El presidente de Bolivia y Capitán General de las FFAA, Rodrigo Paz Pereira, realizó este miércoles su primer vuelo en una aeronave Karakorum K-8 en el marco de os actos de celebración del aniversario 209 de Tarija por la Batalla de La Tablada.

El jefe de Estado despegó del hangar presidencial FAB del GAP H1, para realizar un sobrevuelo por la ciudad de Tarija, en una aeronave que realiza vuelos rasantes y tácticos de formación.

Con una vestimenta acorde con el evento, Paz acompañó, como parte de la tripulación, a un piloto instructor quien controló la nave. Sobre su experiencia de vuelo reconoció que “te ordena las vértebras, te pone la columna rectita”.

Asimismo, destacó el trabajo que viene desarrollando las Fuerzas Armadas, como una institución que “hace patria”. “(…) Este es un nivel de profesionalismo y capacidad, e hicieron unas maniobras sencillas y con todo y eso uno se da cuenta del arduo trabajo que tienen y agradecerles con su compromiso a la patria”, sentenció el jefe de Estado.

El objetivo del vuelo fue que el primer mandatario conozca cómo son las operaciones de vuelo y tenga la experiencia en una aeronave de caza, según indicaron desde la Fuerza Aérea Boliviana.

Eran seis, quedan dos

El Karakorum K-8 es un avión de entrenamiento/ataque ligero biplaza, de ala plana y recta e impulsado por un motor a reacción. Bolivia compró en 2011, de forma directa y sin licitación, seis de esas aeronaves de industria china, de acuerdo con un despacho de ABI de 2009.

La Fuerza Aérea Boliviana dispone actualmente de solo cuatro de esos aviones pues dos de ellos se accidentaron: el primero, en marzo de 2021 en Sacaba, Cochabamba; y el segundo en enero de 2023 en Cobija, Pando, informa un artículo del sitio defensa.com, publicado hace tres años.

El viceministro de Tierras, Armando Vaca Diez, informó que solo firmaron un acuerdo con las provincias de Ballivián y Vaca Díez; sin embargo, la marcha en contra de la Ley 1720 hacia La Paz persiste por parte del resto de los sectores campesinos del oriente boliviano.

La Ley 1720 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a cambiar la clasificación de pequeñas propiedades privadas tituladas a medianas propiedades de forma voluntaria.

El acuerdo parcial se dio en Rurrenabaque, donde ambas partes suscribieron un acta que define el alcance de la normativa.

El documento establece que la aplicación de la ley se circunscribe a predios privados titulados, con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento productivo, pero no  afecta a las Tierra Comunitarias de Origen (TCO).

“Hemos logrado un acuerdo con comunidades campesinas de la provincia Vaca Díez, como también de Rurrenabaque de la provincia Ballivián. En ese sentido, en la mañana (ayer) terminamos de firmar el acuerdo y hemos logrado una firma con estas dos regionales”, dijo el viceministro en radio Fides.

Asimismo, explicó que acordaron establecer un cronograma de visitas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a estas dos provincias para hacer un trabajo en las comunidades indígenas.

De igual forma, el documento que las regiones Ballivián y algunas comunidades campesinas de Vaca Diez se “retiran de la marcha que venían realizando, en señal de buena voluntad y compromiso con el diálogo y los acuerdos alcanzados”.

Sigue la movilización

Sin embargo, pese a que estas dos provincias se retiraron de la marcha, aún hay subcentrales que continúan con la protesta hacia la sede paceña. Ante esta situación, Díez recalcó que seguirán en Rurrenabaque para dialogar con el resto de las organizaciones.

Los dirigentes de la marcha aseguraron que la protesta se enmarca en el respeto a los derechos colectivos, la autodeterminación y la dignidad de las comunidades.

Mientras no exista una respuesta que atienda de fondo sus demandas, los sectores movilizados ratifican que la marcha seguirá avanzando y las medidas se profundizarán.

