Policía pide no comprar dólares por encima del cambio oficial fijado en Bs 6.96

Estas acciones surgieron en respuesta a la aparición reciente en redes sociales de presuntas ofertas de compra y venta de dólares a un tipo de cambio de Bs 8.60.

La Policía instó a no adquirir dólares estadounidenses por encima de la cotización oficial de 6.96 bolivianos, establecida por el Banco Central de Bolivia.

Mediante un comunicado oficial publicado en sus plataformas de redes sociales, la Policía informó que en las últimas semanas ha recibido varias denuncias relacionadas con especuladores que están vendiendo la moneda extranjera a precios excesivamente elevados, en respuesta a una demanda inusual para la compra de dólares.

Se advierte que incrementar el precio oficial del dólar constituye un delito conocido como “agio”, mientras que ocultar la divisa es considerado como “especulación”, ambos tipificados en el Código Penal del país.

Además, se hace hincapié en que obtener ganancias mediante la venta del dólar a precios inflados y de forma clandestina se considera ganancia ilícita, sancionable con penas de cárcel.

La Policía insta a la población a no caer víctima de estas prácticas delictivas y a evitar favorecer a los especuladores comprando dólares en el mercado paralelo.

Estas acciones surgieron en respuesta a la aparición reciente en redes sociales de presuntas ofertas de compra y venta de dólares a un tipo de cambio de 8.60 bolivianos, aparentemente en la ciudad de La Paz, mientras que en otras localidades se observaban ofertas de transferencias.

La creciente demanda de dólares también ha llevado al viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, a lanzar una iniciativa para reunir a varias instituciones, incluyendo ASFI, Asoban y la Policía Boliviana, con el fin de analizar estrategias para contrarrestar lo que el gobierno considera como “especulación” del dólar en el mercado paralelo.

 

 

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Evistas amenazan con retomar bloqueos luego de reunión del 23

El diputado del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Freddy López adelantó que las organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales realizarán un ampliado el próximo 23 de febrero y podrían decidir reactivar sus protestas para exigir la renuncia o destitución de los magistrados prorrogados, según reporte de Oxígeno.bo.

“Algunos sectores y organizaciones han sido muy tolerantes, creo que dieron un cuarto intermedio (en sus protestas) y están en estado de emergencia. Ojalá algunos diputados (del “arcismo”) tomen en cuenta que el tema de los bloqueos y algunas movilizaciones que se van a dar serán por culpa de ellos. Yo creo que la decisión que se va a tomar dentro del ampliado, del 23 de este mes, va a ser muy importante”, afirmó López en una conferencia de prensa.

López advirtió que, en caso de reactivarse las protestas, no sólo sería por la renuncia de los magistrados, sino también por otras demandas, como la de los recursos naturales.

El dirigente intercultural del ala “evista” Juan Enrique Mamani responsabilizó a los legisladores del “arcismo” así como al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, por los posibles nuevos bloqueos.

La sesión de la Cámara de Diputados aún no tiene fecha y hora para su reanudación.

 

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Prevén que las elecciones judiciales serán en agosto o septiembre

La fecha de las elecciones judiciales será entre agosto y septiembre de este año, según las previsiones de dos autoridades del Órgano Electoral.

El vocal Francisco Vargas dijo que la fecha será fijada con base en los plazos estipulados en la Ley 1549 de las elecciones judiciales que el presidente Luis Arce promulgó ayer.

Según la norma, el Legislativo deberá enviar al TSE en 80 días la lista de los postulantes preseleccionados para que participen en las elecciones judiciales. Luego hay 150 días de plazo para que el TSE realice los comicios.

Lea también: Presidente Arce promulga la Ley 144 transitoria para las elecciones judiciales

“La ley prevé un plazo hasta 150 días, sin embargo, en base a criterios técnicos vamos a asumir una postura institucional definiendo la fecha para la elección que podría darse entre el mes de agosto o el mes de septiembre”, señaló Vargas a la red Unitel.

Sin embargo, puntualizó que “esto va a ser una tarea que va a emanar de las consultas también que se puede hacer a todos los tribunales electorales departamentales, a nuestra Dirección Nacional de Procesos Electorales y a todas las instancias que son parte del Órgano Electoral”.

El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe dio más detalles y afirmó que los 150 días de plazo que tiene el TSE podrían ser menos porque se tiene capacidad para realizar los comicios hasta en 90 días.

