El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo este jueves que no participará de reuniones, coaliciones o firmas de pactos políticos para una candidatura única opositora en las elecciones 2025, porque está concentrado en la gestión municipal.

“No caeremos en la tentación de electoralizar ni politizar el país en este momento tan delicado en el que se necesita trabajar y sacar adelante nuestra economía. He tomado la sensata decisión de no ser parte de reuniones, coaliciones o firmas de pactos políticos; tengo que cumplir el mandato de mi pueblo y en la actualidad toda mi capacidad está concentrada en trabajar por Cochabamba, resolviendo sus problemas y pagando la deuda social con los sectores más postergados”, escribió en su cuenta de X.

El Alcalde aseveró que su “exilio obligado” le ayudó a obrar con madurez política.

“Estoy convencido de que al político tradicional no lo hace la cantidad de años sino las detestables prácticas anacrónicas que, lamentablemente, hoy ciertos políticos antiguos y nuevos asumen como suyas, pretendiendo hacernos creer que es el camino para ganar las todavía muy lejanas elecciones”, afirmó.

La oposición inició reuniones para perfilar una candidatura única frente al MAS. También hubo reuniones de los “opositores no tradicionales”.

“Los políticos tradicionales y funcionales a los regímenes del pasado son los que ahora me critican y tratan de desvirtuar mi postura, haciendo insinuaciones antojadizas que están fuera de la realidad”, apuntó.

A partir de este viernes, se tiene previsto el ingreso de un frente frío que ocasionará “descensos bruscos” de temperaturas. La medida rige en seis departamentos, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el reporte, las bajas temperaturas oscilarán entre 9 y 12 grados centígrados con probabilidad de heladas en los valles de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Esta condición climática será desde el 24 al 30 de mayo.

En Tarija, la alerta fue emitida en las provincias O’ Connor y Gran Chaco, con “probabilidad de heladas” en las provincias Arce, Méndez, Avilés y Cercado.

En el caso de Chuquisaca, las bajas temperaturas se presentarán en las provincias Luis Calvo, Hernando Siles, Belisario Boeto, Tomina, Zudañez, Yamparaez y Oropeza. En tanto que las heladas, se prevé en Sur Cinti, Nor Cinti y Azurduy.

El descenso de temperaturas se presentará también en Santa Cruz en las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Santiesteban, Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Germán Busch y Cordillera. En tanto que el riesgo de heladas en Vallegrande, Florida y Caballero.

Con relación a Cochabamba, la alerta naranja es en las provincias Campero, Mizque, Carrasco, Tiraque, Chapare y Ayopaya. En Beni, en las provincias Marban, Moxos, Cercado, Itenez, Mamoré, Yacuma, Vaca Díez y Ballivián.

Finalmente, en el departamento de Pando, reportó que bajas temperaturas en las provincias Nicolás Suárez, Abuna, Federico Román, Manuripi y Madre de Dios.

Los problemas en la gestión pública en los tres niveles del Estado (Gobierno central, gobernaciones y municipios) y la difícil situación económica de la población son las principales fuentes de conflictos en Bolivia y en abril hubo 120, según el informe de la Fundación Unir. Aún no se conocen los datos de mayo.

La cifra es mayor a la registrada en marzo (98 casos) y la más alta del año. “Es importante destacar que sólo 14 por ciento de estos conflictos proviene de meses pasados, eso quiere decir que nueve de cada 10 casos se originaron y plantearon su primera medida de presión en abril”, según el informe.

Entre las causas para el aumento de la conflictividad en Bolivia, Unir cita la complicada situación económica por la que atraviesa el país.

Por ejemplo, personas con discapacidad se movilizaron exigiendo al Ministerio de Justicia y al Comité Nacional de Personas con Discapacidad el incremento del Bono de Discapacidad de 250 a 500 bolivianos debido al aumento del costo de vida.

Gremiales de Oruro demandaron autorización para instalar puestos de venta en distintos sectores de la ciudad.

Hubo conflictos municipales en Monteagudo, con protestas en demanda de cumplimiento a los compromisos adquiridos en 2022 para la construcción de la carretera El Salto-Puente Limón. Otros conflictos ocurrieron en El Alto, Potosí, Sucre, Cochabamba y otros municipios del país.

En general, los conflictos de abril no alcanzaron niveles de radicalidad elevados; hubo medidas de presión de mediana intensidad, como marchas, concentraciones y bloqueos de vías públicas.

Hace 16 años en plena plaza 25 de Mayo de Sucre, un grupo de 50 campesinos fueron golpeados, obligados a andar semidesnudos y a arrodillarse para besar el suelo o la bandera de Chuquisaca. El vicepresidente David Choquehuanca rindió ayer un homenaje a las víctimas de ese hecho de racismo y discriminación.

“Nuestras hermanas y hermanos se han organizado no solamente reclamando sus derechos y que se haga justicia, sino para que nadie más sufra lo que ellos sufrieron”, destacó Choquehuanca en el conversatorio “Respetando las diferencias luchemos contra el racismo y la discriminación”, junto con la Asociación de Víctimas del 24 de mayo de 2008, según reporte de la agencia ABI.