Uno de los marchistas dijo que “rompieron el diálogo” porque el Gobierno solo quiere modificar un par de artículos de la cuestionada ley, mientras que otro manifestante aseguró que “no rompieron el diálogo”, pero que siguen con la movilización porque se reunieron con autoridades sin poder de decisión.

Mientras  René Yahuasi y un grupo de seguidores están en plena marcha de protesta en demanda de la realización de la segunda vuelta electoral en La Paz, los jueces de la Sala Constitucional alistan la sesión  para hoy a las 8:00 en la que definirán si dan curso o no al recurso de amparo presentado por el excandidato a la gobernación de La Paz.

En tanto, el secretario de cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, dijo que en caso de concederse la tutela al amparo constitucional presentado por Yahuasi, se generaría una situación de “cumplimiento imposible” debido al impacto que ocasionaría en el proceso electoral y en la transición de autoridades electas, afirmó a Erbol.

Según un reporte de BTV, el TSE también  presentó  un memorial ante la sala segunda del Tribunal Departamental de Justicia, solicitando que se deje sin efecto la medida cautelar, sin necesidad incluso de la audiencia, aduciendo que el OEP actuó conforme a la ley que dispone que ningún candidato puede participar de comicios sin el respaldo de un partido o agrupación política.

La Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió un amparo constitucional presentado por Yahuasi, el cual dispone la suspensión provisional de la proclamación de Luis Revilla como gobernador electo de La Paz, en tanto se emita una decisión en la audiencia fijada para hoy.

“De producirse una determinación de esa naturaleza, es de cumplimiento imposible, porque se estaría afectando la transición normal de las autoridades, que debe producirse el 3 de mayo”,  señaló.

Movilización

La marcha comenzó en el municipio de Puerto Acosta, ubicado en la provincia Camacho, y prevé llegar a la ciudad de La Paz el próximo lunes.

Yahuasi aseguró que esta movilización es “en defensa de la democracia” e invitó a distintos sectores sociales del departamento de La Paz a sumarse a la protesta.

“No nos vamos a rendir (…), esta marcha va a ser contundente para hacer respetar el voto (…) y por otras demandas sociales que vamos a estar recogiendo”, dijo Yahuasi.

Apoyo  de Paz

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz expresó su respaldo a la labor del TSE en la organización de la segunda vuelta y cuestionó a quienes “no entienden las reglas del juego”.

“El Gobierno  ha garantizado los recursos y la libertad para que los ciudadanos decidan su destino , presidente del TSE, más allá de los achaques de algunos que no entienden las reglas del juego, felicidades por su firme misión de sacar la democracia adelante”, dijo.

Miembros del Transporte Libre de Cochabamba instalaron un bloqueo en la carretera que conecta al departamento con Oruro y La Paz, el sector denuncia “invasión” de rutas y señala al transporte interprovincial.

La medida de presión se instaló desde las primeras horas de este miércoles a la altura del kilómetro 37, cerca de Parotani, cortando el paso a los motorizados que circulaban por el sector.

“Nosotros como transporte libre de Cochabamba, nuestra única petición es hacer respetar nuestra resolución 140”, manifestó a UNITEL Cristian Mamani, dirigente del transporte.

De acuerdo a la postura, estas observaciones ya se han hecho conocer las autoridades correspondientes, sin embargo, los acuerdos que se firman no se cumplen y quedan sin efecto pese a los compromisos.

“Estamos cansados ya de autoridades que nos comprometen, todo queda en escritorio, documentos tras documentos, todo se ha quedado en escritorio. No hay ninguna obediencia que pueda hacer la autoridad competente, por lo cual nosotros hemos decidido estar aquí para poder defender nuestro sector porque nos corresponde, nosotros somos legales, tenemos tarjetas de operación vigentes”, dijo.

El sector aseguró que su medida será indefinida, por lo que descartaron que vayan a levantar el bloqueo que instalaron en el lugar.

Según su postura, ellos no permitirán que el transporte interprovincial continúe realizando viajes y rutas que no les corresponde, ya que esto solo les causa perjuicios.

