El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Mateo Mamani, anunció este miércoles que las brigadas de erradicación de cultivos de coca ilegal ingresarán al trópico de Cochabamba a fines de septiembre, luego de semanas de concertación con dirigentes del sector.

Sin embargo, reconoció que persiste una fuerte resistencia por parte de organizaciones afines al expresidente Evo Morales, que han impedido hasta ahora el ingreso de los erradicadores.

“No nos dejan entrar, don Evo Morales nos ha cerrado las puertas”, afirmó Mamani a la estatal Bolivia TV, en alusión directa al liderazgo sindical del exmandatario en las federaciones cocaleras del trópico.

La autoridad indicó que, pese a esa oposición, se ha avanzado en conversaciones con algunas centrales para concretar el ingreso. “Si el próximo gobierno entra, va a tener los mismos problemas. Tenemos que ser sinceros. Hemos hablado, conversado con diferentes centrales para poder ingresar; tenemos ahí nuestra dirección Udestro (Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico), y ahí se identifica en qué lugares hay coca”, explicó.

Según el viceministro, en las últimas semanas se han sostenido reuniones de concertación y se ha solicitado formalmente que las brigadas ingresen a fines de este mes para retirar la coca que no está contemplada por la normativa vigente.

Mamani destacó que se trata de erradicar únicamente los cultivos de coca considerados ilegales, es decir, dijo, aquellos que no están amparados por la Ley General de la Coca (Ley 906), que establece límites de superficie y zonas autorizadas de cultivo.

Tensión en el trópico

El trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Evo Morales, ha sido escenario de tensiones recurrentes entre el Gobierno y las federaciones cocaleras desde que Morales rompiera con el oficialismo y asumiera una postura crítica hacia el Ejecutivo.

En los últimos años, las bases cocaleras de esa región han bloqueado sistemáticamente el ingreso de las brigadas de erradicación, argumentando que el Gobierno busca “criminalizar” la producción de la hoja de coca en sus territorios.

Durante 2023 y 2024, varios operativos en la zona fueron frustrados por bloqueos, movilizaciones y presiones de los sindicatos cocaleros, quienes se oponen a la intervención estatal sin el consentimiento de sus organizaciones matrices.

El propio Evo Morales, como presidente de las Seis Federaciones del Trópico, ha denunciado públicamente intentos de “represión” por parte del Gobierno bajo el pretexto de erradicación.

Pese a ello, el Gobierno insiste en que el control de los cultivos excedentarios es necesario para cumplir compromisos internacionales y evitar la desviación de coca al narcotráfico.

El Gobierno boliviano rechazó de forma categórica el más reciente memorándum emitido por Estados Unidos sobre la lucha antidrogas, en el que se descertifica a Bolivia.

Autoridades nacionales calificaron el informe como unilateral, político y carente de sustento técnico, subrayando los avances obtenidos por el país en materia de interdicción y control de sustancias ilícitas.

Jaime Mamani, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, fue enfático en su crítica al documento estadounidense.

“Como Gobierno nacional rechazamos categóricamente el memorándum de Estados Unidos, por ser un memorándum unilateral, sesgado, político, sin ningún sustento técnico, por ser injerencista”, declaró a la estatal Bolivia TV.

Mamani sostuvo que los únicos organismos legitimados para evaluar las políticas antidrogas en la región son la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entidades que —según indicó— han reconocido los esfuerzos de Bolivia en esta materia.

El viceministro informó que desde la asunción del presidente Luis Arce al gobierno en 2020 se han realizado más de 49.000 operativos antidroga en todo el país.

Estos operativos, dijo, resultaron en el secuestro de más de 171 toneladas de cocaína (entre pasta base y clorhidrato) y 1.620 toneladas de marihuana.

Además, resaltó que solo en este año se ha confiscado un promedio de 35 toneladas de droga, “la cifra más alta registrada en nuestro país”, según aseguró.

A su turno, el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Mateo Mamani, atribuyó el informe a motivaciones políticas y destacó que Bolivia ha trabajado de forma cercana con organizaciones sociales y sindicales para combatir el narcotráfico.

