La llegada a Bolivia de más de 984.000 turistas extranjeros generó ingresos por unos 736,6 millones de dólares (unos 720 millones de euros) el año pasado, informó este domingo el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.

La autoridad precisó estos datos durante un acto por el Día Nacional del Turismo en La Paz, en el que participaron el presidente del país, Luis Arce, y el vicepresidente, David Choquehuanca.

“Solamente en 2024 Bolivia ha recibido a más de 984.000 turistas extranjeros, quienes han podido generar un ingreso económico de divisas por alrededor de 736,6 millones de dólares”, sostuvo.

Huanca lamentó que el número de visitantes sea inferior a los que llegaron en 2023, lo que atribuyó a los bloqueos de carreteras “que algunos sectores políticos interesados de manera personal han realizado y han perjudicado a toda la población en general y a la economía nacional”.

El ministro aludió así a los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que está distanciado del Gobierno de Arce, que bloquearon carreteras en dos ocasiones en 2024 por un total de 40 días causando una pérdida económica superior a los 3.000 millones de dólares, según las autoridades.

Con todo, aunque la cantidad de visitantes extranjeros fue menor, los ingresos generados por ese sector fueron mayores en un 7 % respecto a 2023, indicó.

También precisó que el desplazamiento interno de 3,18 millones de turistas nacionales generó “un movimiento económico de más de 2.396 millones de bolivianos”, equivalentes a unos 344,2 millones de dólares.

Huanca destacó la labor de los sectores que son parte de la cadena turística en el país, incluidos más de 3.000 operadores, más de mil guías, unos 500 emprendedores hoteleros, 100 emprendedores de turismo comunitario, además de las comunidades indígenas y campesinas que acogen a los visitantes, los artesanos y gastrónomos, entre otros.

La autoridad señaló que este 2025, año en que Bolivia celebra los 200 años de su independencia, se busca fortalecer al sector con actividades como la participación en la Feria Internacional de Turismo en España.

También lo hará mediante el Programa ‘200 años, 200 destinos turísticos’ que apunta a certificar esa cantidad de sitios en el país y además se crearán rutas para promover las visitas de turistas a las plantas estatales que construye el Gobierno, indicó.

Huanca mencionó algunas inversiones estatales que están en curso para dinamizar al sector, como los 127 millones de bolivianos (unos 16,2 millones de dólares o 15,8 millones de euros) del programa para promocionar el salar de Uyuni, el fondo de un antiguo mar disecado de más de 10.000 kilómetros cuadrados que es uno de los principales destinos bolivianos.

A su turno, Arce aseguró que su Gobierno trabajó “arduamente” para reactivar el turismo que “prácticamente llegó a cero” durante la pandemia de la covid-19 y reconoció los perjuicios que causan al sector las protestas como marchas y bloqueos de carreteras “que no le dan una buena visión externa” a Bolivia.

A fines de 2024, la Cámara Boliviana de Turismo (Cabotur) alertó que ese sector está en “terapia intensiva” por factores como la constante conflictividad social y la crisis económica reflejada en la inflación, falta de dólares y combustibles, con pérdidas millonarias y de empleos en esa área.

Los representantes de Cabotur reclamaron que el turismo se convierta en una “política de Estado” y que el Gobierno de Luis Arce active este año el “gabinete turístico” prometido a mediados del año pasado para asumir decisiones que reactiven a la industria naranja boliviana.

La riada que afectó al municipio  paceño de Quime  dejó en la calle a más de 500 familias y destruyó al menos 40 viviendas, dejando otras 40 seriamente afectadas, según el reporte  de ayer del Viceministerio de Defensa Civil.

El municipio, distante a 233 kilómetros al suroeste de la ciudad de La Paz, en la provincia Inquisivi, está sin electricidad ni agua potable. 

El Gobierno envió 21 toneladas de ayuda humanitaria y habilitó, junto a la Alcaldía, albergues para alojar a las  familias afectadas.

