La concentración de las organizaciones sociales empezará a las 08:00 con marchas desde diferentes sectores de la ciudad de El Alto. A las 12:00 se tiene programado una confraternización y a las 15:00 el acto principal de inauguración, en el que participará el presidente del Estado, Luis Arce.

El Congreso del Pacto de Unidad, en el que las organizaciones sociales, a la cabeza de dirigentes reconocidos por el Gobierno, buscan renovar la dirigencia del Movimiento al Socialismo (MAS), iniciará a las 15:00 de este viernes en la ciudad de El Alto y contará con la presencia de 150 delegados nacionales e internacionales.

Según información de medios estatales, la concentración de las organizaciones sociales empezará a las 08:00 con marchas desde diferentes sectores de la ciudad de El Alto. A las 12:00 se tiene programado una confraternización y a las 15:00 el acto principal de inauguración, en el que participará el presidente del Estado, Luis Arce.

En ese sentido, el delegado de la Comisión Política de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), Vidal Gómez, afirmó que las organizaciones sociales del Pacto de Unidad no afín al evismo “cumplió todos los requisitos” para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañe el Congreso y pidió al ante electoral avalar las resoluciones que sean emanadas del Congreso.

“Hemos cumplido con todos los requisitos. Pedir al TSE avalar las resoluciones del congreso y reconocer al nuevo directorio. El Órgano Electoral no puede proscribir al movimiento político más grande del país y, como organizaciones sociales, tampoco lo permitiremos”, advirtió.

Y anticipó que “el 5 de mayo se tendrá al nuevo comité ejecutivo nacional del MAS-IPSP”.

Finalmente, Gómez saludó el fallo de la Sala Constitucional de La Paz que instruye al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar el Congreso convocado por el Pacto de Unidad.

“Saludamos la resolución de la Sala Constitucional que conmina al Órgano Electoral a acompañar el magno evento, legal y legítimo convocado por las organizaciones sociales del Pacto de Unidad”, destacó.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz instruyó al TSE acompañar el congreso nacional del MAS, como medida cautelar dispuesta ante una acción judicial presentada por el Pacto de Unidad frente a la renuencia del ente electoral de supervisar el congreso de El Alto.

El documento señala entre sus argumentos que la división de la dirigencia del MAS no puede coartar los derechos políticos de sus militantes; por tanto, no se puede prohibir el acompañamiento del TSE.

“Como organizaciones sociales del Pacto de Unidad hemos cumplido con los requisitos y resoluciones del TSE, y en consenso se emitió la convocatoria al congreso nacional del MAS. Esa constancia la hemos hecho conocer a las instancias constitucionales para respaldar el congreso”, explicó Gómez.

En el primer trimestre de 2024, La Paz y Santa Cruz fueron las regiones que presentaron mayores hechos de conflictividad reflejados a través de una serie de medidas de presión, entre éstos, el bloqueo de caminos, refiere un informe de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el detalle, la mayor parte de conflictos reportados se produjeron en La Paz y Santa Cruz, con 18 y 17 hechos de conflictividad respectivamente; seguidos de los de Potosí y Beni, ambos con 16, y Cochabamba, con 15.

Los hechos de conflictividad en las regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión, como es el caso de los bloqueos de carreteras en enero, debido a la demanda de elecciones judiciales y la exigencia de renuncia por la prórroga de autoridades judiciales, teniendo como epicentro a Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.

Hechos

El reporte señala que, en los tres primeros meses de esta gestión, se suscitaron 103 conflictos, de los que al menos 94 fueron vulneraciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el detalle publicado en el informe defensorial, se registraron 39 vulneraciones del derecho al empleo y al trabajo, ocho del derecho a la educación, seis vulneraciones del derecho al medioambiente y seis del derecho a la salud y acceso a la salud.

