El Ministerio Público emitió la resolución conclusiva de acusación fiscal en contra del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, además de otras ocho personas por la adquisición irregular de pruebas rápidas de antígenos nasales en 2022.

La autoridad departamental fue acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, entre otros.

Junto con Mamani, en la resolución también figuran Huáscar D.A.D., Benjo B.A., Lisbania L.T.C., Lourdes R.S.O., Sabino C.Z., Shiamira S.M.V., Oscar A.L.V. y Edwin C.M.M. por los mismos delitos. Los implicados en el caso aguardan la fecha para el juicio oral, público y contradictorio.

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, informó que durante la etapa preparatoria de la investigación se logró colectar una serie de indicios, con 33 pruebas documentales, además de pericias y otros que se presentarán en el juicio.

De acuerdo a los antecedentes, el caso data en 2022 a través de una denuncia que hizo la diputada Lissa Claros por la compra con sobreprecios de las pruebas, ocasionando un daño económico al Estado.

El Gobernador de Potosí firmó el contrato con la empresa RIGAAN IMPORT-EXPORT, por un monto de Bs 970.520, pese a que, en otras regiones del país, las mismas pruebas antígeno nasales fueron adquiridas a precios más bajos de Bs 16,50 por unidad, frente a los Bs 40 que se pagaron en Potosí.

Otro aspecto que señala la denuncia es que la firma no cumplió con la presentación de los documentos requeridos para formalizar la contratación. A pesar de esto, el proceso de adjudicación avanzó y, finalmente, el 29 de diciembre de 2022, se realizó un pago por Bs. 892.878 a la empresa adjudicada.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió ayer una sentencia que valida el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) “arcista” realizado en mayo en El Alto; por tanto, se reconoce al dirigente campesino Gróver García como presidente del MAS  y  se deja de lado a Evo Morales como máximo dirigente.

La resolución constitucional estaría poniendo fin a la lucha entre las dos alas del MAS, en la que el arcismo saldría victorioso con su representante a la cabeza del MAS y con el control de la sigla de la sigla política.

Tras conocer la decisión del TCP, García llamó a la unidad en torno a la dirigencia elegida en mayo y anunció que convocará a un nuevo congreso para la reforma del estatuto del partido.

 “Vamos a hacer la convocatoria a un congreso orgánico para mejorar el estatuto y reglamentos acorde a nuestra realidad y de los militantes (…) Siempre voy a pedir a Dios que nos dé mucha sabiduría para buscar un buen sentido de desarrollo de nuestro pueblo boliviano, es lo que vamos a hacer y vamos a conducir a la unidad”, afirmó.

En tanto, Morales acusó al Gobierno de Luis Arce por presionar a la Sala Cuarta del TCP, para que entregue la sigla del MAS, de manera “ilegal e ilegitima”.

“¿Cómo una sentencia judicial puede terminar dirimiendo algo que corresponde a la decisión democrática de los militantes del partido?”, cuestionó.

Órgano Electoral

El vocal del TSE, Francisco Vargas, señaló que no tienen conocimiento de la resolución constitucional y  no pueden emitir una opinión oficial.

La sentencia aún debe ser ejecutada por el TSE porque  Morales aún figura como presidente del MAS. Además,   tendría que entregarse la personería jurídica del MAS a Gróver García.

Nuevos liderazgos

El vicepresidente David Choquehuanca reafirmó  que Bolivia necesita nuevos líderes que trabajen en la segunda etapa del proceso de cambio, con valores éticos y morales; que no busquen sus intereses, que no menosprecien a sus hermanos, que cuiden los recursos naturales, que defiendan la industria nacional y no despilfarren las arcas del Estado.

Puntos de vista

Concluye la era Evo Morales y de aquí en adelante se consolida la renovación en el MAS. Ahora las candidaturas para 2025 las van a asumir los fundadores”

Rolando Cuellar

Diputado del MAS arcista

Una dirigencia corrupta y usurpadora pretende robar la sigla del MAS y quieren dirigir nuestro instrumento político”.

Renán Cabezas

Diputado del MAS evista.

Este viernes, los tribunales electorales departamentales llevarán a cabo el sorteo de jurados de mesa para las Elecciones Judiciales del 15 de diciembre.

