Bertha Ayala, Silvia Lipa Piloy y Ruth Alipaz son algunas de las decenas de víctimas indígenas bolivianas de violencia por defender el medioambiente en sus territorios de las actividades extractivistas mineras e hidrocaburíferas, principalmente.
Las víctimas denunciaron que sufrieron amenazas, fueron acosadas, intimidadas y desprestigiadas. Además, son hostigadas con la división de sus organizaciones y objeto de violencia psicológica.
En los últimos días, el guardaparque y defensor del medioambiente Marcos Uzquiano fue desvinculado de su cargo en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a dos semanas de denunciar tours de caza ilegal en áreas protegidas.
De acuerdo con una investigación del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), en los últimos siete años, se registraron 250 casos de agresiones a defensores ambientales, la mayoría mujeres.
Son personas que se han puesto al frente contra la minería ilegal, avasallamientos y tala indiscriminada para que se respeten los derechos ambientales, señaló el vocero de la Contiocap, Alex Villca.
Detalló que las agresiones van desde amenazas con armas de fuego hasta bloqueos en el acceso a sus comunidades.
Contó que Ruth Alipaz, quien encara una lucha contra el proyecto de la central hidroeléctrica Chepete -El Bala y la minería ilegal en el río Tuichi, recibió amenazas de muerte. “Le dijeron que le volarían la cabeza con dinamita”.
Villca también fue amenazado tras denunciar a una directora del Parque Nacional Madidi; las amenazas se suman a las campañas de desprestigio. “Nos desacreditan acusándonos de oponernos al desarrollo”, contó.
El activista en derechos humanos Franco Albarracín citó también la violencia que ejercen las mineras contra los pobladores del Ayllu Acre Antequera, en Oruro. “Se los amedrenta y se reprimen sus protestas”, dijo.
Berta Ayala y Hernán Roque denuncian que la explotación minera está por extinguir sus fuentes de agua, las que alimentaban los bofedales donde crecían plantas de totora y donde antes, en los alrededores, el suelo era apto para producir papa, quinua, varios tipos de haba y el ganado era abundante.
Albarracín señaló que se criminaliza la protesta de los defensores del medioambiente, quienes exigen el cumplimiento de las consultas previas e informadas. Es el caso de la lucha de líderes de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía que se oponen a tareas de exploración de gas de la empresa Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Albarracín denunció que en la Amazonía las empresas mineras se alían con jueces o fiscales para iniciar procesos infundados en contra de defensores ambientales, “cuyo crimen es luchar para que no contaminen los ríos, para que no trafiquen tierras, para que no los involucren en actividades ilícitas”.
Una de estas víctimas es Lipa Piloy, dirigente del pueblo indígena leco en el norte paceño, quien es atacada por resistir la invasión de empresas mineras de oro en el Parque Nacional Madidi.
Lamentó que las amenazas son más frecuentes contra las defensoras ambientales por ser mujeres. “Son amenazadas de violación sexual, de que van a atacar a sus hijos”, cuestionó el activista.
Albarracín señaló que los defensores ambientales viven en situación desfavorable porque como país se depende de una economía extractivista, “que resulta depredadora de la naturaleza y vulneradora de los pueblos y líderes indígenas”.
Para el defensor de derechos humanos, el Gobierno, en los últimos años, benefició los intereses de las empresas mineras y no protegió los derechos de la naturaleza.
En la misma línea de Albarracín, el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Miguel Vargas, mencionó que unas 300 fundaciones u organizaciones no gubernamentales también relacionadas con la defensa del medioambiente son hostigadas desde diferentes instancias de Gobierno. “Hace 11 años que tienen restringida la libertad de asociación”, por ejemplo.
Para Vargas, la actividad minera es una de las principales causas para la violencia en los territorios donde operan. “Con la normativa vigente, las mineras ingresan a las comunidades, asumen derechos, criminalizan a los que se oponen a los efectos de la extracción y penalizan a los verdaderos dueños de los territorios”, denunció el activista.
Ven que se vulnera el Acuerdo de Escazú
La violencia contra los defensores del medioambiente, incluyendo el último caso del guardaparques Marcos Uzquiano, contradice los acuerdos internacionales firmados por
Bolivia, señaló el activista de derechos humanos Franco Albarracín.
El Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado boliviano en 2019, en su artículo 9, establece claramente la obligación de garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Albarracín señaló que pueden llegar sanciones, incluso económicas, contra el Gobierno boliviano por el incumplimiento del acuerdo.
En el caso del despido de Uzquiano, puede considerarse una forma de amedrentamiento que viola estos compromisos internacionales.
Recordó el caso de Chaparina, la marcha intervenida violentamente en defensa del Tipnis. Este se encuentra en la etapa de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