“Ante el desborde de los ríos en el municipio de Quime que afectó a varias familias de la región, hemos instruido el envío inmediato de más de 21 toneladas de ayuda humanitaria, que incluye alimentos y suministros esenciales para beneficiar a 500 familias damnificadas por estos desastres naturales provocados por el desborde de los ríos Kuyuna y Quime”, informó el Primer Mandatario desde su cuenta en X. 

Los ríos Kuyuna y Quime se desbordaron la madrugada del sábado por efecto de las intensas lluvias que cayeron en la región.

El Jefe de Estado anunció que movilizará a militares del Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos de las Fuerzas Armadas, junto con maquinaria pesada, para colaborar en las labores de apoyo y rescate de pertenencias.

Riesgo se mantiene

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que entre 40 y 60 viviendas fueron afectadas por el desborde de ríos en el municipio de Quime, sin embargo, aún persiste el riesgo de colapso de otras casas ante la continuidad de las lluvias y crecida de los caudales.

“Todavía hay muchas viviendas que están en riesgo, hay viviendas que ha sido construidas encima de los canales de agua de los ríos, podríamos decir que están inestables, hay viviendas que todavía van a sufrir el impacto si es que hay una nueva crecida del río, de manera que el riesgo de perder más viviendas está presente”, dijo.

Cochabamba

En el municipio de Cliza, en el valle alto, una riada afectó al menos 50 hectáreas de maíz y hortalizas en la comunidad de Khochi Lázaro. El reporte indica que el hecho ocurrió la madrugada de ayer. Los comunarios pidieron ayuda y  señalaron que la situación podría empeorar porque las lluvias continúan.

Alertan crecida de ríos en Santa Cruz

El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), de Santa Cruz, alertó que los afluentes de la cuenca del río Grande y en el río Parapetí sufrirán desbordes debido a las últimas lluvias.

El Searpi advirtió de una crecida grande en la estación de medición de La Junta, donde el nivel alcanzó los 8,50 metros este domingo. 

Bertha Ayala, Silvia Lipa Piloy y Ruth Alipaz son algunas de las decenas de víctimas indígenas bolivianas de violencia por defender el medioambiente en sus territorios de las actividades extractivistas mineras e hidrocaburíferas, principalmente.

Las víctimas denunciaron que sufrieron amenazas, fueron acosadas, intimidadas y desprestigiadas. Además, son hostigadas con la división de sus organizaciones y objeto de violencia psicológica.

En los últimos días, el guardaparque  y defensor del medioambiente Marcos Uzquiano fue desvinculado de su cargo en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a dos semanas de denunciar tours de caza ilegal en áreas protegidas.

De acuerdo con una investigación del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), en los últimos siete años, se registraron 250 casos de agresiones a defensores ambientales, la mayoría mujeres.

Son personas que se han puesto al frente contra la minería ilegal, avasallamientos y tala indiscriminada para que se respeten los derechos ambientales, señaló el vocero de la Contiocap, Alex Villca.

Detalló que las agresiones van desde amenazas con armas de fuego hasta bloqueos en el acceso a sus comunidades.  

Contó que Ruth Alipaz, quien encara una lucha contra el proyecto de la central hidroeléctrica Chepete -El Bala  y la minería ilegal en el río Tuichi, recibió amenazas de muerte. “Le dijeron que le volarían la cabeza con dinamita”.

Villca también fue amenazado tras denunciar a una directora del Parque Nacional Madidi; las amenazas se suman a las campañas de desprestigio. “Nos desacreditan acusándonos de oponernos al desarrollo”, contó.

El activista en derechos humanos Franco Albarracín citó también la violencia que ejercen las mineras contra los pobladores del Ayllu Acre Antequera, en  Oruro. “Se los amedrenta y se reprimen sus protestas”, dijo.

Berta Ayala y Hernán Roque denuncian que la explotación minera  está por extinguir sus fuentes de agua, las que alimentaban los bofedales donde crecían plantas de totora y donde antes,  en los alrededores, el suelo era apto para producir papa, quinua, varios tipos de haba y el ganado era abundante.