El 24 de mayo de 2008, en Bolivia, se vivía una situación conflictiva, protagonizada por cívicos de varias regiones en contra del Gobierno.

Sucre no fue la excepción y la polarización se manifestó en la captura de un grupo de campesinos que fueron golpeados y obligados a andar semidesnudos por varias calles de la ciudad hasta llegar a la plaza 25 de Mayo. En medio de una multitud, los campesinos fueron obligados a arrodillarse y besar el piso.

Piden sanciones

El presidente de la Asociación de Víctimas del 24 de mayo de 2008, Mario Ramírez, pidió a las autoridades judiciales retomar el caso de racismo y sancionar ejemplarmente a los autores de hechos violentos en contra de más de 50 campesinos.

“En 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez, se archivaron obrados y desapareció el proceso. Hemos interpuesto algunos recursos que vemos pertinentes para mantener la esperanza de que la justicia pueda reconsiderar este hecho. Para las víctimas del 24 de mayo, en Bolivia no hay justicia”, denunció Ramírez.

Choquehuanca aseguró que el Estado boliviano considera una tarea trascendental la lucha contra el racismo y la discriminación.

Gremiales de Oruro instalaron este jueves un punto de bloqueo en el sector de Caihuasi, en la carretera que conecta Oruro con La Paz y Cochabamba.

Un fuerte contingente policial llegó a la zona, pero no intervino el punto de bloqueo.

Los gremiales protestan contra la escasez de dólares y rechazan el proyecto de ley 145 sobre el contrabando y el Decreto Supremo 4732, sobre los inmuebles.

El dirigente Juan Carlos Candia explicó que lo único que exigen es el respecto a su sector y que se cumplan las leyes que están vigentes y lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), según el reporte de Unitel.

El sector comenzó sus movilizaciones el pasado martes, con marchas en el eje central del país.

Los gremiales tienen un ampliado mañana en Cochabamba, en la cual definirán otras medidas de presión.

El Gobierno, mediante el Decreto Supremo 5161, autorizó la contratación de un préstamo de 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para implementar un programa de Plazas y Museos del Bicentenario de Bolivia.

Como señala el decreto, el objetivo del programa es consolidar “espacios públicos de carácter urbano, arquitectónico, histórico, cultural, artístico, científico y recreativo, que evoquen y revaloricen nuestras luchas independentistas, anticolonialistas y antipatriarcales, profundizando los valores cívicos de la independencia y la soberanía nacional, la historia, la cultura, el arte y la ciencia”.

El crédito internacional aún debe ser remitido a la Asamblea Legislativa para su aprobación, de lo contrario no podrá ejecutarse.

Del monto total del préstamo, 68 millones de dólares se transferirán al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social que implementará el componente 1 del programa, mientras que el resto se destinará al Ministerio de Culturas para ejecutar las siguientes fases.

El Gobierno ha enviado este martes ayuda humanitaria para el sur de Brasil, donde las inundaciones dejaron más de 150 fallecidos, además de daños a viviendas y la infraestructura productiva.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, indicó que se trata de aproximadamente 70 toneladas de ayuda, cuyo monto en dinero alcanza a Bs 1.318.700.

“No es tanto la cantidad de la ayuda humanitaria, es más la muestra de un pueblo boliviano que cuando nuestro hermano pueblo del Brasil, o cuando también ha sucedido con el pueblo hermano de Chile o cuando suceda con cualquier otro pueblo hermano, es que estamos aquí juntos como pueblos de Sudamérica para cooperar”, destacó Novillo.

En la carga existen productos como arroz, azúcar, leche en polvo, aceite, agua, frijol, carpa de lona, tienda de campo, manta tipo solar, pañales desechables, colchones, entre otros.

La ayuda fue enviada en vuelo de carga de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), desde el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

El Ministro espera que la ayuda pueda llegar a toda la gente damnificada, que ha sufrido la situación de emergencia por las inundaciones en el sur de Brasil.

La Federación de Asociación de Municipios Bolivia (FAM-Bolivia) se declaró en estado de emergencia por el bloqueo de legisladores afines a Evo Morales y de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos a ocho créditos por 633.420.000 bolivianos, para financiar proyectos en beneficio a las regiones y la población, principalmente, del área rural.

El presidente de la FAM-Bolivia, Flavio Merlo, declaró que el sistema asociativo municipal está preocupado, porque en el Legislativo los sectores opositores tomaron la decisión de no viabilizar los créditos autorizados por organismos financieros internacionales.

“Estamos en estado de emergencia. Vamos a ir mandando lo que corresponde a la Asamblea para que puedan tratar y aprobar estos créditos que van en beneficio de nuestros Gobiernos municipales”, demandó el edil de Tiwanaku tras participar de un acto en el que el presidente Luis Arce viabilizó 293.374.000 bolivianos para 165 municipios de siete departamentos.