“Si hoy arrancamos, el día 80 es el 26 de abril y ese día se debería estar remitiendo la lista de los candidatos preseleccionados. Si fuera así, el próximo 22 de septiembre se realizarán las elecciones. Eso bajo la hipótesis de que hoy pudieran proceder a la convocatoria”, sostuvo el vocal Tahuichi en Red Uno.

 

 

 

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Gobernación de Santa Cruz acusa al INRA de Cochabamba de rebasar límites jurisdiccionales

La Gobernación de Santa Cruz acusó este martes al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) regional de Cochabamba de exceder sus competencias y adentrarse en el territorio cruceño para llevar a cabo procesos de saneamiento de tierras en áreas en disputa por límites departamentales.

Según el secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de Santa Cruz, Pablo Sauto, personal del INRA Cochabamba habría realizado acciones de saneamiento en zonas cercanas a puntos de conflicto, como Carahuasi, Locotal y Aguas Blancas, todos ubicados dentro del departamento de Santa Cruz.

Esta acusación ha generado tensión entre ambos departamentos, ya que la Gobernación de Santa Cruz responsabiliza al INRA por los posibles conflictos que puedan surgir entre las comunidades de ambas regiones.

Para resolver estos problemas limítrofes, se había llevado a cabo un proceso de conciliación administrativa entre Santa Cruz y Cochabamba, supervisado por la Dirección Departamental de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con las normas legales.

Sin embargo, este proceso no logró conciliar cuatro áreas o tramos, ubicados entre los municipios de Comarapa y Saipina, en la provincia Manuel María Caballero, y en Yapacaní, perteneciente a la provincia Ichilo.

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Cívicos de Beni instalan 9 puntos de bloqueo; Gobierno se reunirá con sus pares de Brasil

En demanda de la construcción de un puente internacional entre Bolivia y Brasil, el Comité Cívico del Beni instaló desde la madrugada de este martes nueve puntos de bloqueo en las principales carreteras de esa región. Entre tanto, el Gobierno anunció que se reunirá con las autoridades del vecino país este miércoles.

“Por eso es que hemos decidido no tocar la ciudad e instalar los bloqueos de carreteras como una forma de protesta. Tenemos cuatro puntos en Trinidad, mientras que en las provincias tenemos las vías bloqueadas hacia Mamoré, Itenez, Yacuma, San Ignacio de Moxos y en la provincia Ballivián”, informó el presidente Del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, a la ANF.

A las 02:00, aproximadamente, de este martes el vicecanciller Benjamín Blanco y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño lograron salir de la sede de los cívicos de Guayaramerín luego de que estuvieron retenidos varias horas por una vigilia que exige la construcción del puente binacional.

“El jueves estamos volviendo, la carretera se construye el puente porque así lo instruyó el presidente Luis arce. Las negociaciones con Brasil están avanzadas y entonces eso es lo que tenemos que esperar el día miércoles, en la reunión”, indicó Montaño tras salir de la sede de la entidad cívica.

La comisión de Gobierno llegó el lunes hasta Guayaramerín para dialogar con organizaciones sociales y pobladores sobre la construcción del puente binacional. Sin embargo, el encuentro fracasó porque no se llegó a un consenso y la población molesta se trasladó hasta la sede de los cívicos para protestar.

La exigencia de los cívicos es que Bolivia retire las observaciones al proyecto de Brasil para que se licite la obra, que tiene previsto iniciar las obras en los primeros meses de 2024. El Gobierno de Bolivia pidió la modificación del proyecto en dos aspectos: la altura de navegación vertical es de 16 a 19,5 metros y de 100 a 120 metros de forma horizontal,

En caso de que se modifique, el vecino país tendría que realizar un nuevo estudio que demorará entre dos y tres años, tiempo, que Beni no está dispuesto a esperar. El puente será financiado por el vecino país en un 100 por ciento, como parte del Tratado de Petrópolis de 1903.

Repliegue de campesinos

El ejecutivo de los campesinos de Guayaramerín, Eriberto Von-Dokren, indicó que ese sector no participará en las medidas de presión porque no cumplieron con la promesa que les hicieron: apoyarlos y no retener a las autoridades después de la reunión.

“Nosotros hemos levantado los puntos de bloqueo, todas las medidas de presión. Principalmente, no estamos de acuerdo con el vandalismo que se ha generado. No es que hayamos bajado las manos, vamos a estar en alerta hasta que se tenga una respuesta”, declaró.

El dirigente indicó que esperarán el informe de una reunión técnica, que sostendrán autoridades de Bolivia con sus similares de Brasil.

Al respecto, Aponte cuestionó que hayan tomado esa decisión y que solo estén velando sus intereses personales. Consideró que están en buscan la simpatía del Gobierno con el fin de obtener algún beneficio.

