Sectores sociales afines a Evo Morales iniciaron este viernes en Patacamaya una marcha denominada “Por la vida”, para exigir al Gobierno solución a la falta de dólares, combustible, la liberación de los detenidos tras los bloqueos de 24 días y que se levanten los procesos contra su líder.

La marcha fue cuestionada desde el Ejecutivo y otros sectores, señalando que solo busca la “impunidad” de Morales, actualmente acusado por un caso de trata y tráfico de personas.

La marcha no cuenta con la presencia de Morales, debido a que está “resguardado” en el trópico de Cochabamba. El expresidente tiene una orden de aprehensión en su contra, que la Policía no ha podido ejecutar.

El senador Leonardo Loza y dirigentes del Pacto de Unidad Evista lideran la marcha, que se prevé recorrerá los 100 kilómetros de distancia en 7 días.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia señaló este miércoles que en 2024 se registraron 563 conflictos , la mayoría relacionados con asuntos económicos como la escasez de dólares, la irregular provisión de combustibles y la inflación, crisis que se prevé puedan extenderse también a este año.

Cultivos anegados, viviendas destruidas o inhabitables, crecida de ríos, comunidades incomunicadas y 16 fallecidos son el resultado de las intensas lluvias en Bolivia que encendieron dos alertas amarillas, por riesgo de desbordes y tormentas eléctricas.

La Paz y Potosí son los más golpeados por inundaciones y granizo; sin embargo, desde el Viceministerio de Defensa Civil se informó sobre el despliegue de personal a Santa Rosa del Isiboro, en Beni, por posibles desbordes, y a Cobija para realizar trabajos de reencauce del río Acre.

Bajo Llojeta

En la sede de gobierno, las emergencias se suman a los trabajos de contención en Bajo Llojeta que continúan desde el 23 de noviembre y se prolongarán hasta que pase la temporada de lluvia.

El director de Atención de Emergencias de la Secretaria Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Vladimir Vargas, informó que se retiraron más de 5 mil metros cúbicos de lodo de la zona afectada por la mazamorra, pero las tareas deben continuar hasta que cese la lluvia.

Vargas mencionó que la inaccesibilidad y la lluvia complican y demoran los trabajos en la zona. 

Otro factor que se suma y dificulta la recuperación del predio —según Vargas— es la falta de apoyo de la empresa Kantutani, señalada como la responsable del deslave. 

Debe encararse una nueva bóveda, pero la lluvia frena la construcción. “Sólo nosotros hemos asumido los trabajos de mitigación”, dijo Vargas.

El funcionario recordó que aún hay familias en un albergue municipal porque sus casas siguen anegadas.

Vargas informó además del desborde de dos ríos a causa de nueve horas de lluvia continua. Esto causó la caída de muros e interrupción del tránsito de vehículos.

La Paz es una de las ciudades más vulnerables a las lluvias debido a su topografía. 

Daños

En tanto, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó de 10.888 familias afectadas, 355 viviendas dañadas y 194 completamente destruidas. Sobre los fallecidos, Calvimontes precisó que cuatro de los 16 decesos se deben a sucesos relacionados con tormentas eléctricas, mientras que el caso más reciente tiene que ver con la muerte de un bebé que fue arrastrado por la corriente de un río en una población al norte de La Paz.

Cotagaita

En Potosí, el desborde del río Cotagaita dejó 730 familias afectadas y ocasionó la pérdida de 170 hectáreas de cultivos agrícolas. Una lluvia torrencial, acompañada de granizo, ocasionó la subida del nivel del caudal del río al que convergen el Tomave y Porco y generó una riada que afectó a las comunidades.

El secretario de Desarrollo Productivo y Seguridad Alimentaria de la Gobernación de Potosí, Genaro Méndez, señaló que hay comunidades incomunicadas y, por lo tanto, los datos de los daños son preliminares. “Hasta este momento tenemos alrededor de 730 familias de 26 comunidades afectadas por el desborde del río de Cotagaita”, detalló a los medios locales.

El personal de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación potosina se trasladó a los sectores afectados para realizar los trabajos de mitigación y de reencauce de aguas.

Méndez recordó que en Potosí está vigente una alerta naranja hasta el 13 de enero por posible desborde de ríos de las cuencas Alto Pilcomayo, Chayanta, Cotagaita y Tupiza.

Rigen dos alertas

Calvimontes señaló que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja para los siguientes días por el incremento de los caudales de los ríos en la Amazonía y en el sur del país.

También existe otra alerta por “riesgo meteorológico acompañado por tormentas eléctricas” en 118 municipios pertenecientes a Santa Cruz, Beni, La Paz, Pando y Cochabamba

En Cochabamba, los ríos Chapare, Caine y Mizque están en riesgo de desborde. En el norte del país, el río Beni, Mamoré, Acre, Tahuamanu y Madre de Dios están en alerta hidrológica, prevista para los nueve departamentos y para 282 municipios.

Muchas alcaldías difundieron en sus redes sociales la situación de alerta para que la población se mantengan lejos de las riberas de los ríos.

Granizo

Calvimontes dijo que a las lluvias se suman los fenómenos de la helada y el granizo, que dejó 9.892 familias afectadas y 4.388 damnificadas en cinco regiones.

El proyecto de ley de redistribución de escaños Parlamentarios fue aprobada ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y remitida al pleno de Diputados para su tratamiento.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) exige su promulgación para que los datos del último censo sean aplicados en las elecciones generales del 10 de agosto de 2025.

Olivia Guachalla, presidenta de la comisión, prevé que la norma sea tratada esta semana con carácter de urgencia, debido al plazo “fatal” establecido por el TSE para su promulgación antes del 15 de enero.

“El artículo primero establece que Santa Cruz, que antes tenía 28 diputados, ahora se le asigna un nuevo escaño (29) plurinominal. El departamento de Chuquisaca estaría perdiendo un escaño, antes tenía 10 y ahora tiene nueve”, explicó Guachalla.

La aprobación de este proyecto generó diferencias entre los diputados de Santa Cruz y Chuquisaca. Los representantes cruceños argumentaron que les correspondían tres curules adicionales, en tanto que los chuquisaqueños advirtieron que el proyecto presenta errores de fondo.

Pese a las discrepancias, el proyecto fue aprobado con el objetivo de garantizar la realización de las elecciones generales programadas para agosto de este año.

Tratamiento

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, indicó que una vez se tenga el informe de la comisión se lo tratará en la plenaria.

“Nosotros inmediatamente vamos a tratar el proyecto de ley en la plenaria para cumplir con los plazos que tiene el TSE, para que de esta manera se puedan llevar adelante las elecciones nacionales 2025 con datos correctos”, señaló Yujra.

El TSE advirtió que si no se cumple con este plazo, se mantendrá vigente la ley actual, lo que implica que los escaños se distribuirán con datos del censo de 2012.

Chuquisaqueños están en contra

“Hemos rechazado la ley de escaños y les anticipo, éste es un primer paso, primero está Chuquisaca, así que, si tenemos que acudir a otras instancias, inclusive legales, lo vamos a hacer, vamos a defender a nuestra tierra”, advirtió el diputado chuquisaqueño Pablo Arízaga Su colega Lily Fernández indicó que la institucionalidad chuquisaqueña se encuentra en una “situación de emergencia”.