“Esta movilización es por culpa de las autoridades que no hacen cumplir la ley de transporte, la 165. Hoy por hoy, interprovinciales fungen como interdepartamental y un poquito más lo van a hacer como internacional. Y nosotros como transporte legal que somos de la resolución 142 estamos coartados de rutas”, apuntó el dirigente Aniceto Choque.

Debido a esto, varios buses que llegaban desde el occidente del país se quedaron varados en plena vía, mientras que varios pasajeros se vieron obligados a tener que caminar, incluso, con sus equipajes.

Se espera conocer la postura de parte de las autoridades en relación a esta medida de presión.

El presidente Rodrigo Paz afirmó este martes que la Ley 1720, no afecta tierras comunales ni reservas nacionales, y denunció la existencia de interpretaciones “incorrectas” y campañas de desinformación que, según dijo, buscan generar movilizaciones en el país.

El objeto de esa ley, promulgada el 10 de abril recién pasado es “autorizar al Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana”.

El jefe del Estado explicó que esa conversión puede realizarse de forma voluntaria y gratuita.

“En un plazo máximo de diez (10) días hábiles”, se lee en el texto de la norma publicada en la Gaceta Oficial del Estado.

Asimismo, señaló que la Ley 1720 apunta a reactivar el sector agrícola, permitiendo a los productores acceder a mejores condiciones de financiamiento y potenciar su capacidad productiva.

En esa línea, recalcó que “en Bolivia se respeta la propiedad privada”, desestimando versiones que advierten una supuesta afectación a la propiedad colectiva.

Paz sostuvo que algunos sectores están utilizando la norma de manera equivocada para generar alarma, cuando –aseguró– los procesos contemplados son voluntarios y cuentan con mecanismos de control que garantizan transparencia y seguridad jurídica.

El mandatario también indicó que la ley busca reducir la dependencia de financiamiento con altos intereses, facilitando el acceso a créditos bancarios en condiciones más favorables para el área rural.

Las declaraciones surgen en un contexto de movilización de campesinos e indígenas que marchan desde Pando rumbo a La Paz en rechazo a la norma. Los manifestantes sostienen que la disposición afecta a comunidades y favorece a grandes propietarios.

La marcha llegó a Rurrenabaque, donde más de 300 personas fueron recibidas por la población con muestras de solidaridad y ollas comunes. Los movilizados exigen la abrogación de la ley y denuncian que no fue socializada en regiones como Beni y Pando.

El ejecutivo de la Federación de Campesinos de Pando, Yery Galindo, cuestionó la falta de consulta previa, mientras que a la movilización se sumó el dirigente de la Confederación de Campesinos de Bolivia, Víctor Hugo Roca.

Los marchistas esperan entablar un diálogo con autoridades en Rurrenabaque y advirtieron que, de no obtener respuesta, continuarán su recorrido hacia la sede de Gobierno.

La autopsia realizada en las últimas horas reveló que los dos pilotos de la aeronave que se precipitó este lunes en el norte de Cochabamba fallecieron a causa de un shock hipovolémico, producto de una hemorragia externa.

“Se ha logrado establecer en la autopsia que los pilotos fallecieron por shock hipovolémico, lo que quiere decir que estas personas tuvieron una hemorragia externa”, indicó el fiscal Edwin Blanco.

Blanco explicó que los pilotos sufrieron fracturas y lesiones de gravedad que provocaron un desangramiento en ambos, lo que ocasionó su muerte.

Este lunes se identificó a Carlos Fernando Moyano Aguirre y Julio César Sardán Villarroel como los pilotos que iban a bordo de la aeronave que despegó en horas de la mañana del aeropuerto de El Alto con destino a la ciudad de Santa Cruz en su trayecto la aeronave presuntamente sufrió un desperfecto lo que ocasiono que se precipite en el sector de Tipnis, zona del Chapare.

El fiscal señaló además que durante la autopsia se recolectaron evidencias que serán incorporadas a la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro aéreo.