El presidente del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz, Marco Antonio Vargas, citó al presidente Luis Arce, al exmandatario Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro Carlos Romero para que declaren en calidad de testigos en el juicio contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dentro del caso “Golpe de Estado I”.

“En caso de incomparecencia y de conformidad con el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, se expedirá la correspondiente orden de aprehensión en su contra”, se lee en el presunto mandamiento de comparendo.

La defensa de Camacho presentó la solicitud de comparecencia y fue aceptada por la autoridad. Con eso, se busca que estas figuras políticas aporten elementos en su favor en el proceso judicial relacionado con los hechos de 2019, en el que se investigan presuntos delitos de terrorismo y otros cargos.

La audiencia está programada para el lunes 31 de marzo, a las 14:00, en el salón rosado del Tribunal Departamental de Justicia, ubicado en la calle Yanacocha.

Vargas firmó los mandamientos de comparendo, que establecen la obligatoriedad de la comparecencia de los testigos, quienes deberán presentar su cédula de identidad al ingresar a la audiencia.

“En caso de incomparecencia y de conformidad con el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, se expedirá la correspondiente orden de aprehensión en su contra”, dice el mandamiento de comparecencia.

El juicio se encuentra en la fase de presentación de testigos.

El caso fue abierto a denuncia de la exdiputada Lidia Patty por los hechos relacionados previos a la renuncia de Morales, en noviembre de 2019, durante la crisis política y social.

La expresidenta Jeanine Áñez también se encontraba vinculada en el caso, pero el tribunal decidió apartarla del proceso.

Las intensas lluvias que se registran en el país siguen ocasionando daños. Un día después de que el Beni declarará desastre, las riadas afectaron al trópico de Cochabamba dejando casi sumergidas las plantaciones de frutas y Santa Cruz declaró emergencia departamental para poder acceder a la ayuda del Gobierno.

Puerto Villarroel

Daño y destrucción es lo que dejó a su paso el desborde del río Sacta en Puerto Villarroel, en el trópico de Cochabamba. El turbión invadió todo: casas, caminos, cultivos, criaderos y terrenos. En tan solo minutos, 72 comunidades y sindicatos, como Belén, Unión, Topater y Capinota, quedaron convertidas en ríos.

Las imágenes que compartieron los afectados muestran las plantaciones de cítricos y bananos de exportación en medio del agua. Apenas se ven las copas de los árboles y las hojas y racimos con los plátanos que se iban a cosechar para llevar a mercados, como Argentina.

Los productores lo han perdido todo y los invade la impotencia de ver el daño que la naturaleza puede ocasionar mientras, como sus plantaciones casi sumergidas en el agua.

Las viviendas, construcciones típicas de madera y palmeras, quedaron rodeadas de agua como lagunas. Las brigadas de emergencia evacuaron a las familias con lanchas a zonas altas, a refugios en escuelas y coliseos.

El coordinador de Defensa Civil en Cochabamba, Samuel Pereira, informó que la prioridad es rescatar a las personas afectadas por las inundaciones. Después, en una segunda fase, se trabajará en la reconstrucción.

“Tenemos 2.029 familias afectas y 420 damnificadas. Imagínense 3.400 hectáreas que son de cultivos de exportación, como el banano, cítricos, yuca, palmito y maracuyá. Lo que estamos haciendo es preservar a los connacionales y después vendrán la planificación de ayuda”, detalló Pereira.

La riada del río Chimoré afectó también al municipio de Chimoré, en el trópico. Los pobladores reportaron daños en los caminos, viviendas y cultivos de yuca y banano, según las radios locales.    

En Sicaya, las autoridades reportaron la muerte de al menos 50 chivos que habrían sido alcanzados por un rayo, en la subcentral Orkoma. De momento, se espera un reporte oficial sobre la muerte de los animales. 

Santa Cruz

Las lluvias persisten en el oriente y, según el recuento de daños, han afectado a 101 mil hectáreas de cultivos, según el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del río Piraí (Searpi).

Los municipios más afectados son San Julián, El Puente, Cuatro Cañadas, Okinawa, Cabezas y Pailón.

El gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, declaró ayer emergencia departamental por la magnitud de los daños y la que el Gobierno movilice maquinaria a las zonas más afectadas por las riadas.