Albarracín señaló que se criminaliza la protesta de los defensores del medioambiente, quienes exigen el cumplimiento de las consultas previas e informadas. Es el caso de la lucha de líderes de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía que se oponen a tareas de exploración de gas de la empresa Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Albarracín denunció que en la Amazonía las empresas mineras se alían con jueces o fiscales para iniciar procesos infundados en contra de defensores ambientales, “cuyo crimen es luchar para que no contaminen los ríos, para que no trafiquen tierras, para que no los involucren en actividades ilícitas”.

Una de estas víctimas es Lipa Piloy,  dirigente del pueblo indígena leco en el norte  paceño, quien es atacada por resistir la invasión de empresas mineras de oro en el Parque Nacional Madidi.

Lamentó que las amenazas  son más frecuentes contra las defensoras ambientales por ser mujeres. “Son amenazadas de violación sexual,  de que van a atacar a sus hijos”, cuestionó el activista.

Albarracín señaló que los defensores ambientales viven en situación desfavorable porque como país se depende de una economía extractivista, “que resulta depredadora de la naturaleza y vulneradora de los pueblos y líderes indígenas”.

Para el defensor de derechos humanos, el Gobierno, en los últimos años, benefició los intereses de las empresas mineras y no protegió los derechos de la naturaleza.

En la misma línea de Albarracín, el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Miguel Vargas, mencionó que unas 300 fundaciones u organizaciones no gubernamentales también relacionadas con la defensa del medioambiente son hostigadas desde diferentes instancias de Gobierno.  “Hace 11 años que tienen restringida la  libertad de asociación”, por ejemplo.

Para Vargas, la actividad minera es una de las principales causas para la violencia en los territorios donde operan. “Con la normativa vigente, las mineras ingresan a las comunidades, asumen derechos, criminalizan a los que se oponen a los efectos de la  extracción y penalizan a los verdaderos dueños de los territorios”, denunció el activista.

Ven que se vulnera el Acuerdo de Escazú

La violencia contra los defensores del medioambiente, incluyendo el último caso del guardaparques Marcos Uzquiano, contradice los acuerdos internacionales firmados por

Bolivia, señaló el activista de derechos humanos Franco Albarracín.

El Acuerdo de Escazú, ratificado por el Estado boliviano en 2019, en su artículo 9, establece claramente la obligación de garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. 

Albarracín señaló que pueden llegar sanciones, incluso económicas, contra el Gobierno boliviano por el incumplimiento del acuerdo.

En el caso del despido de Uzquiano, puede considerarse una forma de amedrentamiento que viola estos compromisos internacionales. 

Recordó el caso de Chaparina, la marcha intervenida violentamente en defensa del Tipnis. Este se encuentra en la etapa de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El portavoz de Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB-Súmate), Diego Brañez, informó ayer que ese partido político está plenamente habilitado para las elecciones generales de 2025 y, en consecuencia, su candidato Manfred Reyes Villa también.

Brañez hizo mención a las denuncias que en días pasados hizo Manuel Mariscal, abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS), en contra de la candidatura de Reyes Villa, en sentido de que APB “no cumple con los seis meses de antigüedad de su personería jurídica”. 

Brañez dijo que “esa medida (de los seis meses) era aplicable siempre y cuando se hubieran realizado las elecciones primarias que establecían plazos, fechas y cronogramas al calendario electoral”.

Según el vocero de APB-Súmate, las primarias condicionaban a las organizaciones políticas para la constitución de plazos y alianzas.

Brañez recordó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) elaboró una propuesta de ley que está aprobada por el Legislativo para la anulación de las primarias. 

“Al anular las primarias, anulan los plazos para las organizaciones políticas que desean participar en las elecciones 2025”, dijo Brañez.

“APB-Súmate ha recibido su personería jurídica el 13 de diciembre de 2024, que lo habilita para participar en los comicios de 2025 y las subnacionales en 2026”, dijo.

El portavoz aclaró además que “no existe motivo para postergar las elecciones; todo lo contrario, nosotros queremos que se lleven a cabo, pero que sean limpias, con un padrón abierto, como ellos lo han señalado”, concluyó.