Gremiales de Oruro instalaron este jueves un punto de bloqueo en el sector de Caihuasi, en la carretera que conecta Oruro con La Paz y Cochabamba.

Un fuerte contingente policial llegó a la zona, pero no intervino el punto de bloqueo.

Los gremiales protestan contra la escasez de dólares y rechazan el proyecto de ley 145 sobre el contrabando y el Decreto Supremo 4732, sobre los inmuebles.

El dirigente Juan Carlos Candia explicó que lo único que exigen es el respecto a su sector y que se cumplan las leyes que están vigentes y lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), según el reporte de Unitel.

El sector comenzó sus movilizaciones el pasado martes, con marchas en el eje central del país.

Los gremiales tienen un ampliado mañana en Cochabamba, en la cual definirán otras medidas de presión.

El Gobierno, mediante el Decreto Supremo 5161, autorizó la contratación de un préstamo de 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para implementar un programa de Plazas y Museos del Bicentenario de Bolivia.

Como señala el decreto, el objetivo del programa es consolidar “espacios públicos de carácter urbano, arquitectónico, histórico, cultural, artístico, científico y recreativo, que evoquen y revaloricen nuestras luchas independentistas, anticolonialistas y antipatriarcales, profundizando los valores cívicos de la independencia y la soberanía nacional, la historia, la cultura, el arte y la ciencia”.

El crédito internacional aún debe ser remitido a la Asamblea Legislativa para su aprobación, de lo contrario no podrá ejecutarse.

Del monto total del préstamo, 68 millones de dólares se transferirán al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social que implementará el componente 1 del programa, mientras que el resto se destinará al Ministerio de Culturas para ejecutar las siguientes fases.

El Gobierno ha enviado este martes ayuda humanitaria para el sur de Brasil, donde las inundaciones dejaron más de 150 fallecidos, además de daños a viviendas y la infraestructura productiva.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, indicó que se trata de aproximadamente 70 toneladas de ayuda, cuyo monto en dinero alcanza a Bs 1.318.700.

“No es tanto la cantidad de la ayuda humanitaria, es más la muestra de un pueblo boliviano que cuando nuestro hermano pueblo del Brasil, o cuando también ha sucedido con el pueblo hermano de Chile o cuando suceda con cualquier otro pueblo hermano, es que estamos aquí juntos como pueblos de Sudamérica para cooperar”, destacó Novillo.

En la carga existen productos como arroz, azúcar, leche en polvo, aceite, agua, frijol, carpa de lona, tienda de campo, manta tipo solar, pañales desechables, colchones, entre otros.

La ayuda fue enviada en vuelo de carga de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), desde el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

El Ministro espera que la ayuda pueda llegar a toda la gente damnificada, que ha sufrido la situación de emergencia por las inundaciones en el sur de Brasil.

La Federación de Asociación de Municipios Bolivia (FAM-Bolivia) se declaró en estado de emergencia por el bloqueo de legisladores afines a Evo Morales y de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos a ocho créditos por 633.420.000 bolivianos, para financiar proyectos en beneficio a las regiones y la población, principalmente, del área rural.

El presidente de la FAM-Bolivia, Flavio Merlo, declaró que el sistema asociativo municipal está preocupado, porque en el Legislativo los sectores opositores tomaron la decisión de no viabilizar los créditos autorizados por organismos financieros internacionales.

“Estamos en estado de emergencia. Vamos a ir mandando lo que corresponde a la Asamblea para que puedan tratar y aprobar estos créditos que van en beneficio de nuestros Gobiernos municipales”, demandó el edil de Tiwanaku tras participar de un acto en el que el presidente Luis Arce viabilizó 293.374.000 bolivianos para 165 municipios de siete departamentos.

Consigna

Legisladores que responden a Morales y de las opositoras CC y Creemos advirtieron que no darán curso a más créditos, en tanto no se aprueben los proyectos de ley 073 y 075 en contra de la prórroga de mandato de las autoridades judiciales.

Precisamente, el jefe de la bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, indicó ayer que primero deben aprobarse ambos proyectos para luego recién analizar una agenda económica legislativa.

Instrucción

El ampliado del Pacto de Unidad “evista” instruyó el sábado a legisladores no aprobar más créditos, aunque Morales trató de desmarcarse y ayer dio la contraorden de “seguir aprobando (créditos) con fiscalización y control”.

Demanda

Merlo demandó a los legisladores “ponerse la camiseta” para trabajar por el bien de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, porque con estos créditos se generará inversión y movimiento económico en los municipios, donde se ejecutarán las obras.

Anticipó que activará los canales de “comunicación con los alcaldes, porque estos créditos son importantes” para fortalecer el aparato productivo.

De acuerdo con datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en las cámaras de Diputados y Senadores se encuentran estancados en su tratamiento créditos por 633.420.00 dólares.

El Senado tiene sin aprobar aproximadamente 250 millones de dólares en dos proyectos de ley y uno que fue rechazado; en tanto que en Diputados están cinco proyectos pendientes de aprobación por un monto de más de 383 millones de dólares.

El procurador general del Estado, César Siles, aseveró ayer que Evo Morales no puede ser candidato a la presidencia y que “no hay ninguna discusión al respecto”.

“Constitucionalmente hablando, sólo existe una reelección para presidente y no una reelección indefinida”, declaró a la prensa en Sucre, según reporte de Correo del Sur.

Las palabras de Siles llegan un día después de que presentara el análisis jurídico realizado por la Procuraduría en la que se concluye que la opinión consultiva de la Corte IDH y la sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sentencian que la reelección indefinida no es un derecho humano.

En el análisis, la Procuraduría General del Estado (PGE) concluyó que la sentencia constitucional 1010/2023 del TCP “dejó sin efecto (superó)” la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 084/2017 con la que Morales se repostuló en las anuladas elecciones de 2019, a pesar de que un referendo rechazó la posibilidad de que aspire a un nuevo mandato por tercera vez consecutiva

Así lo establece el análisis jurídico especializado N° 04/2024, realizado por la PGE en respuesta a “cuatro peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con el Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, y que fue presentado el lunes por Siles, junto con otras tres “opiniones procuraduriales especializadas”.

Defensas

Uno de los abogados de Morales, Orlando Ceballos, criticó que la Procuraduría emita dicho análisis jurídico, cuando considera que no está en su función. De todas maneras, informó que la defensa del expresidente está alistándose para acudir a organismos internacionales, en defensa del derecho a la postulación.

Precisó que se acudiría al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar la sentencia.