“Ya estamos en transición, viene un gobierno que es muy distinto al nuestro; nosotros trabajamos de cerca con las organizaciones sociales, y, bueno, detrás de todo esto está hacer quedar mal a nuestro país”, afirmó.

Mateo Mamani también cuestionó los criterios del informe estadounidense, afirmando que “Estados Unidos sabe que Bolivia es uno de los menores productores en hectáreas de coca y llama mucho la atención este informe, que es político”.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, sostuvo que el informe es contradictorio.

La ruta Cochabamba- Santa Cruz, a la altura de Melga en la zona de Kasapata, vivió una de las jornadas más trágicas, cuando un camión volcó y ardió en llamas hasta quedar en cenizas. 

De acuerdo con el reporte preliminar, el fatal accidente suscitado ayer cerca del mediodía dejó tres fallecidos. Se trataría de una familia. Sin embargo, la información todavía no fue oficializada por las autoridades policiales.

De acuerdo con los reportes de las personas que presenciaron el fatal accidente, las victimas pidieron auxilio. Empero, a pesar de los intentos por brindar ayuda, las llamas impidieron que los pasajeros y comunarios intervinieran. 

Ante la magnitud del hecho, Bomberos y personal de Tránsito acudieron al lugar. Entre las principales hipótesis, figura una falla mecánica en los frenos, lo que habría ocasionado que el motorizado impacte en una peña. De todos modos, serán las investigaciones policiales las que identifiquen las causas.   

Al finalizar la tarde, los tres cuerpos calcinados fueron trasladados hasta las instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Se espera un reporte oficial del hecho.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó que el máximo tribunal del país devolvió la credibilidad y las garantías a la ciudadanía en materia de justicia, tras un proceso electoral que calificó de histórico por su transparencia y por la ausencia de interferencias judiciales.

El presidente del máximo tribunal sostuvo que la sala plena asumió, desde su conformación, la tarea de devolver la credibilidad perdida en el órgano judicial. Afirmó que la ciudadanía comienza a percibir una nueva etapa en la justicia boliviana, caracterizada por el trabajo unificado y consensuado entre los magistrados. Reconoció, sin embargo, que persisten problemas graves como el hacinamiento carcelario y la sobrecarga de causas, pero resaltó que las salas del TSJ se encuentran al día y que se realiza un trabajo maratónico para resolver los procesos pendientes heredados de gestiones anteriores.

Remarcó que el Tribunal Supremo de Justicia actúa en cumplimiento estricto de la Constitución y las sentencias que rigen al país, y que su rol es garantizar procesos transparentes hasta la próxima elección judicial. 

Destacó que la gestión coordinada desde Sucre permitió blindar el proceso electoral del pasado 17 de agosto, evitando que jueces o vocales interfieran en el desarrollo del calendario, lo que —según afirmó— garantizó que los bolivianos pudieran acudir a las urnas en un clima de tranquilidad y confianza. Para el titular del TSJ, este esfuerzo forma parte de un compromiso nacional asumido por todos los magistrados para fortalecer la democracia y garantizar que las futuras elecciones se desarrollen con el mismo nivel de legitimidad.

La presencia de los magistrados en Cochabamba también busca acercar el órgano judicial a la población, recoger de primera mano las necesidades del departamento y reforzar la presencia institucional en las regiones. Saucedo destacó la labor del magistrado electo por Cochabamba, Germán Pardo, por facilitar este acercamiento. Además de su agenda de trabajo, la comitiva tiene previsto participar en actividades locales y compartir con la población, en un gesto que el presidente del TSJ considera fundamental para estrechar la relación entre justicia y ciudadanía.

Reiteró su pedido a la población de mantener la confianza en la justicia y de acompañar el esfuerzo institucional, con el convencimiento de que el órgano judicial saldrá adelante de manera conjunta con la sociedad.

El candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, llegó a Cochabamba con motivo del aniversario de los 215 años de la gesta libertaria y para visitar Quillacollo que también está de aniversario y a la Virgen de Urkupiña.

Rodrigo Paz aprovechó para recordar su infancia en Cochabamba. Contó: “Ayer contaba la historia de mi niñez cuando vivía en la calle Tarija y con mi hermano Jaime vivíamos comiendo mandarinas y maní en el fútbol. Así que hay un recuerdo de nuestra vida oculta en Cochabamba, porque en esa época vivíamos ocultos, nos estaban sacando al exterior por el exilio porque había un golpe de Estado” .

