La investigación busca esclarecer la muerte de tres personas tras un operativo policial en la capital cruceña, ejecutado en 2009. El caso toma relevancia tras 15 años de ocurrido el hecho.
El Ministerio Público informó este lunes que se determinó conformar una comisión de fiscales especializados para el caso Hotel Las Américas, en el que se indaga presuntas ejecuciones extrajudiciales y torturas.
“El día de hoy (por lunes), el Fiscal Departamental de Santa Cruz ha dispuesto la conformación de una comisión de fiscales especializados, de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, para proseguir y continuar con todos los actos útiles y pertinentes que permitan el esclarecimiento de estos hechos y la imposición de las sanciones que correspondan”, indicó la fiscal Elizabeth Viveros.
El caso surgió por el asalto policial realizado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, donde fueron abatidos el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el rumano Arpad Magyarosi, acusados de terrorismo y separatismo.
El caso volvió a ser tratado en la opinión pública después de que los sobrevivientes del asalto, Elöd Tóásó y Mario Tadic, informaron el fin de semana que se realiza la investigación en Santa Cruz.
La fiscal Viveros, en conferencia de prensa aclaró que no se trata de un nuevo proceso, sino que se da seguimiento a una denuncia del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), reportó Iván Ramos de la Red ERBOL.
Según explicó la fiscal, en 2020 se emitió una resolución de rechazo en el caso, pero en marzo de 2023 se revocó esa decisión, con lo cual sigue adelante el proceso.
El caso fue denunciado por los sobrevivientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ya emitió un informe de fondo y se prevé que llegue a la Corte Interamericana, y el Estado podría ser condenado.
El húngaro Elöd Tóásó, uno de los sobrevivientes, anunció su intención de llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), toda vez que está harto de esperar un acuerdo con el Estado boliviano. Asegura que en esa instancia tiene 99.9% de posibilidades de ganar.
El Estado boliviano tenía hasta el 11 de abril para presentar un informe de cumplimiento de las recomendaciones, mientras que las víctimas tienen hasta el jueves próximo para responder.
Tóásó indicó que no han podido llegar a un acuerdo sobre el resarcimiento económico que debe pagar el Estado y otras medidas de reparación y, en ese contexto, considera que el Estado pretende “ganar tiempo”.
EXPRESIDENTE Luego de que se abrió una investigación por el caso Hotel Las Américas en 2009, el expresidente Evo Morales defendió sus acciones y aseveró que lo hizo “por la patria contra el separatismo. Señaló que si quieren meterlo preso, “que lo hagan”.
En abril de 2009, Morales, según ERBOL, reconoció haber instruido el operativo en Santa Cruz en el que la Policía irrumpió en el Hotel Las Américas y abatió al boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el rumano Arpad Magyarosi, por sospechas de terrorismo.
A través de redes sociales, Morales se pronunció adjuntando fotografías de Rózsa y Dwyer, entre otros, con armas de fuego.
“Si quieren meterme a la cárcel por defender la unidad, nuestra Patria ante la amenaza separatista, financiada por la oligarquía terrateniente, que lo hagan”, publicó el expresidente.
En criterio de Morales, “los agresores que querían dividir a Bolivia” pretenden aparecer como víctimas, Señaló que los mismo, además, son “premiados” con decenas de miles de hectáreas.
Por su parte, el abogado Gary Prado, quien patrocinó a varios detenidos por el caso, indicó que hubo delitos por instrucción del expresidente Evo Morales y, por lo tanto, es el actor mediato, reportó Urgente.bo.
Asimismo, el abogado indicó que el hecho de que Evo Morales haya dicho que no asistirá a declarar sobre el caso es un “acto de soberbia y de prepotencia”, por ello, dijo que “si cree que es inocente, que lo demuestre”.
Expuso, además, que el operativo realizado en el Hotel Las Américas, hace 15 años, fue ilegal, ya que los presidentes no tienen facultad para ordenar allanamientos, sino los jueces. Sin embargo, indicó que tampoco hubo una orden de dicha instancia.