También hace referencia a seis vulneraciones del derecho a la infraestructura del transporte, seis del derecho a la infraestructura urbana, cinco vulneraciones del derecho a contar con infraestructura de servicio, cinco del derecho al acceso a la justicia, cuatro del derecho político, tres vulneraciones del derecho a una jurisdicción de entidad territorial autónoma, tres del derecho al acceso al agua potable y tres del derecho al acceso a la electricidad.

“Este informe fundamentalmente quiere contribuir a generar espacios de reflexión, de diálogo, espacios que nos permitan reconstruir la convivencia entre bolivianas y bolivianos”, señaló el defensor del pueblo, Pedro Callisaya Aro. 

La autoridad remarcó que estos escenarios de conflictividad confluyen a generar una alta potencialidad de vulneración de los derechos humanos.

Alerta temprana 

El “Informe de conflictividad en Bolivia” fue elaborado con datos y estadísticas proporcionados por el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (Simat) de la Defensoría del Pueblo, un mecanismo tecnológico e innovador implementado para generar seguimiento y alertas tempranas de conflictos. 

“Monitorear la conflictividad en nuestro país tiene una alta importancia porque nos permite no sólo saber la cantidad de conflictos que se desarrollan en un determinado periodo, sino que nos permiten a las instancias competentes acciones conducentes a solucionar esta conflictividad”.

El empresario Harold Lora y el concejal de La Paz Pierre Chain fueron imputados ayer por la denuncia de uso indebido de influencias, informó el fiscal anticorrupción Franklin Alborta.

“Dentro de la investigación preliminar se colectó más de 35 elementos de convicción”, explicó en contacto con la prensa.

Se investigó la aprobación de la Ordenanza Municipal N° 046/2022 para, presuntamente, favorecer al empresario Lora, permitiendo la construcción del edificio Loritas 10, ubicado en la zona de Calacoto de la ciudad de La Paz.

Entre los elementos de convicción están los documentos irregulares de compra y venta del terreno del Club de Unión Árabe a favor del empresario Lora.

“Se realizó el registro del lugar del hecho, recepción de declaraciones testificales, la Ordenanza Municipal 046 aprobada y posteriormente derogada por el Concejo Municipal de La Paz, entre otros que serán presentados ante la autoridad jurisdiccional en la audiencia de medidas cautelares”, explicó Alborta.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción solicitará la aplicación de medidas de carácter personal para ambos imputados, que consisten en una fianza económica, arraigo y otras en el marco del delito investigado.

Este caso fue denunciado el 21 de abril de 2023 por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a raíz de una denuncia del Fondo de Desarrollo de La Paz.

Se advertían presuntas irregularidades en la aprobación de la Ordenanza Municipal 046/2022, porque se veía la finalidad de beneficiar a determinadas empresas constructoras, principalmente a la empresa de Harold Lora, quien, en 2021, compró un terreno de Club de Unión Árabe en la zona de Calacoto, al entonces presidente del club Pierre Chaín.

“Se presume que el concejal habría promovido la aprobación de la ordenanza municipal para favorecer al empresario”, agregó el fiscal.

La tasa de desocupación descendió al 3,9 por ciento en la gestión 2023, la más baja de la región, según destaca un informe del Gobierno nacional; sin embargo, la calidad del empleo en Bolivia cada vez es más precaria, advierte un experto en temas laborales.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa una mayor participación de los hombres en la fuerza laboral de país, ya que su tasa de ocupación es del 77,2 por ciento, en cambio la de las mujeres es del 65,4 por ciento, de una Población Económicamente Activa (PEA) de 4.748.000 personas.

Según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, este y otros datos macroeconómicos no son tomados en cuenta por calificadoras internacionales de riesgo, como Moody’s que rebajó hace unos días la calificación de crédito de Bolivia de Caa1 a Caa3, aunque cambió su perspectiva a estable.

La región sufre los efectos de altas tasas de inflación producto del panorama volátil mundial, sobre todo por la guerra Rusia-Ucrania, los conflictos de Medio Oriente, continuos problemas en la cadena de suministros tras la pandemia, entre otros; pero, pese a este panorama, la situación del país es estable, porque así lo evidencian los datos macroeconómicos, es el caso de la tasa de desempleo, asegura el Ministro.