“Cochabamba ha sido parte de nuestra infancia. Además de abanicar, soy el único candidato que en la avenida América, en la avenida que sube al estadio, con mi hermano Jaime cada media hora de abanicar el fuego nos daban un anticucho”, recordó.

Resaltó: “Cochabamba ha sido parte de una infancia feliz y eso le quiero agradecer ahora a Cochabamba en su aniversario siendo el corazón, siendo la revolución de la unidad”.  

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes el proyecto de ley que establece la suspensión temporal de embargos y el diferimiento de créditos de vivienda social y de pequeños negocios por un periodo de seis meses.

La medida busca aliviar la situación de familias y emprendedores afectados por la crisis económica, fenómenos climáticos y conflictos sociales.

La norma, registrada como Ley N° 547/2024-2025, fue aprobada en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y será remitida a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional, informó el presidente de Diputados, Omar Yujra.

Explicó que el diferimiento no implica condonación de deudas, sino una reprogramación de cuotas para dar un respiro a los prestatarios.

“La deuda no desaparece, solo se pospone”, explicó Yujra, quien reafirmó que con esta medida, se busca evitar la pérdida de viviendas y el cierre de unidades económicas de micro y pequeña escala, al tiempo que se protege la estabilidad del sistema financiero frente a un posible incremento de procesos judiciales por impagos.

La ley introduce un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere créditos por un periodo de seis meses, lo que permitirá a la población reorganizar sus finanzas sin la amenaza de perder sus hogares o cerrar sus negocios.

El diferimiento no equivale a una condonación de la deuda, dijo el parlamentario, sino a una reprogramación temporal de las cuotas, lo que garantiza que los deudores continuarán con sus pagos una vez finalizado el periodo de suspensión.

“Así, la deuda no desaparece, sino que se pospone de manera accesible”, acotó.

Mediante un comunicado difundido el pasado 8 de septiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró que este proyecto de ley “no compromete la estabilidad y solidez del sistema financiero porque no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras”.

En el marco de las investigaciones de la presunta paternidad del presidente Luis Arce con una exfuncionaria, la prueba de ADN, que estaba fijada para este viernes en Cochabamba, fue suspendida sin fecha.

La denunciante en la exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, quien acusó a Luis Arce de abandonarla en el embarazo y no hacerse cargo de su hijo nacido en 2024.

El abogado de Lafuente, Patricio Vargas, explicó que ha solicitado suspender la muestra, tomando en cuenta de que deberían estar presentes los tres involucrados: madre, hijo y el denunciado.

“Solo se estaba pretendiendo tomar las muestras a la madre y al menor. Bajo un principio de protocolo de toma de muestras, se necesita que estén los tres”, sostuvo en declaraciones recogidas por radio Pío XII de la Red ERBOL.

“Necesariamente, tienen que estar las tres personas. Tiene que ser una sola muestra, tienen que hacer un solo análisis en comparación y es lo que corresponde”, recalcó.

Además, la parte denunciante ha pedido tener un consultor técnico presente para cuando se haga el procedimiento y verifique la cadena de custodia. El abogado señaló que no hay fecha para la toma de muestras, en tanto se realizan los trámites de notificación.

El presidente Luis Arce informó, anteriormente, que se enteró de este caso por los medios de comunicación. Anunció que asumiría defensa con abogados particulares.

Pese al rechazo del canciller de Chile, Alberto van Klaveren, a las expresiones “xenófobas” emitidas por la diputada de su país, María Luisa Cordero, quien tildó de “tontorrones” a los bolivianos, el malestar y repudio en Bolivia a las expresiones de la legisladora fue unánime.

 “Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables”, sostuvo el Canciller de Chile en su cuenta X.

Cordero aseguró que debido a que los bolivianos nacieron en la altitud tienen menos oxígeno en el cerebro y por ello sufren de “bradipsiquia”, que es lentitud en el pensamiento.

Cordero hizo referencia a una polémica propuesta del candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, sobre legalizar autos “chutos”.

