La reactivación de bloqueos en los primeros días de la gestión 2026 vuelve a interrumpir rutas estratégicas de conectividad nacional e interdepartamental en Cochabamba, en un contexto de alta fragilidad económica caracterizado por restricciones de liquidez, presión inflacionaria, problemas de abastecimiento y desaceleración de la actividad productiva. Esta situación impacta de manera directa sobre la logística, la producción, el comercio y el empleo regional.

De acuerdo con el Reporte de Afectación Económica elaborado por la Unidad de Análisis Económico de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), desde el inicio de 2026 el departamento registra 38 conflictos y protestas sociales, 3 días efectivos de bloqueo en rutas de conectividad nacional e interdepartamental y una afectación económica acumulada estimada en Bs 102,5 millones. Estas pérdidas se explican por paralización productiva, interrupción logística, encarecimiento del transporte, deterioro de productos perecederos y caída de ingresos en sectores estratégicos.

Cochabamba cumple un rol central como principal eje logístico del país, articulando el tránsito entre el oriente y el occidente. Cada interrupción en su red vial genera un efecto inmediato y multiplicador sobre la economía regional y nacional, afectando el flujo de alimentos, insumos industriales, combustibles y mercancías destinadas a los principales centros de consumo.

De mantenerse los bloqueos activos durante la presente jornada, la FEPC estima que la afectación económica diaria alcanzará los Bs 52,4 millones, con impacto directo sobre el transporte pesado, el comercio mayorista, la agroindustria, la manufactura, los servicios y el abastecimiento urbano. Esta pérdida diaria repercute sobre la producción regional, la estabilidad de precios y la continuidad de las operaciones empresariales, con efectos inmediatos sobre empresas, empleo y consumidores.

El reporte contextualiza esta afectación dentro de una tendencia estructural de creciente conflictividad social registrada en los últimos años. Durante la gestión 2025, Bolivia acumuló 577 conflictos sociales y 42 días efectivos de bloqueo, con una pérdida económica estimada de Bs 1.870 millones, concentrada principalmente en la interrupción de corredores logísticos estratégicos, paralización productiva y caída del comercio interregional. En la gestión 2024, el escenario fue aún más crítico, con 685 conflictos sociales y 75 días de bloqueo, que generaron una afectación económica acumulada de Bs 5.572 millones. Estas cifras evidencian que los bloqueos han dejado de ser eventos aislados para convertirse en un factor estructural de riesgo económico, con efectos acumulativos sobre la productividad, los costos operativos, la competitividad empresarial y el ingreso de empresas y hogares, particularmente en departamentos con alta centralidad logística como Cochabamba.

En el sector productivo y agroindustrial, las restricciones logísticas dificultan el ingreso oportuno de materias primas e insumos esenciales, exponiendo a productores y plantas industriales a pérdidas por deterioro de productos perecederos y a paradas operativas parciales o totales. Estas interrupciones comprometen volúmenes de producción, contratos comerciales y estabilidad laboral.

Asimismo, el comercio y la dinámica de precios registran impactos directos. La distorsión de la cadena de abastecimiento genera presiones al alza sobre los precios de alimentos y bienes de primera necesidad, afectando el poder adquisitivo de las familias, especialmente en los hogares de menores ingresos, y reduciendo la disponibilidad regular de productos en puntos de venta mayoristas y minoristas

Decenas de personas madrugan y hacen filas por varias horas en las estaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la ciudad de Cochabamba, con la esperanza de adquirir una garrafa de Gas Licuado de Petroleo (GLP), porque el producto ha desaparecido de los barrios debido a que los camiones distribuidores ya no alertan de su presencia con sus bocinas y presuntamente desvían los envases a tiendas, donde les pagan más del precio oficial de Bs 22,50. 

Las personas que están en la fila en la estación Cala Cala de YPFB, en la avenida Simón López, llegan incluso de otros municipios como Tiquipaya y Sacaba para adquirir una garrafa de GLP. 