Las sesiones comenzarán a las 10:00 en los TED de Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, mientras que en La Paz y Chuquisaca el proceso iniciará a las 09:00.

El sorteo se hará en una sesión pública, con la presencia de representantes de la sociedad civil, medios y candidatos, quienes supervisarán la transparencia del acto, informó Fuente Directa. También se transmitirá en vivo a través de las páginas de Facebook de cada TED para facilitar el acceso a la ciudadanía.

El sorteo elegirá a las y los ciudadanos habilitados en el Padrón Electoral para asumir como jurados electorales en las mesas de votación, quienes tendrán la responsabilidad de administrar las mesas y consignar los resultados en las actas correspondientes.

La Policía se moviliza a nivel nacional para hacer cumplir las órdenes de aprehensión en contra los líderes evistas, Ponciano Santos y Juan Ramón, acusados de terrorismo, alzamiento armado y daños a bienes del Estado.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, indicó que ayer se realizaron seis allanamientos en varios departamentos. Después de revisar los dos domicilios de Juan Ramón Quintana en Sofocachi no se lo pudo encontrar.  

Por otro lado, en Santa Cruz la Policía busca a Ponciano Santos. “En el departamento Santa Cruz se ejerce la búsqueda de uno de los procesados, Ponciano Santos, que también ha liderado estas movilizaciones”, dijo.

Aguilera indicó que no se sabe si estas personas abandonaron el país y explicó que seguirán el procedimiento de búsqueda y si es necesario se activará la búsqueda internacional.

También aseguró que no había ninguna orden de aprehensión contra Evo Morales.

Los dirigentes evistas Humberto Claros y Ramiro Cucho fueron detenidos ayer y posteriormente trasladados a la ciudad de La Paz para declarar sobre las denuncias contra ellos por liderar los 24 días de bloqueos en el país.

Claros fue detenido en Quillacollo, en Cochabamba, y luego fue trasladado, vía aérea, a la ciudad de La Paz. Fue llevado hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en medio de una caravana de nueve vehículos policiales, con los vidrios polarizados.

Horas más tarde, el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) evista, Ramiro Cucho, fue detenido en la ciudad de Potosí y se lo llevó a dependencias de la Felcc en La Paz.

Aguilera indicó que en el domicilio de Cucho se encontró municiones y armamento de guerra.

En mayo de 2024, la Procuraduría General del Estado (PGE) concluyó que la Sentencia Constitucional  (SC) 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “dejó sin efecto (superó)” la  SC 084/2017, con la que Evo Morales intentó, de forma fallida, postular a una nueva elección presidencial en 2019.

La SC 1010 establece que el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años. Pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua, fundamentada en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE).

La SC 1010/2023 del TCP, al margen de aplicar para el presidente y vicepresidente, aplica también para otras autoridades específicas, como asambleístas, o para un cargo electivo de los Órganos Ejecutivos, Concejos y Asambleas de los gobiernos autónomos.

Respecto a las autoridades judiciales, se determinó que pueden ejercer dos mandatos, continuos o discontinuos, pero nunca en el mismo tribunal.

Lo que equivale a decir que los asambleístas tienen un mandato de cinco años que puede extenderse a otro periodo similar de manera continua, no siendo posible pretender, posterior a ello, volver a candidatear y menos ejercer dichas funciones por un tercer periodo

Los Tiempos consultó con la abogada y analista política Carolina Orias, quien recordó que la Sentencia Constitucional 1010/2023 deviene de una acción de amparo presentada por Miguel Ángel Balcazar Ruiz, postulante al proceso de preselección de las autoridades judiciales, porque consideró que sus derechos a la libertad de expresión y ciudadanía se veían afectados con los requisitos exigidos para poder postularse al proceso de preselección.

“Esta sentencia aprovecha la oportunidad para desarrollar más allá de lo pedido el derecho a la reelección en tres órganos del Estado. Si bien en la parte resolutiva concede la tutela al demandante, porque la sentencia aplica al caso en concreto, el análisis e interpretación de la Constitución Política del Estado (CPE) aplica para todos. En este sentido, sus alcances son para todos”, mencionó.