Consigna

Legisladores que responden a Morales y de las opositoras CC y Creemos advirtieron que no darán curso a más créditos, en tanto no se aprueben los proyectos de ley 073 y 075 en contra de la prórroga de mandato de las autoridades judiciales.

Precisamente, el jefe de la bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, indicó ayer que primero deben aprobarse ambos proyectos para luego recién analizar una agenda económica legislativa.

Instrucción

El ampliado del Pacto de Unidad “evista” instruyó el sábado a legisladores no aprobar más créditos, aunque Morales trató de desmarcarse y ayer dio la contraorden de “seguir aprobando (créditos) con fiscalización y control”.

Demanda

Merlo demandó a los legisladores “ponerse la camiseta” para trabajar por el bien de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, porque con estos créditos se generará inversión y movimiento económico en los municipios, donde se ejecutarán las obras.

Anticipó que activará los canales de “comunicación con los alcaldes, porque estos créditos son importantes” para fortalecer el aparato productivo.

De acuerdo con datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en las cámaras de Diputados y Senadores se encuentran estancados en su tratamiento créditos por 633.420.00 dólares.

El Senado tiene sin aprobar aproximadamente 250 millones de dólares en dos proyectos de ley y uno que fue rechazado; en tanto que en Diputados están cinco proyectos pendientes de aprobación por un monto de más de 383 millones de dólares.

El procurador general del Estado, César Siles, aseveró ayer que Evo Morales no puede ser candidato a la presidencia y que “no hay ninguna discusión al respecto”.

“Constitucionalmente hablando, sólo existe una reelección para presidente y no una reelección indefinida”, declaró a la prensa en Sucre, según reporte de Correo del Sur.

Las palabras de Siles llegan un día después de que presentara el análisis jurídico realizado por la Procuraduría en la que se concluye que la opinión consultiva de la Corte IDH y la sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sentencian que la reelección indefinida no es un derecho humano.

En el análisis, la Procuraduría General del Estado (PGE) concluyó que la sentencia constitucional 1010/2023 del TCP “dejó sin efecto (superó)” la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 084/2017 con la que Morales se repostuló en las anuladas elecciones de 2019, a pesar de que un referendo rechazó la posibilidad de que aspire a un nuevo mandato por tercera vez consecutiva

Así lo establece el análisis jurídico especializado N° 04/2024, realizado por la PGE en respuesta a “cuatro peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con el Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y que fue presentado el lunes por Siles, junto con otras tres “opiniones procuraduriales especializadas”.

Defensas

Uno de los abogados de Morales, Orlando Ceballos, criticó que la Procuraduría emita dicho análisis jurídico, cuando considera que no está en su función. De todas maneras, informó que la defensa del expresidente está alistándose para acudir a organismos internacionales, en defensa del derecho a la postulación.

Precisó que se acudiría al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar la sentencia.

El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, afirmó que el Gobierno garantiza el acceso a dólares para que el sector farmacéutico pueda importar directamente los medicamentos, con el objetivo de que estos sean comercializados a un precio justo.

“El Gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar el acceso a los insumos, especialmente al sector farmacéutico, con la finalidad de que no solo esté garantizado el abastecimiento a medicamentos, sino también los precios sean aquellos autorizados”, informó la autoridad en entrevista con Bolivia TV.

Asimismo, anunció que, en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed), reforzarán los controles en farmacias para fiscalizar el costo de los medicamentos y evitar su incremento.

Según Silva, el 85% de los medicamentos que se demandan en el país son producidos por laboratorios nacionales, por lo que se garantiza esa producción y en caso de que exista un incremento éste no llega “ni al 1% en la estructura de costos”.

En esa misma línea, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, reiteró que el abastecimiento de medicamentos en el país está garantizado y anunció que se llevarán a cabo controles en la comercialización para evitarel incremento de precios.

“Como Estado estamos tomando todas las medidas preventivas para que no exista ningún problema en ese sentido (desabastecimiento de medicamentos). Las empresas e industrias farmacéuticas bolivianas están proveyendo de medicamentos a todo el país”, dijo en contacto con ATB.

Explicó que, en la reunión que autoridades del Gobierno e industrias farmacéuticas sostuvieron el lunes, se acordó mejorar procedimientos, reducir la burocracia y de parte de las industrias farmacéuticas regionalizar las entregas para que puedan llegar a municipios que están fuera del eje central.

“Vamos a ir a hacer verificaciones y control a los precios (de los medicamentos) en el mercado abierto, para que no existan procesos especulativos o de incrementos desmedidos en los fármacos”, anunció.

Los controles en la comercialización de medicamentos serán efectuados por las instancias competentes, entre ellas el Viceministerio de Defensa del Consumidor y el Ministerio de Salud y Deportes.

La autoridad recordó también que, a través del Ministerio de Economía y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el Gobierno nacional instruyó a la banca priorizar las trasferencias y entrega de dólares a las industrias farmacéuticas para la compra de insumos.