Para el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Bruno Rojas, si bien hay una caída en cuanto a la tasa promedio de desocupación, como afirma el Gobierno, el país está atravesando por una crisis del empleo desde hace varios años.

Esto —dice el experto— tiene que ver con la calidad del empleo; es decir, muchos de los bolivianos, ante la necesidad de tener una fuente de ingresos, trabajan en diversas actividades con remuneraciones bajas e inestables, sin derecho a tener seguridad social u otras prestaciones; lo hacen porque ellos y sus familias requieren subsistir.

“Es lamentable ver cómo algunos grupos mantienen proyectos de ley durmiendo durante más de un año, incluso más de dos años, proyectos que son fundamentales para el pueblo”, dijo la Ministra.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, expresó su preocupación por el estancamiento de importantes proyectos de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), algunos de los cuales llevan más de un año sin avances significativos.

“Es lamentable ver cómo algunos grupos, como lo hemos observado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mantienen proyectos de ley durmiendo durante más de un año, incluso más de dos años, proyectos que son fundamentales para el pueblo y que han sido trabajados de manera conjunta y consensuada con las organizaciones sociales”, manifestó la autoridad citada en un boletín.

Entre los proyectos mencionados por la ministra Prada se encuentra la ley de fortalecimiento de la Ley 348, la cual busca brindar mayor protección y recursos para combatir la violencia contra las mujeres.

“Cada día, lamentablemente, nos enfrentamos a casos de violencia extrema contra las mujeres, y es fundamental que estas leyes se aprueben y se implementen para garantizar una vida libre de violencia”, señaló.

La Ley 348, afirmó la autoridad, es una importante herramienta legal en la lucha contra la violencia de género en Bolivia, y su fortalecimiento es una prioridad para el Gobierno en su compromiso por garantizar los derechos y la seguridad de todas las mujeres del país.

La ministra Prada hizo un llamado a los legisladores para que prioricen estos proyectos de ley y trabajen en su pronta aprobación, en beneficio de toda la sociedad boliviana.

La campaña nacional de vacunación contra la influenza comenzó este jueves en todo el país. El Ministerio de Salud distribuyó 1.169.710 dosis a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) de las nueve gobernaciones.

Esta campaña está comprendida por dos fases. La primera está dirigida a bebés de seis meses a once meses, a los que se aplicarán dos dosis. Y la segunda está destinada a los niños de 12 meses a los 23 meses, que recibirán una dosis, y también a mujeres embarazadas, adultos mayores y personal de salud.

En Cochabamba, la vacunación estará habilitada en todos los centros de salud, informó el jefe de Epidemiología, Rubén Castillo. 

En un primer lote, en total se entregaron 1.151.600 dosis contra la influenza a todo el país, de las cuales 756.000 son para adultos y 395.600 pediátricos. Las dosis están ya disponibles en los distintos establecimientos de salud del área urbana y rural de todo el país, y la aplicación es gratuita.

La vacunación para los grupos de riesgo está prevista a partir del 2 de mayo al 31 de julio y de forma paralela se inmunizará en la segunda fase de la campaña a niñas y niños de 2 a 12 años, del 1 al 31 de julio.

La persona debe entregar una fotocopia de su cédula identidad para el registro de vacunación en el Sistema de Registro Nominal, además, al momento de recibir la dosis en el centro de salud, no debe presentar fiebre, rinorrea, ni malestares.

En el caso de las mujeres embarazadas, pueden vacunarse desde el tercer trimestre de gestación para la protección del binomio madre-niño.

“Es algo muy importante, es algo muy, muy, muy grande que hemos descubierto y es fruto de un trabajo que venimos haciendo desde el año 2021”, señaló Armin Dorgathen.

“Es algo que va a cambiar la estrategia incluso hidrocarburífera que tenemos en el país”. Así, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anticipó que se tiene un descubrimiento muy grande, pero aún se dará unos 45 días para seguir con las operaciones y asegurar que sea una noticia consolidada.