Además, Orias advirtió que, si bien la sentencia no establece de manera textual que Evo Morales no puede volver a postularse para presidente o a algún cargo que le permita estar en la línea de sucesión, “en el marco del control de convencionalidad, realiza una interpretación de la CPE, donde establece de manera clara que ninguna persona puede postular más de dos veces, continua o discontinua, al mismo cargo electo”, señaló.  

El analista político Paúl Coca detalló también que, por mandato constitucional, todos los cargos públicos electivos (presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y todo cargo electivo en síntesis) gozan de la prohibición constitucional de no postularse por encima de lo dispuesto en la CPE.

La SC 1010 se fundamenta en la Constitución Política del Estado, que en el artículo 168 establece que el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua.

Los dirigentes evistas Humberto Claros y Ramiro Cucho fueron detenidos ayer y posteriormente traslados a la ciudad de La Paz para declarar sobre las denuncias contra ellos por liderar los 24 días de bloqueos en el país.

Claros fue detenido en Quillacollo, en Cochabamba, y luego fue trasladado, vía aérea, a la ciudad de La Paz. Fue llevado hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en medio de una caravana de nueve vehículos policiales, con los vidrios polarizados.

Claros, dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) evista, fue uno de los líderes de la extrema medida de presión que provocó daños económicos por más de $us 2.000 millones y perjuicios a la población.

En los puntos de bloqueo de Parotani y Mairana, además, los movilizados retuvieron a policías y periodistas, y respondieron con el lanzamiento de explosivos a los operativos de desbloqueo.

Horas más tarde, el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) evista, Ramiro Cucho, fue detenido en la ciudad de Potosí y se lo llevó a dependencias de la Felcc en La Paz.

La Fiscalía investiga a los bloqueadores por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, tráfico de armas, tenencia o portación ilícita de armas, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa y secuestro.

Tras conocer de las detenciones, el expresidente Evo Morales las calificó de “ilegal y arbitrarias, que pretenden acallar al pueblo”.

“Denunciamos la ilegal y arbitraria detención de Humberto Claros, dirigente de la Csutcb. Quien es injustamente privado de su libertad por liderar las movilizaciones de protesta social por la crisis económica, en defensa de la vida y la democracia” dijo Morales en sus redes sociales.

Para el senador masista Andrónico Rodíguez, se tratan de  detenciones políticas. “Claramente, el Gobierno ha abandonado el diálogo para optar por el camino de las detenciones políticas a dirigentes como Humberto Claros y otros”, protestó en sus redes sociales.

La pasada semana, la Procuraduría había pedido la aprehensión de Claros, de Ponciano Santos y Juan Ramón Quintana,  por no asistir a declarar en el proceso iniciado por los delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y terrorismo.

Acusados están en varios penales

De los 90 bloqueadores evistas aprehendidos por la violencia en los desbloqueos dispuestos por Morales, 85 guardan detención preventiva en distintas cárceles de La Paz, mientras cinco están con detención domiciliaria.

El abogado del expresidente Evo Morales, Wilfredo Chávez, aclaró ayer que ofrecerán apoyo jurídico a los detenidos en las operaciones de desbloqueo.

Rechazó las denuncias de presunto abandono de los bloqueadores que fueron enviados a penales de la ciudad  de La Paz.

La Policía allanó la madrugada de este jueves una vivienda de propiedad del exministro Juan Ramón Quintana, en La Paz, y secuestró documentación y computadoras, según reportes de medios televisivos.

“Aproximadamente a las 02.00, tras un allanamiento realizado por la Policía en el domicilio del exministro de Evo Morales Juan Ramón Quintana (…), la Policía, luego de varias horas de la requisa, extrajo un CPU y dos cajas con información y de manera inmediata lo subieron a un vehículo color plomo tipo camioneta con resguardo policial”, señala el reporte del portal DTV.

Los efectivos llegaron hasta la vivienda, ubicada en la zona de Sopocachi en la ciudad de La Paz, con una orden de allanamiento y aprehensión, en medio de una importante presencia policial en los alrededores., según DTV.

La Fiscalía dispuso la aprehensión de Quintana al incluirlo en las investigaciones por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo, alzamiento armado y otros presuntamente cometidos durante los 24 días del bloqueo evista, en Cochabamba.

