Ocho hombres deportados de EE. UU. llegaron a Sudán del Sur días atrás, después de haber estado detenidos durante semanas en Yibuti mientras se desarrollaba su proceso legal en los tribunales. Sudán del Sur figura en la lista de países a los que Estados Unidos recomienda no viajar debido a la “delincuencia, secuestros y conflicto armado”. Los ocho habían sido condenados por delitos violentos en EE. UU. y ya habían cumplido sus sentencias o estaban cerca de hacerlo.
El grupo fue inicialmente enviado hacia Sudán del Sur en mayo. Sin embargo, fue desviado a Yibuti cuando el juez Brian E. Murphy, en Boston, determinó que los hombres no habían tenido una “oportunidad significativa” para oponerse a la deportación, que podría ponerlos en peligro. Según informó la agencia AP, el grupo fue embarcado en un vuelo fuera de EE. UU. apenas unas horas después de recibir el aviso, sin posibilidad de contactar a sus abogados. La semana pasada, el Tribunal Supremo revocó la decisión del juez Murphy.
El caso ha sido comparado con el polémico y ya abandonado acuerdo del Reino Unido con Ruanda, ya que Sudán del Sur no es el país de origen de todos los deportados, sino un “tercer país”. Mientras que uno de los ocho hombres es originario de Sudán del Sur, los demás provienen de Cuba, Laos, México, Birmania (Myanmar) y Vietnam. Las autoridades estadounidenses señalaron que la mayoría de los países de origen de los hombres se negaron a recibirlos.
Según reportó The New York Times (NYT), EE. UU. tiene la intención de expandir su red de deportaciones a terceros países, y ha pedido —o planea pedir— a al menos 58 países que acepten a personas que no son sus ciudadanos. Hasta ahora, ocho países habrían aceptado: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Kosovo, México, Panamá, Ruanda y ahora Sudán del Sur.
Entre los países considerados por la administración Trump como posibles destinos adicionales para deportaciones se encuentran Ucrania y Siria. Sin embargo, como muestra este gráfico, la mayoría de las 51 naciones citadas por el NYT están en África (31 países), incluidos la República Democrática del Congo y Libia. Muchos de estos países están sujetos a una prohibición de viaje total o parcial a EE. UU., o están siendo considerados para una.
Ya se han producido deportaciones de nacionales a terceros países en lo que va del año. Esto incluye a más de 130 venezolanos enviados a una prisión en El Salvador y a un estimado de 200 migrantes —entre ellos unos 80 niños— de países como Afganistán, Rusia, China e India, que fueron enviados a Costa Rica.
El plan continúa
A medida que la administración Trump incrementa los arrestos de inmigrantes, los centros de detención de ICE están cada vez más superpoblados.
El número promedio de personas detenidas en centros de detención de ICE aumentó de 40.000 justo antes de la investidura de Trump a aproximadamente 55.000 a finales de junio. Sin embargo, el Congreso solo asignó fondos para unas 41.500 camas para detenidos.
En documentos legales presentados tras las redadas en Los Ángeles, los inmigrantes arrestados afirmaron haber estado retenidos en edificios federales sin acceso adecuado a agua, alimentos ni medicamentos. Familiares y abogados tuvieron dificultades para localizar y contactar a las personas bajo custodia de ICE. tras una visita al centro de detención de Adelanto, en el alto desierto de California, en junio, la representante estadounidense Judy Chu escribió que los detenidos se encontraban en condiciones insalubres e “inhumanas” y que no se les había proporcionado ropa interior para cambiarse durante 10 días. En todo Estados Unidos, los inmigrantes detenidos han denunciado condiciones de hacinamiento, comida mohosa e inadecuada.
xpertos en derechos humanos también han expresado su preocupación por la detención de niños con sus padres en los recién rehabilitados “centros de detención familiar” de Texas , advirtiendo que incluso breves periodos de encarcelamiento pueden tener graves consecuencias para la salud mental y el desarrollo de los jóvenes. Las familias también han denunciado la falta de agua potable y alimentos adecuados para niños en estas instalaciones. La organización defensora de los derechos de los inmigrantes, Raíces, informó que una de las familias a la que representa tenía un bebé de nueve meses que perdió más de 3.6 kg durante su detención.
El proyecto de ley ómnibus de gastos del presidente, que se convirtió en ley este mes, ha asignado 45 mil millones de dólares para expandir el extenso sistema de detención de Ice, duplicando aproximadamente la capacidad de la agencia para detener personas en los próximos años.
La agencia está modificando simultáneamente sus políticas para facilitar la detención de más personas y por períodos más prolongados. En un memorando reciente, el director interino de ICE, Todd Lyons, declaró que los inmigrantes que luchan contra la deportación en los tribunales ya no podrán acceder a audiencias de fianza, lo que significa que millones de personas tendrían que permanecer detenidas durante meses o incluso años mientras se procesan sus casos.
A pesar de haber desplegado agentes federales en todo Estados Unidos para arrestar a más inmigrantes y de haber encarcelado a un número récord de inmigrantes en centros de detención, la administración Trump no ha logrado aumentar drásticamente la escala de las deportaciones.
Esto se debe en parte a que, durante el gobierno de Biden, la mayoría de las expulsiones se produjeron en la frontera sur de Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) devolvió a los inmigrantes que intentaban entrar en el país. Desde que asumió el cargo, Trump ha cerrado la frontera sur a decenas de miles de personas que esperaban cruzar legalmente a Estados Unidos y solicitar asilo. El número de detenciones de inmigrantes en la frontera se ha reducido en más de un 50 % desde enero.
En lugar de ello, la administración ha vuelto a centrarse intensamente en detener y deportar a inmigrantes dentro de Estados Unidos, muchos de los cuales han estado viviendo en el país durante años y tienen derechos legítimos para luchar contra la deportación.
Este cambio ha significado que, si bien los arrestos y las detenciones han aumentado, el número de deportaciones ha fluctuado bajo la segunda administración de Trump.
Pero la administración todavía está compitiendo para cumplir su promesa de deportaciones masivas y, desde que Trump asumió el cargo, ha deportado a más de 127.000 personas.
Para acelerar la deportación de estas personas, el gobierno ha implementado una serie de cambios en sus políticas, incluyendo una campaña para arrestar a personas en los tribunales de inmigración para que puedan ser deportadas rápidamente.