Desde el presidente del Estado, Luis Arce, hasta asambleístas, políticos y excandidatos pasando por analistas y ciudadanos en las redes sociales, rechazaron las declaraciones de la diputada chilena que, en otras palabras, dijo que por falta de oxígeno en el cerebro,“los bolivianos son tontos”.

El presidente Luis Arce dijo “rechazamos enérgicamente las declaraciones de Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano”, afirmó el jefe de Estado, a través de sus redes sociales.

Arce aseguró que “es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista”.

Arce anunció que realizará las acciones correspondientes a través de los “canales diplomáticos establecidos”. 

Diputados planteó que la Cancillería envíe una comunicación formal al Gobierno chileno y que el pleno apruebe una resolución de rechazo.

La opositora de Creemos, Rosa Añez, pidió la aprobación inmediata de una declaración de repudio.

El excandidato presidencial Samuel Doria Medina increpó las declaraciones de Cordero y las calificó como una “estupidez” que fomenta el racismo por medio de teorías ya desestimadas usadas para crear discursos de odio.

“La única estupidez es la de quienes siguen siendo racistas y deterministas geográficos a esta altura. Son ideologías del siglo XX completamente descartadas por la ciencia, pero se usan para expresar odios”, dijo Doria Medina.

El candidato de la Alianza Libre a la presidencia del país, Jorge Tuto Quiroga, cuestionó este miércoles al aspirante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) a la vicepresidencia, Edmand Lara, a quien acusó de incurrir en “guerra sucia” durante la campaña electoral.

Tras la reunión sostenida en Santa Cruz con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Quiroga afirmó que el compromiso por una “elección limpia”, impulsado por la entidad, debe ser suscrito por todos los frentes.

“La cláusula 5 hay que denominarla la ‘cláusula Lara’, porque ese señor ha violado lo establecido con discursos de odio, difamaciones y la difusión de información falsa”, señaló.

Lara no asistió al encuentro con el TSE. El candidato presidencial del PDC, Rodrigo Paz, explicó que la ausencia se debió a un problema de vuelo desde La Paz. “Lara no ha llegado por un problema de línea aérea”, declaró Paz.

Quiroga sostuvo que la jornada dejó en evidencia “quiénes inventan guerras sucias y quiénes somos víctimas directas de ellas”. Asimismo, recalcó que su partido seguirá priorizando propuestas para dar respuestas a “las angustias de las familias bolivianas”.

El exministro de Gobierno durante la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, Arturo Murillo, fue enviado ayer con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz, en el marco del proceso por el caso denominado Gases Ecuador; se trata del tercer fallo de arresto carcelario desde su extradición a Bolivia.

La decisión fue tomada en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer N.º 25, tras una audiencia celebrada ayer, en la que se evaluaron los riesgos procesales que pesan sobre el exministro.

“Las partes procesales del caso fundamentaron la solicitud de ampliación de los riesgos procesales correspondientes, por lo que el juez emitió la Resolución 97/2025, donde se detallan dichos riesgos”, informó el procurador general del Estado, Ricardo Condori.

Durante la audiencia se presentaron elementos suficientes para acreditar el riesgo de fuga, por lo que el juez asignado al caso determinó la detención preventiva del acusado en el centro penitenciario de San Pedro.

Murillo es procesado por los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes. El material fue traído desde Ecuador en 2019, durante la gestión de Áñez, tras la renuncia de Evo Morales debido a irregularidades en el proceso electoral y en medio de una crisis política y social.

Otros casos

El exministro también enfrenta otras medidas cautelares por casos como la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Esta sería la tercera orden de detención preventiva contra el exministro de Áñez. 

El exministro también fue cautelado por otros casos, como por la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Esta sería la tercera orden de detención preventiva contra el exministro de Áñez, el primero fue por el ‘caso gases Brasil’ y el segundo por el ‘caso catering’.

En mayo de 2021 fue detenido en Estados Unidos, acusado y luego condenado por lavado de dinero y sobornos vinculados a la compra irregular de material antidisturbios, proceso que generó un daño económico millonario al Estado boliviano.

En mayo de 2021 fue detenido en Estados Unidos, acusado y luego condenado por lavado de dinero y sobornos vinculados a la compra irregular de material antidisturbios, proceso que generó un daño económico millonario al país.