“Es algo muy importante, es algo muy, muy, muy grande que hemos descubierto y es fruto de un trabajo que venimos haciendo desde el año 2021, y del cual nos sentimos orgullosos”, señaló, Dorgathen en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

El titular de YPFB afirmó que sería un descubrimiento más grande que el campo Margarita. 

Enfatizó que este es un proyecto 100% de YPFB, es decir boliviano, a diferencia del pasado cuando se hablaba de nacionalización y bolivianización, pero en realidad se anunciaba trabajos de transnacionales.

GAS Y PETROLEO

El presidente de YPFB evitó dar mayores detalles del lugar específico donde estaría este hallazgo, sin embargo, señaló probablemente sea de gas y petróleo.

Justificó la reserva en la información, bajo el argumento de que no se quiere comunicar una estimación errada, como se hizo cuando en gestiones anteriores se anunció un “mar de gas” que hasta ahora no ha producido una molécula.

Dorgathen resaltó que se trata de un trabajo serio y que él no jugaría su nombre y prestigio con una mentira, tomando en cuenta que tiene 37 años de edad y una vida profesional por delante.

Este anuncio se trabaja en un contexto donde la producción de gas ha declinado, a un punto donde el presidente Luis Arce ha reconocido que “se ha agotado” con su consiguiente efecto en la merma de recursos para el Estado.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, calificó de falsas las versiones de que la industrialización del litio con tecnología EDL sea “un fracaso”, afirmó que el país avanza responsablemente con este proyecto y pidió que se deje de politizar el mismo.

Alcón reiteró que el Gobierno lleva adelante el proyecto de industrialización del metal blanco con tecnología de Extracción Directa del Litio, bajo un modelo de negocios soberano, con el cual el país tiene el control de la cadena productiva y la comercialización.

“El Estado no está colocando recursos, vienen las empresas con sus propios recursos”, enfatizó.

Recordó que, para la industrialización del metal blanco, con tecnología EDL, a la fecha, el Gobierno nacional, a través de Yacimiento de Litio Bolivianos (YLB), firmó cinco convenios, que actualmente están en ejecución.

Los pacientes con cáncer sufren por la escasez de medicamentos. Desde hace 2 meses en el Hospital de Clínicas de La Paz peregrinan por pastillas para el dolor; morfina y el líquido de contraste para las tomografías.

Desde el hospital indicaron que la licitación está en proceso de compra, pero desde hace dos meses no hay dichos medicamentos. Una empresa de fármacos indicó que era por la falta de dólares y “que salía muy caro”, según indicó Rosario Calle, representante de las personas con cáncer.

La Asociación de Colegios Particulares de Bolivia (Andecop) sugirió un ajuste en las pensiones escolares, en el marco del aumento de pensiones dispuesto por el Gobierno, lo que provocó el rechazo de los padres de familia.

El Gobierno anunció un incremento salarial del 5.85% al salario mínimo y del 3% al básico, tras un aucerdo con la COB. En respuesta, Andecop sugirió que el aumento en las pensiones escolares oscile entre el 3% y 8%.

Antonio Villena, portavoz de Andecop, explicó a Red Uno que el aumento sugerido se debe a los incrementos establecidos por el Gobierno, pero señaló que no necesariamente todas las unidades educativas deben aplicar el máximo.

Los padres de familia expresaron su desacuerdo ante cualquier intento de incremento y exigen el cumplimiento de la Resolución 01/2024 del Ministerio de Educación, que prohíbe tales incrementos para este año.

Raúl Córdova, representante de los padres de familia de colegios privados, expresó su preocupación ante la posibilidad de que los colegios incrementen las pensiones de manera arbitraria, afectando económicamente a las familias.

Afirmó que, aunque reconocen la necesidad de ajustes salariales, estos no deben recaer en los bolsillos de los padres de familia, ya que los colegios particulares tienen la capacidad económica para cubrir estos aumentos.