Están en todo su derecho, pero lo que llama la atención es que estratégicamente, ante la llegada del gobierno, ellos suspenden sus medidas de presión. Nosotros creemos que ellos tienen otras intensiones, pretenden truncar el desarrollo del departamento por intereses mezquinos”, manifestó.

 

Finalmente, el dirigente cívico advirtió que no levantarán las medidas de protesta hasta que exista un acta firmada, en el que el gobierno se compromete a viabilizar la construcción del puente internacional que se encuentra paralizado desde hace 20 años. Dijo que ese proyecto es una alternativa para el desarrollo de esa región.

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Sequía afecta a 206.811 familias y hay 48 municipios con declaratoria de desastre

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este martes que se reportó que la sequía afectó a seis departamentos y que 48 municipios están en emergencia ante la escasez del recurso hídrico.

La sequía continúa golpeando a una gran parte del territorio boliviano y hasta el momento las familias afectadas por este fenómeno suman 206.811.

 

“En La Paz (existen) 101.569 familias afectadas; en Cochabamba, 28.501; en Oruro, 25.549; y en Chuquisaca, 51.192. En total hacen 206.811 familias afectadas”, explicó el Ministro de Defensa.

Ente los departamentos que sufren por la sequía está La Paz, Santa Cruz, Potosí, Cochabamba Oruro y Chuquisaca, estos últimos tres ya declararon emergencia departamental.

Asimismo, señaló que 48 municipios ya se declararon en situación de desastre.

“Serían 1.512 comunidades afectadas; en familias afectadas tendríamos 206.811”, detalló Novillo.

Agregó que las hectáreas afectadas son 10.200 hectáreas, de las cuáles la mayoría están en La Paz y Cochabamba. Finalmente precisó que, por la falta de acceso al agua, un total del 131.372 cabezas de ganado están afectadas.

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Ministra Prada dice que el gobierno estará atento al cabildo de El Alto

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró este martes que las autoridades del Gobierno nacional estarán atentas, junto a las organizaciones sociales, al cabildo convocado por el Pacto de Unidad para el 17 de octubre, en la ciudad de El Alto.

“Las organizaciones sociales matrices convocaron a este gran encuentro y nosotros estaremos atentos y de lado de las organizaciones sociales buscando fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno del pueblo y las organizaciones sociales, que son el corazón y fundadoras del instrumento político del MAS – IPSP”, dijo la ministra a los medios de comunicación.

El Pacto de Unidad, un bloque de organizaciones sociales reunido en La Paz, convocó a la “gran marcha y cabildo” para el 17 de octubre en El Alto en defensa de la democracia, del MAS y del proceso de cambio.

La ministra Prada realizó las declaraciones tras concluir el acto de inauguración del primer ampliado de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolinas Sisa”, que se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba.

Resaltó también la realización del ampliado de la confederación de mujeres campesinas, que es una de las organizaciones matrices fundadoras del MAS – IPSP y destacó que ese tipo de encuentros fortalecen a las organizaciones sociales.

 

“Nos parece importante estos espacios de encuentro y fortalecimiento de la organicidad de las organizaciones sociales, las reflexiones y los diálogos, estos son espacios en los que se deben discutir y debatir los temas que son de preocupación de las organizaciones sociales”, sostuvo.

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El Segip lanza catálogo de 1.175 profesiones y oficios para carnet

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) lanzó un catálogo con 1.175 profesiones y ocupaciones válidas para que los ciudadanos puedan declarar en sus cédulas de identidad la actividad que realizan. Con esta medida, ya no se podrán registrar ocupaciones como “caporal”, “alemán” o “mil oficios” en los documentos de identificación.

Influenciador en redes sociales, creador de contenidos, gestor de redes sociales, robotista aficionado, jugador de deportes electrónicos o deportista podrán leerse como ocupación en las cédulas de identidad bolivianas, con la actualización del catálogo de profesiones (896) y ocupaciones (279).

 

En el caso de las profesiones, el ciudadano deberá presentar un título profesional para registrarse como tal en su cédula de identidad; en cambio, no se necesita ningún documento para registrar una ocupación porque es de libre declaración

Patricia Hermosa, directora nacional del Servicio General de Identificación Personal (Segip), indicó que esta actualización se efectuó con información oficial proporcionada por el Ministerio de Educación, el Comité Ejecutivo de la Universidad Bolivia (CEUB) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Hemos pedido a nuestra directora del Segip que realicen una evaluación de todas las profesiones y ocupaciones que se encontraban registradas en las cédulas de identidad (…). Lamentablemente, hemos podido evidenciar que en algunas cédulas de identidad tenían registradas como una profesión u ocupación ‘alemán’, ‘caporal’ o profesiones y ocupaciones que no corresponden”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Del Castillo destacó que, con esta actualización, se busca que el oficio o profesión corresponda a la realidad de quienes tramiten su documento. Por otro lado, anunció que habrá nuevas cédulas de identidad a partir del 1 de noviembre.