Beni

La Gobernación declaró emergencia departamental en el Beni por los daños provocados en las carreteras y poblados ribereños. La declaratoria alcanza a San Borja, Rurrenabaque, Reyes, Baures, San Javier y Santa Rosa del Yacuma.

“Estamos sufriendo bastante, son aproximadamente 800 familias que están afectadas por las inundaciones; aparte de eso, estamos esperando la nueva subida que con seguridad son tres picos más”, advirtió la alcaldesa de Reyes, Mercedes Molina.

DECLARACIONES

“En Puerto Villarroel tenemos 2.029 familias afectadas y, lo más triste, son 3.450 hectáreas bajo el agua”, Samuel Pereira, coordinador Defensa Civil.

“Por nueve meses regirá la declaratoria de desastres, dispuesta por el Decreto  6/2025 por la magnitud”, Alejandro Unzueta, gobernador del Beni.

La Dirección general de Migración confirmó la expulsión del país de 20 miembros del Estado ficticio de ‘Kailasa’ que intentaron asentarse en territorios indígenas de Bolivia.

La directora regional de la oficina de Migración en el Beni, Andrea Miranda, informó que tres de esas personas se encontraban en la comunidad Cayubaba desde donde fueron traslados a Santa Cruz de la Sierra.

“Se verificó que contaban con documentos firmados de transferencias de tierras benianas, algo ilegal. Hicimos las denuncias en el Ministerio Público para que sean expulsados. Ingresaron como turistas, incumpliendo las normas, porque llegaron con otro fin al país”, explicó Miranda.

Luego, en Santa Cruz de la Sierra, Migración intervino un domicilio en la zona central y detuvo a 17 extranjeros más. Todos fueron notificados y obligados a abandonar el país entre sábado y domingo.

Arrendatarios de tierras pro mil años

Según una investigación realizada por el periódico El Deber, al menos tres pueblos indígenas de Bolivia firmaron acuerdos de arrendamiento de 480 mil hectáreas de tierras fiscales por “mil años” a cambio de una renta anual a una secta que se presenta como estado y que se denomina Estados Unidos de Kailasa.

Los documentos, firmados entre septiembre y noviembre de 2024, incluyen territorios de la nación Baure y las comunidades Cayubaba y Esse Ejja, ubicadas en los departamentos de Beni y Pando, en plena Amazonía boliviana.

Calderón informó que las nacionalidades de los expulsados son china, india, sueca, estadounidense, alemana, británica y portuguesa. Además, explicó que algunos de ellos ingresaron en noviembre de 2024 y la mayoría en enero de este año.

Durante la conferencia de prensa, la directora de Migración señaló que este grupo intentó engañar a la población indígena con fines religiosos y económicos. “Se hacían pasar por (miembros de) una falsa religión y buscaron usar documentos firmados por dirigentes para su propio beneficio, atentando contra la buena fe y los derechos colectivos de las comunidades”, sostuvo.

También reveló que representantes legales del grupo intentaron frenar las expulsiones con una acción de libertad, pero la justicia falló a favor del Estado boliviano. “El Juzgado Cuarto de Sentencia de Santa Cruz denegó la tutela y ratificó que Migración actuó conforme a derecho”, aseguró.

“Presunta nación”

El pasado viernes, la Cancillería boliviana negó que el Estado Plurinacional mantenga relaciones diplomáticas con la “presunta nación Estados Unidos de Kailasa”, que, además, no es reconocida como Estado.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de las atribuciones reconocidas por la Ley N° 465, como Rector de la Política Exterior boliviana, comunica que el Estado Plurinacional de Bolivia no mantiene relaciones diplomáticas con la presunta nación “Estados Unidos de Kailasa” que además, no se encuentran reconocidos como Estado por ningún otro actor de la Comunidad Internacional en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″, señala el comunicado de Cancillería.

Kailasa, liderado por el gurú hindú Nithyananda Paramashivam, asegura ser un país con bandera, constitución, banco central y emisión de pasaportes. Aunque no tiene reconocimiento internacional, logró colarse en dos sesiones de Naciones Unidas y ha buscado establecer relaciones en Ecuador, Paraguay y Bolivia.

La gobernación de Beni declaró a esa región en “situación de desastre departamental por lluvias, inundaciones y grave deterioro de caminos y carreteras de (su) red vial, que compromete la transitabilidad y conexión entre ciudades (benianas)”, enuncia el decreto correspondiente emitido la noche de este lunes.

