suspensión busca “evidenciar si existen o no riesgos procesales”. Recordó que su defendido lleva 44 meses en detención preventiva en la cárcel de Cantumarca (Potosí) y sostuvo que los riesgos señalados inicialmente ya no tienen sustento, puesto que la documentación requerida fue presentada y todos los testigos ya declararon.

Los abogados de Camacho y Pumari solicitaron la libertad irrestricta de ambos, argumentando que los plazos legales de la detención preventiva se han cumplido. Camacho fue arropado por sus seguidores políticos, amigos cercanos y su familia que gritaban: Ya falta poco.

La situación generó reacciones políticas. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé alertó sobre el uso excesivo de la detención preventiva, al que calificó como una práctica que debe ser revisada con una política de Estado “más allá de intereses políticos o medidas aisladas”.

En la misma línea, el exprecandidato presidencial Jaime Dunn expresó en redes sociales su respaldo a la liberación de todos los considerados presos y perseguidos políticos en Bolivia, reclamando una reforma estructural que garantice “libertad, independencia, transparencia y equidad”.

Los juristas Silvia Salame, Ramiro Orías y Audalia Zurita coincidieron en que la prisión preventiva en el país se convirtió en una regla y no en una excepción. Con consecuencias de hacinamiento, vulneración de garantías y persecución política. En contraste, el senador del MAS Félix Ajpi manifestó su preocupación y advirtió que una eventual liberación de Camacho y Pumari sería “una señal clara de sometimiento del Órgano Judicial a intereses políticos, tanto de la oposición como del expresidente Evo Morales”.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, permanece recluido desde fines de 2022 en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

El proceso

El caso, denominado “Golpe de Estado I”, se abrió en 2020 tras la denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty, por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales (2006-2019).

Camacho fue imputado por terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo, entre otros delitos, por su liderazgo en las protestas poselectorales de 2019, cuando presidía el Comité Cívico de Santa Cruz.

En este proceso también fue acusada Jeanine Áñez en calidad de “cómplice”; sin embargo, en 2024 el tribunal la apartó, al determinar que ya había sido juzgada y sentenciada en el caso paralelo “Golpe de Estado II”.