Los candidatos presidenciales de las alianzas Unidad, Samuel Doria Medina, y Libre, Jorge Tuto Quiroga, se confirman en el primer y segundo lugar de la intención de voto en las elecciones generales del domingo.

Dos estudios coinciden también en la magnitud del llamado voto residual: blancos, nulos y aún no definidos que rondan el 30%.

Los datos porcentuales que pueden observarse en la foto que acompaña este artículo revelan lo que algunos analistas califican de empate técnico entre Doria Medina y Quiroga, y también la escasa preferencia electoral de los candidatos del ámbito masista: Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular, y Eduardo del Castillo, del Movimiento al Socialismo.

Los resultados de las dos encuestas divergen claramente con los de la encargada por el diario cruceño El Deber, aunque los datos de las tres fueron levantados en periodos próximos.

El estudio para la Red Uno, realizado por la empresa Captura Consulting, efectuó las entrevistas entre el 27 de julio al 3 de agosto. El de Unitel, ejecutado por Ipsos Ciesmori, se hizo entre el 2 y el 6 de agosto. Y el de El Deber, del 31 de julio al 4 de agosto.

Los resultados de esa encuesta encargada por el mayor diario cruceño ponían al candidato presidencial de Libre, Tuto Quiroga, en primer lugar de la preferencia electoral, delante de Doria Medina, de Unidad. 

Todos los estudios arrojan porcentajes similares en la intención de votar nulo o blanco, y en la indecisión de los electores acerca de por quién votar.

Habría 2ª vuelta por primera vez en Bolivia

Si los resultados de los últimos estudios de intención de voto, que corroboran los anteriores respecto de los dos primeros lugares, se reproducen en el sufragio el próximo domingo, los candidatos de Unidad y de Libre competirían en una segunda vuelta electoral.

Esa votación tendría lugar dos semanas después del día de las elecciones generales, es decir, el domingo 31 de agosto, de acuerdo con el Calendario Electoral 2025, determinado por el TSE. Ese día votaríamos solo para decir quién de los dos será nuestro presidente. 

Los tribunales electorales departamentales tendrán un plazo de 72 horas para completar el cómputo de las actas de las elecciones generales del 17 de agosto, informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

Si bien el artículo 175 de la Ley 026 del Régimen Electoral otorga un plazo de siete días a los tribunales electorales para cumplir con esta labor, Ávila consideró ese tiempo “desactualizado” pues, afirmó que “ningún país podría esperar siete días para un resultado”.

“Lo que estamos esperando nosotros es reducir ese tiempo (de siete días) dando un máximo de 72 horas a los tribunales electorales. Para eso hemos incluido medidas de seguridad, tecnología, personal, etcétera, porque queremos hacerlo rápido, porque entendemos la necesidad que también tienen los ciudadanos”, argumentó en una entrevista con El Deber Radio.

Por normativa, a las 18:00 del día de los comicios, los tribunales deben instalar sus salas plenas para realizar el cómputo departamental que totalizará los resultados contenidos en las actas electorales de las mesas de sufragio.

Además del cómputo oficial, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) aplicará en esta elección general el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) que tiene un fin informativo y no vinculante a los resultados finales.

El objetivo trazado por el OEP es difundir los resultados preliminares a las 21:00 del domingo 17 de agosto con un avance del 80%.

“A las 21:00 nosotros queremos dar una conferencia dando el porcentaje de que nos arroje el Sirepre hasta ese momento, esperamos llegar a un 80%, hasta las 21 horas (…)”, enfatizó Ávila.

El Sirepre trabaja con las fotos de las actas de votación que serán captadas en los recintos electorales.

En el marco de los festejos por el Bicentenario de Bolivia y a menos de dos semanas las próximas elecciones generales, tres exautoridades subnacionales que se declararon en el exilio reaparecieron en los últimos días, según un reporte de Visión 360.

Uno de ellos es el exalcalde de El Alto y exgobernador de La Paz, José Luis Paredes, quien arribó a territorio nacional la noche del miércoles. Además, el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, envío un mensaje al país en video que circuló en las redes sociales, mientras el exgobernador de Tarija, Mario Cossio, anunció mediante terceros su próximo retorno a Bolivia.

La noche del 6 de agosto, Paredes llegó de España al aeropuerto Internacional de El Alto, donde fue recibido por un grupo de personas, quienes le pusieron guirnaldas de flores y hasta lo cargaron. “Fui perseguido, sobre todo en la época de Evo Morales, pero ya hemos aclarado y aquí me tienen”, señaló en contacto con los medios de comunicación.

Explicó que apoya al partido Súmate, de Manfred Reyes Villa, partido donde su hijo, José Luis Paredes, figura como candidato a diputado por la ciudad de El Alto. No descartó volver a la vida política activa. “Lo veremos en su momento. No se descarta, pero lo veremos”, dijo.