Ese documento señala que “en los municipios de San Borja, Rurrenabaque, Reyes, Baures, San Javier y Santa Rosa del Yacuma, los fenómenos naturales y sus consecuencias “están poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas, biodiversidad, seguridad alimentaria y economía del departamento del Beni”.

Asimismo, indica que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) se mantendrá activo y en constante coordinación con las distintas instancias en materia de gestión de riesgos del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas del departamento.

El COED gestionará los requerimientos ante el Gobierno, las Entidades Territoriales Autónomas del departamento, así como todas las instituciones públicas y privadas, el apoyo hacia la Gobernación del Ben, con equipo logístico u otros, que puedan ser utilizados para las tareas de prevención, mitigación, recuperación, control de las inundaciones y la transitabilidad de caminos y carreteras.

Debido a los efectos ocasionados en el departamento, la Gobernación gestionará los recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos necesarios ante el nivel central del Estado para la atención de las tareas de mitigación y control de las áreas afectadas en el ámbito de sus competencias.

María Galindo, activista de Mujeres Creando, rechazó ayer la invitación que una organización política le realizó para que sea candidata a la presidencia en las elecciones de agosto. “Hubiera dicho que sí, pero digo que no”, aseguró.

“Agradezco la invitación. Les doy una respuesta prematura y sin rodeos, para que se busquen otra escalera: Yo no necesito ser candidata. No tengo esa necesidad especial, no tengo esa necesidad económica y no soy yo que los necesito, sino ustedes a mí”, expresó Galindo, en una transmisión.

Desde la radio Deseo, comentó que a los que le invitaron les presentó seis condiciones, pero al final tras realizar aquello pasó de ser invitada a solicitante. “Me quedó claro que el costo de aceptar la candidatura iba a ser cargar con la imposición de una bancada”, aseguró.

Galindo reveló que recibió la invitación de una organización política para ser candidata; sin embargo, señaló que rechazó la oferta al percatarse que “no les interesa lo que pienso” y sólo buscan “colgarse” del “afecto popular” que, afirma, tiene de la población.

“No les importa lo que pienso ni qué propongo, ellos quieren usar el afecto popular que gozo y asegurarse un lugar en el próximo Parlamento, por eso digo que no”, aseveró.

Relató que cuando recibió la invitación dijo que “sí” e incluso preparó y presentó un “programa poético” además de seis condiciones para ser candidata, pero reiteró que fue ahí que notó que sus ideas y propuestas no serían tomadas en cuenta. “Uno de ellos me ofreció convencer al conjunto para que me acepten y pasé de ser invitada a solicitante, aunque nunca les había tocado la puerta”, relató.

Resaltó que ella cuenta con “legitimidad y credibilidad social” aspectos que, afirmó, “el sistema carece en su conjunto”.

Galindo no dijo que organización política se le acercó y afirmó que no lo hará, ya que “no les deseo ningún mal”. Descartó que vaya a ser candidata de algún partido.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, expresó su preocupación por la presunta protección que algunos ciudadanos extranjeros estarían ofreciendo al expresidente Evo Morales, actualmente requerido por la justicia boliviana. Según Aguilera, estas acciones no solo atentan contra la soberanía nacional, sino que también reflejan el trasfondo político de ciertas resoluciones judiciales.

“Hay ciudadanos que están brindando, o intentando brindar, protección a una persona buscada por la ley. Esto compromete la soberanía de Bolivia y pone en evidencia el carácter político de algunas decisiones judiciales”, afirmó el viceministro en una entrevista con la televisión estatal.

En otro frente, Aguilera informó sobre la detección de extranjeros en situación migratoria irregular. Durante un operativo en el trópico de Cochabamba, autoridades inspeccionaron un alojamiento donde se identificó a 17 indocumentados, en su mayoría colombianos, junto a varios ciudadanos bolivianos. Este hallazgo ha levantado sospechas sobre posibles conexiones con redes ilícitas o actividades irregulares en el país.

El viceministro instó a los hospedajes a no aceptar personas sin documentación, subrayando la necesidad de evitar que Bolivia se convierta en un refugio para individuos con antecedentes judiciales. Este caso expone los retos del país en seguridad y control migratorio, así como las tensiones políticas y legales vinculadas a la protección de figuras como Morales.

El Gobierno busca fortalecer las medidas de control para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.

