A poco más de tres meses de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta obstáculos legales, financieros, políticos y comunicacionales para llevar adelante los comicios, coincidieron vocales y analistas.
Se trata de, al menos, cinco desafíos: garantizar la independencia institucional y la seguridad jurídica; la falta de recursos económicos para el voto en el exterior; la implementación de un sistema de conteo rápido y la fragmentación política y multiplicidad de candidatos.
Las advertencias provienen desde adentro y desde afuera. Vocales del propio órgano electoral, analistas políticos y académicos coinciden en que el país atraviesa una fase crítica, en la que la certidumbre democrática pende de hilos institucionales frágiles.
Garantizar elecciones
Para la politóloga María Teresa Zegada, el mayor desafío del TSE es el más básico: garantizar que las elecciones del 17 de agosto realmente se realicen. “Eso no debería estar en duda, pero el primer desafío es que se realicen”, señala. La experta apunta a un entorno de creciente desinstitucionalización y disputa entre poderes del Estado como un factor que erosiona la viabilidad misma del proceso.
La amenaza viene especialmente desde el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cuya reciente sentencia sobre la anulación de la elección de magistrados, señala el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe.
Esta crisis legal ha dejado al país con órganos judiciales cuestionados y al TSE en una situación de vulnerabilidad inédita.
Comunicación oficial
Zegada y el analista Marcelo Arequipa coinciden en que es urgente que los vocales del TSE actúen con cohesión y comuniquen a la ciudadanía con una sola voz. “Es a partir de esa comunicación que se configura el escenario de posible duda, incertidumbre o seguridad”, advierte Arequipa.
Actualmente, los vocales ofrecen declaraciones públicas de manera individual, con posturas no siempre alineadas. Esto ha contribuido a sembrar confusión y ha debilitado la percepción de unidad institucional, señala Arequipa.
En este sentido, la figura del vocal ÓscarHassenteufel emerge como una pieza clave: es, según ambos analistas, uno de los pocos actores que ha logrado generar cierto consenso dentro del TSE.
Además, como recuerda Arequipa, existe un compromiso firmado entre el TSE y la Asamblea Legislativa para aprobar el marco legal necesario y viabilizar el crédito externo de 100 millones de dólares destinado a cubrir costos del voto en el exterior y el sistema de Transmisión Rápida de Resultados (TREP). El incumplimiento de este acuerdo recae directamente sobre la Asamblea, no sobre el Órgano Electoral.
El TSE advirtió que podría no estar en condiciones de garantizar la votación de los bolivianos en el extranjero por falta de recursos. Este no es un problema de gestión, sino de financiamiento: el crédito prometido por la Asamblea no se ha destrabado. Con más de 7 millones de dólares en juego, el riesgo de excluir a miles de ciudadanos bolivianos fuera del país es real y grave.
Lo mismo ocurre con el sistema TREP. Si no se implementa de forma transparente, la difusión de resultados preliminares quedará en manos de medios y consultoras, generando un terreno fértil para la desinformación y el descrédito.
Voto fragmentado
Las elecciones de 2025 podrían ser las más fragmentadas desde el retorno a la democracia. Con al menos 13 candidatos inscritos hasta abril, la falta de estructuras partidarias sólidas y el uso de “partidos en alquiler” para lanzar candidaturas mediáticas convierte la contienda en un terreno inestable.
Zegada advierte que varios de los actores políticos, incluido Evo Morales, priorizan sus intereses personales sobre el respeto al sistema democrático. “Están jugando con el sistema, y eso pone en riesgo la credibilidad del proceso”, denuncia.
Polarización
Además, se refiere a campañas basadas en la polarización, ataques cruzados y noticias falsas han comenzado a crear una atmósfera tóxica incluso antes del inicio formal de la campaña.
El TSE carga hoy con una responsabilidad inmensa, pero no exclusiva. Su rol técnico debe ser protegido por todos los poderes del Estado, empezando por la Asamblea Legislativa, que debe cumplir con los compromisos asumidos para viabilizar un proceso electoral limpio, participativo y justo.