Además, personas cercanas al exgobernador de Tarija, Mario Cossío, anunciaron que regresará de su exilio en Paraguay y no se descartaron su participación en las subnacionales. “Tras la muerte de su madre, Cossío está regresando a Tarija para ejercer su derecho ciudadano y ser partícipe en la recta final de las elecciones generales del 17 de este mes”, anunció a El Deber Mauricio Lea Plaza, asambleísta departamental y representante de la agrupación Camino al Cambio (CC).

Revilla y Fernández

La tarde del miércoles, el exalcalde paceño Luis Revilla apareció desde la clandestinidad con un mensaje para el país “hoy, al celebrar 200 años de nuestra independencia, rendimos homenaje a este pueblo valiente que ha sabido forjar su destino con dignidad, con esperanza, desde los Andes hasta la Amazonía”, 

Otro de los políticos de oposición que reapareció en los medios de comunicación fue el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien participó en la concentración del frente Libre, junto al candidato a la presidencia Jorge Tuto Quiroga, en la ciudad de Cobija.

Los exfuncionarios del Ministerio de Salud y Deportes, Eduardo Diaz Pizarro y Juan Carlos Arraya Tejada, fueron sentenciados a una privación de libertad de 8 y 2 años, respectivamente, por la compra irregular de 500 ventiladores pulmonares durante la primera ola del Covid-19, en la gestión de Jeanine Áñez.

Los acusados fueron condenados por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado que se encuentran tipificados en el Código Penal. La adquisición ocasionó un daño económico al Estado de $us 10.456.332, 77.

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, detalló que los ventiladores pulmonares con compresor de la marca Guanzhou Yueshen del modelo YSAV 400A, “no cumplían con 40 ítems establecidos en las especificaciones técnicas determinadas en el proceso de contratación”.

Diaz Pizarro y Arraya Tejada deberán cumplir la sentencia en el centro penitenciario de San Pedro de La Paz, además del pago de multas y costas a favor del Estado, indicó el procurador Condori. Dentro del mismo caso, los acusados Vania Huaira Vargas Guzman, Jorge Cristhian Sánchez Caero, Alias Ramon Cordero Cuevas, Marco Antonio Peñaranda Inchausti, Graciela Erniqueta Minaya Ramos y Elias Ramon Cordero Cuevas fueron absueltos por la autoridad jurisdiccional.

Los delitos que enfrentaban eran conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública, sin embargo, la Procuraduría anunció apelar la determinación judicial.

El presidente Luis Arce llamó ayer a las Fuerzas Armadas (FFAA) a asumir una nueva política de defensa que consolide la estabilidad democrática, que garantice la soberanía del voto popular y que preserve la institucionalidad de la independencia de los órganos de poder, ante intentos que afectan a la seguridad del Estado.

“No debemos olvidar que los hechos registrados en el año 2019 y 2024 evidencian que la seguridad y defensa del Estado no sólo se definen por amenazas externas, sino también por factores internos de conspiración política y ruptura institucional. Por tanto, la nueva política de defensa debe consolidar la estabilidad democrática, garantizar la soberanía del voto popular y preservar la institucionalidad de la independencia de los órganos de poder en la interacción coordinada del ejercicio del gobierno dentro del Estado Plurinacional”, señaló.

El primer mandatario hizo el llamado durante su intervención en homenaje a los 200 años de las Fuerzas Armadas, que celebran su Bicentenario junto al de la patria en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia.

Renovación

Arce también convocó a las FFAA a renovarse con conciencia, compromiso y proyectarse hacia el futuro con patriotismo, sabiduría y lealtad al pueblo, porque la llegada del Bicentenario coincidió con la conclusión del primer ciclo de planificación estratégica del Estado a largo plazo, con la finalización de la vigencia de la Agenda Patriótica 2025 y sus trece pilares, lo cual se convierte en un momento crucial para la construcción de un nuevo horizonte estratégico para la defensa, seguridad y desarrollo de Bolivia, con una visión prospectiva al 2050.

“El diseño de una política de seguridad y defensa del Estado Plurinacional de Bolivia deberá establecer como pilares y valores supremos e irrenunciables la soberanía, democracia, integralidad, prospectiva y participación activa del Estado, pueblo y Fuerzas Armadas”, aseveró.

Institucionalidad

El Primer Mandatario dijo que la construcción de una política de defensa del siglo XXI no puede basarse en el miedo ni en la militarización del pensamiento, sino en la confianza del pueblo en sus instituciones armadas, el respeto a la legalidad, en la planificación estratégica interinstitucional y “en la visión compartida de una patria libre, digna y soberana”.

Asimismo, remarcó que el Estado Plurinacional rechaza toda forma de subordinación doctrinal extranjera y asume como misión histórica la construcción de una doctrina de seguridad y defensa “genuinamente boliviana”, con identidad propia orientada al servicio del pueblo y basada en los principios de la Constitución Política del Estado.

Por ello, dijo que la doctrina militar plurinacional del siglo XXI no se limitará a lo operativo o a lo táctico, sino también a una doctrina ética que oriente el comportamiento institucional de las Fuerzas Armadas hacia su rol constitucional.

Planteo, además, la necesidad de establecer una doctrina de defensa común a nivel regional, basada en la paz, cooperación, integración y solidaridad entre los pueblos.