Un centenar de familias lo perdió prácticamente todo en la tragedia del lunes en la urbanización Codavisa; su casa, sus documentos, ropa, muebles, comida, y otras pertenencias, cuando un alud destruyó o dejó sus casas inhabitables.  Ahora se refugian donde familiares y arriesgan su integridad para intentar rescatar lo que se pueda.

Ayer, las intensas lluvias en la ciudad de La Paz provocaron otro deslizamiento en la zona de Chasquipampa, al sur de la urbe, con el desplome de un talud que aplastó una vivienda y provocó la muerte de un hombre de 59 años, mientras dormía. El personal de emergencia trabajó durante horas para rescatar el cuerpo.

En Codavisa, pese al riesgo, los damnificados no descansan intentando rescatar algunos muebles cargados al hombro. Funcionarios de la municipalidad y militares ayudan a rescatar algunas pertenencias.

El movimiento de tierra en Codavisa sigue activo, confirmaron ayer las autoridades de la Alcaldía de La Paz, tras una nueva evaluación realizada en el sector afectado.

El secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma, dijo que se pudo “constatar que todavía el deslizamiento se encuentra activo”.

Hasta ayer, el 60 por ciento de los enseres de las familias afectadas fue retirado en las tareas de evacuación, según Palma. Si bien hay un albergue transitorio habilitado en la iglesia Nazareno de la zona en emergencia sólo dos familias pasaron allí la noche del lunes.

Gonzalo Barrientos, director de Gobernabilidad de la Alcaldía, recordó que Codavisa no es apta para la construcción. Por lo tanto, las casas en este sector son edificaciones ilegales que obtuvieron autorización del municipio de Palca. “No son construcciones legales, porque no han sido autorizadas por el Gobierno Municipal de La Paz, pero como están en el límite con Palca, Palca ha dado las autorizaciones”, recalcó Barrientos.

Lamentó que cuando hay un territorio en disputa, no se pueda realizar ningún tipo de fiscalización, refiriéndose al municipio de Palca.

La Alcaldía activó una campaña de donación para recolectar alimentos, bebidas, ropa, artículos de higiene personal, así como medicamentos básicos.

Alerta roja

La emergencia por las lluvias se registra en ocho de los nueve departamentos de Bolivia.  El Ministerio de Educación instruyó a las direcciones departamentales y distritales asumir medidas de contingencia y el cambio de modalidad de clases presenciales a distancia, si corresponde, en regiones afectadas por las lluvias, para garantizar la seguridad de los estudiantes y el desarrollo de las actividades académicas.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitieron una alerta roja por posibles desbordes de ríos en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz que rige del 11 al 25 marzo.

Pronunciamiento

Ante las emergencias, el sistema asociativo municipal del país dio un plazo de 15 días a la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar dos créditos internacionales por $us 325 millones para la atención de emergencias y desastres naturales a causa de las lluvias.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, precisó que uno es el préstamo del Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) por $us 75 millones y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 250 millones.

OPINIONES

“La situación es preocupante porque el movimiento de tierra (en Codavisa) sigue activo”. Iván Arias, Alcalde de La Paz

“Hay 36 zonas de riesgo idenficadas en la ciudad de La Paz desde 2011 con base estudios especilizados”, Solangel Murillo, Geóloga.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó que Bolivia es uno de los países que corre el riesgo de perder su voto en la Asamblea General por mora en el pago de sus cuotas “en una cantidad igual o superior a las contribuciones correspondientes a los dos años anteriores”.

Según un comunicado oficial de la ONU, Bolivia es uno de los seis países con mora en sus cuotas, junto a Afganistán, Congo, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Venezuela.

Según la información oficial, Bolivia adeudaría un mínimo de 772.364 dólares.

“En virtud del artículo 19 de la Carta, los Estados Miembros en mora en el pago de sus cuotas en una cantidad igual o superior a las contribuciones correspondientes a los dos años anteriores pueden perder su voto en la Asamblea General”, señala un comunicado de la entidad.

Y agrega que se permite una excepción si el Estado miembro demuestra que “por causas ajenas a su voluntad, no pudo contribuir a dicho pago”.

Al respecto, el exembajador de Bolivia ante la ONU, Diego Pary, afirmó que la deuda boliviana es pequeña en comparación a otros países, pero reveló que el perder el derecho al voto en la Asamblea General motivó su renuncia al cargo.

“La cuota que no se ha pagado a la a la ONU asciende a 780 mil dólares. Es una cuota muy pequeña. En el mundo solamente hay cuatro países que no han pagado la cuota”, indicó Pary en contacto con Erbol.

El Órgano Judicial se declaró en “emergencia presupuestaria” debido a la carencia de recursos económicos suficientes para funcionar, declaró ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, en conferencia de prensa en la sede de esa instancia, en Sucre.

“Estamos presentes junto al presidente y la sala plena del Tribunal Agroambiental, el presidente y la sala plena del Consejo de la Magistratura Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (…) y hemos asumido una postura rígida, firme, (…) no tenemos un presupuesto que nos garantice por lo menos el funcionamiento del Órgano Judicial”, declaró el alto magistrado

En ese sentido, agregó, “hemos planteado el día de hoy ante la Comisión de la Ley 898 (que analiza la independencia judicial, la transparencia, el desarrollo normativo y el acceso igualitario a la justicia), la necesidad de que la comisión reconozca y declare en emergencia presupuestaria al Órgano Judicial para que con esta declaratoria (…) podamos pedir al Ministerio de Economía que asigne presupuesto para que podamos funcionar como Órgano Judicial”.

Saucedo, advirtió un desfase de al menos Bs 140 millones para contratación de personal eventual.

En ese marco, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, dijo que sin presupuestos “ningún proyecto, reforma o política” que venga del Órgano Judicial va a ser posible.

En este sentido, han sido varias las posiciones que han expresado, y en conjunto se expresó por todos los miembros de que el Órgano Judicial se encuentra en una emergencia presupuestaria”, dijo Baptista.