El 18 de octubre, al cumplirse el cuarto día de la protesta de las organizaciones afines a Morales, Quintana dijo que “los bloqueos se alimentan con sangre”.

La Procuraduría había pedido la aprehensión de Quintana en el marco del caso del bloqueo de caminos de los seguidores de Morales que se prolongó por 24 días, que se concentró en Cochabamba.

La orden de allanamiento fue emitida dentro del proceso en contra de José Ciprián Fabián y otros por la presunta comisión del delito de terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, según el documento al que accedió la red Unitel.

Ayer la Policía aprehendió a los dirigentes evistas Ramiro Cucho y Humberto Claros, por los bloqueos de 24 días.

Este martes 12 de noviembre se cumplen 12 años de la asunción de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia interina. La exmandataria recordó la fecha con un mensaje con el cual defendió sus actos y ratificó que actualmente es una presa política.

“Asumí mi deber y volvería a hacerlo por la democracia y la libertad”, afirmó Áñez mediante redes sociales.

En 2019, Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado y asumió la presidencia del Estado ante la renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, además de la presidenta y el vicepresidente primero de la Cámara Alta.

Recordó que en ese entonces se acordó una “sucesión constitucional”, tras la renuncia y huida de Evo Morales, con mediación de la Iglesia y la participación de dos expresidentes y parlamentarios del MAS y de la oposición.

Señaló que asumió su deber por amor a Bolivia, puesto que el pueblo era víctima de la violencia de “grupos armados masistas”.

“El amor es más grande que el odio y a los culpables del fraude, abandono de funciones y caos, les llegará la Justicia”, advirtió.

Añez actualmente tiene una sentencia de 10 años de cárcel, después de que la Fiscalía le acusó de haber asumido la presidencia de manera irregular. Además enfrenta otros procesos como del caso “Golpe I”, Senkata y Sacaba.

Denunció que es un “trofeo y presa política del régimen del MAS”, pero su fe y espíritu no serán quebrados.

“Soy inocente: Amo a mi país, resisto cada día, lucho por la unidad que erradicará al régimen del MAS que nos condena a la división entre bolivianos y al socialismo totalitario y empobrecedor”, agregó.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) rechazó que las descargas de combustible en la terminal marítima de Sica Sica, Arica, en Chile, hayan sido interrumpidas, y aseguró la llegada de nuevos buques con gasolina y diésel para enfrentar la alta demanda generada por recientes bloqueos en el país.

En conferencia de prensa, la gerente de Productos Derivados de YPFB, Gabriela Delgadillo, presentó documentación que confirma que el presidente de la estatal, Armin Dorgathen, supervisó las descargas en Arica durante el fin de semana. Además, detalló que el proceso de descarga del buque “Largo Eden” comenzó el sábado 10 de noviembre y culminó al día siguiente, seguido de la descarga de un segundo buque con diésel el 11 de noviembre.

YPFB explicó que las operaciones en la terminal marítima se desarrollan bajo el control de la autoridad marítima chilena, que evalúa constantemente las condiciones del mar y el clima para autorizar las descargas.

Asimismo, Delgadillo informó que en noviembre ya se descargaron dos buques y que otros están programados para los próximos días, garantizando un flujo estable de combustibles. Además, mencionó que se ha programado el ingreso de combustible a Bolivia desde Argentina, Paraguay y Perú mediante cisternas, esperando con esto normalizar el suministro gradualmente tras los impactos de los bloqueos recientes.

Médicos y trabajadores de la Caja Petrolera de Salud (CPS) cumplen desde hoy un paro movilizado de 120 horas, pero con la atención de emergencias, la medida inicia hoy martes y se extiende hasta el sábado 16 de noviembre.

Los trabajadores pedían la destitución de la máxima Autoridad Ejecutiva de la institución, David Martínez, además denunciaron la falta de equipos

Tras reuniones y compromisos del Gobierno nacional el sector ahora pide la posesión de una nueva MAE.

“Las autoridades estatales dieron respuesta a nuestra demanda principal, en fecha 7 de noviembre de 2024, en una reunión nacional de organizaciones sociales en la Casa Grande en La Paz, todas las medidas se levantarán una vez que se posesione una nueva MAE en la CPS, previa comunicación de nuestro ente matriz”, señala un comunicado de los trabajadores.