La alianza opositora conocida como Bloque de Unidad acordó que Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga serán los precandidatos sometidos a una encuesta para elegir al representante que competirá en las próximas elecciones presidenciales. Así lo anunció el sábado Tomás Monasterio, vocero de la coalición Libre, durante una conferencia en Santa Cruz, donde detalló el mecanismo de selección.

Monasterio explicó que tres empresas encuestadoras realizarán una consulta ciudadana en los primeros días de abril. Cada firma formulará cinco preguntas, sumando un total de 15, y cada respuesta otorgará un punto. El precandidato que obtenga al menos 8 puntos será designado como el candidato oficial. “Está acordado que participen Samuel Doria Medina y Jorge ‘Tuto’ Quiroga Ramírez”, afirmó el vocero, quien destacó que el ganador contará con el respaldo unificado de la alianza.

El bloque de unidad agrupa a diversas figuras opositoras, entre ellas Carlos Mesa —quien no participará como precandidato—, Vicente Cuéllar (de Cambio25), Luis Fernando Camacho (líder de Creemos) y la economista Amparo Ballivián, además de Doria Medina y Quiroga. Sin embargo, la consulta se limitará a estos dos últimos, considerados los principales aspirantes.

Por su parte, Amparo Ballivián propuso reconsiderar el método de selección y convocar una nueva reunión con los seis integrantes del bloque. “Cuando se formó este grupo, se plantearon dos opciones: una primaria digital o las encuestas”, recordó. Aunque ella abogó por la primera, sus compañeros optaron por la consulta ciudadana.

El viernes se conoció que tres empresas: las bolivianas Ipsos y Captura Consulting; además de la argentina Interactiv, se harán cargo de las encuestas. Según el exdiputado Monasterios, la empresa Captura Consulting estará a cargo de la encuesta definitoria.

Los precandidatos opositores ya buscan alianzas “estratégicas” para sumar votación en los siguientes comicios.

Opositores externos

Monasterio también cuestionó a figuras opositoras ajenas al bloque, como Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung, quienes recientemente anunciaron una alianza paralela. El vocero los acusó de intentar “dispersar el voto opositor” y señaló una supuesta contradicción en su actitud: “Entran por separado al Palacio de Gobierno y salen tomados de la mano”, ironizó.

Este proceso marca un momento decisivo para la oposición boliviana en su objetivo de consolidar una candidatura única y competitiva. El resultado de la encuesta no solo definirá al representante del Bloque de Unidad, sino que también moldeará su estrategia para enfrentar al oficialismo en los comicios.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el domingo, durante la conmemoración del 146 aniversario de la Defensa de Calama, la disolución de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar) y el inicio de una evaluación exhaustiva de los procesos llevados por el país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Estas medidas, según el mandatario, inauguran “una nueva etapa en la relación con Chile”, sin abandonar la histórica aspiración boliviana de una salida soberana al mar.

Arce justificó la clausura de Diremar, creada en 2011 bajo el gobierno de Evo Morales, al señalar que “los objetivos para los que fue establecida ya se cumplieron”. Este organismo lideró las demandas marítimas y de recursos hídricos ante la CIJ, incluido el caso por una salida al Pacífico, que Bolivia perdió en 2018. “Es momento de cerrar esa etapa”, afirmó el presidente del Estado.

Asimismo, destacó la necesidad de analizar en detalle los procesos judiciales iniciados en La Haya. “Bolivia debe conocer a fondo los resultados de estos juicios para replantear su estrategia jurídica y diplomática”, explicó. Esta revisión busca fortalecer la postura del país en sus reclamos internacionales.

El mandatario reiteró que la demanda de una salida soberana al mar permanece “irrenunciable”. “Con el riesgo de ser reiterativo, este sigue siendo el tema más importante para Bolivia”, subrayó, aunque aclaró que se priorizará el diálogo, el respeto al derecho internacional y la diplomacia con Chile.

Durante el acto, Arce homenajeó a los héroes y mártires de la Guerra del Pacífico (1879-1884), conflicto que privó a Bolivia de su acceso al océano. “En su memoria, persistiremos en nuestro legítimo reclamo”, afirmó.

Cambio de política

El cierre de Diremar y la evaluación de los juicios marcan un cambio en la política exterior boliviana, que transita de un enfoque de confrontación a uno más pragmático con Chile. Sin embargo, el gobierno mantiene la cuestión marítima como pilar de su agenda internacional. Este giro podría sentar las bases para un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, aunque persisten obstáculos como la desconfianza histórica y disputas pendientes, como el uso de las aguas del Silala.