Sin embargo, aunque se realiza una venta controlada verificando que cada persona solo adquiera una garrafa, algunas personas se dan modos para burlar el control y terminan acaparando varios envases. En uno caso cinco personas juntaron las cinco garrafas que compraron y  las subieron a un camión que los esperaba. 

En Santa Cruz, La Paz y Beni, la situación es similar en varios lugares debido a la escasez del producto y a que muchas tiendan han incrementado el precio de Bs 22,50 a 28 y 30 bolivianos. 

Investigación 

El contrabando es otra de las causas para la falta del producto debido a que una garrafa boliviana puede venderse en Bs 100 y hasta en Bs 750 con el galón o envase, incluso, varias se exponen en la feria de Desaguadero, en Perú, con el sello de YPFB, según el reporte de la Red  Bolivisión.

Subvención 

La viceministra Tatiana Genucio dijo que el GLP seguirá subvencionado y mantendrá su precio. 

“Podemos garantizar el abastecimiento de GLP en las plantas y en las distribuidoras, el precio se mantiene en Bs 22,50 la garrafa, y se está cubriendo una sobredemanda, debido a las filas que se han generado, por las falsas de noticias”, remarcó .

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), Dennis Rosales, informó que la mayoría de los anegamientos registrados en las últimas precipitaciones se originaron por el taponamiento de rejillas con bolsas, papeles y botellas de plástico. “Casi en la totalidad de los casos, los anegamientos se producen por la basura que la gente arroja en la vía pública”, afirmó.

Uno de los sectores más conflictivos es en las avenidas Ayacucho y Esteban Arze, donde cada lluvia intensa provoca acumulación de agua. 

“Cuando realizamos la limpieza, sacamos una gran cantidad de residuos que taponan las rejillas del colector”, explicó.

Rosales exhortó a la ciudadanía a evitar botar basura en las calles y advirtió que estos residuos no solo obstruyen las bocatormentas, sino que también ingresan a los colectores. “En lluvias intensas, la basura daña los equipos municipales y hace que el problema de las inundaciones sea recurrente, perjudicando a comerciantes, transporte y vecinos”, señaló.

Las vías aledañas a los mercados, como República, 6 de Agosto, Barrientos y otras, son las más afectadas durante la época de lluvias. Las cuadrillas municipales se encuentran desplegadas las 24 horas para atender emergencias y mitigar riesgos a la población.

Se estima que las últimas precipitaciones provocaron que unas 50 calles y avenidas se inunden, pero sin causar daños de consideración. 

El pronóstico da cuenta de que la temperatura mejorará este viernes con máximas de 28 grados Celsius. Sin embargo, el fin de semana se prevé un leve descenso con máximas que bordearán los 22 grados, como ha ocurrido en esta semana.

Pese a las filas por gas que se reportan en diferentes ciudades, la viceministra de Industrialización, Tatiana Genuzio señaló que el despacho es regular y que se está trabajando para cubrir la demanda.

Las filas en busca de garrafas de gas persisten en Santa Cruz y los vecinos señalan que los precios en tiendas de barrios continúan con sobreprecio. Ante ello, la viceministra de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, señaló que de forma temporal se decidió aplicar medidas de control en la compra, como exigir cédula de identidad y que cada persona solo pueda acceder a una unidad.

“Por ahora una persona solo puede comprar una garrafa. (La decisión) es hasta hoy y mañana y en la medida que se regularice esta situación (la sobredemanda)”, sostuvo.

No especificó con precisión cada cuánto tiempo una persona solo podrá comprar una garrafa. Aunque señaló que “no existe ni cupos ni frecuencia para esta distribución, por supuesto al día uno no puede alguien ir a comprar tres o cuatro veces con su carnet, la demanda debe ser con la frecuencia normal con la que uno utiliza una garrafa, que puede ser cada tres o cinco días“.

