A partir de este viernes, se tiene previsto el ingreso de un frente frío que ocasionará “descensos bruscos” de temperaturas. La medida rige en seis departamentos, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el reporte, las bajas temperaturas oscilarán entre 9 y 12 grados centígrados con probabilidad de heladas en los valles de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Esta condición climática será desde el 24 al 30 de mayo.

En Tarija, la alerta fue emitida en las provincias O’ Connor y Gran Chaco, con “probabilidad de heladas” en las provincias Arce, Méndez, Avilés y Cercado.

En el caso de Chuquisaca, las bajas temperaturas se presentarán en las provincias Luis Calvo, Hernando Siles, Belisario Boeto, Tomina, Zudañez, Yamparaez y Oropeza. En tanto que las heladas, se prevé en Sur Cinti, Nor Cinti y Azurduy.

El descenso de temperaturas se presentará también en Santa Cruz en las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Santiesteban, Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Germán Busch y Cordillera. En tanto que el riesgo de heladas en Vallegrande, Florida y Caballero.

Con relación a Cochabamba, la alerta naranja es en las provincias Campero, Mizque, Carrasco, Tiraque, Chapare y Ayopaya. En Beni, en las provincias Marban, Moxos, Cercado, Itenez, Mamoré, Yacuma, Vaca Díez y Ballivián.

Finalmente, en el departamento de Pando, reportó que bajas temperaturas en las provincias Nicolás Suárez, Abuna, Federico Román, Manuripi y Madre de Dios.

Los problemas en la gestión pública en los tres niveles del Estado (Gobierno central, gobernaciones y municipios) y la difícil situación económica de la población son las principales fuentes de conflictos en Bolivia y en abril hubo 120, según el informe de la Fundación Unir. Aún no se conocen los datos de mayo.

La cifra es mayor a la registrada en marzo (98 casos) y la más alta del año. “Es importante destacar que sólo 14 por ciento de estos conflictos proviene de meses pasados, eso quiere decir que nueve de cada 10 casos se originaron y plantearon su primera medida de presión en abril”, según el informe.

Entre las causas para el aumento de la conflictividad en Bolivia, Unir cita la complicada situación económica por la que atraviesa el país.

Por ejemplo, personas con discapacidad se movilizaron exigiendo al Ministerio de Justicia y al Comité Nacional de Personas con Discapacidad el incremento del Bono de Discapacidad de 250 a 500 bolivianos debido al aumento del costo de vida.

Gremiales de Oruro demandaron autorización para instalar puestos de venta en distintos sectores de la ciudad.

Hubo conflictos municipales en Monteagudo, con protestas en demanda de cumplimiento a los compromisos adquiridos en 2022 para la construcción de la carretera El Salto-Puente Limón. Otros conflictos ocurrieron en El Alto, Potosí, Sucre, Cochabamba y otros municipios del país.

En general, los conflictos de abril no alcanzaron niveles de radicalidad elevados; hubo medidas de presión de mediana intensidad, como marchas, concentraciones y bloqueos de vías públicas.

Hace 16 años en plena plaza 25 de Mayo de Sucre, un grupo de 50 campesinos fueron golpeados, obligados a andar semidesnudos y a arrodillarse para besar el suelo o la bandera de Chuquisaca. El vicepresidente David Choquehuanca rindió ayer un homenaje a las víctimas de ese hecho de racismo y discriminación.

“Nuestras hermanas y hermanos se han organizado no solamente reclamando sus derechos y que se haga justicia, sino para que nadie más sufra lo que ellos sufrieron”, destacó Choquehuanca en el conversatorio “Respetando las diferencias luchemos contra el racismo y la discriminación”, junto con la Asociación de Víctimas del 24 de mayo de 2008, según reporte de la agencia ABI.

El 24 de mayo de 2008, en Bolivia, se vivía una situación conflictiva, protagonizada por cívicos de varias regiones en contra del Gobierno.

Sucre no fue la excepción y la polarización se manifestó en la captura de un grupo de campesinos que fueron golpeados y obligados a andar semidesnudos por varias calles de la ciudad hasta llegar a la plaza 25 de Mayo. En medio de una multitud, los campesinos fueron obligados a arrodillarse y besar el piso.

Piden sanciones

El presidente de la Asociación de Víctimas del 24 de mayo de 2008, Mario Ramírez, pidió a las autoridades judiciales retomar el caso de racismo y sancionar ejemplarmente a los autores de hechos violentos en contra de más de 50 campesinos.

“En 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez, se archivaron obrados y desapareció el proceso. Hemos interpuesto algunos recursos que vemos pertinentes para mantener la esperanza de que la justicia pueda reconsiderar este hecho. Para las víctimas del 24 de mayo, en Bolivia no hay justicia”, denunció Ramírez.

Choquehuanca aseguró que el Estado boliviano considera una tarea trascendental la lucha contra el racismo y la discriminación.

Gremiales de Oruro instalaron este jueves un punto de bloqueo en el sector de Caihuasi, en la carretera que conecta Oruro con La Paz y Cochabamba.

Un fuerte contingente policial llegó a la zona, pero no intervino el punto de bloqueo.

Los gremiales protestan contra la escasez de dólares y rechazan el proyecto de ley 145 sobre el contrabando y el Decreto Supremo 4732, sobre los inmuebles.

El dirigente Juan Carlos Candia explicó que lo único que exigen es el respecto a su sector y que se cumplan las leyes que están vigentes y lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), según el reporte de Unitel.

El sector comenzó sus movilizaciones el pasado martes, con marchas en el eje central del país.

Los gremiales tienen un ampliado mañana en Cochabamba, en la cual definirán otras medidas de presión.

El Gobierno, mediante el Decreto Supremo 5161, autorizó la contratación de un préstamo de 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para implementar un programa de Plazas y Museos del Bicentenario de Bolivia.

Como señala el decreto, el objetivo del programa es consolidar “espacios públicos de carácter urbano, arquitectónico, histórico, cultural, artístico, científico y recreativo, que evoquen y revaloricen nuestras luchas independentistas, anticolonialistas y antipatriarcales, profundizando los valores cívicos de la independencia y la soberanía nacional, la historia, la cultura, el arte y la ciencia”.

El crédito internacional aún debe ser remitido a la Asamblea Legislativa para su aprobación, de lo contrario no podrá ejecutarse.

Del monto total del préstamo, 68 millones de dólares se transferirán al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social que implementará el componente 1 del programa, mientras que el resto se destinará al Ministerio de Culturas para ejecutar las siguientes fases.