Las decisiones de Arce reflejan una renovación estratégica, pero no un abandono de la lucha centenaria de Bolivia por recuperar su acceso al mar.

En Bolivia fueron detectadas más de 6.000 pacientes con enfermedad renal en 2024, por lo que reviste importancia la Campaña de Salud Renal lanzada por el Ministerio de Salud, para sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado de los riñones con hábitos saludables y chequeos médicos oportunos.

“La campaña está destinada a concientizar a la población sobre la importancia del cuidado del riñón, acceder a información, a pruebas gratuitas y controles de glicemia”, informó la responsable del Programa Nacional de Salud Renal, Sdenka Maury.

Además, recomendó a la población cuidar el riñón con una alimentación sana, evitar el consumo excesivo de sal y azúcares, grasas trans, la comida chatarra y beber agua para ayudar al órgano a realizar su función de desintoxicación del organismo.

Asimismo, es muy importante acudir a un establecimiento de salud por lo menos una vez al año para hacerse las pruebas de proteinuria y creatinina para verificar el funcionamiento de los riñones y prevenir complicaciones.

Las ferias de Salud Renal se llevan a cabo durante el mes de marzo en todo el territorio nacional.

Ayer se llevó a cabo una campaña en la ciudad de La Paz, organizada por el Ministerio de Salud y la Sociedad de Nefrología de Bolivia en el marco del Mes de la Lucha Contra las Enfermedades Renales en Bolivia, en cumplimiento a la Ley 329.

Las inundaciones en Beni afectan a 2.000 familias cuyas casas se encuentran anegadas; los municipios de Reyes, Rurenabaque y San Borja son los más golpeados.

El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Beni, Wilson Ávila, informó que los  ríos siguen subiendo y las lluvias no paran.

De acuerdo con las estimaciones del COED, se pronostica que el 23 de este mes habrá un último golpe de agua, y los habitantes y autoridades esperan que los barrancos resistan el caudal. Además, después de las últimas inundaciones en esas regiones, la gobernación reportó cultivos destruidos y plantaciones de plátano casi inservibles. 

En Riberalta se emitió la declaratoria de alerta roja; hay 33 familias que fueron evacuadas a albergues, informó ayer Daniel Wada, de la Unidad de Gestión de Riesgos.

“Vamos a tener una reunión en horas de la tarde para declararnos en emergencia ya que la situación está sobrepasando las capacidades de las unidades de gestión de riesgo; estamos sobrepasando el nivel del río (Beni), estamos con 11 metros de agua y las aguas han ingresado a diferentes zonas bajas”, expresó Wada en declaraciones al canal estatal.

Las 33 familias evacuadas residían en el barrio 11 de Octubre; fueron trasladadas al Coliseo Grande, mientras que 11 familias están viviendo en carpas. 

“Hoy tenemos que evacuar a siete familias más y estamos viendo la posibilidad de buscar otros albergues, entre ellas las unidades educativas” dijo el funcionario.

Un total de 38 unidades educativas suspendieron clases a causa de los desbordes de ríos y las inundaciones en el departamento de Beni, según las autoridades educativas.

En Pando, el municipio de Bella Flor declaró alerta roja debido a la significativa crecida del río Tahuamanu, que ha impactado gravemente a las comunidades de Palacios y Florida. 

Hasta el momento, se han reportado 10 familias damnificadas, con viviendas y tramos de carretera inundados, lo que ha generado una situación de emergencia en la zona.

Las autoridades locales informaron que se evacuará a las familias afectadas. Además, aseguraron que hoy se enviará ayuda humanitaria a las comunidades impactadas. Se instó a los pobladores a permanecer atentos a las instrucciones de las autoridades y a priorizar su seguridad en esta emergencia.

Desde noviembre hubo 500 casos

Las intensas lluvias que afectan a gran parte del país causaron más de 500 derrumbes, además de deslizamientos  en carreteras, desbordes de ríos e inundaciones. La alerta roja sigue vigente y hay riesgo hidrológico alto en al menos 98 municipios hasta la próxima semana. 

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcel Claure, indicó que se atendió 500 derrumbes desde noviembre del año pasado.

La ABC recomendó  precaución y en caso de emergencia, llamar a la línea gratuita 800-10-7222.