La viceministra también enfatizó que el Gobierno decidió mantener el precio del gas en garrafa a Bs 22,50, pese a que se liberó el de los otros combustibles, como gasolina y diésel

Los fuertes vientos y rayos que se registraron en la ciudad de Cochabamba el martes provocaron la caída de 20 árboles en el paseo del Prado, la plaza Colón y otras zonas, informó el director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez. 

Ante esta situación, la Alcaldía a través de la Dirección de Medio Ambiente y la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), activó un plan de emergencia para retirar los restos de los árboles.

Los incidentes provocaron afectaciones en cables de conexión eléctrica, aleros de viviendas, vehículos y la obstrucción parcial de algunas vías. Sin embargo, todos los casos fueron atendidos de forma inmediata. Ocho intervenciones estuvieron a cargo del personal de Medio Ambiente y el resto por cuadrillas de Emavra, garantizando la seguridad de la población y del tránsito vehicular.

Gutiérrez destacó que se continúa recibiendo denuncias ciudadanas y recordó que cualquier intervención en árboles debe canalizarse mediante la Unidad Forestal. Asimismo, exhortó a la población a no dañar las especies arbóreas, ya que estas acciones debilitan su estructura y aumentan el riesgo de caída en época de lluvias.

Entre las especies afectadas están jacarandá, pajarilla, paraíso, eucalipto y molle.

Una auditoría ambiental integral al botadero de K’ara K’ara concluyó que el sitio no es un relleno sanitario; sino, un botadero manejado que ya no cumple con las condiciones mínimas de seguridad ambiental ni sanitaria, por lo que recomienda su cierre técnico inmediato debido a los riesgos graves para la población y el medio ambiente.

El dictamen forma parte del Informe Final – Fase III, elaborado por la consultora Servidema SRL y fiscalizado por PSB Ambiental SRL, en el marco de un proceso impulsado por la Gobernación de Cochabamba, a recomendación de la Contraloría. 

El informe también advierte deficiencias en la gestión y control del botadero durante su operación, a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, la Empresa Municipal de Servicios de Aseo y la empresa operadora Colina. La auditoría señala que la información proporcionada por las instancias responsables fue insuficiente para identificar y cuantificar plenamente los impactos ambientales, motivo por el cual recomienda realizar una auditoría técnica y financiera al contrato de concesión, ante presuntos incumplimientos.

Riesgo por lixiviados

Uno de los hallazgos más alarmantes es la inestabilidad estructural de las macroceldas 2 y 3, consideradas un riesgo latente y crítico, especialmente durante la época de lluvias. “Existe una sobrecarga y riesgo de desestabilización de las macroceldas 2 y 3, lo que representa un peligro serio”, afirmó el especialista en residuos sólidos de Servidema, Marcelo Guerra. 

A este problema se suma el desborde y filtración de lixiviados, líquidos altamente contaminantes que se generan cuando el agua de lluvia atraviesa los residuos. Estos han superado la capacidad de las piscinas de tratamiento, provocando filtraciones al suelo y a cuerpos de agua cercanos.

Las aguas superficiales y subterráneas presentan contaminación severa, superando los límites de la clase D, la peor categoría ambiental. 

Esta situación tiene impactos directos en la salud. Asimismo, la auditoría informó sobre altas concentraciones de arsénico en el suelo, metal tóxico con efectos nocivos a largo plazo. Además de la proliferación masiva de perros, roedores y aves, lo que incrementa los riesgos sanitarios. En el componente atmosférico, se evidenció la emisión de olores ofensivos que alcanzan hasta dos kilómetros alrededor del botadero y superan los límites permisibles, con una alta presencia de partículas biológicas que clasifica la calidad del aire como “muy contaminado”, así como emisiones fugitivas de metano con concentraciones entre 1% y 23%, dentro del rango de riesgo de explosión o inflamabilidad. 

Se otorgó un plazo de 15 días para que 120 instituciones y ciudadanos acreditados presenten observaciones.