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Siles afirma que encontró una Procuraduría descuidada, cerrada y hermética; anuncia su descongestionamiento

El procurador general del Estado, César Siles, ofreció este jueves una conferencia de prensa en la que dio detalles de cómo encontró esa instancia estatal tras la salida de Wilfredo Chávez.

“En realidad, toda la parte transversal de la Procuraduría ha sido bastante descuidada, cuando la parte transversal es importante y trascendental para el éxito del trabajo”, señaló el actual Procurador.

 

Siles asumió el cargo de Procurador en lugar de Wilfredo Chávez a inicios de septiembre. Éste último, ahora, volvió a asumir como abogado del jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.

La autoridad, en ese sentido, observó principalmente que en encontró a una Procuraduría “muy cerrada y hermética”.

“Encontramos una Procuraduría muy cerrada y hermética; a partir de hoy tendrán una Procuraduría de cara al pueblo, al debate y al sufragio público”, dijo en su primera conferencia de prensa como titular de esa cartera.

En ese sentido, Siles también anunció un ajuste en estructura de la PGE, porque se ha constatado una “superposición”, “colisión” y “duplicidad” de funciones, no solamente a nivel interno, sino también respecto a otras identidades del estado, como la Contraloría, el Ministerio de Justicia y hasta el Ministerio Público.

Según Siles, tampoco las direcciones departamentales de la PGE han cumplido el “rol decisivo” que deberían tener, de acuerdo con sus competencias.

“Tenemos que descongestionar procesalmente a la misma Procuraduría; tenemos que tener criterios de intervención más sólidos y más transparentes”, afirmó Siles.

Además, en el acto presentó a los tres subprocuradores interinos de Defensa y Representación Legal del Estado, Sidney Morales; de Supervisión e Intervención, Iván Córdoba, y de Competencia, Aldo Torres.

Procesos

El Procurador General del Estado detalló que en la subprocuraduría 1, de Defensa y Representación Legal del Estado, existen actualmente un portafolio de 111 casos, entre peticiones, acuerdos de solución amistosa y medidas cautelares.

Además, informó de siete sentencias que se encuentran en etapa de supervisión; dos sentencias que fueron cumplidas por el Estado boliviano y tres opiniones consultivas. Eso, únicamente, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

“En el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos tenemos pendientes siete solicitudes”, agregó Siles.

Señaló que, en temas arbitrales, hay nueve casos activos: cinco arbitrajes comerciales y cuatro emergentes de las denuncias presentada por Bolivia a tratados bilaterales de inversiones.

“Hemos previsto generar un Consejo de Asistencia para la Defensa Arbitral, con una función de elaborar estrategias y lineamientos para la etapa conciliatoria tanto procesos de arbitraje en materia comercial como materia de inversión”, planteó Siles.

En cuanto a la subprocuraduría 2, de Supervisión e Intervención, se encontraron 550 procesos penales, civiles, coactivos, contenciosos y contenciosos administrativos, a nivel nacional, “en los que la misma Procuraduría es una de las partes procesales”.

Pero además informó de otros 263 casos, a escala nacional, en procesos de supervisión donde “la procuraduría realiza seguimiento o patrocinio”, aunque señaló que la participación de la Procuraduría en estos últimos genera muchas dudas.

“Hemos encontrado en esta área de competencia una Procuraduría con intervenciones que generan muchas dudas y susceptibilidades. Queremos a partir de ahora una Procuraduría transparente, priorizando el rol constitucional de supervisión”, aclaró.

Finalmente, sobre la tercera subprocuraduría, de Asesoramiento, Intervención y producción normativa, informó que ese despacho emitió dos dictámenes en 2023, además de 145 recordatorios y 32 recomendaciones.

“Nos parece insuficiente (esa producción) para lo que va del año. Queremos activar en esta área la iniciativa y producción legislativa en el marco competencial de la Procuraduría”, reclamó.

Adelantó que desde esas tres oficinas se plantearán modificaciones a la legislatura “que no se ha tocado desde 2009 (cuando entró en vigencia la Constitución Política del Estado vigente).

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